Los sindicatos de la Administración de Justicia mantienen la convocatoria de huelga indefinida del personal de las categorías generales a pesar del anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones generales para el próximo 23 de julio.
El delegado de CCOO en la Administración de Justicia José Carlos Alba explica que el comité de huelga entiende que, a pesar de la convocatoria de elecciones anticipadas, “no estamos ante un Gobierno en funciones sino ante un gobierno plenamente activo que, sin duda, va a seguir trabajando con normalidad y proponiendo iniciativas en las próximas semanas. El gobierno está en plenas facultades de sus competencias, ya que no estará en funciones hasta el día después de las elecciones del 23 de Julio. Por ello, no existe impedimento legal para el Gobierno de negociar con las organizaciones sindicales para solucionar un conflicto. De hecho, existen precedentes de acuerdos firmados con gobiernos, semanas antes de unas elecciones, en 2008 y en 2018”.
Por este motivo, los sindicatos exigen al Ministerio de Justicia que “no utilice el anuncio realizado por el presidente del Gobierno para escabullirse de su responsabilidad para con los 45.000 empleados y empleadas públicas de Justicia y para con la ciudadanía española”.
En este sentido, reclaman al presidente del Gobierno que “intervenga en el conflicto obligando a sus ministras a que se sienten a negociar y a buscar un acuerdo que permita satisfacer a ambas partes y poner fin a la huelga indefinida”. Hoy mismo se ha registrado un escrito del comité de huelga al presidente del Gobierno reclamando su intervención y uno similar se dirigirá a la vicepresidenta Segunda, Yolanda Díaz, como representante de la otra parte del Gobierno de coalición.
Ciertamente, la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) y el resto de leyes de eficiencia pendientes de tramitación en el Congreso decaerán con la publicación del decreto de disolución de las cámaras, pero todavía existe un punto de las reivindicaciones que el Ministerio de Justicia y el Gobierno en general, no pueden obviar y es que “después del acuerdo con los letrados y con los jueces y fiscales, existe un clamor unánime de dignidad profesional del personal de Justicia que tiene que ver con las funciones que realmente ser realizan en las oficinas judiciales y que no se cobran. Funciones que, sin duda, no se van a realizar más si no hay ese reconocimiento legal y retributivo y que van a derivar en mayores retrasos en la Administración de Justicia”.
“En manos de este Gobierno, todavía en activo, está el arreglar este problema latente desde hace varios años y, para ello, tiene la oportunidad de demostrar si, lejos del clasismo mostrado por la Ministra de Justicia y su equipo hasta la fecha, es un Gobierno dialogante, progresista que apuesta por la cultura del acuerdo en vez del conflicto, tal y como dijo la Ministra de Justicia en la reciente I Cumbre mundial de Mediación celebrada la semana pasada en Valladolid”, remarca el comité de huelga.
Y la mejor forma de demostrarlo es convocar una reunión con un calendario de negociación que permita una solución acordada a este conflicto que está afectando a millones de ciudadanos y ciudadanas y profesionales de la Justicia. Así se lo han vuelto a solicitar a la Ministra de Justicia por escrito hoy mismo.