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El pasado sábado la Junta de Andalucía anunciaba a bombo y platillo el mantenimiento de 20 puestos de trabajo de Personal Técnico de Integración Social (PTIS) de la empresa SAMU en centros educativos, un logro que ha sido fruto de la presión, la negociación y el diálogo de CCOO con la Consejería de Educación pero que, en contra de lo que indicaba el comunicado de la Junta, en el caso de Córdoba no afecta a PTIS –esta empresa no tiene PTIS en la provincia cordobesa- sino a Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE).

A pesar de este anuncio, el Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba considera que la Junta está abandonando al alumnado con discapacidad auditiva, más de una veintena de estudiantes, ya que desde que se decretó la suspensión de las clases presenciales estos profesionales han dejado de prestar sus servicios.

“Tanto el sindicato, como las trabajadoras y trabajadores llevan solicitando a la empresa desde que se decretó la suspensión de las clases que cuente con las y los ILSE para seguir acompañando a dicho alumnado y al profesorado mediante el teletrabajo pero a día de hoy ni la empresa ni la Consejería les han dado respuesta”, señala el secretario General de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Antonio Sánchez.  

De hecho, “mantienen suspendido un servicio esencial, incumpliendo la ley, y como consecuencia de ello, hay alumnas y alumnos en Córdoba que siguen viendo mermado su derecho a la educación”, lamenta Sánchez.

“Esta situación es solo un ejemplo más del ninguneo de la Consejería de Educación (la anterior y la actual) a este servicio externalizado y a un colectivo que ejerce en condiciones precarias y que lleva años pidiendo que de una vez por todas se les escuche”, remarca el responsable sindical.

Cabe recordar que tanto los PTIS como los ILSE que prestan sus servicios a través de empresas externas adjudicatarias del servicio han venido concentrándose en los últimos meses ante la posibilidad de perder sus puestos de trabajo por el sistema elegido por la Junta para recuperar la gestión pública de los servicios que cubren.

 

El Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Córdoba valora de forma positiva el decreto de medidas urgentes en materia de empleo agrario que tiene por objetivo asegurar la recogida de las cosechas para garantizar el abastecimiento de los mercados si bien remarca que son necesarios controles suficientes para que las personas trabajadoras agrarias tengan los salarios y medidas de protección adecuadas.

Así lo ha dicho el secretario General de este sindicato provincial, Agustín Jiménez, quien valora que se incentive que la mano de obra esté formada en su mayoría por personas que residan en el entorno de las explotaciones agrarias. “Esto es esencial para que el trabajo en el campo sea compatible con la necesidad de reducir la movilidad, dada la situación sanitaria en la que nos encontramos”.

CCOO considera un avance, que habría de normalizarse y generalizarse en el sector, exigir contratos por escrito, el pago de salarios mediante transferencia bancaria y el cumplimiento del convenio colectivo garantizando el SMI 2020. Además, “seguimos exigiendo la tramitación del alta automática en la Seguridad Social a través de herramientas digitales, para evitar fraudes”, añadió Jiménez quien recordó que en Córdoba se está aplicando la subida del SMI, pero que hay provincias andaluzas, como Almería o Granada, en donde no se ha firmado la actualización salarial.

Asimismo, el responsable sindical señaló que “entendemos que es adecuado ofrecer un trabajo en el sector a miles de personas que en otros momentos estuvieron y abandonaron el trabajo en el campo para desarrollar su actividad en otros sectores, hoy paralizados. Para ello es necesario dignificar el trabajo en el sector del campo y garantizar condiciones dignas”.

Por otra parte, Jiménez puntualizó que “la compatibilidad de seguir percibiendo subsidios o prestaciones junto con el salario de manera excepcional y por tanto mejorar los ingresos familiares, no puede ser la excusa para precarizar un sector de primera necesidad y estratégico para el país”. En este sentido, recordó que CCOO ha compartido junto con las organizaciones empresariales las movilizaciones en el sector, reivindicando la necesidad de garantizar precios dignos para los productos del campo. “Esta demanda de precios dignos, si no está precedida por salarios dignos, pierde toda legitimidad”, insistió el secretario General.

