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La Sección Sindical de CCOO en la Administración de Justicia critica las condiciones en las que está prestando sus servicios el personal de dicha Administración y que incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La Justicia es un servicio esencial, si bien se han suspendido los plazos procesales y otras actuaciones consideradas no esenciales. Sin embargo, no son pocas las presiones de distintos colectivos para que la administración incorpore a la totalidad de la plantilla de los juzgados avanzando en las fases laborales aún sin evolucionar en las fases sociales. “Esta presión se ejerce, especialmente, a los funcionarios del servicio común de notificaciones y embargos, que son los encargados de practicar todo tipo de actos acudiendo a los domicilios y, por tanto, son los más expuestos a un posible contagio”, explica el delegado de CCOO en la Administración de Justicia, José Carlos Alba.

Precisamente la falta de medidas de protección en algunas salas de vistas ha sido una de las motivaciones de la denuncia presentada por CCOO ante la Inspección de Trabajo. Como ejemplo, en uno de los tribunales inspeccionados por el sindicato se estaba celebrando una vista con cuatro puestos ocupados por los abogados representantes de las partes litigantes pero “solo había pantallas protectoras para tres y, para colmo, eran inadecuadas, porque llegaban hasta el borde de la mesa, así que la persona que ocupaba ese puesto, si quería estar protegida, prácticamente tenía que tumbarse sobre la mesa”, relata el representante sindical quien asegura que “menos protegido aún está el personal funcionario que está en primera fila y que se acerca tanto al justiciable como a los y las profesionales de la abogacía para hacer los trámites propios de su profesión”.

“La realidad es que el Comité de prevención de riesgos laborales, en el que están presentes los representantes legales de las trabajadoras y trabajadores, no ha sido participe de las medidas  de seguridad adoptadas, como la medición de espacios y la distribución de los puestos de trabajo para la vuelta masiva de la plantilla”, lamenta Alba quien explica que, por ello, CCOO ha presentado la correspondiente denuncia en la Inspección de Trabajo.

En dicha denuncia, el sindicato no solo pone en conocimiento de la autoridad laboral que no se han realizado las evaluaciones de riesgo específicas obligatorias para establecer las medidas de seguridad pertinentes, sino que no se garantiza en la totalidad de los órganos judiciales de la provincia que existan los equipos de protección necesarios para poder realizar el trabajo de manera segura, dado que no se cumplen con todas las medidas de seguridad que han de ser previstas antes esta pandemia.

Asimismo, CCOO denuncia que las medidas de protección no se han adoptado por personal cualificado de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales y han estado basadas en decisiones que están tomando, sin tener competencia para ello, otros órganos.

Además, se están aumentando los trabajos a realizar, superando los considerados esenciales, y dejando sin efecto de cara a la seguridad de los trabajadores y trabajadoras la suspensión de plazos y los servicios declarados esenciales por el Real Decreto de Estado de Alarma. Así se está produciendo un aumento considerable de asistencia de público y profesionales ajenos a los órganos judiciales, para realización de servicios no declarados esenciales, sin que para ello se hayan tomado tampoco medidas de protección de la salud del personal ni la del propio público que acude a dichas dependencias. Esto deja sin efecto las mínimas medidas de seguridad adoptadas en cuanto a distanciamiento y aforo de los órganos judiciales.

CCOO ha solicitado una reunión con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía para abordar el proceso de desescalada que se está llevando a cabo en el sector de la Dependencia y las consecuencias negativas de la retirada precipitada por parte de la Administración andaluza de las medidas excepcionales en el servicio de ayuda a domicilio.

Esta organización sindical insta a la Junta a que prorrogue las medidas excepcionales en materia de financiación del servicio de ayuda a domicilio como mínimo hasta finales de junio, estableciéndose un periodo de transición para realizar las iniciativas organizativas adecuadas para la recuperación de la actividad, garantizar la dotación de las medidas necesarias de protección y contar con la representación legal de las trabajadoras y los trabajadores en la implantación de los planes de contingencia.

