La Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, -que gestiona los hospitales comarcales de Andújar y Montilla, así como los de Alta Resolución de Sierra de Segura, Alcaudete, Alcalá la Real y Sierra de Cazorla, en Jaén, y Puente Genil y Valle del Guadiato, en Córdoba-, ha puesto en marcha un circuito para canalizar todas las iniciativas de colaboración que, de forma desinteresada, están llegando a sus centros por parte de ciudadanos anónimos, instituciones y entidades de diverso tipo buscando con ello ayudar a los profesionales de dichos centros en la situación excepcional que vive el país ante la propagación del COVID-19.

El objetivo de este circuito es reconducir dichos esfuerzos y donaciones hacia los canales oficiales, evitando con ello situaciones que puedan generar alarmas injustificadas, donación de material de protección no válido o incluso situaciones de fraude económico.

Será la Subdirección de Servicios Generales y Aprovisionamiento de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir la que canalice todas las ayudas. Para ello, se ha habilitado un correo electrónico, de uso preferente, donde los interesados se pueden dirigir: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Igualmente, se puede llamar al teléfono 953 021 400, indicando que el motivo de la llamada es una donación.

La Dirección Gerencia de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir quiere trasladar su más sincero agradecimiento a toda la ciudadanía que se está volcando con sus centros y con el sistema sanitario en general, instándola a que esa colaboración se pueda realizar de una forma organizada para que realmente llegue a los profesionales con todas las garantías de seguridad.

Apelando a este sentido de la responsabilidad, la Agencia Sanitaria ha recalcado también que cualquier iniciativa que previamente no cuente con la autorización expresa de dicha Subdirección, no deberá llevarse a cabo ni por los profesionales adscritos a cualquiera de sus centros ni por cualquier otra persona o entidad extrahospitalaria. Tampoco se recepcionará ningún tipo de material sin tener la citada autorización.

Desde la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir también se quiere aprovechar para dar las gracias a todos los profesionales de sus centros hospitalarios por el gran trabajo y el enorme esfuerzo que están realizando en estos momentos tan difíciles.

La Red de Madres y Padres Solidarios (ReMPS) denuncia las múltiples trabas que encuentran muchas personas afectadas por una enfermedad rara para acceder a los denominados “medicamentos huérfanos” que son aquellos que sirven para diagnosticar, prevenir o tratar enfermedades o desórdenes que amenazan la vida o que son muy serias y que son raros.

La ReMPS recuerda que, en Europa, se considera que una enfermedad o desorden es raro cuando afecta a menos de 1 persona entre 2.000. Atendiendo a esta escala, en Córdoba existen unas 40.000 personas afectadas por patologías raras, una cifra que supera las 600.000 en Andalucía.

Para las farmacéuticas, el desarrollo de estos medicamentos no es rentable, por lo que se suelen desarrollar con incentivos económicos públicos o de organizaciones relacionadas con las enfermedades raras. “A la escasez de medicamentos se une el desconocimiento de los médicos, que en muchos casos ni siquiera conocen la existencia de estos medicamentos o su posible aplicación para enfermedades para las que no están específicamente indicadas”, explica el presidente de la ReMPS, Francisco Ureña.

“En otros casos vemos que el motivo por el que no se recetan estos medicamos no es clínico, sino económico. Suelen ser medicamentos bastante caros y los servicios públicos de salud solo los proporcionan en casos muy determinados. Esto supone, en la práctica, que miles de personas no están accediendo a medicamentos que si bien no pueden curarles, si pueden ralentizar el desarrollo de su enfermedad o minimizar sus efectos”, continúa Ureña.

Además, dada la falta de medicamentos para muchas de estas patologías, es fundamental facilitar el acceso a estos medicamentos huérfanos a enfermos incluso cuando no están específicamente indicados para ellos. Es lo que se denomina uso compasivo de medicamentos. Este es el caso de un menor cordobés que lleva años luchando por acceder a un medicamento desarrollado en Estados Unidos y que la propia farmacéutica reconoce que se le puede aplicar.

