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Durante los próximos meses, la Fundación Social Universal con la financiación del Ayuntamiento de Córdoba ejecutará un proyecto de cooperación al desarrollo dirigido a que la infancia y las familias de las instituciones educativas de los distritos de San Sebastián y Santiago de Cusco ejerzan sus derechos a la protección y buen trato.

 

Con este proyecto se dará una respuesta a la creciente violencia contra niños, niñas y adolescentes registrada en la región peruana de Cusco. Así, por ejemplo, entre el año 2013 al 2018 del total de víctimas de violación en el Perú, el 93,1% fueron mujeres, de este total el 28% niñas entre 0 a 12 años. En Cusco las denuncias recibidas y atendidas de violencia entre el 2015 al 2018 fueron de 4.628; el 90% fueron denuncias de mujeres y el 10% de las denuncias de hombres. De este total de denuncias atendidas, el 21.4% corresponde a violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes.

A pesar de constituirse en una prioridad del Estado peruano y del esfuerzo desplegado por los servicios municipales para detectar situaciones generadoras de violencia, los titulares de obligaciones aún no cuentan con capacidad ni implementan estrategias para la prevención, detección y cuidado integral en las instituciones educativas, así como para fortalecer el trabajo de forma coordinada con las Asociaciones de Madres y Padres de Familia - AMAPAFAS.  

Las limitadas capacidades del funcionariado público en la atención de personas vulnerables, los instrumentos de gestión municipal que no responden a las necesidades de esta población para el respeto de sus derechos y las limitadas políticas municipales para enfrentar la violencia, provocan ineficientes servicios públicos de atención a niñas, niños, adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad.

Además, el débil funcionamiento de los espacios de concertación o mesas de trabajo y los débiles canales y medios de comunicación hace que las actuaciones sean desarticuladas en los titulares de obligación y de responsabilidad para la implementación de políticas de acceso y ejercicio  de derechos de protección.

Por su parte, la población vulnerable tiene un limitado acceso a los medios y espacios de información y desconoce los canales de denuncia y protección para el ejercicio de sus derechos.

Si no se interviene el problema, los impactos negativos que se van a generar son la naturalización de la violencia en las familias, la desprotección de las víctimas y colectivos especialmente sensibles y vulnerables a la violencia y que las familias se suman en un clima de violencia y adquieran patrones violentos, con consecuencias en el incremento de feminicidios y abuso a menores.

Frente a este problema en aumento se ha planteado este proyecto que busca que este segmento de población ejerza sus derechos a la protección y buen trato. Este objetivo se podrá consolidar con la implementación de 3 resultados estratégicos. Por una parte, los titulares de derechos de las instituciones educativas fortalecerán en sus capacidades para el acceso a servicios de protección con calidad. Por otra, se mejorarán los servicios públicos para la promoción y atención de derechos de protección y buen trato hacia la infancia y familia. Y, finalmente, se desarrollarán actuaciones articuladas entre los titulares de  obligación y de responsabilidad para la promoción e implementación de políticas locales para el acceso y ejercicio de estos derechos.

Con esta intervención el proyecto beneficiará a 3.382 personas entre titulares de derechos, de obligaciones y responsabilidades de los distritos de Santiago y San Sebastián en Cusco.

El personal Técnico de Integración Social (PTIS) y de Intérprete de Lengua de Signos (ILSE) y representantes de CCOO han vuelto hoy a las puertas de la Consejería de Educación en Sevilla para reclamar su subrogración por parte de la Junta, que va a recuperar la gestión pública de los servicios que prestan estos profesionales en centros educativos de atención a menores con necesidades educativas especiales.

La Junta ha optado por la creación de una bolsa de trabajo para la selección del personal que prestará los servicios actualmente adjudicados a empresas privadas, lo que en la práctica supondrá que muchas de las personas que llevan años trabajando como PTIS e ILSE perderán su trabajo, ya que no se tendrá en cuenta su experiencia laboral, frente a otras personas que sí hayan trabajado directamente para la administración.

El secretario General del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Antonio Sánchez, remarcó que “el sindicato defiende que se revierta la gestión de estos servicios al ámbito público, pero ello no debe perjudicar a las personas que trabajan en las empresas adjudicatarias de estos servicios”.