Asimismo, CCOO mantiene que en el sector de las residencias de personas mayores las dificultades para la reposición de usuarios están repercutiendo negativamente en las plantillas de los centros, por lo que también es necesaria la aplicación de medidas excepcionales de apoyo. “Lo que sigue siendo inconcebible y absolutamente injustificado es el mantenimiento de la Orden de Acreditación de Residencias de Personas Mayores de 1 de julio de 1997, en la que se recogen ratios de plantillas insuficientes a todas luces para garantizar una adecuada calidad asistencial. Es indispensable la derogación inmediata de esta norma, que es previa a la Ley de la Dependencia, y la aplicación de una nueva Orden en la que se incrementen de forma significativa las ratios de las plantillas, especialmente en la categoría de gerocultora”, asevera el secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas.

CCOO recuerda que el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de mayo de 2020 modifica las medidas previstas en el Acuerdo de 16 de marzo de 2020 por el que se adoptaron medidas extraordinarias para garantizar la atención de las personas residentes en los centros de servicios sociales de gestión directa de la Administración de la Junta, como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus, y se aplicaron medidas excepcionales en la financiación del servicio de ayuda a domicilio al garantizarse el pago como mínimo de las liquidaciones abonadas en el mes de febrero.

“Esta vuelta a la normalidad se realiza sin tener en cuenta la disminución de los servicios que se ha registrado, la suspensión temporal de los mismos a instancias de los usuarios o la necesidad de incremento de los equipos de protección que lleva consigo este regreso a la actividad ordinaria”, asegura Damas quien advierte además que, “sin apenas tiempo material, se deben realizar medidas excepcionales para volver a la situación previa a la implantación del estado de alarma, lo que requerirá de un periodo estimable en el que se acumularán los débitos de horas de las plantillas ante las dificultades relevantes para la recuperación de la actividad”.

La Inspección de Trabajo ha dado la razón a CCOO, cuya Sección Sindical en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (CPPEI) denunció en septiembre de 2019 los incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales que se estaban dando en el parque de bomberos de Lucena. Ahora, tras la visita a las instalaciones, la Inspección de Trabajo ha constatado las deficiencias denunciadas, corroborando la denuncia puesta por el sindicato.

“Ante la pasividad de la dirección técnica y los cargos políticos del Consorcio a las advertencias del sindicato sobre estos incumplimientos de la ley de prevención, los delegados de CCOO procedieron a denunciar la situación ante la Inspección”, explica el secretario de la Sección Sindical, Antonio Mellado. En concreto, el sindicato denunció que  en la zona de pasillo que separa las duchas con los aseos no hay medios (puertas) para salvaguardar la privacidad de los usuarios. También denunció que había riesgo de caída de personas a distinto nivel cuando acceden a la barra y se deslizan por ella para pasar de un nivel a otro inferior y también cuando se permanece en la cubierta en el vehículo BULL ll.

Ahora, la Inspección de Trabajo requiere al Consorcio que subsane las deficiencias en el plazo de tres meses. “CCOO estará vigilante para que se cumpla el requerimiento de la autoridad laboral”, advierte Mellado.

Asimismo, cabe recordar que CCOO está pendiente de la resolución de otras dos denuncias más que interpuso en 2019 contra los responsables del CPPEI de Córdoba.

“Una vez más somos los sindicatos y no las empresas los garantes de la seguridad y salud de los trabajadores”, lamenta el responsable sindical quien reclama a la Dirección del Consorcio que lleve a cabo las actuaciones necesarias para garantizar la salud y la seguridad del personal y no forzar a la interposición de denuncias que lo único que hacen es demorar la solución a los problemas y generar gastos innecesarios.

Los datos del paro de mayo, que registran una bajada del desempleo en la provincia de Córdoba de 2.139 personas, “demuestran que ampliar la aplicación de los ERTE ha sido positivo para el mantenimiento del empleo”, ha señalado el secretario de Empleo de CCOO de Córdoba, Manuel Merino, para quien es “una señal positiva” que “las primeras fases de desescalada hayan tenido una buena respuesta en cuanto al paro se refiere”.

De hecho, Merino espera que en los próximos meses, la culminación de numerosos ERTE, así como la aplicación de los planes de choque de la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba, ambos rubricados por CCOO, “tengan un efecto positivo sobre el empleo y se continúe por la senda de la recuperación, aunque sabemos que los meses estivales, tradicionalmente, son malos para el empleo en Córdoba”.

