Provincia

Provincia (413)

La Secretaría de la Mujer de CCOO de Córdoba convoca la tercera edición del Concurso de Fotografía 8 de Marzo ‘Mujeres que transforman’ con el que se quiere poner de manifiesto la lucha por la igualdad efectiva de la mujer y el hombre en el trabajo y denunciar las situaciones de discriminación laboral que sufren las mujeres.

De esta forma, las fotografías, que pueden presentarse hasta el próximo 13 de marzo, pueden versar sobre conciliación, políticas de igualdad, invisibilidad, discriminación laboral o salarial, o segregación horizontal y vertical (techo de cristal).

Quienes deseen participar en el concurso, cuyo premio es un fin de semana de relax, deben presentar una única obra inédita y libre de cualquier manipulación digital. Los trabajos pueden presentarse en soporte físico con unas medidas de 30x40 cm., o en formato digital a través de Instagram (Instagram@SecretariaMujer_CCOO) o correo electrónico (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

El jurado, que será designado por CCOO, estará compuesto por tres personas representantes del mundo técnico, artístico y sindical. Dicho jurado seleccionará las mejores fotografías realizadas atendiendo a criterios de originalidad, creatividad, calidad y temática para ser expuestas al público durante la segunda quincena del mes de marzo. El fallo del jurado será público e inapelable y se dará a conocer el próximo 17 de marzo.

El dictamen del Consejo Escolar de Andalucía sobre el Borrador de Decreto de Escolarización recoge, a propuesta de CCOO y otras organizaciones, la eliminación de que en los municipios o ámbitos territoriales donde haya centros docentes públicos y privados concertados las familias tengan la máxima puntuación por domicilio a un centro público y a otro concertado, aunque este último no se encuentre en esa zona. Este dictamen fue aprobado por mayoría de los miembros del Consejo Escolar el 24 de octubre de 2019.

Para el secretario General del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Antonio Sánchez, “es imprescindible que la Consejería de Educación respete las decisiones tomadas por la comunidad educativa en un órgano de representación y participación tan importante como lo es el Consejo Escolar de Andalucía”.

El sindicato ha conocido este miércoles, a través de los medios de comunicación, que es intención de la Administración continuar con la modificación para que en todas las zonas educativas haya un centro concertado. Molina informa que este cambio supondría que habría estudiantes escolarizados a más de 5 kilómetros de su casa, lo que, además, generaría un mayor uso de combustibles fósiles y contribución al cambio climático, un tema que tampoco parece importar a la Consejería dirigida por Ciudadanos.

Además, CCOO denuncia que numerosas direcciones de centros educativos públicos, ante la apertura del periodo de escolarización en el mes de marzo, están recibiendo llamadas de las Delegaciones Territoriales de Educación para reducir el número de plazas a ofertar, lo que conllevaría pérdida de unidades escolares. Desde el sindicato se rechaza esta medida por entender que debe ser después de ese periodo cuando se definan las unidades escolares con que contarán los centros educativos.

Con esta medida, según CCOO, se dañará aún más la educación pública no respetándose el actual equilibrio entre todos los centros sostenidos con fondos públicos. “Cada año se suprimen más y más unidades de la educación pública ante la bajada de la natalidad sin que se avance en la bajada de ratio y, por ende, en la calidad de nuestra educación”, argumenta el responsable sindical.

En consecuencia, Sánchez avisa “que de no asumir la Consejería de Educación las propuestas acordadas por el Consejo Escolar de Andalucía, CCOO iniciará movilizaciones con toda la comunidad educativa para revertir este perjuicio que se quiere provocar a la educación pública andaluza”.

La secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, urge a las empresas a aplicar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobado recientemente por el Gobierno para mejorar la capacidad de consumo de las familias. Así lo señaló tras conocer los datos del IPC del mes de enero, que registran una bajada de los precios del 0,8%, unas las cifras “vienen a demostrar las dificultades económicas por las que siguen pasando las familias”.

Borrego llamó la atención sobre el hecho de que “han sido las rebajas –el vestido y el calzado bajó un 16,4%- las que han contrarrestado la subida de servicios y productos básicos para las familias como son los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios se incrementaron un 0,8%, o la vivienda, el agua y los combustibles, que experimentaron una subida del 1,5%, lo que nos viene a decir que, una vez más, las familias tienen que hacer un mayor esfuerzo para cubrir sus necesidades básicas y su capacidad de consumo se sigue reduciendo”.

