El Sindicato de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba desconvoca la huelga de ambulancias, cuyo inicio estaba previsto para mañana martes, tras cerrar en el Servicio de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla) un acuerdo con SSG TSI, adjudicataria del servicio de ambulancias en la provincia.

El secretario General del mencionado sindicato, Juan Manuel Mena, explica que la empresa se ha comprometido a solventar “de inmediato” todas las cuestiones planteadas por CCOO, motivo por el que el sindicato ha decidido retirar la convocatoria, si bien “vigilaremos que se cumpla el acuerdo en todos sus puntos y de no ser así, no dudaremos en ejercer las medidas necesarias para que se cumpla”, advierte.

La empresa se compromete a hacer entrega de la nómina a los trabajadores y trabajadoras que no dispongan de ella y así lo soliciten desde el inicio del servicio el pasado septiembre y también entregarán la ropa de abrigo que corresponde según el convenio, si bien, “dada la situación de colapso en los proveedores” se amplia el plazo para entregar la ropa durante febrero y marzo.

Uno de los aspectos más importantes del acuerdo es el que se refiere a las guardias programadas. En concreto, la empresa ha aceptado abonar 240 euros por la guardia programada de 24 horas o su fracción proporcional y mantener 180 euros para la guardia para transporte urgente de 24 horas o fracción proporcional.

La parte sindical y empresarial también han acordado “ir progresivamente reduciendo el número de guardias en los próximos años, de manera que vayan desapareciendo durante la vigente del presente contrato o se presupuesten por el Servicio Andaluz de Salud”.

Junto a lo anterior, ambas partes han acordado que aquellos trabajadores y trabajadoras que tuvieran que cobrar nocturnidad, recibirán el cobro de la misma en el mes de febrero, partiendo desde el inicio del servicio en septiembre de 2022. Asimismo, para los trabajos en festivos se aplicará el importe de la guardia en programado o su fraccionamiento. El pago de las guardias se hará desde enero.

Ante las informaciones aparecidas en varios medios de comunicación en las que personal de Aguas de Lucena se atribuye representación sindical en la empresa, CCOO quiere aclarar que la única representación legítima de los trabajadores y trabajadoras de la empresa la ostenta el delegado de personal Eduardo Gómez Serrano, quien en las pasadas elecciones sindicales obtuvo la mayoría de votos de la plantilla representando las siglas de CCOO y tomando así el relevo del anterior representante quien, por cierto, se sigue atribuyendo parte de esa representación sin ostentarla legalmente.

Asimismo, CCOO quiere puntualizar que es incierto que en la mesa de negociación se haya tratado una nueva valoración de puestos de trabajo (VPT), sino que, como recoge el gerente en su escrito de contestación a este personal de fecha de 10 de enero y consta en el acta de la mesa de negociación del pasado 8 de abril, lo que se ha tratado es la equiparación salarial con los puestos espejo del Ayuntamiento de Lucena, tomando como base los ya consensuados y establecidos en la negociación del anterior convenio colectivo, aprobado por la entonces parte social, que ahora súbitamente ha cambiado de opinión, y publicado en el BOP de 12 de abril de 2017.

El sindicato insiste en que, difícilmente puede entenderse que se estuviera negociando VPT actuales cuando hace solo un par de meses la gran preocupación del personal de Aguas de Lucena no era otra que la resolución de tratar determinadas plazas como eventuales y resolver la estabilización mediante convocatoria de empleo público, tal y como recoge el BOP de 30 de mayo de 2022.

CCOO, como asesor, y Eduardo Gómez Serrano, como delegado de personal de Aguas de Lucena por CCOO, legitimado para ello mediante elecciones sindicales, se ha llegado a un acuerdo consistente en la equiparación salarial con los puestos de trabajo espejo que más se asemejan en el Ayuntamiento de Lucena, fijados en el anterior acuerdo de convenio colectivo que no se culminó. Está equiparación supone una mejora salarial para todas las personas trabajadoras de aproximadamente 3.000 €, sin que ello suponga que la Dirección de la empresa, junto a la representación legal de las personas trabajadoras (RLPT), en aras a las funciones que le corresponde, no pueda crear y sacar a concurso las plazas o promociones que estime oportunas, pero no a través de presiones, chantajes o amenazas sin pasar por ninguna evaluación para dar un puesto u otro.

