El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba afirma que la falta de medidas preventivas en el ámbito sanitario frente al COVID-19 que viene denunciando hace semanas ha provocado que la infección afecte no solo a personal que atiende directamente a los y las pacientes, sino también a personal de administración y servicios.

CCOO ha demandado a servicios centrales del SAS información del número de profesionales afectados, por categorías y centros de trabajo, pero “a pesar de tener ese derecho por la ley de prevención de riesgos laborales, la administración ofrece datos insuficientes, tarde y mal”, asevera el secretario General del mencionado sindicato provincial, José Damas, que asegura que las cifras ofrecidas por el consejero de Salud, Jesús Aguirre, “no cuadran, ya que solo hablaba de personal médico, enfermero, auxilar de Enfermería y celadores, cuando tenemos conocimiento de que en la provincia de Córdoba hay casos de afectados fisioterapeutas, administrativos, pinches y personal de lavado y planchado”.

La escasez de medidas preventivas, especialmente de equipos de protección individual (EPI), mascarillas, guantes, batas, pantallas de protección, etc., así como de una mínima formación adecuada, unida a la pésima organización de los recursos humanos y materiales está provocando una situación “agobiante” para los profesionales de la sanidad. “Las medidas llegan tarde o son de aplicación muy dispar, según el centro o el área sanitaria”, denuncia el secretario General de este sindicato provincial, José Damas, quien recuerda que “CCOO lleva desde febrero exigiendo en los diferentes comités de seguridad y salud la instalación de mamparas de cristas y, por fin, a base de insistir y reivindicar, hemos conseguido que en admisión de la práctica totalidad de los servicios de urgencias se hayan instalado, aunque no pararemos hasta que se instalen en todos los servicios de admisión, cita previa o atención a la ciudadanía de todos los centros sanitarios”.

Los delegados y delegadas de CCOO están trabajando presencialmente en todas las secciones sindicales, garantizando la atención a los y las profesionales y, en los casos necesarios, denunciando las irregularidades que comunican. “Es indignante escuchar a tantos y tantas profesionales hablar del miedo y la impotencia que experimentan por no disponer de EPI o por que no se les realiza el test del COVID-19, pero más vergonzante es recibir quejas por el trato hostil y amenazante que reciben de algunos cargos intermedios”, critica Damas.

“Este miércoles, concretamente, se ha notificado por escrito a una trabajadora de lavandería del Hospital Reina Sofía que de continuar utilizando guantes conllevaría la apertura de un expediente disciplinario, inaceptable en estos momentos”, afirma el responsable sindical quien pone otros ejemplos de la presión que sufren los trabajadores y trabajadoras: “En las urgencias de Reina Sofía se prohíbe a los celadores el uso de mascarillas si no atienden a un paciente con clínica respiratoria, pero estos profesionales se preguntan cómo saben cuál es el problema del paciente cuando llega a urgencias. Incluso cuando trasladan a pacientes confirmados de COVID-19 lo hacen con medidas mínimas de protección; en plantas de hospitalización las enfermeras y las técnicos de enfermería refieren que les dan una mascarilla y bata por turno, teniendo que reutilizarlas; las limpiadoras están exhaustas, no dan abasto limpiando incluso por la noche y no refuerzan el servicio”.

Para el secretario General de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba también es muy preocupante el miedo que tienen los trabajadores y trabajadoras a denunciar porque “si hablan les abren un parte”. Por ello, CCOO sigue exigiendo EPI y medidas urgentes de prevención y protección a través de escritos en los despachos y en los casi inexistentes comités de seguridad y salud. “Como desde el inicio de esta crisis sanitaria, no se cuenta con los agentes sindicales ni con los delegados de prevención”, lamenta José Damas.

“Hemos trasladado a la administración sanitaria la necesidad de reorganizar los recursos humanos sanitarios para que se puedan disponer de turnos de retén de profesionales en domicilio o en servicios de menor riesgo y no exponer de forma continuada a todo el personal disponible pero nos encontramos con desplazamientos de profesionales enfermeros, técnicos de enfermería o celadores sin criterios homogéneos o lo que es peor, con favoritismos en algunos casos y decisiones injustificadas de cargos intermedios”, remarca.