Además, CCOO se ha mostrado favorable al aumento del tiempo de ocupación para aquellas personas inmigrantes que se les prorrogará su contrato de trabajo, pero “creemos que se ha perdido la ocasión de llevar a cabo la inclusión social de miles de personas que viven junto con nosotros en situación irregular y que en muchos casos ya conocen el trabajo en el campo, porque lo han realizado o lo siguen realizando en la economía sumergida y en condiciones de precariedad denunciadas, incluso, por organismos internacionales”, lamentó Agustín Jiménez.

Junto a lo anterior, CCOO pide que se garanticen las medidas de protección contra el COVID 19 de todas las personas trabajadoras, disponiendo de equipos de protección individual (mascarillas, guantes, etc.), así como las medidas de protección colectivas, tanto en la movilidad al puesto de trabajo, como en comedores, trabajos en almacenes y en los tajos. “No podemos olvidarnos de la puesta a disposición de alojamientos en condiciones de higiene y salubridad óptimas, más aún en esta situación de excepcionalidad que vivimos a causa de la crisis sanitaria”, dijo Jiménez.

Por último, CCOO exige la coordinación de las administraciones públicas que se dedican a la gestión de las contrataciones (SEPE, Delegaciones o Subdelegaciones de Gobierno) con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como la interlocución continua entre el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación,

El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba considera preocupante el aumento de profesionales del ámbito de la sanidad pública afectados por el COVID-19, pasando de 155 a más de 2010 casos en la provincia. Especialmente grave es la situación del Hospital Reina Sofía, en donde se ha pasado de 72 profesionales contagiados el 30 de marzo a 100 a fecha de ayer.

El aumento en el complejo sanitario de la capital cordobesa contrasta con el descenso de casos en el Área Sanitaria Sur de Córdoba pasando de 42 profesionales afectados la pasada semana, a 38 en la actualidad. La situación en el Área Sanitaria Norte, con 44 casos, está estabilizada pero “con significada afectación al personal de gestión y servicios”, señala el secretario General de este sindicato provincial, José Damas.

CCOO tilda de grave estos datos, que responden, en su opinión, a los deficientes o escasos equipos de protección individual (EPI) con los que hasta ahora ha contado el personal de la sanidad pública o por aplicación tardía de medidas preventivas directas y efectivas.

Para Damas, “es evidente que las medidas organizativas y preventivas no están dando los resultados esperados o no se están aplicado adecuadamente. La escasez de EPI o la no realización de test de diagnóstico a todos los y las profesionales afectados, debido a que no llegan en el número necesario, está provocando que el número de profesionales afectados vaya en aumento, siendo significativo el aumento en el personal de enfermería y en la última semana en el personal de gestión y servicios”.

Damas, que además de Secretario General de este sindicato provincial es delegado de prevención del Hospital Reina Sofía, denuncia “la escasa colaboración y comunicación que hay desde la Dirección Gerencia y desde el Comité de Seguridad y Salud con los delegados y delegadas de prevención de CCOO”. A pesar, de haber remitido multitud de escritos tanto a la Gerencia del centro como a la Presidencia del Comité de Seguridad y Salud denunciando numerosas deficiencias en materia de prevención, el responsable sindical critica que “a penas se ha recibido respuesta a nuestras demandas o denuncias” y “solo en algunos casos se nos ha respondido a través de email con respuestas genéricas y evasivas, sin dar salida a nuestras propuestas preventivas y de mejora”.

“Desde la Sección Sindical de CCOO en el Reina Sofía hemos denunciado estos días atrás casos que desgraciadamente han desencadenado en contagios o asilamientos domiciliarios de profesionales, como ha sido los conocidos en plantas de hospitalización, Lavandería, Admisión de Urgencias o en UCI, entre otros, y además hemos exigido actuaciones específicas preventivas para el Hospital Los Morales y Centro de Transfusión Sanguínea de Córdoba”, recuerda el responsable sindical.