Por último, desde CCOO queremos hacer público el posicionamiento firme y eficaz de la empresa a través de su gerente y consejera, Mamen Beato, para la consecución, primero, de la estabilización del personal y, segundo, para el logro del acuerdo demandado durante años por el personal y acordado en asamblea general de trabajadores y trabajadoras previa a la negociación del mismo.

La Asociación Española del Girasol (AEG) espera que se recupere la ayuda directa al girasol en la campaña que está a punto de comenzar y en la que el agricultor se enfrenta a la decisión de sembrar y a la elección de la variedad con bastantes incógnitas en cuanto al clima, situación de precios a la cosecha, distintas ayudas, cálculos de rentabilidad, precios de semilla, etc.

Para la asociación, la desaparición de la ayuda directa ha sido un importante factor en contra de la rentabilidad y, aunque el girasol haya entrado como cultivo mejorante en la rotación, las ayudas a las leguminosas pueden hacer que estas sigan siendo más interesantes para el agricultor. Por ello, la AEG espera que se recupere la ayuda.

La campaña de girasol 2023 en España comienza con una moderación en los precios por tonelada que han caído unos 100 €, quedando el linoleico a 565 € y el alto oleico a algo más de 620 €. “Pese a que el aceite alto oleico ha caído más y el diferencial con el linoleico ha bajado, la elección de una variedad alto oleico sigue siendo interesante y con toda seguridad seguirá habiendo prima para el oleico en la época de cosecha debido a la continua demanda de este aceite de mayor calidad por parte de la industria”, apunta el presidente de la AEG, Juan Fernández.

En cuanto a la superficie, se espera que sea en torno a un 9% inferior a la de 2022, pero superior a la de 2021 en un 25%, pudiendo rondar las 780 u 800.000 hectáreas. Los barbechos seguirán estando autorizados para la siembra, pero la mayor parte ya se sembraron de girasol el año pasado y en el 2023 tocaría cereal, salvo en tierras de escasa fertilidad donde no se cubren los costes, por lo que “no tendrán gran influencia en la superficie total, como sí la tuvieron en el año pasado”, señala Fernández quien indica que “el aumento de la superficie de leguminosas podría influir negativamente en la superficie de girasol, aunque hablamos de unas 50.000 ha en total”.

Por zonas, la AEG indica que en Andalucía continúa sembrándose aún trigo duro y tras este ciclo de lluvias hay una buena coyuntura para una siembra temprana de girasol ya que hay jugo y no se esperan más precipitaciones en los próximos 15 días, lo que podría favorecer la elección de variedades tolerantes a herbicidas por parte del agricultor para un mejor manejo de la mala hierba tan importante en las siembras tempranas.

La disponibilidad o no de agua de riego podría condicionar que parte de los regadíos de Andalucía y Extremadura pasen a girasol al ser un cultivo con mucha menor demanda de agua e insumos que el maíz, el tomate o el algodón, aunque “si finalmente los embalses se recuperan en la zona sur, el agricultor probablemente optará por estos últimos cultivos”, reconoce el responsable de la asociación que apunta que “a día de hoy han caído de media unos 300 litros, lo que no anda muy lejos de la media y aún estamos a falta del agua de primavera”.

Otro factor en el sur es el continuo incremento de plantaciones de almendro, olivo, pistacho o el uso para paneles solares, que junto a los motivos anteriores nos hacen pensar que la superficie de girasol caiga en Andalucía en torno a un 10% respecto a 2022.

En la zona Norte la siembra del cereal ha sido muy difícil debido a la continuidad de las lluvias, así que se espera que aumente la de girasol, siendo un cultivo que encaja muy bien en los tiempos y recursos de una explotación agrícola por su época y zonas de siembra diferenciadas que permiten optimizar los recursos humanos y de maquinaria, además de tener una fácil comercialización y muy bajo coste de insumos. Además, la tecnificación de este cultivo en los últimos años ha supuesto una gran ayuda con la aparición de variedades tolerantes a distintos herbicidas y cada vez mejor adaptadas, destaca la AEG.

La sequía había hecho pensar que parte de los regadíos pudieran destinarse a girasol, debido a la falta de agua y al alto precio de insumos (gasoil, abonos, fitosanitarios…) de los que el girasol es poco demandante y 2-3 riegos pueden ser suficientes para conseguir entre 3 y 4 toneladas por hectárea. Sin embargo, “las frecuentes lluvias en diciembre han hecho que se recuperen parcialmente los embalses y haya habido buenas condiciones para la siembra del trigo en parte de estos regadíos. Pese a ello, sigue faltando la nieve, y las rotaciones de la PAC pueden provocar que algunos escojan sembrar girasol, por lo que la situación es aún una incógnita”, apostilla Juan Fernández.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba considera que después de dos años de caducidad del Convenio Colectivo de Transporte Interurbano de Viajeros por Carretera en Córdoba es hora de firmar un nuevo marco regulador que debe actualizar las condiciones laborales del sector.