“Desgraciadamente, la previsión es que la pandemia siga en aumento, por lo que debemos proteger más eficazmente a nuestros profesionales sanitarios. Si protegemos a nuestros profesionales, ellos y ellas podrán trabajar para cuidar a la ciudadanía”, insiste Damas quien hace hincapié en que hay que priorizar y garantizar los test rápidos para todos los y las profesionales en sospecha porque con ello contribuimos a no infectar a nadie más de forma inconsciente”.

El Sindicato de Construcción y Servicios de CCOO de Córdoba pide que se suspendan las obras de construcción o mantenimiento que no sean esenciales para la población o de primera necesidad (sanidad, energía, agua, gas, transporte, etc.) y reclama, además, garantías en la adopción de todas las medidas de prevención adicionales derivadas del COVID-19 en todas las obras de construcción que permanezcan activas de cara a evitar la propagación del coronavirus entre los trabajadores y trabajadoras del sector.

Los sindicatos mayoritarios señalan que la situación de excepcionalidad generada por la expansión del COVID-19 obliga a todo el sector de la construcción a extremar las medidas establecidas en los protocolos sanitarios para garantizar las condiciones de seguridad y protección de la salud de los trabajadores que intervienen en la obras y que pueden verse afectados por la continuación de la actividad. Por ello, reclaman además garantías en la adopción de todas las medidas de prevención adicionales derivadas del COVID-19 en todas las obras de construcción que permanezcan activas, así como la determinación por parte de la Inspección de Trabajo de su idoneidad para seguir con la actividad.

Asimismo, los sindicatos exigen la incorporación de las actividades de empresas constructoras, subcontratas, distribuidoras y empresas de materiales de construcción al Anexo del Real Decreto del Estado de Alarma en todo aquello que no se refiera a infraestructuras críticas o al mantenimiento de instalaciones esenciales o de primera necesidad, procediendo por tanto a la paralización de su actividad por causa de fuerza mayor.

En cualquier caso, desde CCOO de Construcción y Servicios se van a hacer todos los esfuerzos que estén en su mano para asegurar la salud de los trabajadores y trabajadoras que siguen acudiendo cada día a su puesto de trabajo.

CCOO de Andalucía ha subrayado la necesidad de tener en cuenta a la población más vulnerable y tomar más medidas para su protección en la crisis generada por el COVID-19 (coronavirus) porque, según explica la situación de alarma social, que está deviniendo en crisis económica, está provocando que una gran cantidad de personas en Andalucía estén sufriendo una drástica reducción de sus ingresos. Esa situación de vulnerabilidad económica con motivo de la crisis del COVID-19 se suma a un número ya muy importante de personas paradas, muchas de ellas de larga duración, sin prestaciones y a familias sin ingresos.

Por eso, CCOO demanda al Gobierno andaluz que utilice la Renta Mínima de Inserción como una prioridad entre sus medidas de urgencia, al mismo nivel que las medidas que ha implementado para las empresas. Además, el sindicato ha pedido al Ejecutivo andaluz que no paralice la tramitación y resoluciones de las solicitudes ya presentadas, que agilice la concesión de la prestación económica y que tome las medidas necesarias para establecer una vía de acceso urgente similar a la que utilizan los servicios de empleo. Exige que todo ello se haga con celeridad y que no tarde más de una semana en resolver estas cuestiones, que articule mecanismos para facilitar la entrega de las solicitudes, de forma que la población más desprotegida pueda acceder a esta prestación que, según considera, debe ser la última red de protección, ahora más necesaria que nunca.

El sindicato propone al Gobierno de la Junta de Andalucía que refuerce el personal dedicado a informar, tramitar y resolver los expedientes. Un refuerzo que debe darse en los propios servicios de la Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación, así como de los Servicios Sociales Comunitarios en los ayuntamientos. CCOO emplaza la Junta a que una parte de los más de los 51,7 millones de euros del Fondo Social Extraordinario asignados a Andalucía por el Gobierno de España, vaya destinado a reforzarla; además de una ampliación del presupuesto destinado a la prestación de la Renta Mínima de Inserción. Cree necesaria la prórroga automática de las prestaciones en vigor.

Por otra parte, al Gobierno central le exige que establezca con carácter de urgencia una Renta Mínima garantizada para proteger a las personas trabajadoras sin empleo y sin ingresos: Es necesario ampliar las medidas sociales ya aplicadas por el Gobierno central si de verdad su voluntad es que de esta crisis salgamos unidos sin dejar a nadie atrás. Quienes más riesgo corren de quedarse fuera, como ya demostró la crisis de 2008, son las personas trabajadoras si no se disponen medidas sociales como estas que exigimos.

