Carrier (antigua Ciatesa) y el comité de empresa, que preside CCOO, acaban de firmar el nuevo convenio colectivo de la firma de frío industrial para los próximos tres años (2020-2022), un convenio que contempla una subida salarial de 2,55% euros consolidable más un 1% en conceptos no consolidables. Así, la subida global en los tres años será de al menos un 3,55% ya que la de 2022 estará en función del IPC. En concreto, la subida para este año, con efecto retroactivo desde enero, será de un 1,25% más un 0,25%, la de 2021 queda en un 1,30% más un 0,25% y la de 2022 será del IPC (si fuera negativo se tomaría como 0) más un 0,50%.

El representante del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba José Carmona remarca que “con este convenio se ha querido dar estabilidad a la empresa al tiempo que se garantiza el mantenimiento del empleo y es un reflejo del trabajo que CCOO viene haciendo en las grandes empresas del sector como Efficold o Coreco para conjugar los intereses empresariales con la rentabilidad social”. De hecho, este modelo, basado en la negociación, el diálogo y el equilibrio entre empresa y plantilla es el que CCOO quiere trasladar a otras empresas industriales.

“Estamos convencidos, porque así nos lo demuestra la experiencia, que se puede llegar a acuerdos que son beneficiosos para ambas partes y que generan empleo de calidad, empleo estable, con buenas condiciones laborales, al mismo tiempo que se genera un ambiente laboral que repercute en mayor productividad y beneficios para la empresa”, remarca José Carmona.

El representante sindical explica que el convenio avanza también en aspectos sociales y sindicales. Entre estas mejoras se ha regulado el sistema de promoción interna, que se llevará a cabo cada dos años. “Para ello, se ha creado una mesa de contratación y ascensos, en la que estará presente el comité de empresa”, señala.

Por otra parte, el convenio contempla la posibilidad de aumentar la flexibilidad de la plantilla cuando haya baja carga de trabajo. “Se podrá reducir la jornada de trabajo con compensaciones para adaptarla a la producción de cada momento”, indica Carmona quien recuerda que la montillana tiene unos 350 trabajadores y trabajadoras y que llegan al medio millar en picos de actividad.

Junto a lo anterior, el nuevo convenio también incluye la negociación del teletrabajo en la empresa así como la confección del Plan de Igualdad, que empezará a negociarse la próxima semana en una comisión creada ex profeso para ello.

El Observatorio Cajamar del Sector Agroalimentario analiza las características y principales indicadores en cada comunidad autónoma, desde la evolución en el valor añadido, el empleo, las exportaciones, la productividad y la competitividad, hasta el consumo, el precio de la cesta de la compra o la inversión en I+D.

• El sector agroalimentario de Andalucía ha sufrido un leve retroceso de sus exportaciones del 0,28 % en 2020, al verse claramente afectado por la crisis mundial del coronavirus. En contraste, el comportamiento exterior del sector a nivel nacional logró incrementar sus ventas un 4,3 %.

• Este estancamiento de las exportaciones agroalimentarias andaluzas debemos considerarlo en un contexto de fuerte caída de la actividad comercial exterior, tanto en el conjunto del país, -10,2 %, como, algo más acusado, en la región, -12,4 %.

• Según los datos del Observatorio de Cajamar, el sector agroalimentario, incluyendo la distribución, aportó 20.314 millones de euros en 2019 a la economía andaluza, el 13,5 % del valor añadido bruto (VAB), generando 520.905 puestos de trabajo, los cuales supusieron el 17 % del total en Andalucía. Estos datos confirman una peor evolución anual respecto a 2018 de ambas variables. En efecto, el VAB agro regional decreció el 1,6 % frente a un crecimiento del 0,5 % nacional, siendo la mejora del empleo a nivel estatal del 1,1 % frente al 0,3 % del mercado laboral andaluz.

• Promovido y editado por Cajamar con la colaboración del Ivie, el informe sobre el sector agroalimentario ha sido dirigido por Joaquín Maudos y realizado en coautoría con Jimena Salamanca.

El sector agroalimentario andaluz es el de mayor tamaño de España. Con una participación del 13,5 % en el VAB regional (20.314 millones de euros), y un peso del 19,9 % en el total nacional (incluidos el sector primario, la industria alimentaria y la distribución). Adquiere especial protagonismo la componente primaria, que aporta el 51 % de dicho sector. Respecto al mercado laboral, la actividad agroalimentaria andaluza generó 520.905 empleos, lo cual supuso el 17 % de la ocupación total de la comunidad autónoma y el 21,6 % del empleo del sector agroalimentario ampliado de nuestro país.

Estas magnitudes registraron una evolución ligeramente negativa en 2019, tal y como se recoge en el Observatorio Cajamar sobre el sector agroalimentario, que ha elaborado el director adjunto del Ivie y catedrático de la Universidad de Valencia, Joaquín Maudos, en colaboración con la economista también del Instituto Jimena Salamanca. El peso del sector agroalimentario andaluz en el valor añadido bruto (VAB) decreció un 1,6 %, a la vez que el empleo experimentó un escaso avance del 0,3 %. Es decir, un peor comportamiento frente al conjunto del sector a nivel nacional, que registró un aumento del 0,5% en VAB y del 1,1% en empleo.

