CCOO ve inadmisible que ninguna de las 100.000 mascarillas adquiridas por la Consejería de Justicia llegue a los centros de internamiento de menores infractores. De hecho, para CCOO es incomprensible que la Consejería de Justicia publique en su página web que ha adquirido 100.000 mascarillas y 3.000 litros de gel hidroalcohólico para los juzgados andaluces, y que los trabajadores y trabajadoras de los centros de menores infractores, dependientes de esta Consejería, estén trabajando sin medidas de protección alguna porque alguien ha decidido que allí no hacen falta.

Según el sindicato, desde el comienzo de la crisis del coronavirus los trabajadores y trabajadoras de los centros de internamiento de menores infractores en Andalucía están desempeñando su trabajo, como servicio esencial que son, dando lo mejor de su esfuerzo, compromiso y profesionalidad en esta situación tan excepcional para todos y, además, en el absoluto anonimato social y mediático, sin una sola queja.

El sindicato recalca que han articulado todas las medidas educativas y de seguridad a su alcance para garantizar el mantenimiento del servicio y que la incidencia de las medidas de prevención y confinamiento en unos usuarios y usuarias con un perfil tan específico, como son los y las menores infractores, a día de hoy sea prácticamente nula.

En cambio, CCOO denuncia que la Administración andaluza está teniendo una respuesta casi inexistente para con estos centros y ni siquiera ha aplicado las medidas que establece la Orden SND/275/2020, de 24 de marzo, publicada por el Gobierno central en relación a la prioridad en los servicios públicos esenciales de la realización de los test PCR para trabajadores y usuarios así como la garantía de suministro de EPIs (Equipos de Protección Individual). 

Por otra parte, CCOO critica que la Administración tampoco ha diseñado ningún protocolo específico para afrontar la posibilidad de contagio en estos centros que dadas sus características (son establecimientos especializados para la ejecución de medidas privativas de libertad y medidas cautelares de internamiento impuestas por los juzgados de menores); hacen necesarias que existan unas instrucciones claras que establezcan cómo y con qué medios se atiende sanitariamente la situación, cómo garantizar el cumplimiento de los mandato judiciales en situaciones extremas de falta de personal y/o contagios, qué medidas excepcionales se pueden articular dentro de la Ley 5/2000 de responsabilidad penal del menor que garanticen la salud de las personas usuarias y trabajadoras, y el cumplimiento de las medidas judiciales de los y las menores.

Ante esta situación, CCOO ha reclamado a la Consejería de Justica que comience a tomar decisiones operativas para estos centros y, de manera prioritaria y en la mayor brevedad posible, haga llegar a los centros el material de prevención que ha adquirido.