En este sentido, la responsable sindical remarcó que “una retracción del consumo no es buena ni para las empresas locales ni para las personas trabajadoras que lejos de mejorar su poder adquisitivo siguen teniendo serias dificultades para planificar a medio y largo plazo gastos e inversiones”.

Para revertir esta situación, que aboca a la provincia a mantenerse a la cola del país tanto en cifras de empleo como de generación de riqueza, la secretaria General de CCOO hizo hincapié en “la necesidad, por un lado, de aplicar el SMI aprobado recientemente y, por otro, la urgencia de incentivar un cambio de modelo productivo que propicie una mayor contratación y una contratación más estable, con sueldos dignos que permitan a las personas un proyecto de vida”.

La Sección Sindical de CCOO en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (CPPEI) ha agradecido la visita que el presidente del Consorcio, Rafael Llamas, ha cursado al parque de bomberos de Palma del Río acompañado de la alcaldesa de la localidad, Esperanza Caro, y el director técnico del Consorcio y concejal de Seguridad del Ayuntamiento palmeño, Francisco Corral, para conocer in situ las deficiencias que han provocado las reiteradas denuncias del sindicato ante la Inspección de Trabajo.

En dicha visita, en la que estuvieron presentes miembros de la Sección Sindical de CCOO, los responsables de la Diputación cordobesa y el Consistorio palmeño anunciaron la existencia de una partida presupuestaria para acometer las reformas oportunas en las instalaciones, una noticia que ha sido bien acogida por los delegados sindicales, que tuvieron la oportunidad de explicar a las autoridades las graves deficiencias que presenta el parque.

El secretario de la Sección Sindical de CCOO en el Consorcio, Antonio Mellado, remarca que mejorar las instalaciones así como los medios materiales de los bomberos de la provincia “es un trabajo que tenemos que acometer entre todos” pero para abordarlo “es necesario el diálogo social”.

En este sentido, el también presidente del comité de empresa del Consorcio recordó que aún está pendiente convocar tres mesas de gran importancia para el futuro del colectivo a corto y medio plazo, como son la mesa general de negociación, el comité de seguridad y salud y la mesa de formación del Consorcio.

Los responsables sindicales han mostrado su predisposición a dialogar para mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores y trabajadoras del CPPEI pero advierten que actuarán con contundencia cuando no se aborden por los responsables del servicio las demandas sobre deficiencias que afectan a la salud y seguridad de la plantilla y de la ciudadanía.

El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba ha celebrado hoy una asamblea informativa dirigida a delegados y delegadas sindicales en la que, entre otras cuestiones, se ha abordado la postura del sindicato ante el llamado “veto parental” y cómo se debe actuar en el caso de que los padres presenten en los centros peticiones de la no participación de sus hijos o/e hijas en actividades complementarias.

El responsable de Pública Docente del citado sindicato provincial, Francisco Cobos, señaló que el veto parental “es un ataque frontal contra la libertad de cátedra y contra las libertades de enseñanzas. Ataca los principios en los que se fundamenta la docencia, una situación no nueva que ha adoptado nuevas formas, en línea con el concepto manipulado de ‘libertad de las familias’, para someter la profesión docente a intereses ideológicos, políticos y religiosos. Y es una estrategia que está dejando huella: la desconfianza de un sector de la sociedad hacia el colectivo docente”.

  

“El veto parental es otra vuelta de tuerca más en la política de desacreditación de la profesión docente llevada a cabo por una parte importante de nuestros representantes políticos y que ha calado en algunos sectores de la sociedad, siendo uno de los principales problemas con los que se encuentra la escuela pública: un profesorado que no se siente valorado ni respaldado en sus decisiones, sino cuestionado y fiscalizado”, afirma Cobos quien remarca que “aunque no hay nada regulado en Andalucía sobre el veto parental, hay padres que ya han presentado en centros peticiones de la no participación de sus hijos y/o hijas en actividades complementarias”.