El sindicato propone la inclusión de una cláusula de revisión salarial que garantice el poder adquisitivo de los más de 400 trabajadores y trabajadoras del sector en Córdoba y su provincia. “Si no se incrementan los salarios de los trabajadores y trabajadoras, a falta de poder adquisitivo repercutirá en las pequeñas empresas locales y en el empleo”, señaló el secretario General de la mencionada Federación, Juan Manuel Mena.

En este sentido, Mena remarca que “debe ser una prioridad para las empresas reconocer la responsabilidad y la profesionalidad de sus trabajadores y trabajadoras y para eso, hay que abordar acuerdos a la mayor brevedad que no solo contemplen subidas salariales justas sino también mejoras de carácter social”.

Para el nuevo convenio, CCOO propone mejoras similares a las recogidas en los convenios colectivos de otras provincias, entre ellas, una subida salarial del 4% que se aplicará con efectos retroactivos para el año 2021, percibiendo un 2% en atrasos y otro 2% en tablas salariales. Asimismo, para el año 2022 se propone un incremento salarial del 5%, y para los años 2023 y 2024 una subida del 3,5 y 3% respectivamente, incluyendo en estos dos años una cláusula de revisión salarial conforme al IPC para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Para la organización sindical, se trata de una propuesta razonable después de que el convenio haya estado paralizado durante 2 años por la caducidad y resalta que en estos tiempos difíciles para la clase trabajadora, se contemplen incrementos salariales que superan las subidas salariales medias que se aplican en los convenios de nuestra provincia a día de hoy, que rondan el 2,2%.

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, tras una asamblea celebrada con profesionales de atención primaria, se reafirma en su decisión de esperar hasta la reunión de negociación con la administración sanitaria del próximo día 26 antes de iniciar nuevas acciones de protesta.

El responsable de atención primaria de CCOO de Córdoba, José Antonio López, señaló que “si en esta reunión, la administración no aporta respuesta a todas nuestras reivindicaciones, CCOO realizará todas las medidas de presión necesarias para conseguirlo, incluyendo por supuesto la huelga de los equipos de atención primaria”.

“La situación en este nivel asistencial es ya tan intolerable para profesionales y la ciudadanía, que las medidas no pueden demorarse más”, hace hincapié López quien insiste en que “el deterioro que ha sufrido la atención primaria (AP) en los últimos años ha sido tan importante que ha puesto en una situación muy precaria a toda la sanidad

pública andaluza. Los profesionales, especialmente médicos de familia y pediatras, están extenuados, con listas de pacientes que rara vez bajan de 45 al día y a veces llegan a 50, 60 o más pacientes y hemos tenido casos tan esperpénticos como el del centro de salud de Huerta la Reina durante las pasadas navidades, en el que algún día han estado 2 médicas de familia para cubrir el trabajo de 7”.

López relata que “tenemos listas de espera para que los pacientes sean atendidos, ya sea telefónica o presencialmente, de 7 días en el mejor de los casos, a veces por problemas serios de salud. Al no tener respuesta, piden citas urgentes, muchas veces evitables, a los pocos médicos que están en los centros, insertándoles estos pacientes en su abarrotado listado, teniendo que ver dos pacientes en 5 minutos, o bien acudiendo a los servicios de urgencia, tanto de centros de atención primaria como hospitalarios, con una sobrecarga ya insoportable para todos y con el peligro para la salud de los pacientes que esto conlleva”.

Y esta situación, que CCOO viene anunciando de forma repetida desde hace muchos años, sigue deteriorándose día a día ante la pasividad de la administración andaluza, que la única reacción que tiene ante la insatisfacción de la ciudadanía y de la fuga de profesionales es aumentar los fondos destinados a los conciertos con la sanidad privada, que ya no es una opción, sino la alternativa para quienes se la pueden permitir. “La Junta permanece impasible mientras los y las profesionales, cada día más agotados, se marchan buscando otros puestos de trabajo con mejores condiciones laborales o se jubilan antes de tiempo por no ser capaces de hacer su trabajo con calidad”, denuncia el responsable de atención primaria quien denuncia que “nuestros residentes, que estudian estas especialidades tan necesarias, están siendo utilizados como mano de obra barata, sin la autorización necesaria en muchos casos y teniendo que estar localizados en su tiempo libre, por si tienen que incorporarse al trabajo, no teniendo vida propia, por lo que se sienten continuamente maltratados. Y además cuando acaban su formación, se les dan contratos a veces de solo un mes en unas condiciones muy precarias”.