“La familia se encuentra una y otra vez con trabas administrativas. El hospital ha evitado durante casi dos años emitir un informe fundamental para poder continuar con la causa y la Justicia se ha eximido hasta ahora basándose en la falta de este informe”, relata el responsable de la ReMPS.

Esta familia decidió luchar por el medicamento para su hijo en los tribunales después de intentarlo infructuosamente con los médicos que atienden al niño pero otras muchas, por falta de medios económicos, renuncian a esta posibilidad y se resignan a ver morir a su familiar enfermo, la mayoría de ellos niños, cuando con uno de estos medicamentos quizá pueda ralentizar el curso de la enfermedad.

La ReMPS denunció ante el Defensor del Pueblo Andaluz esta situación, que afecta a miles de personas, pero dado que cada caso es diferente, “la Defensoría solicitó información de cada caso individualmente y muchas familias no tienen recursos o capacidad para presentar toda la información que les solicitan, y al final seguimos en la misma situación: Personas que no reciben un medicamento que podría ayudarles y al que tienen derecho”, recalca Francisco Ureña.

Por ello, la ReMPS vuelve a hacer un llamamiento a las autoridades sanitarias, para que difundan entre los facultativos que habitualmente atiende a personas con enfermedades raras la existencia de estos medicamentos y autorice el uso compasivo de medicamentos aunque el coste de los mismos sea muy superior al de medicamentos para enfermedades comunes “porque estos enfermos tienen los mismos derechos sanitarios y no se puede permitir que haya enfermos de primera categoría y enfermos de segunda”, apuntilla Ureña.

En relación con la actual situación de alarma, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha realizado, este domingo, declaraciones públicas en las que afirmó, en relación al curso escolar, que “se ampliarán los plazos que se tengan que ampliar para que todos los alumnos y alumnas de Andalucía puedan acabar sus cursos en cualquier etapa (…) se adaptarán también, en este caso, los tiempos para que todo el mundo pueda acabar con normalidad y si, en vez de acabar el curso el 20 de junio, tiene que acabar el 20 de julio, pues no pasará nada, estaremos un mes más estudiando”.

Ante estas declaraciones, el secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía, Diego Molina, “denuncia que con estas palabras se da a entender que el profesorado no está impartiendo docencia durante esta crisis”. A ello, añade Molina, “el profesorado está  trabajando arduamente por ofrecer formación online a su alumnado con sesiones telemáticas a través de plataformas virtuales, ofrece atención personalizada con contactos individuales y colectivos, a ellos o a sus familias, facilita el estudio personal, corrige las tareas y atiende a sus escolares con una gran dedicación y profesionalidad, en numerosas ocasiones por encima de su horario de trabajo y con un enorme estrés para lograr que sus estudiantes puedan promocionar”.

Además, según Molina, “estas declaraciones desmotivan al alumnado y a sus familias que están realizando un importante esfuerzo a diario, pudiéndose pensar que este esfuerzo no será necesario y que podrá compensarse con un eventual aumento del calendario escolar tras el confinamiento”.

Igualmente, para CCOO, no es aceptable que se hable de prorrogar el curso escolar dando a entender que no se está impartiendo docencia, pues el profesorado está haciendo un gran esfuerzo por adaptarse al gran reto que supone la formación online, incluso mediante formación para su actualización, dedicando más tiempo que el ordinario, algo que con esta declaraciones no solo no se reconoce, sino que incluso se cuestiona.

Desde CCOO se insta al gobierno andaluz a que actúe defendiendo el sistema educativo público andaluz, valorando la labor del profesorado con medidas en positivo, tales como cubrir al profesorado de baja, “algo que se está ahorrando la Consejería de Educación aprovechando esta crisis sanitaria”.

En este sentido, CCOO denuncia que se está obligando al profesorado a que atienda, además, a alumnado cuyos docentes se encuentran de baja, haciendo imposible una adecuada atención.

“Lo que debe hacer el vicepresidente es informarse sobre el trabajo que está realizando el profesorado andaluz, ordenar que de manera inmediata se sustituya a aquel que se encuentre de baja, desarrollar políticas que erradiquen que el 5% de población sufra la brecha digital y dejar de hacer declaraciones ocurrentes poco factibles que sólo vienen a cuestionan la labor docente y a desmotivar al alumnado y a sus familias”, finaliza Molina.