Ante esta situación, CCOO considera que la ausencia de escolares a actividades complementarias por deseo de los progenitores debe ser considerada una falta no justificada salvo instrucciones de un superior jerárquico, en cuyo caso aconseja al profesorado solicitar por escrito dicha instrucción.

El sindicato ha realizado diferentes modelos de escritos para trasladar a la dirección del centro, a la Inspección de la Delegación Territorial y a la propia Consejería de Educación la solicitud de los padres y el parecer del docente afectado en cuanto a la ilegalidad de dicha petición con el objetivo de evitar cualquier  actuación que provoque la imposición de una medida  disciplinaria que obligue al profesorado a defenderse judicialmente de una eventual sanción por desobediencia, o cualquier otra denuncia  administrativa o judicial de padres y/o madres como algunas organizaciones vienen alimentando.

La Red de Madres y Padres Solidarios (ReMPS) ha pedido en la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía del Parlamento andaluz la aprobación de una declaración consensuada por todos los grupos parlamentarios de apoyo a las enfermedades raras con el objetivo de concienciar a la clase política sobre las muchas dificultades y necesidades que tienen las personas que padecen o están en riesgo de padecer una enfermedad rara.

Los representantes de la ReMPS Rosa García y David González expusieron en la Comisión, en la que han comparecido a petición del Grupo Adelante Andalucía, la cruda realidad de las enfermedades raras en Andalucía, en donde según fuentes oficiales hay unas 600.000 personas afectadas, aunque la ReMPS calcula que podrían llegar al millón de personas si se tienen en cuenta las personas sin diagnosticar, las que aún no han desarrollado síntomas o las que su enfermedad no está reconocida en el catálogo de enfermedades CIE-9. La falta de diagnóstico conlleva no pocas consecuencias: La imposibilidad de acceder a la discapacidad y la dependencia, tratamientos inadecuados, agravamientos de la enfermedad, y un largo etc..

Quienes están diagnosticados no lo tienen más fácil. Al desconocimiento de los profesionales sanitarios, la falta de información, las dificultades para acceder a medicamentos huérfanos, la falta de ayudas, la estigmatización social, la incorrecta valoración de la discapacidad o la exclusión laboral, se une la quiebra familiar y las dificultades económicas.

“La falta de información sobre las enfermedades raras es tal que la mayoría de las familias no saben que existen centros de referencia o qué es un medicamento huérfano. En Andalucía hay más de un millón de afectados y sin embargo, en los tres últimos años solo se han derivado 52 pacientes a centros de referencia fuera de nuestra comunidad autónoma, una cifra irrisoria que nos hace sospechar que hay un procedimiento sistemático para la no derivación”, denunció García.

Ante esta realidad oculta, los responsables de la REMPS plantearon un decálogo de medidas imprescindibles para favorecer el interés social  en las enfermedades raras entre las que destaca mejorar la información sobre la enfermedad y los recursos disponibles; un mayor apoyo al Registro Único para investigación de patologías minoritarias, protocolos hospitalarios; evolución y actualización de los baremos de discapacidad e impulsar e incentivar el interés en las enfermedades minoritarias.

Asimismo, la asociación reclama el impulso de actuaciones conjuntas con instituciones académicas, centros de investigación, asociaciones científicas y de pacientes para dar a conocer los recursos e información sobre estas patologías, subvenciones para el cuidado de personas afectadas y que se de visibilidad a las enfermedades raras a través de la RTVA.

CCOO lamenta que la Junta de Andalucía no haya aprovechado la oportunidad de integrar el 112 en la administración pública y haya optado por adjudicar el servicio a Ferrovial Servicios.

El Sindicato Provincial de Servicios de CCOO de Córdoba critica que, de nuevo, se haya obviado la integración de este servicio en la administración pública –lo que en Córdoba afectaría a 15 trabajadores y trabajadoras- y, por ello, mañana, Día Europeo del 112, saldrá a la calle a explicar a la ciudadanía la labor que desarrolla el personal que atiende las emergencias en Andalucía y las reivindicaciones laborales de un colectivo que atiende un asunto tan delicado como son las emergencias.

