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Miércoles, 15 Enero 2020 15:20

CCOO cifra en un 90% el seguimiento de la huelga del personal técnico de integración social y de interpretación de lengua de signos

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La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha cifrado en un 90% el seguimiento de la huelga de personal Técnico de Integración Social (PTIS) y de Intérprete de Lengua de Signos (ILSE) convocada para hoy ante el riesgo de que 1.400 trabajadores y trabajadoras, 162 de ellos y ellas en Córdoba, pierdan su empleo por el modelo elegido por la Junta para recuperar el servicio de apoyo y asistencia al alumnado de necesidades educativas especiales (ANEE), actualmente externalizado.

En el caso de Córdoba, el seguimiento ha sido similar, y “eso a pesar de que la empresa adjudicataria del servicio de PTIS ha sembrado la incertidumbre entre las trabajadoras advirtiendo que había unos servicios mínimos que realmente no se han establecido”, explica el secretario General de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Antonio Sánchez.

Además, medio centenar de trabajadoras (es un sector muy feminizado, con un 90% de mujeres) y representantes sindicales se han sumado a la concentración que se ha llevado a cabo ante las puertas de la Consejería de Educación para reclamar la subrogación de este personal que presta sus servicios en centros educativos públicos de Andalucía. En el caso de Córdoba son 144 PTIS y 18 ILSE que trabajan en 114 centros, en el caso de los PTIS, y 16 centros, en el de los ILSE.

Antonio Sánchez, recordó que esta es la primera de las movilizaciones previstas para protestar por la manera en la que la Junta va a convertir estos puestos de trabajo externalizados en públicos, que es a través de la creación de una bolsa de trabajo, lo que va a situar a muchos de estos trabajadores y trabajadoras en desventaja a pesar de sus años de servicio porque “aun pudiendo optar a la bolsa, es difícil que accedan a un puesto de trabajo, pues al no haber trabajado para una administración pública, y no contar su antigüedad en el puesto –la media se sitúa entre 5 y 7 años-, tendrán menos puntos que otras personas que sí cuenten con tiempo de trabajo en la administración”.

Por ello, desde CCOO se insta a la Junta de Andalucía a revertir dichos servicios privatizados en públicos, aplicando lo que dice la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público en su Art. 130.3: “En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general”.

La movilización continuará el próximo miércoles día 22 con una concentración ante las sedes del Gobierno de la Junta en cada una de las provincias, si bien CCOO confía en que la Consejería se siente a negociar una salida para estas 1.400 personas.

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