“¡Qué pena que las enfermedades raras no sean contagiosas!”, es el lamento de muchas personas y familias de personas afectadas por enfermedades raras, que denuncian el abandono al que se ven sometidas y que se ha agravado por la pandemia del COVID-19 que, atendiendo a las cifras actuales, es también una enfermedad rara. “Han suspendido la rehabilitación y, en muchos casos, los servicios de dependencia, que son fundamentales para la mayoría de estos enfermos y sus familias”, señala el presidente de la Red de Madres y Padres Solidarios (ReMPS), Francisco Ureña.

“Las familias están dolidas. Ven los grandes esfuerzos que se están haciendo por acabar con el coronavirus, las grandes inversiones en investigación, saltándose incluso los trámites legalmente establecidos, mientras que la inversión en investigación de enfermedades raras es mínima y eso que solo en la provincia de Córdoba son más de 40.000 las personas afectadas”, explica Ureña.

En este sentido, la ReMPS señala que para las familias es muy duro ver cómo todo el sector sanitario, las distintas administraciones y gobiernos se vuelcan en desarrollar una vacuna y medicamentos contra el COVID-19, mientras las personas que sufren una enfermedad rara no cuentan, en la inmensa mayoría de ellas, con tratamiento alguno.

De hecho, las personas afectadas por una enfermedad rara encuentran múltiples trabas para acceder a los denominados “medicamentos huérfanos” que son aquellos que sirven para diagnosticar, prevenir o tratar enfermedades o desórdenes que amenazan la vida o que son muy serias y que son raros.

La ReMPS recuerda que, en Europa, se considera que una enfermedad o desorden es raro cuando afecta a menos de 1 persona entre 2.000. Atendiendo a esta escala, en Córdoba existen unas 40.000 personas afectadas por patologías raras, una cifra que supera las 600.000 en Andalucía.

Para las farmacéuticas, el desarrollo de estos medicamentos no es rentable, por lo que se suelen desarrollar con incentivos económicos públicos o de organizaciones relacionadas con las enfermedades raras, “unos incentivos que son pírricos. La Junta de Andalucía destinó a investigación sobre enfermedades raras en las anualidades 2018 y 2019 solo 21.450 euros. Una cantidad que la propia ReMPS ha superado con creces, con 113.540 euros entregados a distintos proyectos”, recuerda el responsable de la asociación.

“A la escasez de medicamentos se une el desconocimiento de los médicos, que en muchos casos ni siquiera conocen la existencia de estos medicamentos o su posible aplicación para enfermedades para las que no están específicamente indicadas”, explica el presidente de la ReMPS, Francisco Ureña.

“En otros casos vemos que el motivo por el que no se recetan estos medicamos no es clínico, sino económico. Suelen ser medicamentos bastante caros y los servicios públicos de salud solo los proporcionan en casos muy determinados. Esto supone, en la práctica, que miles de personas no están accediendo a medicamentos que si bien no pueden curarles, si pueden ralentizar el desarrollo de su enfermedad o minimizar sus efectos”, continúa Ureña.

Además, dada la falta de medicamentos para muchas de estas patologías, es fundamental facilitar el acceso a estos medicamentos huérfanos a enfermos incluso cuando no están específicamente indicados para ellos. Es lo que se denomina uso compasivo de medicamentos. Este es el caso de un menor cordobés que lleva años luchando por acceder a un medicamento desarrollado en Estados Unidos y que la propia farmacéutica reconoce que se le puede aplicar.

“La familia se encuentra una y otra vez con trabas administrativas. El hospital ha evitado durante casi dos años emitir un informe fundamental para poder continuar con la causa y la Justicia se ha eximido hasta ahora basándose en la falta de este informe”, relata el responsable de la ReMPS.

Esta familia decidió luchar por el medicamento para su hijo en los tribunales después de intentarlo infructuosamente con los médicos que atienden al niño pero otras muchas, por falta de medios económicos, renuncian a esta posibilidad y se resignan a ver morir a su familiar enfermo, la mayoría de ellos niños, cuando con uno de estos medicamentos quizá pueda ralentizar el curso de la enfermedad.