CCOO considera que las mejoras introducidas en la licitación del servicios del 112, y anunciadas desde la Consejería, como la reducción de las horas máximas anuales, equiparación de jornada y salario para el personal con la misma categoría y labor de las salas, aumento del 12,5% de horas de servicio (casi 104.000), no se han concretado y, por tanto, son insuficientes para avanzar en un servicio público de calidad que reconozca la labor de los trabajadores y trabajadoras que atienden las emergencias en Andalucía.

En este sentido, el sindicato considera imprescindible en esta nueva etapa avanzar en aspectos de vital importancia como la regulación de un cuadrante anual equitativo y justo para la plantilla; la homologación al alza de salarios para todos en los Centros 112; la regulación de las horas de guardia de las áreas técnicas; el reconocimiento del equipo de formación como un área más del servicio; la implantación y correcta regulación del “trabajo en red”, no como un medio para no reforzar los centros con mayores cargas de trabajo ahorrándose así la contratación del personal de la bolsa para cubrir las bajas médicas, vacaciones, sino como una forma efectiva de coordinación de las emergencias con su correcta formación y reciclaje.

CCOO lamenta que en esta nueva adjudicación, la Junta no haya apostado por superar la precariedad derivada de la adscripción del personal al Convenio de Telemarketing, en el que no se reconoce la cualificación profesional, ni la labor esencial que se desempeñan. Es triste que, de nuevo, se considere a los trabajadores y trabajadoras del 112 de Andalucía como “horas a facturar”, en lugar de profesionales cualificados que gestionan un servicio altamente sensible.

Por ello, CCOO seguirá reclamando la integración del servicio en la Administración Pública, porque se trata de un servicio esencial para la ciudadanía en el que se trabaja las 24 horas del día, 365 días al año. Mientras el personal de emergencias siga subcontratado y ninguneado, CCOO no dará un paso atrás en sus demandas y para que la ciudadanía ponga cara a los verdaderos artífices del servicio de emergencias: sus trabajadores y trabajadoras, mañana, 11 de febrero, los delegados y delegadas de CCOO estarán en la calle explicando la realidad que viven las personas que atienden un servicio esencial para la ciudadanía.

CCOO ha celebrado hoy un taller en el marco de la campaña “Tenemos un plan: la Igualdad”, una campaña que desarrollara talleres dirigidos a cuadros sindicales para formarlos en la elaboración de planes de igualdad en las empresas. En esta ocasión, han sido 20 los delegados y delegadas sindicales que han participado en el taller, impartido por la Secretaria de Mujer de CCOO de Córdoba.

La secretaria de la Mujer de CCOO de Córdoba, Mar Ávalos remarca la importancia de estos planes de igualdad como “una buena herramienta para hacer frente, desde las realidades más inmediatas de las empresas, a las desigualdades que aún persisten en el mundo del trabajo”.

“Las empresas están obligadas por Ley a desarrollar y ejecutar sus propios planes de igualdad”, ha recordado Ávalos, quien ha insistido, además, en que “hay que impulsar que se dé cumplimiento a esta ley, tanto por parte del Gobierno autonómico como del Gobierno central, garantizando la elaboración, registro y cumplimiento de los Planes de Igualdad”.

Según la responsable sindical, “los Planes de Igualdad son un instrumento fundamental que beneficia a toda la plantilla” de ahí que CCOO lleve dos décadas reclamando y trabajando en Planes de Igualdad que contribuyan a erradicar las discriminaciones y generen entornos de trabajo igualitarios.

El taller ha hecho incidencia, además, en la importancia de establecer medidas de conciliación y de fomentar la corresponsabilidad también entre los trabajadores, para que no sean solo las mujeres las que accedan a los permisos relacionados con la maternidad y el cuidado de los hijos y las personas dependientes.

Debido a la crisis y a las políticas regresivas y de austeridad, en la última década “ha empeorado la situación laboral de las mujeres, y las empresas y la propia administración pública se han cebado con las mujeres creando una bolsa ingente de mujeres con empleo hiper precario”, ha lamentado la secretaria de la Mujer quien insiste en que una sociedad que desperdicia el talento femenino es una sociedad abocada al fracaso.