La comunidad andaluza es indiscutiblemente la principal productora de aceite de oliva de nuestro país, además de liderar también el ranking en las producciones de vegetales frescos y fruta fresca. La cifra de negocio exterior de productos agroalimentarios en 2019 se situó en 11.261 millones de euros y ocupa la primera posición en el conjunto de comunidades autónomas. No obstante, la llegada del COVID-19 ha frenado el impulso exportador, lo que se refleja en los datos de 2020, donde la actividad exterior del sector retrocedió apenas un 0,28 % frente al crecimiento del 4,3 % nacional. En este peor comportamiento de las exportaciones andaluzas ha tenido una gran incidencia la caída de las ventas de aceite de oliva al exterior, con un descenso del 5,5 %.  Además, esta pérdida de impulso de las exportaciones agroalimentarias regionales se encuentra dentro de un contexto de fuerte caída de la actividad comercial exterior el pasado año, tanto en el conjunto del país, -10,2 %, como, algo más acusado, en Andalucía, -12,4 %.

En 2019, Andalucía presentó un superávit comercial de 6.753 millones de euros, el mayor de todas las regiones españolas. Los principales clientes de los productos agroalimentarios andaluces han sido Alemania, Francia e Italia, que concentran el 16,1 %, 12,6 % y 11,2 % respectivamente de las ventas internacionales. Legumbres y hortalizas representaron el 28,7 % de los productos exportados.

Otros datos del Observatorio

El tejido empresarial del sector agroalimentario de Andalucía está integrado por 5.674 compañías y se caracteriza, como en la mayoría de las regiones españolas, por la predominancia de microempresas, que suponen el 61,2 % del total. Esta composición del sector agro andaluz contribuye a que su competitividad (medida en términos de costes laborales unitarios relativos) se sitúe un 16 % por encima de la media nacional. Además, si no tuviéramos en cuenta la distribución, el sector andaluz se convertiría en el segundo más competitivo, en concreto un 25 % por encima del conjunto del país.

En cuanto al gasto per cápita que realizan los hogares andaluces en alimentos en 2019, la cifra se situó en 1.317 euros por persona, un 12,6 % inferior a la media nacional. El peso de la cesta de la compra de los alimentos y bebidas se encuentra 1,3 puntos porcentuales por encima del conjunto del país (21,6 % frente a 20,3 %).

El sector agroalimentario andaluz es uno de los que más invierte en I+D. Se sitúa en segunda posición, con el 17,5 % del total de inversiones de España y el 17 % del personal que desarrolla esa I+D. Cataluña, Andalucía y Murcia lideran la innovación, ya que juntas suponen el 55,8% del total de la inversión en I+D del sector en España.

Crisis COVID-19 en el sector

La crisis de la Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia que ha tenido el sector agroalimentario español y su carácter de sector estratégico para garantizar el abastecimiento de productos alimenticios. Si bien no ha sido inmune a la crisis, el impacto ha sido mucho más reducido en el caso de la industria de los alimentos, aunque no así en la de bebidas.

Algunos datos para el conjunto del sector en España demuestran esa mejor situación durante la crisis. En primer lugar, el sector primario ha tenido un comportamiento global positivo, con una mejora del valor añadido bruto generado del 4,7 %. El índice de la cifra de negocio de la industria de la alimentación ha caído un -2% de enero a noviembre de 2020 respecto a los mismos once meses de 2019, lo que contrasta con una caída del -12,5% en el total de la industria española. No obstante, en el caso de la industria de las bebidas, la caída ha sido más acusada, del -15,5%. Por otro lado, el IPI (índice de producción industrial) en la alimentación ha caído en 2020 un -4,8%, muy por debajo de la caída del -10,3% del total de la industria. No obstante, de nuevo, en la fabricación de bebidas el impacto de la crisis ha sido acusada (-11,6%).

En el caso del comercio, el índice de la cifra de negocio ha aumentado en 2020 un 0,2% en alimentos, frente a una caída del -7,1% en el comercio en su conjunto. Por último, las exportaciones del sector han aumentado en 2020 un 4,3 %, frente a una caída del -10,2% en el total de bienes de la economía. Son por tanto cifras que hablan por sí solas y que muestran la resiliencia del sector.

El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba muestra su preocupación y malestar por los efectos que el Decreto de escolarización de la Junta para el próximo curso está dejando en la red educativa pública cordobesa. Así se ha puesto de manifiesto en la reunión que han mantenido hoy delegados y delegadas sindicales para analizar el citado decreto.

Entre dichos efectos, el sindicato destaca el ataque continuo que vienen sufriendo los colegios públicos rurales de la provincia. El curso pasado el ataque significó el cierre de varias unidades y este año la Junta ha ido un paso más allá con el cierre total del colegio rural Quercus Azuel de Venta del Charco (Cardeña).