La ReMPS denunció ante el Defensor del Pueblo Andaluz esta situación, que afecta a miles de personas, pero dado que cada caso es diferente, “la Defensoría solicitó información de cada caso individualmente y muchas familias no tienen recursos o capacidad para presentar toda la información que les solicitan, y al final seguimos en la misma situación: Personas que no reciben un medicamento que podría ayudarles y al que tienen derecho”, recalca Francisco Ureña.

Por ello, la ReMPS vuelve a hacer un llamamiento a las autoridades sanitarias, para que difundan entre los facultativos que habitualmente atiende a personas con enfermedades raras la existencia de estos medicamentos y autorice el uso compasivo de medicamentos aunque el coste de los mismos sea muy superior al de medicamentos para enfermedades comunes “porque estos enfermos tienen los mismos derechos sanitarios y no se puede permitir que haya enfermos de primera categoría y enfermos de segunda”, apuntilla Ureña.

CCOO considera que los cuerpos y fuerzas de seguridad de la policía son un servicio público esencial que trabaja con la población y que la profesión policial está, en la actual situación crítica, en primera línea ante las devastadoras consecuencias que está produciendo esta nueva enfermedad del coronavirus. Desde el sindicato exigimos al Gobierno central que sea coherente y clasifique a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad como personal de alto riesgo, ya que es lógico que debamos proteger a quienes nos protegen.

Desde la declaración del estado de alarma decretado el pasado día 14 de marzo, los distintos cuerpos de policía local y fuerzas de seguridad del Estado (Policía autonómica, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Ejército) están asumiendo con abnegado compromiso y responsabilidad el alto riesgo, al que de forma continuada se exponen todos los días y trabajan con empeño y sacrificio para frenar la expansión del coronavirus y proteger así a la población, ha resaltado CCOO.

El sindicato piensa que sin una policía segura no se puede garantizar la seguridad de la ciudadanía y si los policías y las policías no están protegidos y cuentan con todos los medios de protección individual necesarios para desarrollar el trabajo en plenas garantías de seguridad y salud no se puede proteger a la ciudadanía. Ningún policía tiene el don de la adivinación y, en este sentido, desconocen el estado de salud de la persona que tienen enfrente y si esta persona está contagiada y, por ende, puede contagiar al interlocutor y continuar con la cadena de contagio. Por ello, CCOO emplaza al Gobierno a que dé el paso y, como mando único del conjunto de la seguridad pública de España en estos momentos, proporcione de manera urgente al conjunto de policías todos los medios de protección individual (mascarillas, gafas, guantes...) para que puedan ejercer sus funciones con las máximas garantías.

CCOO recuerda que en Córdoba y su provincia prestan servicio más de 3.000 policías de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, por tanto, pedimos que se refuerce la limpieza diaria de las instalaciones de los distintos cuerpos de policía, donde diariamente acuden al puesto de trabajo. Igualmente, la central sindical advierte que los agentes de la Policía trabajan en turnos y que, si se detecta un positivo, es el turno entero de profesionales el que debe quedarse en cuarentena. Asimismo, señala que es esencial la seguridad de este grupo de profesionales y de la ciudadanía a la que asisten para poder seguir combatiendo la pandemia, por lo que es necesario extremar las medidas preventivas entre los funcionarios de la Policía, máxime cuando se prevé un repunte de casos durante los próximos días. Por ello, es necesario proteger a los cuerpos de policía para poder proteger el servicio público de seguridad para la ciudadanía, ya que, “Sin Seguridad No Hay Libertad”, ha destacado el Sindicato.

Los sindicatos CCOO y UGT y la patronal de la construcción, Construcor, han acordado establecer la jornada continuada en el sector en la provincia de Córdoba en tanto se mantenga la declaración del estado de alarma. Esta medida se acuerda con la finalidad de reducir el riesgo que supone la mera presencia de las personas trabajadoras en los centros de trabajo.