La satisfacción por la bajada del paro se ve empañada por la situación de la mujer. “Como ya pasó en la crisis iniciada en 2008, la mujer está siendo expulsada del mercado de trabajo y es el grupo de población que más está sufriendo los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19”, ha lamentado el responsable sindical que recuerda que de los 85.843 personas desempleadas en la provincia, 48.832 son mujeres, es decir, el 56,88%.

Asimismo, el secretario de Empleo mostró su preocupación por que más de la mitad de los contratos realizados durante el pasado mes (17.482 de los 28.476) se hayan llevado a cabo en el sector agrícola que, sin embargo, no es el en el que más bajó el desempleo –lo fue la construcción, con 1.173 personas paradas menos-. “El campo es uno de los pilares económicos de la provincia, eso no se pone en duda, pero también es uno de los sectores más precarizados y nos preocupa que sea el que está absorbiendo, una vez más, a los desempleados que se generan en otros sectores, porque el campo tiene una capacidad limitada de empleo y una excesiva demanda puede tentar a algunos empresarios a abusar de la necesidad de trabajar de muchas personas”, advierte Merino.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aprobada en el año 1995, regula la normativa básica relativa a la prevención de riesgos laborales, entre las que se incluyen las medidas de vigilancia de la salud, los planes de prevención en los centros de trabajo, la participación de los trabajadores y trabajadoras a través de sus delegados y delegadas de prevención, y los servicios que deben prestar los Comités de Seguridad y Salud.

Según el secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, “en el caso de los centros educativos andaluces hay insuficiencia de recursos y de aplicación normativa que la actual pandemia de la COVID-19 ha evidenciado, algo que la Consejería de Educación debe resolver urgentemente”.

CCOO denuncia que los Gabinetes de Seguridad y Salud de las Delegaciones Territoriales de Educación no están prestando un adecuado servicio por falta de recursos humanos. Así, la vigilancia de la salud, más necesaria en la actual pandemia, resulta claramente insuficiente a pesar del número de años que lleva vigente una Ley que ha sido aplicada bajo mínimos en el sistema educativo andaluz.

Molina recuerda que tanto estos Gabinetes como los Comités de Seguridad y Salud de las Delegaciones Territoriales de Educación deben dar respuesta a más de 4.000 centros educativos y 105.000 docentes andaluces, por lo que “exige el incremento del escaso personal técnico de los Gabinetes provinciales y el reconocimiento de la labor profesional que desarrollan con una alta responsabilidad.”

Para CCOO la vigilancia de la salud en los actuales momentos “no puede caer en manos de las direcciones de los centros, que están asumiendo labores sanitarias que no les corresponden, sin recibir, además, la información ni la formación para llevar a cabo estas tareas, lo que las está exponiendo a situaciones cuanto menos comprometidas”. Igualmente, Molina censura “la nula coordinación existente entre Educación y Sanidad, pues no se han generado cauces de comunicación y asesoramiento entre los centros educativos y los centros de salud de referencia”.

Además, Molina señala que “se debe dar operatividad a los Comités de Seguridad y Salud de las Delegaciones Territoriales de Educación y que se evalúen urgentemente los riesgos psicosociales y físicos que, entre el personal docente y educativo, está generando el teletrabajo. Una importante cuestión que no se puede obviar y que puede incrementarse el próximo curso escolar ante un más que previsible rebrote de la Covid-19”.

“La dejación de funciones de la Consejería de Educación en materia de salud laboral en los centros educativos, con una falta constante de recursos y de privatización de parte de sus servicios, se ha hecho más que evidente en esta crisis sanitaria, un problema que debe ser resuelto con la máxima celeridad, porque afecta a la vida y a la salud de los trabajadores y las trabajadoras de la educación andaluza y, en consecuencia, a toda la comunidad educativa andaluza”, finaliza Molina.

CCOO lamenta que la Junta de Andalucía aproveche la crisis de la COVID-19 para encubrir los recortes en la universidad planeados con anterioridad a la crisis, ejemplo de un modelo nefasto de financiación para esta institución académica. Mientras, el consejero con competencias en Universidad, Rogelio Velasco, trata de justificarlos con ejercicios de desinformación, ocultando la realidad de unos recortes en los presupuestos para las universidades públicas de Andalucía (UPA) que suponen una desinversión de, aproximadamente, 260 millones de euros.