Para CCOO no es de recibo que desde el comienzo de la crisis sanitaria solo se haya reunido en una ocasión al Comité de Seguridad y Salud del Reina Sofía, el pasado mes de marzo, a pesar de haber solicitado por escrito la necesidad de convocatorias con periodicidad semanal,  “con lo que no se ha podido tratar ni exponer en el seno de este órgano de participación  interno para consulta regular y periódica la información actualizada sobre actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos”, lamenta Damas quien remarca que, “en consecuencia, se han obstaculizado las demandas sobre deficiencias preventivas detectadas o denunciadas por los delegados y delegadas de prevención mientras que en otros centros sanitarios, como el Área Sanitaria Sur, se están realizando semanalmente en espacios amplios o por videoconferencia”.

“No solo se impide realizar la labor de los delegados y delegadas de prevención, sino que, además, no se les facilita las medidas preventivas necesarias como EPI o hidrogeles para poder acceder a los diferentes servicios o áreas del hospital, impidiéndose así el derecho y el deber de defender a los trabajadores y trabajadoras frente a situaciones de riesgo”, añade el secretario General de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba.

Por último, Damas quiere agradecer las donaciones de la ciudadanía, sobre todo de mascarillas y pantallas faciales protectoras y la labor de todos los y las profesionales del sistema sanitario, por su implicación, esfuerzo y dedicación y reiteró el compromiso de CCOO a seguir denunciando todas las irregularidades que se detecten en materia de prevención y no parar hasta conseguir EPI adecuados y suficientes, además de hacer llegar los  test de diagnóstico a todos los y las profesionales.

El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba considera inaceptable que el Consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, pretenda vender el pago a cuenta en julio de un 35% del complemento de rendimiento profesional (CRP) correspondiente al trabajo y objetivos fijados en el 2019 para los profesionales de la sanidad pública como una gratificación o plus por la lucha y dedicación frente al coronavirus.

Para el secretario General de este sindicato provincial, José Damas, que “se vincule el abono de parte del CRP de 2019, que se viene abonando desde hace más de una década, al trabajo realizado por los profesionales del SAS durante la pandemia del COVID-19 y que se utilice como herramienta de marketing político en estos momentos solo puede calificarse como un inaceptable insulto a los profesionales de la sanidad”.

“En todo caso, ni mucho menos se trata de una medida incentivadora, sino que en realidad se aplica por la imposibilidad actual de la Administración sanitaria de realizar las evaluaciones a cada profesional y justificar una vez más el fraccionamiento en dos plazos”, afirma Damas.

El responsable sindical señala que “el consejero de Salud y Familias ha puesto sobre la mesa en un momento inapropiado el abono del Complemento al Rendimiento Profesional (CRP) de 2019, que hasta 2011 se abonaba en un solo pago anual y desde 2012, cuando se impusieron los recortes aplicados por la Junta de Andalucía, en el SAS se paga el CRP con un recorte actual en torno al 30% de la cuantía total que se estipula en función de la plantilla, al no abonarse los remanentes, fraccionarse los pagos y aplicarse determinados factores correctores, todo ello en detrimento y perjuicio de los profesionales de la sanidad”.

“No puede publicitarse mayor ofensa para los profesionales de la sanidad que este anuncio de gratificación por su dedicación, trabajo y lucha contra el coronavirus, pero más vergonzoso aún es anunciar como premio que se va abonar en julio el 35% de las cantidades integras anuales que corresponden a cada categoría profesional y que en octubre se les abonará el restante 65%, previa aplicación de las evaluaciones personales de la consecución de objetivos, es decir, un pago a cuenta, que en octubre vendrá con recortes”, critica el secretario General.

En este sentido, Damas sostiene que este anuncio “no es un extra para los profesionales del SAS, es una retribución fijada en su masa salarial con la que CCOO ya ha manifestado en años anteriores su disconformidad”. De hecho, el sindicato reivindica el cambio de modelo de retribución, priorizando el paso de este complemento a conceptos salariales fijos, por considerar el modelo actual un complemento injusto, insolidario y, sobre todo, discriminatorio y enriquecedor para cargos directivos y jefaturas de servicios. CCOO recuerda que existe una diferencia de hasta un 2.500% entre lo que llega a percibir una Dirección de Unidad de Gestión Clínica (UGC) y un profesional del Grupo E -celador, pinche, lavandería, etc.-, que recibe 571 euros frente los 14.250 euros que puede llegar a recibir la Dirección de UGC.