En este sentido, Sánchez recordó que el artículo 130.3 de la Ley de Contratación del Sector Público habilita a la administración para subrogar a este personal, compuesto por 162 personas en la provincia de Córdoba y unas 1.400 personas en toda Andalucía, y que su subrogación es “una cuestión de voluntad política, no de legalidad”.

Por ello, desde CCOO se insta a la Junta de Andalucía a sentarse a negociar una salida para las 1.400 personas afectadas, que llevan de media entre 5 y 7 años prestando estos servicios al alumnado con necesidades educativas especiales, en el caso de Córdoba, en 114 centros de la provincia.

 

CCOO ha mostrado su total rechazo al pin parental y advierte al Gobierno andaluz que implantar un control de las familias sobre los contenidos educativos que reciben sus hijos e hijas en nuestra comunidad autónoma, como se recoge en el acuerdo entre PP, Cs y Vox, del pasado octubre, para que el partido de ultraderecha votase a favor de los Presupuestos de 2020 para Andalucía, supondría cometer una ilegalidad y escapa a las competencias de los padres y madres en el proyecto curricular.  Hecho que, aunque haya saltado a la palestra informativa en estos días, CCOO viene denunciando desde que tuvo conocimiento de lo recogido al respecto en el citado acuerdo.

 

Para el secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía, Diego Molina, “los contenidos curriculares, entre los que se encuentran la educación en valores relativos al respeto a la igualdad, a la diferencia y a la diversidad, son principios educativos que sustentan nuestro estado democrático, que permiten libertad de conocimiento para después elegir opciones vitales que estarían coartadas cuando se imparte una educación limitada como la que se pretende implantar desde la ultraderecha política”.

En este sentido el sindicato recuerda que las familias no pueden definir los contenidos curriculares que reciben sus hijos porque, además de poner en duda la profesionalidad del profesorado, restaría la formación básica que necesariamente deben recibir todos los escolares. Añadiendo, que del mismo modo que una familia no puede decidir si su hijo o hija puede trabajar antes de los 16 años, no escolarizarlos entre los 6 y 16 años o realizar apología del terrorismo, aunque sean sus hijos e hijas, no puede evitar desde un punto de vista legal que la institución escolar eduque en los valores que sustentan nuestro sistema social y de convivencia.

Así, la responsable de Mujer e Igualdad en CCOO Enseñanza Andalucía, María Trinidad Montes, índice en que “la educación integral permite a los niños y niñas comprender el mundo diverso en el que crecen, fomentando la tolerancia y el respeto, lo contrario, es adoctrinamiento”. Por ello, Montes defiende que “estas actividades curriculares, en un país democrático, aportan conocimientos independientemente del origen, religión o nivel económico del alumnado y que superan las propias ideologías y gobiernos, siendo responsabilidad de la Junta de Andalucía hacer que esto se cumpla”.

Por su parte, Molina informa que “CCOO defenderá al personal docente a través de sus servicios jurídicos. Además, el sindicato acudirá a la vía judicial para evitar la imposición del pin parental en Andalucía, por agredir los derechos básicos de nuestros menores, maltratar la dignidad y profesionalidad del personal docente y por arremeter contra la Constitución Española”. 

A la vez, como ya hizo el pasado noviembre, CCOO exige a la Consejería de Educación elaborar unas instrucciones que eviten intromisión política y la presión hacia el profesorado y la propia institución escolar, enfrentado a familias y desarticula la comunidad educativa.

“En esta línea, CCOO ha elaborado un plan de visitas a centros educativos andaluces para informar al profesorado sobre sus derechos y mantendrá reuniones con las Ampas y asociaciones de estudiantes con objeto de reforzar la independencia de nuestra educación pública de ideologías y ante la dejación legal y moral de la Junta de Andalucía de velar por una educación integral”, apostilla Molina.

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba sigue afianzando su liderazgo en la provincia y aumentando el respaldo de los trabajadores y trabajadoras del sector sanitario privado. En esta ocasión, ha obtenido el apoyo masivo del personal del Hospital de Cruz Roja en Córdoba en las elecciones sindicales en las que ha obtenido 8 de los 9 representes sindicales que conforman el comité de empresa y eso a pesar de que el preaviso electoral se realizó por UGT, que tenía 5 representantes en el anterior comité.