Ante esta circunstancia, CCOO considera que fue incomprensible la actitud de la mayoría de los rectores y las rectoras en la defensa del sistema andaluz de universidades públicas antes de la crisis, pero esta actitud es aún más incomprensible ahora, cuando en vez de recortes se requiere una inversión adicional, dada la transformación que tendrán que abordar las universidades para el próximo curso.

La otra cara de la moneda, para el sindicato, está en la labor incansable del personal docente e investigador (PDI) y del personal de administración y servicios (PAS), que en un ejercicio de responsabilidad asume continuamente nuevos retos y nuevas funciones, trasladando su dedicación a cualquier momento del día y de la semana, en jornadas que están muy por encima de las horas legalmente establecidas.

A este respecto, el secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, “advierte que asumir más cargas de trabajo, o la precarización cada vez mayor de los trabajadores y trabajadoras, llevará a la fractura de una paz social, cada vez más debilitada en las universidades públicas”.

Por otro lado, desde CCOO se denuncia que esta desinversión va a propiciar el cierre de titulaciones, el despido de cientos de profesoras y profesores Interinos y asociados, y la precarización, cada vez mayor, de las trabajadoras y trabajadores de las Universidades. Por esta razón, el sindicato plantea que los rectores y las rectoras tienen que asumir el papel que les corresponde y defender al unísono la universidad pública, no como administradores de empresas, que no lo son, sino en la defensa de los principios básicos de lo que es y supone la Institución para el conjunto de la sociedad.

Asimismo, CCOO extiende la preocupación al conjunto de la sociedad, ya que la desinversión en las Universidades Públicas reducirá el retorno de inversión de cientos de millones de euros en cada provincia, desacelerando su desarrollo social, cultural, técnico y productivo. Además, la desinversión en lo público promueve la entrada de universidades privadas, fábricas de títulos para quienes los puedan pagar.

En este sentido, Molina añade que “no es precisamente este el modelo de universidad que necesita Andalucía, región que está a la cola en empleo en la Unión Europea y a la que esta crisis azotará con más intensidad. Las posibilidades de que los hijos de las familias andaluzas puedan acceder a la universidad y así progresar, se reducen drásticamente con este modelo que deja las profesiones más cualificadas, con mayor estabilidad y mejores sueldos, y que requieren niveles de estudios superiores, solo al alcance de las familias más favorecidas económicamente”.

“CCOO considera que esta situación actual que amenaza a las universidades públicas andaluzas es particularmente grave, por lo que exige, una vez más, a la Junta de Andalucía y a los rectores y las rectoras la convocatoria de la Mesa General de Universidades en Andalucía. En caso contrario, el sindicato iniciará las movilizaciones que sean necesarias para defender la universidad pública, a sus trabajadores y trabajadoras y a la sociedad en su conjunto”, finaliza Molina.

El pasado día 18 de mayo se retomó el periodo de presentación de solicitudes de admisión de alumnado en los centros educativos andaluces. A pesar de la situación de pandemia que estamos viviendo, CCOO denuncia que la Consejería de Educación no ha contemplado medidas que garanticen el distanciamiento físico.

Para el secretario General del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Antonio Sánchez, “es imprescindible planificar la ratio del próximo curso para que la actividad lectiva no se vea dificultada por la situación sanitaria que vivimos, ya que desconocemos cuándo será posible volver a la absoluta normalidad”.

Además de exigir esta necesaria planificación, CCOO denuncia que la Consejería de Educación está notificando el cierre de unidades escolares de tres años para el próximo curso siguiendo criterios ordinarios, obviando que nos encontramos ante una nueva realidad, y procediendo, incluso, al cierre de centros escolares por falta de alumnado, cuando el gran problema para garantizar el distanciamiento físico es disponer de espacios educativos y de personal.