Para el sindicato, y hasta la negociación de un nuevo modelo de CRP en Mesa Sectorial, en estos momentos de esfuerzo titánico de los profesionales se debe otorgar de oficio y automáticamente a toda la plantilla la puntuación máxima y, por tanto, proceder al abono del 100% de las cuantías correspondientes al CRP del año 2019 para cada una de las categorías, y en un solo pago en la nómina complementaria de junio de 2020, con la supresión del requisito mínimo de los cuatro meses de servicios prestados, al objeto de recompensar la labor desarrollada por el personal contratado.

CCOO insta al consejero de Salud a que, en lugar de emitir anuncios a bombo y platillo, se comprometa firmemente para intensificar y mejorar las medidas de protección y que en mínimo tiempo se doten los EPIs necesarios en los centros de trabajo y se pueda generalizar la realización de los tests de detección del COVID-19 para los y las profesionales,  y “si verdaderamente quiere recompensar a sus profesionales por su labor y esfuerzo en esta crisis sanitaria, piense en una compensación con jornadas extras de descanso o con una retribución extra, pero nunca a costa de enmascarar la que ya perciben los profesionales”, apostilla José Damas.

El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba ha solicitado a la Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta en Córdoba que se habiliten y se pongan a disposición del personal de los sectores de Sanidad y Sociosanitario alojamientos hoteleros durante la crisis sanitaria del COVID-19.

“Desde que se dio la alerta de la incidencia del COVID-19, CCOO ha venido instando a las administraciones competentes a que faciliten alojamientos a los trabajadores y trabajadoras que lo soliciten, priorizando a los y las que conviven con personas de alto riesgo”, explica el secretario General del mencionado sindicato provincial, José Damas, quien indica que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ya aceptó la propuesta de CCOO de poner a disposición del personal del SAS y de las agencias públicas y fundaciones dependientes funcionalmente de la Consejería de Salud y Familias alojamientos hoteleros tanto para el personal contratado que viene desplazado de su domicilio habitual como para el que opta por estar fuera del domicilio habitual en estas circunstancias sanitarias para evitar contagios a familiares o personas convivientes. Ahora, es cada Delegación Territorial la que debe establecer cuanto antes el procedimiento para acogerse a esta oferta y concretar las plazas disponibles.

Damas remarca que “con esta medida se favorece que estos y estas profesionales, altamente expuestos al coronavirus, no pongan a sus familias en situación de riesgo de contagio, al mismo tiempo que se les protege de posibles contagios en sus domicilios habituales”.

En este sentido, Damas insiste en que “ahora, más que nunca, hay que proteger a los trabajadores y las trabajadoras del sector para blindar el buen funcionamiento del sistema frente a esta crisis sanitaria”.

Además, el responsable sindical remarca que “son muchos los y las profesionales tanto de la sanidad como de la dependencia que piden no tener que volver a sus domicilios tras su jornada laboral” y “teniendo en cuenta que muchos establecimientos hoteleros han quedado sin actividad, no habría problemas para acogerlos”.

Por ello, el sindicato ha reclamado a la Delegación de Salud y Familias de Córdoba que comunique las actuaciones que está llevando a cabo así como la gestión y procedimiento para poner a disposición de los y las profesionales de la sanidad alojamientos hoteleros en nuestra provincia. Asimismo, CCOO reclama que se establezca un protocolo similar para el personal del sector sociosanitario.

“Lo importante en estos momentos es proteger a las personas desempleadas, especialmente, a aquellas que no reciben ninguna prestación”, ha remarcado la secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, tras conocer las cifras del paro de Córdoba en marzo, que arrojan una subida del desempleo en 12.327 personas, alcanzando así las 84.110 personas desempleadas en la provincia.

La fuerte subida del paro en marzo era esperada por la situación de alarma en la que nos encontramos pero no por ello CCOO deja de advertir de la importancia de garantizar unos ingresos mínimos para las personas que se han visto afectadas por la inesperada situación socio-económica sobrevenida. “No podemos perder de vista que, de las 84.110 personas desempleadas registradas, el 26,6% no cobran ninguna prestación por desempleo y son estas personas, 22.381 en la provincia, las que más nos preocupan en estos momentos y para las que pedimos medidas extraordinarias, en especial, la agilización de la tramitación de la renta mínima de inserción”, apuntó Borrego.