La candidatura de CCOO ha conseguido casi el 90% de los votos emitidos, lo que para el Secretario General de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, pone de manifiesto que “la plantilla ha apostado por una nueva línea de trabajo sindical en este centro sanitario privado, y que la campaña y las propuestas de trabajo de CCOO, junto a sus candidatas y candidatos, han demostrado la necesidad de giro sindical ante la situación de recortes laborales y salariales que han sufrido recientemente”.

En este sentido, Damas recalca que “se hace necesario que las trabajadoras y trabajadores de este sector requieren de una representación sindical garantista y fuerte para las defensa de sus derechos laborales”.

Por ello, CCOO trabajará los próximos cuatro años junto al Comité de Empresa de este centro sanitario para recuperar lo antes posible los recortes aplicados recientemente en su convenio.

El responsable sindical agradeció a toda la plantilla del hospital el apoyo y confianza depositada en CCOO y felicitó a los nuevos delegados y delegadas electas, a quienes ha trasladado el compromiso del sindicato para a seguir trabajando y conseguir que el sector de la sanidad privada mejore sus condiciones económicas y laborales.

La REMPS denuncia las trabas que a menudo encuentran las personas que sufren una enfermedad rara para acceder a tratamientos, medicamentos, servicios y recursos a los que tienen derecho


 
Un examen oftalmológico y otro psicológico. Eso es lo que pidió una médico de la Unidad de Aparato Locomotor del CARE Castilla del Pino a una paciente de post-polio para acceder a recetarle la renovación de una silla de ruedas eléctrica. Unos requisitos "absurdos, absolutamente innecesarios y hasta degradantes", critica el presidente de la asociación Red de Madres y Padres Solidarios (ReMPS), Francisco Ureña, quien asegura que la situación de esta paciente "por desgracia, no es extraordinaria".

"Las personas que sufren alguna enfermedad rara suelen encontrar muchas trabas, a veces tan incoherentes como las mencionadas, para acceder a medicamentos, servicios como rehabilitación o logopedia, o recursos como sillas de ruedas, material ortopédico, etc.", asegura Ureña.

En este caso, la médico llegó a decir a la paciente que "a ver si te has creído que esto es un supermercado" porque solicitó la renovación de la silla de ruedas eléctrica que necesita para desplazarse y de las plantillas y las botas que utiliza por la deformidad congénita que sufre en ambos pies a causa de la poliomielitis.


"Solo marean a los enfermos o a sus familiares -porque la mayoría son niños- con solicitudes innecesarias y les hacen perder el tiempo suponemos que esperando que se aburran y dejen de reclamar los servicios y recursos a los que tienen derecho", lamenta Ureña quien recuerda que solicitudes como hizo la referida médico "no solo hacen perder el tiempo a los pacientes, sino que suponen un gasto sanitario innecesario y también un mal uso de la sanidad pública".

Eso debió parecerle al oftalmólogo al que fue derivada la paciente, que se limitó a garabatear unas frases en el propio folio de la cita: "La agudeza visual corregida de esta paciente es de 1 en ambos ojos. Puede por tanto conducir cualquier tipo de vehículo a motor, baterías eléctricas o energía nuclear. Saludos". De hecho, la paciente tiene carnet de conducir.


Para ReMPS es "lamentable que quienes tienen que tener una mayor sensibilidad hacia los pacientes sean los que, olvidando su juramento hipocrático, sometan a los enfermos a un calvario de trámites administrativos, a la incertidumbre y lo que es aún peor, a la ignorancia, porque en muchas ocasiones no son informados correctamente de los medicamentos o tratamientos para sus enfermedades, de los centros de referencia y, en general, de sus derechos sanitarios".

La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha cifrado en un 90% el seguimiento de la huelga de personal Técnico de Integración Social (PTIS) y de Intérprete de Lengua de Signos (ILSE) convocada para hoy ante el riesgo de que 1.400 trabajadores y trabajadoras, 162 de ellos y ellas en Córdoba, pierdan su empleo por el modelo elegido por la Junta para recuperar el servicio de apoyo y asistencia al alumnado de necesidades educativas especiales (ANEE), actualmente externalizado.