“Entendemos que el mantenimiento de este tipo de centros no solo presenta ventajas educativas. Su existencia además fija la población al territorio. La pérdida de un colegio, por tanto, es también un ataque directo a sus poblaciones condenándolas por la falta de futuro y empujando a sus habitantes a la migración”, señala el responsable de Educación Pública de CCOO de Córdoba Francisco Cobos quien critica las declaraciones de la Junta en las que afirma que “la reubicación del alumnado a otro colegio que cuente con especialistas de cada área y con una mayor dotación de recursos mejorará de forma significativa la calidad en la educación que se le ofrece al alumnado, así como la sociabilización del mismo”. Para CCOO, esta afirmación debe entenderse como un menosprecio a la enseñanza ofertada por los colegios rurales y a los y las docentes que con su trabajo frenan el avance de la llamada “España vaciada”.

Otro de los efectos del Decreto de escolarización es el cierre de líneas en centros públicos. Una de las primeras observaciones que se pueden hacer es que ignora el carácter subsidiario de la red educativa concertada con respecto a la pública. De hecho, las convierte en redes complementarias (si no ya antagónicas). “El modelo que propone este Decreto, en la práctica, condena a los centros públicos a ser los únicos en sufrir las fluctuaciones de matriculación. Ya que los conciertos educativos están blindados durante 4 años, mientras que los centros públicos renuevan año a año la existencia de sus unidades. Por tanto, el argumento de la bajada de la natalidad esconde una intencionalidad política clara de beneficio de la red concertada”, remarca Cobos.

Y es así como deben entenderse afirmaciones como la realizada por el consejero de Educación, Javier Imbroda, durante la inauguración del CEIP Turruñuelos en Córdoba el pasado día 22: “Cada curso se cierran unidades por el descenso notable de la natalidad”. “Lo que omite intencionadamente el señor Imbroda es que ese cierre solo afecta a los centros públicos”, puntualiza el responsable sindical.

Estos cierres son tantos que cuesta enumerar todos los centros con cierres de líneas tanto el año pasado como este (los dos años que lleva vigente este decreto). Podemos destacar este año el cierre del CEIP Lucano, que ha sucumbido a la presión del concierto blindado del colegio Cervantes. Ya el año pasado cerró el CEIP Moreno de Pedrajas, de Villanueva de Córdoba. Además, hay cierre de líneas (tanto el año pasado, como este) en centros como el CEIP Algafequi, CEIP Caballeros de Santiago, CEIP Hernán Ruiz, CEIP Concepción Arenal, CEIP Alcalde Jiménez Ruiz y en IES como Gran Capitán o Luis de Góngora, por citar solo unos ejemplos de la ciudad de Córdoba. Y por citar pueblos, están los casos de Nueva Carteya o Espejo.

Pero además del cierre de líneas, y hasta de centros, destaca la actitud de la Junta cuando se trata de “amenazar”. El último caso es el del CEIP Colón. La misma administración que comunica al centro el cierre de una línea de infantil, anuncia unos días después que se trataba solo de “una propuesta pendiente de revisión”. “No queremos ser mal pensados, pero son varios los casos en los que la Delegación de Educación rectifica su decisión después de que esta se hiciera pública y levantara protestas de toda la comunidad educativa, lo que nos hace pensar que la delegada de Educación en Córdoba, Inmaculada Troncoso, lanza globos sonda para ver hasta dónde puede llegar y luego poder decir ‘la cosa no ha sido tan mala’, pero sí lo es”, insiste Francisco Cobos  

Por último, “debemos acabar con la falacia de la ‘libertad de elección’. Este concepto es usado por algunas patronales de centros concertados para la imposición de un ideario. Imposición de un ideario financiado con dinero público. Desde el Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO Córdoba apostamos de manera firme y decidida por un modelo de gestión pública de los centros financiados con dinero público de la enseñanza y no toleraremos ni un recorte más en la enseñanza pública”, advierte el responsable sindical.

El responsable de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, ha lamentado la segunda muerte que se produce en accidente laboral en la provincia de Córdoba en lo que va de año, que se ha producido esta mañana en Villanueva de Córdoba cuando el trabajador accidentado se precipitó desde una tercera planta

Martín traslada a la familia el pésame del sindicato que reclama que esta nueva muerte no caiga en saco roto y no se quede en una mera estadística. En este sentido, Martín insiste en que “es necesaria una acción coordinada por parte de administraciones, empresas y sindicatos para tratar de poner freno a esta lacra que se ha cobrado ya demasiadas vidas”.

Además, y a la espera de conocer las circunstancias en las que se ha producido el desgraciado accidente, el responsable sindical ha hecho hincapié en que es perentorio que la Inspección de Trabajo actúe y controle el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales. “Actuar cuando ya se ha producido el accidente o la muerte no tiene sentido, hay que actuar antes, prevenir, prever, porque los accidentes tienen enormes costes sociales y personales que no nos podemos permitir”, remarca Martín.

Por otra parte, el responsable de Salud Laboral recuerda que los accidentes de caída en altura suelen tener gravísimas consecuencias y por ello es importante extremar las medidas de seguridad y facilitar a los trabajadores la formación necesaria para que hagan un uso adecuado de las medidas de prevención y seguridad.