Igualmente, CCOO pone el acento en que son las personas trabajadoras con contratos temporales las más afectadas por esta situación extraordinaria. Baste mencionar que solo se han registrado 81 contratos indefinidos menos que en el mismo mes del año pasado, es decir, que el grueso de la bajada de la contratación ha afectado a los contratos temporales, que han sido los primeros en ser reducidos ante las restricciones impuestas por la crisis sanitaria. “CCOO viene advirtiendo hace mucho tiempo del excesivo porcentaje de contratación temporal en la provincia que ahora nos hace más vulnerables ante la nueva crisis económica”, comentó la responsable sindical.

CCOO espera que las medidas que ha venido aprobando el Gobierno puedan paliar en parte la situación de las miles de personas que han perdido su empleo a causa de la pandemia del COVID-19. “En cualquier caso vamos a estar vigilantes para evitar abusos por parte de las empresas y denunciaremos los abusos que se puedan cometer aprovechando esta situación excepcional en la que nos encontramos y que esperamos que acabe pronto”, recalcó la secretaria General quien criticó que “no se permita a los sindicatos personarse en los ERTE para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras”.

CCOO ve inadmisible que ninguna de las 100.000 mascarillas adquiridas por la Consejería de Justicia llegue a los centros de internamiento de menores infractores. De hecho, para CCOO es incomprensible que la Consejería de Justicia publique en su página web que ha adquirido 100.000 mascarillas y 3.000 litros de gel hidroalcohólico para los juzgados andaluces, y que los trabajadores y trabajadoras de los centros de menores infractores, dependientes de esta Consejería, estén trabajando sin medidas de protección alguna porque alguien ha decidido que allí no hacen falta.

Según el sindicato, desde el comienzo de la crisis del coronavirus los trabajadores y trabajadoras de los centros de internamiento de menores infractores en Andalucía están desempeñando su trabajo, como servicio esencial que son, dando lo mejor de su esfuerzo, compromiso y profesionalidad en esta situación tan excepcional para todos y, además, en el absoluto anonimato social y mediático, sin una sola queja.

El sindicato recalca que han articulado todas las medidas educativas y de seguridad a su alcance para garantizar el mantenimiento del servicio y que la incidencia de las medidas de prevención y confinamiento en unos usuarios y usuarias con un perfil tan específico, como son los y las menores infractores, a día de hoy sea prácticamente nula.

En cambio, CCOO denuncia que la Administración andaluza está teniendo una respuesta casi inexistente para con estos centros y ni siquiera ha aplicado las medidas que establece la Orden SND/275/2020, de 24 de marzo, publicada por el Gobierno central en relación a la prioridad en los servicios públicos esenciales de la realización de los test PCR para trabajadores y usuarios así como la garantía de suministro de EPIs (Equipos de Protección Individual). 

Por otra parte, CCOO critica que la Administración tampoco ha diseñado ningún protocolo específico para afrontar la posibilidad de contagio en estos centros que dadas sus características (son establecimientos especializados para la ejecución de medidas privativas de libertad y medidas cautelares de internamiento impuestas por los juzgados de menores); hacen necesarias que existan unas instrucciones claras que establezcan cómo y con qué medios se atiende sanitariamente la situación, cómo garantizar el cumplimiento de los mandato judiciales en situaciones extremas de falta de personal y/o contagios, qué medidas excepcionales se pueden articular dentro de la Ley 5/2000 de responsabilidad penal del menor que garanticen la salud de las personas usuarias y trabajadoras, y el cumplimiento de las medidas judiciales de los y las menores.

Ante esta situación, CCOO ha reclamado a la Consejería de Justica que comience a tomar decisiones operativas para estos centros y, de manera prioritaria y en la mayor brevedad posible, haga llegar a los centros el material de prevención que ha adquirido.

 

Ante la nota informativa remitida por la Consejería de Educación y Deporte sobre la subvención a las escuelas y centros de educación infantil adheridos como medida para mantener el empleo de las trabajadoras del sector, CCOO exige a la Junta de Andalucía hacer un esfuerzo económico realista para al mantenimiento de estas escuelas y que sea una solución al sostenimiento del empleo en las mismas.