En el caso de Córdoba, el seguimiento ha sido similar, y “eso a pesar de que la empresa adjudicataria del servicio de PTIS ha sembrado la incertidumbre entre las trabajadoras advirtiendo que había unos servicios mínimos que realmente no se han establecido”, explica el secretario General de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Antonio Sánchez.

Además, medio centenar de trabajadoras (es un sector muy feminizado, con un 90% de mujeres) y representantes sindicales se han sumado a la concentración que se ha llevado a cabo ante las puertas de la Consejería de Educación para reclamar la subrogación de este personal que presta sus servicios en centros educativos públicos de Andalucía. En el caso de Córdoba son 144 PTIS y 18 ILSE que trabajan en 114 centros, en el caso de los PTIS, y 16 centros, en el de los ILSE.

Antonio Sánchez, recordó que esta es la primera de las movilizaciones previstas para protestar por la manera en la que la Junta va a convertir estos puestos de trabajo externalizados en públicos, que es a través de la creación de una bolsa de trabajo, lo que va a situar a muchos de estos trabajadores y trabajadoras en desventaja a pesar de sus años de servicio porque “aun pudiendo optar a la bolsa, es difícil que accedan a un puesto de trabajo, pues al no haber trabajado para una administración pública, y no contar su antigüedad en el puesto –la media se sitúa entre 5 y 7 años-, tendrán menos puntos que otras personas que sí cuenten con tiempo de trabajo en la administración”.

Por ello, desde CCOO se insta a la Junta de Andalucía a revertir dichos servicios privatizados en públicos, aplicando lo que dice la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público en su Art. 130.3: “En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general”.

La movilización continuará el próximo miércoles día 22 con una concentración ante las sedes del Gobierno de la Junta en cada una de las provincias, si bien CCOO confía en que la Consejería se siente a negociar una salida para estas 1.400 personas.

CCOO espera que la estabilidad política del nuevo Gobierno repercuta en la actividad económica de la provincia y que ello tenga, a su vez, un efecto positivo sobre la creación de empleo.

“Córdoba no ha acabado bien el 2019. La bajada del IPC en diciembre (-0,5%), un mes en el que tradicionalmente suben los precios, es un signo alarmante de la poca capacidad económica de las familias, fruto de la falta de empleo y de la inestabilidad y la poca calidad del existente”, señaló la secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, quien remarca que “es urgente trabajar para acabar con el inmovilismo económico que vive la provincia y que no es bueno para los trabajadores y las trabajadoras”.

En este sentido, Borrego expresó su esperanza de que el nuevo Gobierno apruebe en breve la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a los 1.000 euros mensuales, una medida fundamental para CCOO porque “”es evidente que las familias no pueden hacer frente a los gastos cotidianos y menos aún invertir a medio o largo plazo, lo que está lastrando la economía local”, dijo la responsable sindical.

En tanto se adopte la decisión de subir el SMI es importante que el empresariado aplique del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) actual y el cumplimiento del IV Acuerdo de Negociación y Empleo, que estableció subidas salariales del 2% en los convenios que no se están produciendo en algunos casos.

“Es posible y compatible crear empleo y que éste sea estable y con salarios dignos pero para ello es imprescindible derogar la reforma laboral y hacer cumplir los acuerdos y normativas vigentes”, insistió Borrego.

CCOO ha ganado las elecciones sindicales celebradas hoy en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios al obtener 6 de los 13 representantes sindicales que se elegían al obtener 85 de los 186 votos emitidos, es decir, el 45,7%. Tras CCOO, han conseguido dos delegados UGT, SIBCC y CSIF y CGT ha obtenido uno.

De esta forma, el sindicato ha pasado de tener un solo delegado a ser la principal fuerza sindical en el Consorcio, un cambio que responde a la intensa actividad desarrollada por el sindicato en los últimos años en defensa de los trabajadores y trabajadoras del Consorcio, que ha supuesto acuerdos y mejoras, algunas tras denuncias a la Inspección de Trabajo, como la adquisición de nuevo material y herramientas de rescate para accidentes de tráfico –después de dos años de reclamaciones-, la evaluación de riesgos laborales de los jefe de turno, la revisión del estado de los compresores y de las instalaciones de carga y descarga de botellas de aire comprimido o la revisión y el mantenimiento de los equipos de respiración, máscaras personales, pulmos (pieza que se conecta a la máscara) y bodyguard, entre otras cuestiones.