Por ello, Sánchez exige que la Consejería de Educación “proceda a modificar, en trámite de urgencia, la ratio de los escolares por aula para garantizar el distanciamiento físico”. Dicha ratio, según el sindicato, debe ser, tal como se apunta desde distintos ámbitos, de 15 escolares por aula, debiendo definir igualmente la ratio de atención del profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje y el número máximo de escolares con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo matriculado en un aula ordinaria.

En consecuencia, para CCOO, la planificación del próximo curso es esencial en esta crisis sanitaria por lo que exige a la Consejería de Educación eficacia, compromiso y prontitud en la toma de medidas que eviten perjudicar a la población más vulnerable, que apoye la labor docente y educativa del profesorado y de los trabajadores y trabajadoras de la educación, y que garantice el distanciamiento físico, tal como se exige en otros ámbitos para evitar que vuelva a producirse la actual improvisación.

“Ante estas circunstancias, es urgente generar un marco negociador con los representantes legales de los trabajadores en un clima de consenso y diálogo, el mismo que el Gobierno de Andalucía exige a otras Administraciones,” finaliza Sánchez.

El Sindicato Provincial de Construcción y Servicios de CCOO de Córdoba ha puesto en manos de los servicios jurídicos del sindicato el acuerdo firmado por UGT y Constructor por el que se recupera la jornada partida en el sector de la construcción, un acuerdo que, en opinión del sindicato, es lesivo para los trabajadores y pone en riesgo su salud.

Antonio Salazar, responsable del mencionado sindicato provincial, recuerda que existe un acuerdo anterior firmado por los sindicatos y la patronal a finales de marzo que establece la jornada intensiva de 7 horas durante el estado de alarma. “El estado de alarma se mantiene y por tanto, el acuerdo está en vigor y dado que el riesgo de contagio sigue siendo alto, CCOO entiende que no es el momento de volver a la jornada continuada”, explica.

En este sentido, Salazar insiste en que “al recuperar la jornada partida muchos trabajadores se ven obligados a comer en la propia obra, pero la mayoría de las empresas no cuentan con comedores acondicionados con las medidas de seguridad pertinentes, poniéndose así en riesgo la salud de los trabajadores”. 

Pero aún más, el acuerdo firmado por UGT y la patronal incluye la recuperación de las horas abonadas pero no trabajadas durante la suspensión de la actividad decretada por el Gobierno coincidiendo con la Semana Santa. “La mayoría de las empresas optaron por despedir a sus trabajadores o presentar un ERTE al verse obligadas a parar, por lo que esas horas que pretenden recuperar ahora no se abonaron”, afirma el responsable sindical quien critica que “ni siquiera se indica cuántas horas hay que recuperar, con lo que no se puede controlar la recuperación”.

A esto se añade la eliminación del día inhábil contemplado en el convenio colectivo con motivo de la Feria de Mayo, que los trabajadores pierden al suspenderse la celebración. “Es decir, los trabajadores no solo incrementan el riesgo de contagio, no solo tienen que recuperar horas que no se les han abonado sino que además trabajarán 8 horas de más”, resume Antonio Salazar.

Por todo esto, “CCOO estudia denunciar este acuerdo que, en su opinión, no tiene validez, puesto que se mantiene el estado de alarma y, por tanto, se debe mantener el acuerdo anterior que, además, se firmó precisamente para para proteger a los trabajadores ante la pandemia del COVID-19”, anuncia Salazar quien advierte que CCOO seguirá denunciando ante la Inspección de Trabajo los incumplimientos en materia de seguridad y salud que detecte –hasta ahora se han interpuesto 15 denuncias-.

La Diócesis de Córdoba ha impulsado el proyecto Messor eram, dedicado a San Juan de Ávila, con el fin de promover el conocimiento del doctor de la Iglesia cuyas reliquias se veneran en Montilla, ciudad donde vivió y murió.

         La iniciativa persigue abarcar la historia, la teología, la espiritualidad, la dimensión pastoral y misionera del Apóstol de Andalucía. Se trata de una propuesta diocesana, que entiende que es un deber promover su figura por haber sido elegida para el apostolado del Santo y está agraciada con su reliquia.