El secretario General del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Antonio Sánchez, indica que “los 180,20 euros no permiten atender todas las casuísticas que hay, puesto que es preocupante la situación que se puede dar en zonas desfavorecidas, bien económicamente, bien por motivos de población”. Desde el sindicato se considera más justo y equilibrado que el reparto de las cantidades de la subvención se hiciese en función de la cantidad de personal que atiende los centros, en lugar de tomar el número de alumnado para hacer el cálculo.

Por otro lado, “la devolución de la parte proporcional de las cuotas del mes de marzo ha generado incertidumbre en un sector que estaba esperando conocer instrucciones, plazos y cantidades a aportar a través de la anunciada subvención para el mantenimiento del empleo”, señala Sánchez.

Así, desde el sindicato se entiende que las familias no tienen por qué abonar todo el servicio, puesto que la parte asistencial no se está dando --aunque el personal de las escuelas infantiles de Andalucía sigue trabajando mano a mano con las familias, por medio de fichas, canciones, recursos, consejos, entre otros, con el fin de seguir contribuyendo al crecimiento de los pequeños en una etapa fundamental para su desarrollo--, pero la Consejería debería haber dado ya respuesta a todas las demandas que desde CCOO y desde las patronales se vienen haciendo desde que se decretó el actual Estado de Alarma, que dejó con un futuro incierto a 1.800 centros de educación infantil de 0-3 años y  más de 10.000 empleos en Andalucía -158 en Córdoba con cerca de 1.000 empleos.

Por ello, CCOO exige a la Administración que no engañe, y que las cantidades aportadas sean reales y eviten despidos, ERTES o reducciones de jornada, en un sector tan sensible y débil.

Por último, CCOO apela a la responsabilidad del Consejero de Educación y Deporte, pues “esta Administración no puede dejar en la cuneta a cientos de escuelas infantiles que están prestando un servicio público tan importante a la sociedad andaluza”, apostilla Sánchez.

La Red de Madres y Padres Solidarios (ReMPS) denuncia las múltiples trabas que encuentran muchas personas afectadas por una enfermedad rara para acceder a los denominados “medicamentos huérfanos” que son aquellos que sirven para diagnosticar, prevenir o tratar enfermedades o desórdenes que amenazan la vida o que son muy serias y que son raros.

La ReMPS recuerda que, en Europa, se considera que una enfermedad o desorden es raro cuando afecta a menos de 1 persona entre 2.000. Atendiendo a esta escala, en Córdoba existen unas 40.000 personas afectadas por patologías raras, una cifra que supera las 600.000 en Andalucía.

Para las farmacéuticas, el desarrollo de estos medicamentos no es rentable, por lo que se suelen desarrollar con incentivos económicos públicos o de organizaciones relacionadas con las enfermedades raras. “A la escasez de medicamentos se une el desconocimiento de los médicos, que en muchos casos ni siquiera conocen la existencia de estos medicamentos o su posible aplicación para enfermedades para las que no están específicamente indicadas”, explica el presidente de la ReMPS, Francisco Ureña.

“En otros casos vemos que el motivo por el que no se recetan estos medicamos no es clínico, sino económico. Suelen ser medicamentos bastante caros y los servicios públicos de salud solo los proporcionan en casos muy determinados. Esto supone, en la práctica, que miles de personas no están accediendo a medicamentos que si bien no pueden curarles, si pueden ralentizar el desarrollo de su enfermedad o minimizar sus efectos”, continúa Ureña.

Además, dada la falta de medicamentos para muchas de estas patologías, es fundamental facilitar el acceso a estos medicamentos huérfanos a enfermos incluso cuando no están específicamente indicados para ellos. Es lo que se denomina uso compasivo de medicamentos. Este es el caso de un menor cordobés que lleva años luchando por acceder a un medicamento desarrollado en Estados Unidos y que la propia farmacéutica reconoce que se le puede aplicar.

“La familia se encuentra una y otra vez con trabas administrativas. El hospital ha evitado durante casi dos años emitir un informe fundamental para poder continuar con la causa y la Justicia se ha eximido hasta ahora basándose en la falta de este informe”, relata el responsable de la ReMPS.