De esta forma, la jornada laboral será de 7 horas diarias efectivas de trabajo de lunes a viernes, sin que el periodo de descanso tenga la consideración de trabajo efectivo. Las horas dejadas de trabajar al reducirse la duración diaria de la jornada efectiva de trabajo se recuperarán una vez pierda vigencia la declaración del estado de alarma y en la forma que las empresas y las personas trabajadoras acuerden sin que las horas ordinarias efectivas de trabajo puedan exceder de 9 horas diarias.

CCOO valora de forma positiva el acuerdo, que permitirá al sector adaptarse a las excepcionales circunstancias actuales, si bien insiste en que se debería ordenar el cese preventivo de todas las obras que no sean esenciales para la población.

El acuerdo se alcanzó ayer después de analizar las dificultades que tanto las empresas como las personas trabajadoras están encontrando para mantener la actividad y la prestación laboral en una situación de emergencia sanitaria, en especial, las que inciden en el desplazamiento de las personas trabajadoras a los centros de trabajo, el transporte y abastecimiento de suministros necesarios para el desarrollo de las obras y servicios, la coordinación imprescindible para la ejecución de las distintas tareas o las dificultades que empiezan a constatarse para disponer de algunas de las medidas preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias

Las partes quieren poner en valor el esfuerzo ejemplar que las empresas y las personas trabajadoras están realizando para cumplir con sus obligaciones en un entorno excepcional, nunca antes conocido, y de la máxima exigencia, para prevenir los riesgos de contagio y que ha puesto de manifiesto la madurez y profesionalidad de todos los operadores intervinientes.

No obstante, sindicatos y patronal quieren hacer una llamada de atención en el sentido de recomendar a las empresas y personas trabajadoras la necesidad de evaluar de manera permanente las condiciones en que se desarrolla la actividad y tomar las decisiones de carácter organizativo que fueran precisas para asegurar en todo momento la protección de las personas presentes en los centros de trabajo, incluso, llegado el caso, la interrupción total o parcial de los trabajos.

Por otra parte, ambas partes se comprometen a realizar toda clase de gestiones a su alcance para que por el Gobierno de España se clarifique el alcance de las medidas aprobadas por el Real Decreto en materia de suspensión temporal de contratos y reducción temporal de la jornada para evitar que una situación coyuntural como la actual tenga un impacto negativo de carácter estructural sobre el empleo del sector, permitiendo la flexibilización y agilización de los procedimientos de regulación de empleo y la mejora de la cobertura tanto para las personas trabajadoras como para las empresas y autónomos y, en concreto, su acogimiento a las medidas extraordinarias en materia de cotización previstas en su artículo 24 en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor relacionados con el COVID-19. 

El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba afirma que la falta de medidas preventivas en el ámbito sanitario frente al COVID-19 que viene denunciando hace semanas ha provocado que la infección afecte no solo a personal que atiende directamente a los y las pacientes, sino también a personal de administración y servicios.

CCOO ha demandado a servicios centrales del SAS información del número de profesionales afectados, por categorías y centros de trabajo, pero “a pesar de tener ese derecho por la ley de prevención de riesgos laborales, la administración ofrece datos insuficientes, tarde y mal”, asevera el secretario General del mencionado sindicato provincial, José Damas, que asegura que las cifras ofrecidas por el consejero de Salud, Jesús Aguirre, “no cuadran, ya que solo hablaba de personal médico, enfermero, auxilar de Enfermería y celadores, cuando tenemos conocimiento de que en la provincia de Córdoba hay casos de afectados fisioterapeutas, administrativos, pinches y personal de lavado y planchado”.

La escasez de medidas preventivas, especialmente de equipos de protección individual (EPI), mascarillas, guantes, batas, pantallas de protección, etc., así como de una mínima formación adecuada, unida a la pésima organización de los recursos humanos y materiales está provocando una situación “agobiante” para los profesionales de la sanidad. “Las medidas llegan tarde o son de aplicación muy dispar, según el centro o el área sanitaria”, denuncia el secretario General de este sindicato provincial, José Damas, quien recuerda que “CCOO lleva desde febrero exigiendo en los diferentes comités de seguridad y salud la instalación de mamparas de cristas y, por fin, a base de insistir y reivindicar, hemos conseguido que en admisión de la práctica totalidad de los servicios de urgencias se hayan instalado, aunque no pararemos hasta que se instalen en todos los servicios de admisión, cita previa o atención a la ciudadanía de todos los centros sanitarios”.