Para CCOO, la victoria conseguida hoy es, además, una enorme responsabilidad y un compromiso con los 251 empleados y empleadas del organismo provincial por cuyos derechos y mejoras laborales seguirá trabajando en los próximos cuatro años.

En este sentido, el secretario de la Sección Sindical de CCOO en el Consorcio, Antonio Mellado, destacó que la principal preocupación del sindicato es conseguir la promoción interna de los bomberos al grupo C1, como ya han conseguido otros cuerpos de bomberos como el del Ayuntamiento de Córdoba o de localidades del entorno, como los de Sevilla, Granada, Cádiz, Mijas, Loja, Motril, Andújar, Dos Hermanas o Marbella.

Junto a lo anterior, las futuras ofertas de empleo público, la correcta implantación de la prevención de riesgos laborales, la necesidad de revertir el abandono sistemático de los parques de bomberos de la zona norte de la provincia y de contar con equipos de protección individual técnicos adecuados para el operativo, las dotaciones mínimas de seguridad, la homogenización de equipos de trabajo para todos los centros o la disposición de un carnet profesional acorde al carácter de agentes de la autoridad que tienen estos funcionarios y funcionarias en el ejercicio de sus funciones así como diversas mejoras laborales y sociales, son otros de los objetivos del sindicato.

Para ello, CCOO considera necesario aumentar el presupuesto para el Consorcio de Bomberos, debido a la poca o escasa inversión que se dio en el pasado a este colectivo y, para ello, es fundamental que se impliquen todos los grupos políticos de la Diputación de Córdoba.

“No nos cansaremos de exigir todas las mejoras necesarias para que se preste desde el Consorcio de bomberos un servicio público esencial de emergencias de manera eficiente y de calidad a la ciudadanía de la provincia de Córdoba, siempre con responsabilidad” ha remarcado Antonio Mellado.

CCOO llama a la huelga el próximo 15 de enero a casi 1.400 trabajadores y trabajadoras que actualmente prestan servicios en centros educativos públicos de Andalucía en calidad de personal técnico de integración social (PTIS) y de interpretación de lengua de signos (ILSE). En Córdoba están llamados a secundar la huelga 162 personas (144 PTIS y 18 ILSE) que trabajan en 114 centros, en el caso de los PTIS, y 16 centros, en el de los ILSE, dando servicios de apoyo y asistencia al alumnado con necesidades educativas especiales (ANEE).

El secretario General del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Antonio Sánchez, ha explicado en rueda de prensa que el motivo de esta convocatoria de huelga es el anuncio por parte de la Consejería de Educación y Deporte de convertir estos puestos de trabajo, actualmente externalizados, en públicos. Aunque CCOO apoya la reversión de los servicios externalizados a lo público, critica que la Consejería no haya convocado a los sindicatos para negociar una salida para estas trabajadoras –se trata de un sector muy feminizado, con un 90% de mujeres- que, en su opinión, deben ser subrogadas por la propia administración.

Sánchez aclaró que a raíz del Informe General de la Junta de 2016, quedó claro que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) no tiene competencias para la contratación del Servicio de Apoyo y Asistencia al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales ni el de Interpretación de Lengua de Signos, y que la Consejería de Educación tiene hasta el 2022 para convertir estos puestos en públicos. Como consecuencia de ello, el pasado julio, la Consejería de Educación y Deporte comunicó su intención de rescatar dichos servicios a través de la creación de una bolsa de trabajo.

El problema es que la mayoría de estas mujeres, aun pudiendo optar a la bolsa, es difícil que accedan a un puesto de trabajo, pues al no haber trabajado para una administración pública, y no contar su antigüedad en el puesto –la media se sitúa entre 5 y 7 años-, tendrán menos puntos que otras personas que sí cuenten con tiempo de trabajo en la administración.

El sindicato denuncia que la Administración está utilizando una engañosa intencionalidad tanto con el Personal Técnico de Integración Social (PTIS) como con Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE), haciéndolas creer que acceder al empleo público a través de la bolsa de trabajo es la única solución para ambos colectivos, y que la Administración no es la culpable de que no se pueda materializar la continuidad en sus puestos de trabajo una vez rescatados ambos servicios.