Además, han pedido que se dé cobertura económica a las personas trabajadoras paradas de larga duración, empleadas de hogar, trabajadores y trabajadoras eventuales del sector agrario o de otros sectores que están siendo despedidos por las empresas, una prestación que, según propone el sindicato, debe complementarse con la Renta Mínima. Igualmente, es necesario que los ayuntamientos agilicen y amplíen presupuestos para las ayudas de emergencia social, que incluyan a personas extranjeras en situación administrativa irregular y a las que están en situación de pobreza extrema o exclusión.

El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba denuncia la crítica situación que viven estos días las residencias de mayores por falta de personal y de equipos de protección individual (EPI). “Desde CCOO venimos demandando insistentemente más y mejores medidas organizativas, de prevención y refuerzo de las plantillas de trabajadores y trabajadoras de este sector para garantizar la atención y protección de las personas mayores, al ser un colectivo altamente vulnerable a este virus”, remarca el secretario General del citado sindicato provincial, José Damas, quien lamenta que ya se hayan producido los primeros positivos en una residencia de mayores, la del Parque Figueroa.

Damas critica que, a pesar de que la Junta de Andalucía anunció el pasado día 20 que se pondría a disposición de las residencias de Andalucía 45.000 mascarillas y, concretamente para la provincia de Córdoba 6.700, “la realidad a día de hoy es que esas mascarillas no llegan a nuestras residencias. Los representantes sindicales de CCOO en centros de toda la provincia nos trasladan la misma preocupación, que no tienen EPIs y que las mascarillas que les facilitan no tienen un mínimo de calidad o seguridad”.

Para el representante sindical es “indignante” la desorganización de las autoridades sanitarias, que “anuncian medidas y recursos preventivos y humanos mediante decretos, pero hasta ahora solo vemos publicaciones en el BOE y comunicados de prensa, pero donde tienen que materializarse esas medidas, desgraciadamente no llegan”.

En la provincia de Córdoba se dispone de 86 residencias de personas mayores con 5.474 plazas. De éstas, 60 son privadas y cuentan con 4.351 plazas, y 26 son públicas y ofertan 1.123 plazas. “En estas residencias se aplican en la actualidad unas ratios de profesional/residente desfasadas e impropias de la calidad de asistencia que hoy requiere una persona mayor residente”, afirma Damas quien explica que en la práctica totalidad se aplica la Orden de 1 de julio de 1997, por la que se regula la acreditación de los centros de atención especializada a las personas mayores y personas con discapacidad, donde se establece una ratio de 20 gerocultoras/auxiliares de enfermería por cada 100 residentes. “Con 3 turnos de trabajo y el de descanso, con esta ratio no da para más de 6 ó 7 gerocultoras por cada 100 residentes. Difícilmente con estas insuficientes y deficitarias plantillas se pueden organizar turnos de trabajo y dar una prestación asistencial garantista, y menos aún podremos hacer frente a esta desgraciada pandemia”, remarca el secretario General de Sanidad y Sectores Sociosanitarios. Pero además, en estos momentos de crisis sanitaria se complica la situación debido a las pésimas condiciones retributivas y laborales en dependencia. “Nos encontramos cada vez con más dificultad para poder incorporar nuevos profesionales en estos momentos críticos de pandemia”, insiste.

Desde CCOO, exigimos al Gobierno Central y al de la Junta de Andalucía que los fondos adicionales con los que se ha dotado a este sector de residencias se materialicen y visualicen con urgencia, con mayor dotación de personal sanitario asistencial y de limpieza. Asimismo, y con urgencia, el sindicato reclama que se dote del ansiado y necesario material de protección y prevención -mascarillas, guantes, batas, etc-.

“Ya contamos con varios casos de sospecha en algunas residencias de la provincia pero debido a la no disponibilidad de test de detección del coronavirus no se han podido confirmar o descartar”, advierte Damas quien denuncia “la falta de eficacia de las medidas anunciadas por los gobiernos central y autonómico” y critica que “no lleguen los test de diagnóstico rápido de coronavirus a estos centros residenciales de mayores tan vulnerables y preocupantes por la repercusión que pueden tener en caso de expansión de virus en alguna residencia”.