El secretario de Empleo de CCOO de Córdoba, Manuel Merino, ha señalado hoy tras conocer los datos del paro del mes de enero que la importante subida del desempleo en 3.378 personas “no es, por desgracia, inesperada, ya que enero suele ser un mes de alza del paro por el fin del periodo de rebajas y una reducción de las campañas de la aceituna y los cítricos”.

Para Merino, estos datos negativos “vienen a corroborar una vez más que la provincia de Córdoba necesita medidas que impulsen un cambio económico y productivo que apueste por sectores que generen más empleo, y empleo más estable”. En este sentido, el responsable sindical insiste en que “una provincia que depende fundamentalmente de dos sectores marcados por la estacionalidad, la climatología y los mercados internacionales no pueden ser el único sustento de su población”.

Por ello, CCOO insiste en que es imprescindible invertir en un plan de industrialización “sin perder nuestra esencia pero apostando por las nuevas tecnologías, las energías verdes y el refuerzo de industrias ya asentadas como la del mueble y la madera, el textil o el frío industrial”, remarcó Merino.

Si preocupante es la situación general, más aún lo es la de las mujeres. De las 70.199 personas en las listas del paro, más de la mitad son mujeres, en concreto, 41.917, lo que representa el 59,7%. Una cifra que lejos de reducirse va incrementándose mes a mes. “Estamos expulsando del mercado laboral a las mujeres, y eso, además de una injusticia social, es un grave error, porque estamos desperdiciando el talento y el potencial de la mitad de la mano de obra”, recordó el secretario de Empleo.

Además, también ha bajado la afiliación a la Seguridad Social. “Hay 4.110 afiliados menos que en diciembre y 2.333 afiliados menos que hace un año, lo que significa que las personas trabajadoras cordobesas se están viendo obligadas a marcharse porque aquí no hay empleo”.

Preocupante es también la drástica reducción de la contratación durante el mes de enero. Córdoba fue la segunda provincia andaluza en la que más bajó la contratación después de Jaén, otra provincia muy dependiente del campo. “Los contratos han bajado respecto a diciembre pero también respecto al mismo mes del año anterior, lo que viene a mostrar que la economía cordobesa está sufriendo una de desaceleración cuando todavía no se había recuperado de los perniciosos efectos de la crisis”, advirtió Merino quien hizo hincapié en que, “si nos fijamos, ha bajado mucho la contratación temporal porque ese es el tipo de contratación que se está haciendo en la provincia, contratos en su inmensa mayoría temporales y a tiempo parcial y con ese tipo de contrato las personas no pueden hacer planes de futuro y las estamos condenando a vivir en la incertidumbre y sin poder establecer un plan de vida”.


Por ello, CCOO remarca que Córdoba necesita que sus gobernantes tomen las riendas y se pongan a trabajar para que la provincia vuelva a la senda del crecimiento y de la creación de empleo.

Tras las elecciones sindicales celebradas el pasado 13 de enero en el Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios de Córdoba, que ganó CCOO al obtener seis de los 13 delegados que elegían, ha quedado constituida la nueva Junta de Personal en la que el delegado de CCOO Antonio Mellado ocupará el cargo de presidente. Asimismo, los también delegados de CCOO Antonio Galán y Miguel Córdoba ocuparán los cargos de secretario y delegado de prevención.

El resto de delegados han sido nombrados vocales de la Junta de Personal que se pondrá a trabajar de inmediato. De hecho, ya se ha trasladado al Consorcio una propuesta para estudiar la posibilidad de contar con más delegados de prevención, ya que actualmente solo hay uno y son muchas las tareas a realizar y dada la dispersión de los parques de bomberos por toda la provincia sería oportuno contar con algún delegado más  de prevención.

Junto a esta solicitud, la Junta de Personal va a trasladar a la Mesa General de negociación temas de importancia que están en el aire, como los plazos de la promoción interna del subgrupo C2 a C1, la constitución del nuevo comité de seguridad y salud o de la comisión de formación, entre otros.

En cualquier caso, la Presidencia y Secretaría avanzan que en esta legislatura la Junta de Personal va a tener más actividad que en legislaturas anteriores pues tienen previsto que se reúna cada tres meses, tal y como se recoge en su reglamento, para tratar los problemas que afectan a los trabajadores y trabajadoras, cuestión que no se llevó a cabo en el mandato anterior.