         El objetivo principal de este proyecto es estudiar, profundizar y dar a conocer la figura y obra de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia universal. Este fin se estructura en dos vertientes. De un lado, impulsar el estudio de las obras del Santo Doctor entre los sacerdotes de nuestra diócesis y fieles laicos que están en contacto con la teología; y de otro, ofrecer a todos sus enseñanzas a través de los medios con los que cuenta la diócesis (página web, publicaciones, etc.).

         El principal soporte para la difusión de estos contenidos será la página web www.sanjuandeavila.net, en la que un grupo de sacerdotes y laicos con vinculación intelectual al Santo y rigor científico ofrecerán artículos sobre algún tema avilista, ya sea sobre historia, teología o espiritualidad. Junto a éste, una brevísima reseña del mismo destacando

frases del Santo que animen a la lectura del mismo. La web cuenta con un espacio llamado Messor eran, que remite al artículo al que se puede acudir.

         Cada mes se irán publicando nuevos artículos buscando el fomento del conocimiento y el estudio sobre este Doctor de la Iglesia.

La biblioteca diocesana tiene a disposición de todos los usuarios una sala dedicada a San Juan de Ávila con posibilidad de préstamo de libros. El Seminario Conciliar “San Pelagio”, por su parte, posee otra sala llamada “Aula San Juan de Ávila” pensada para el estudio “in situ” del Maestro.

         Además se está trabajando en un centro de documentación dedicado a San Juan de Ávila que recoge en formato digital numerosos artículos relativos a la vida y obra del mismo.

Tras la declaración el estado de alarma, el pasado 16 de marzo, los centros educativos cerraron sus puertas y, en consecuencia, los servicios externalizados de la Consejería de Educación quedaron suspendidos, ocurriendo lo mismo, en virtud al Real Decreto de 17 marzo, con los contratos con las empresas adjudicatarias.

Según el secretario General del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Antonio Sánchez, “esta situación, pese a no haber motivos, ha dado lugar a que colectivos como son el personal técnico de integración social (PTIS), que sustentan el  apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales, y de los intérpretes de lengua de signo (ILSE), no hayan cobrado las nóminas del mes de abril”.

Así, según el sindicato, y debido a la presión de CCOO, la Junta de Andalucía publicó un Decreto (BOJA de 1 abril) que en su punto 3 recoge: “Con el fin del mantenimiento del empleo el órgano de contratación, podrá acordar la continuidad en el pago de los contratos suspendidos por causa del COVID-19”.

Para CCOO, este decreto garantiza que las empresas sigan cobrando de la Junta de Andalucía y, por consiguiente, las personas trabajadoras puedan recibir sus nóminas sin pasar un ERTE. Pero, según las empresas adjudicatarias, entre el procedimiento de pago a empresas, la presentación y comprobación de documentos y otros procesos administrativos, han hecho que a esta fecha, de 15 de mayo, los trabajadores y trabajadoras de estos colectivos, aún no hayan percibido las nóminas de abril.

No obstante, según la información recabada por CCOO de la Viceconsejería de Educación, este proceso de pago a empresas ha comenzado esta semana, y es la Agencia Pública de Educación (APAE) la que se encarga de dichos pagos.

Ante este cruce de justificaciones, Sánchez critica “el gran número de intermediarios para que las nóminas lleguen las plantillas, y achaca los problemas de estos servicios educativos esenciales a su privatización. Ya que, además, debido a la precariedad de estos puestos de trabajo, cualquier circunstancia hace que las consecuencias recaigan sobre el eslabón más débil, en este caso, los trabajadores y trabajadoras que atienden estos servicios”.

El sindicato, a la vista de esta situación, pide, igualmente, responsabilidad a las empresas adjudicatarias (AI ALBA, TANGRAM, OS ZAGALES, MARCOS BAILÓN y SAMU, entre otras), pues sabiendo que el proceso, aunque lento, les aseguraba el cobro, no han mostrado interés en aplicar su corresponsabilidad con sus trabajadores y trabajadoras abonando sus nóminas, sino más bien han utilizado una estrategia de confusión para que todas las miradas recayeran en la Administración.

Por todo ello, “CCOO exige a la Consejería de Educación hacer cumplir a las empresas adjudicatarias de estos servicios educativos su responsabilidad con los trabajadores y trabajadoras y abonen con la máxima celeridad las nóminas de abril”, finaliza Sánchez.

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