Esta familia decidió luchar por el medicamento para su hijo en los tribunales después de intentarlo infructuosamente con los médicos que atienden al niño pero otras muchas, por falta de medios económicos, renuncian a esta posibilidad y se resignan a ver morir a su familiar enfermo, la mayoría de ellos niños, cuando con uno de estos medicamentos quizá pueda ralentizar el curso de la enfermedad.

La ReMPS denunció ante el Defensor del Pueblo Andaluz esta situación, que afecta a miles de personas, pero dado que cada caso es diferente, “la Defensoría solicitó información de cada caso individualmente y muchas familias no tienen recursos o capacidad para presentar toda la información que les solicitan, y al final seguimos en la misma situación: Personas que no reciben un medicamento que podría ayudarles y al que tienen derecho”, recalca Francisco Ureña.

Por ello, la ReMPS vuelve a hacer un llamamiento a las autoridades sanitarias, para que difundan entre los facultativos que habitualmente atiende a personas con enfermedades raras la existencia de estos medicamentos y autorice el uso compasivo de medicamentos aunque el coste de los mismos sea muy superior al de medicamentos para enfermedades comunes “porque estos enfermos tienen los mismos derechos sanitarios y no se puede permitir que haya enfermos de primera categoría y enfermos de segunda”, apuntilla Ureña.

En relación con la actual situación de alarma, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha realizado, este domingo, declaraciones públicas en las que afirmó, en relación al curso escolar, que “se ampliarán los plazos que se tengan que ampliar para que todos los alumnos y alumnas de Andalucía puedan acabar sus cursos en cualquier etapa (…) se adaptarán también, en este caso, los tiempos para que todo el mundo pueda acabar con normalidad y si, en vez de acabar el curso el 20 de junio, tiene que acabar el 20 de julio, pues no pasará nada, estaremos un mes más estudiando”.

Ante estas declaraciones, el secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía, Diego Molina, “denuncia que con estas palabras se da a entender que el profesorado no está impartiendo docencia durante esta crisis”. A ello, añade Molina, “el profesorado está  trabajando arduamente por ofrecer formación online a su alumnado con sesiones telemáticas a través de plataformas virtuales, ofrece atención personalizada con contactos individuales y colectivos, a ellos o a sus familias, facilita el estudio personal, corrige las tareas y atiende a sus escolares con una gran dedicación y profesionalidad, en numerosas ocasiones por encima de su horario de trabajo y con un enorme estrés para lograr que sus estudiantes puedan promocionar”.

Además, según Molina, “estas declaraciones desmotivan al alumnado y a sus familias que están realizando un importante esfuerzo a diario, pudiéndose pensar que este esfuerzo no será necesario y que podrá compensarse con un eventual aumento del calendario escolar tras el confinamiento”.

Igualmente, para CCOO, no es aceptable que se hable de prorrogar el curso escolar dando a entender que no se está impartiendo docencia, pues el profesorado está haciendo un gran esfuerzo por adaptarse al gran reto que supone la formación online, incluso mediante formación para su actualización, dedicando más tiempo que el ordinario, algo que con esta declaraciones no solo no se reconoce, sino que incluso se cuestiona.

Desde CCOO se insta al gobierno andaluz a que actúe defendiendo el sistema educativo público andaluz, valorando la labor del profesorado con medidas en positivo, tales como cubrir al profesorado de baja, “algo que se está ahorrando la Consejería de Educación aprovechando esta crisis sanitaria”.

En este sentido, CCOO denuncia que se está obligando al profesorado a que atienda, además, a alumnado cuyos docentes se encuentran de baja, haciendo imposible una adecuada atención.

“Lo que debe hacer el vicepresidente es informarse sobre el trabajo que está realizando el profesorado andaluz, ordenar que de manera inmediata se sustituya a aquel que se encuentre de baja, desarrollar políticas que erradiquen que el 5% de población sufra la brecha digital y dejar de hacer declaraciones ocurrentes poco factibles que sólo vienen a cuestionan la labor docente y a desmotivar al alumnado y a sus familias”, finaliza Molina.