Los delegados y delegadas de CCOO están trabajando presencialmente en todas las secciones sindicales, garantizando la atención a los y las profesionales y, en los casos necesarios, denunciando las irregularidades que comunican. “Es indignante escuchar a tantos y tantas profesionales hablar del miedo y la impotencia que experimentan por no disponer de EPI o por que no se les realiza el test del COVID-19, pero más vergonzante es recibir quejas por el trato hostil y amenazante que reciben de algunos cargos intermedios”, critica Damas.

“Este miércoles, concretamente, se ha notificado por escrito a una trabajadora de lavandería del Hospital Reina Sofía que de continuar utilizando guantes conllevaría la apertura de un expediente disciplinario, inaceptable en estos momentos”, afirma el responsable sindical quien pone otros ejemplos de la presión que sufren los trabajadores y trabajadoras: “En las urgencias de Reina Sofía se prohíbe a los celadores el uso de mascarillas si no atienden a un paciente con clínica respiratoria, pero estos profesionales se preguntan cómo saben cuál es el problema del paciente cuando llega a urgencias. Incluso cuando trasladan a pacientes confirmados de COVID-19 lo hacen con medidas mínimas de protección; en plantas de hospitalización las enfermeras y las técnicos de enfermería refieren que les dan una mascarilla y bata por turno, teniendo que reutilizarlas; las limpiadoras están exhaustas, no dan abasto limpiando incluso por la noche y no refuerzan el servicio”.

Para el secretario General de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba también es muy preocupante el miedo que tienen los trabajadores y trabajadoras a denunciar porque “si hablan les abren un parte”. Por ello, CCOO sigue exigiendo EPI y medidas urgentes de prevención y protección a través de escritos en los despachos y en los casi inexistentes comités de seguridad y salud. “Como desde el inicio de esta crisis sanitaria, no se cuenta con los agentes sindicales ni con los delegados de prevención”, lamenta José Damas.

“Hemos trasladado a la administración sanitaria la necesidad de reorganizar los recursos humanos sanitarios para que se puedan disponer de turnos de retén de profesionales en domicilio o en servicios de menor riesgo y no exponer de forma continuada a todo el personal disponible pero nos encontramos con desplazamientos de profesionales enfermeros, técnicos de enfermería o celadores sin criterios homogéneos o lo que es peor, con favoritismos en algunos casos y decisiones injustificadas de cargos intermedios”, remarca.

“Desgraciadamente, la previsión es que la pandemia siga en aumento, por lo que debemos proteger más eficazmente a nuestros profesionales sanitarios. Si protegemos a nuestros profesionales, ellos y ellas podrán trabajar para cuidar a la ciudadanía”, insiste Damas quien hace hincapié en que hay que priorizar y garantizar los test rápidos para todos los y las profesionales en sospecha porque con ello contribuimos a no infectar a nadie más de forma inconsciente”.

El Sindicato de Construcción y Servicios de CCOO de Córdoba pide que se suspendan las obras de construcción o mantenimiento que no sean esenciales para la población o de primera necesidad (sanidad, energía, agua, gas, transporte, etc.) y reclama, además, garantías en la adopción de todas las medidas de prevención adicionales derivadas del COVID-19 en todas las obras de construcción que permanezcan activas de cara a evitar la propagación del coronavirus entre los trabajadores y trabajadoras del sector.

Los sindicatos mayoritarios señalan que la situación de excepcionalidad generada por la expansión del COVID-19 obliga a todo el sector de la construcción a extremar las medidas establecidas en los protocolos sanitarios para garantizar las condiciones de seguridad y protección de la salud de los trabajadores que intervienen en la obras y que pueden verse afectados por la continuación de la actividad. Por ello, reclaman además garantías en la adopción de todas las medidas de prevención adicionales derivadas del COVID-19 en todas las obras de construcción que permanezcan activas, así como la determinación por parte de la Inspección de Trabajo de su idoneidad para seguir con la actividad.