Según el responsable sindical “a esta fecha, con las propuestas hechas por la Consejería de Educación y Deporte, estas casi 1.400 trabajadoras y trabajadores no tienen garantizada la continuidad en sus puestos de trabajo una vez se produzca el rescate de ambos servicios educativos”.

Por ello, desde CCOO se insta a la Junta de Andalucía a revertir dichos servicios privatizados en públicos, aplicando lo que dice la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público en su Art. 130.3: “En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general”.

Desde que la Consejería comunicó que asumiría directamente dichos servicios, CCOO ha realizado asambleas informativas y llevado a cabo acciones de protesta sin que la Junta haya convocado a los sindicatos a negociar una solución para estas trabajadoras y trabajadores. Por este motivo, tras una asamblea con las trabajadoras y trabajadores en diciembre, CCOO ha convocado un calendario de movilizaciones para los próximos meses, y cuya primera jornada de movilización tendrá lugar el 15 de enero con una huelga y una concentración a las puertas de la Consejería de Educación y Deporte.

Asimismo, Sánchez reprocha a la Consejería de Educación “obviar a quienes vienen sosteniendo la prestación de estos servicios con contratos precarios, a tiempo parcial, percibiendo salarios y condiciones muy inferiores a los que le hubiese correspondido de estar contratados directamente por la Junta de Andalucía, que, además, pese a estas diferencias, en muchos casos comparten centros con empleadas y empleados públicos y desempeñan las mismas tareas, como es el caso de las PTIS”. A esta el secretario General de Enseñanza añade que “las demandas ante la Inspección de Trabajo por incumplimientos de las empresas concesionarias han sido una constante durante años”.

Igualmente, desde CCOO se destaca que los tribunales cada vez dan más razón en cuanto a la cesión ilegal de trabajadores en este tipo de contrataciones y que, según fuentes de la propia Administración educativa, hay pendientes de resolver casi mil de ellas.

Ante esta situación, el sindicato pide a la Consejería de Educación y Deporte convocar una mesa de negociación con objeto dar aplicación a lo dictado por la Ley y mantener a estas casi 1.400 trabajadoras y trabajadores en sus puestos, evitando así la judicialización del problema, donde, como en ocasiones similares, el resultado será favorable para las trabajadoras.

Además de la movilización del día 15, CCOO ha convocado concentraciones en todas las provincias para el miércoles 22 y el 29 habrá una nueva concentración ante las puertas de la Consejería en Sevilla.

El secretario de Empleo de CCOO de Córdoba, Manuel Merino, se congratula de la bajada del paro en diciembre, si bien “no podemos perder de vista que se trata de un descenso puntual, debido a la contratación en el sector servicios por las festividades de diciembre y a las campañas agrícolas”.

Merino considera que Córdoba “no tiene motivos para estar satisfecha con la evolución del mercado laboral durante 2019. Hemos acabado el año con casi 67.000 personas en desempleo, con una temporalidad del 96,94%, y con 81 personas desempleadas más que un año antes”.

“Con estas cifras Córdoba va a seguir a la cola en materia de empleo, y eso significa más pobreza, más emigración, menos posibilidades de desarrollo y de creación de riqueza”, remarcó el responsable sindical quien espera que el nuevo Gobierno sea sensible a la situación que vive la provincia y arbitre medidas extraordinarias para favorecer la creación de empleo, pero no de cualquier empleo, sino empleo de calidad, con derechos y estable”.

En esta misma línea, el secretario de Empleo de CCOO lamenta que “hemos acabado el año con los mismos retos que lo empezamos: las mujeres siguen siendo castigadas por el empresariado, los jóvenes tienen tantas dificultades para acceder al mercado laboral que al final terminan por emigrar, con la pérdida de valor que ello supone, y seguimos con una tasa de temporalidad excesiva, con lo que las personas trabajadoras ven truncados sus proyectos de vida”.

Y no solo eso. “Perdemos empleo en un sector vital como es la industria. Córdoba no puede permitirse el lujo de seguir desindustrializándose. Es urgente establecer un plan de reindustrialización que haga atractiva a la provincia para las grandes empresas y para ello, Córdoba debe poner fin al déficit energético actual y mejorar sus infraestructuras, poniendo en valor el nodo logístico”.