“Nuestra sanidad pública es un castillo de naipes sujeto por una atención primaria débil con cada vez menos cartas, una atención primaria que ya no puede sujetar a un

sistema que pone demasiada carga sobre unos hombros que ya no pueden

soportarla más”, afirma el responsable sindical quien subraya que “CCOO va a exigir a la Administración sanitaria andaluza en la próxima mesa del día 26 que se ponga fin a este maltrato crónico de los y las profesionales y que la atención primaria vuelva a ser lo que hace alguna década era: una de las mejores atenciones primarias de Europa”.

Para ello, entre otras reivindicaciones, CCOO va a exigir que haya una limitación relevante en las cargas de trabajo, con cupos que no pasen de 1.500 pacientes en medicina y 1.200 en Pediatría (ajustando las tasas por edad), de tal manera que el número de pacientes atendido cada día no supere en ningún caso los 35 y 28 pacientes respectivamente, teniendo un tiempo mínimo razonable para atenderlos. Igualmente se exigirá que los contratos que se oferten a los residentes de estas especialidades que terminen sean de entre 1 y 4 años, y con adscripción a cupos determinados (jubilaciones, vacantes, etc.), eliminando el hasta ahora utilizado contrato DCCU por el cual “se les esclavizaba” con cambios continuos de trabajo de un cupo a otro, sin poder atender a los pacientes con la continuidad necesaria y con cargas asistenciales difíciles de mantener. 

Estas y otras medidas tienen que ir inexcusablemente acompañadas de un nuevo modelo de gestión donde todos los profesionales del equipo participen y sean tratados con respeto, así como de medidas presupuestarias para la sanidad pública en nuestra comunidad (una de las que menos dedica junto a la de Madrid) y un incremento importante del presupuesto dedicado a la atención primaria hasta alcanzar el 25% en corto-medio plazo, que es el recomendado por la Organización Mundial de la Salud para una atención primaria y una sanidad fuerte y útil.

La secretaria General de CCOO de Córdoba y su homólogo de Industria, Marina Borrego y Agustín Jiménez, respectivamente, junto a los miembros del comité de empresa de LCG Fruits,  han trasladado a la alcaldesa de Palma del Río, Esperanza Caro, su preocupación por la situación de la industria de la naranja en la localidad.

Así se lo han expresado en una reunión mantenida con la primera edil para ponerla en conocimiento de la situación en la que se encuetra actualmente el conflicto de la plantilla de LCG Fruits, que está viviendo una situación similar a la que ya vivieran los compañeros de Zumos Palma, con la que LCG Fruits ha mantenido un estrecho vínculo hasta el cierre de la primera.

Jiménez explica que “la empresa está en preconcurso de acreedores y CCOO, como representante de los trabajadores y trabajadoras, se va a presentar como parte en el proceso para garantizar los derechos de la plantilla”, que está a la espera del inicio de los juicios por despido improcedente.

“A parte de la denuncia laboral que se puso en su día ante la Inspección de Trabajo y de las demandas por despido improcedente –los trabajadores y trabajadoras fueron despedidos sin indemnización ni finiquito-, CCOO ha interpuesto una demanda por un posible delito contra los trabajadores”, ha señalado el responsable sindical quien remarca que “como ya ocurriera con Zumosol, vemos indicios de la existencia de una presunta trama empresarial creada ex profeso para despedir a la plantilla sin asumir las responsabilidades correspondientes”.

Las irregularidades podrían alcanzar también a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, por lo que CCOO también denunciará un posible delito contra la representación sindical.

Por su parte, Esperanza Caro se comprometió a gestionar una entrevista con la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, para solicitar su apoyo a la investigación de las presuntas irregularidades que se han podido cometer por parte de LCG Fruits, cuyo administrador concursal tiene previsto viajar a la localidad palmeña al objeto de inventariar los bienes de la fábrica de envasado de zumo.

En clave de igualdad