Asimismo, los sindicatos exigen la incorporación de las actividades de empresas constructoras, subcontratas, distribuidoras y empresas de materiales de construcción al Anexo del Real Decreto del Estado de Alarma en todo aquello que no se refiera a infraestructuras críticas o al mantenimiento de instalaciones esenciales o de primera necesidad, procediendo por tanto a la paralización de su actividad por causa de fuerza mayor.

En cualquier caso, desde CCOO de Construcción y Servicios se van a hacer todos los esfuerzos que estén en su mano para asegurar la salud de los trabajadores y trabajadoras que siguen acudiendo cada día a su puesto de trabajo.

CCOO de Andalucía ha subrayado la necesidad de tener en cuenta a la población más vulnerable y tomar más medidas para su protección en la crisis generada por el COVID-19 (coronavirus) porque, según explica la situación de alarma social, que está deviniendo en crisis económica, está provocando que una gran cantidad de personas en Andalucía estén sufriendo una drástica reducción de sus ingresos. Esa situación de vulnerabilidad económica con motivo de la crisis del COVID-19 se suma a un número ya muy importante de personas paradas, muchas de ellas de larga duración, sin prestaciones y a familias sin ingresos.

Por eso, CCOO demanda al Gobierno andaluz que utilice la Renta Mínima de Inserción como una prioridad entre sus medidas de urgencia, al mismo nivel que las medidas que ha implementado para las empresas. Además, el sindicato ha pedido al Ejecutivo andaluz que no paralice la tramitación y resoluciones de las solicitudes ya presentadas, que agilice la concesión de la prestación económica y que tome las medidas necesarias para establecer una vía de acceso urgente similar a la que utilizan los servicios de empleo. Exige que todo ello se haga con celeridad y que no tarde más de una semana en resolver estas cuestiones, que articule mecanismos para facilitar la entrega de las solicitudes, de forma que la población más desprotegida pueda acceder a esta prestación que, según considera, debe ser la última red de protección, ahora más necesaria que nunca.

El sindicato propone al Gobierno de la Junta de Andalucía que refuerce el personal dedicado a informar, tramitar y resolver los expedientes. Un refuerzo que debe darse en los propios servicios de la Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación, así como de los Servicios Sociales Comunitarios en los ayuntamientos. CCOO emplaza la Junta a que una parte de los más de los 51,7 millones de euros del Fondo Social Extraordinario asignados a Andalucía por el Gobierno de España, vaya destinado a reforzarla; además de una ampliación del presupuesto destinado a la prestación de la Renta Mínima de Inserción. Cree necesaria la prórroga automática de las prestaciones en vigor.

Por otra parte, al Gobierno central le exige que establezca con carácter de urgencia una Renta Mínima garantizada para proteger a las personas trabajadoras sin empleo y sin ingresos: Es necesario ampliar las medidas sociales ya aplicadas por el Gobierno central si de verdad su voluntad es que de esta crisis salgamos unidos sin dejar a nadie atrás. Quienes más riesgo corren de quedarse fuera, como ya demostró la crisis de 2008, son las personas trabajadoras si no se disponen medidas sociales como estas que exigimos.

Además, han pedido que se dé cobertura económica a las personas trabajadoras paradas de larga duración, empleadas de hogar, trabajadores y trabajadoras eventuales del sector agrario o de otros sectores que están siendo despedidos por las empresas, una prestación que, según propone el sindicato, debe complementarse con la Renta Mínima. Igualmente, es necesario que los ayuntamientos agilicen y amplíen presupuestos para las ayudas de emergencia social, que incluyan a personas extranjeras en situación administrativa irregular y a las que están en situación de pobreza extrema o exclusión.

El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba denuncia la crítica situación que viven estos días las residencias de mayores por falta de personal y de equipos de protección individual (EPI). “Desde CCOO venimos demandando insistentemente más y mejores medidas organizativas, de prevención y refuerzo de las plantillas de trabajadores y trabajadoras de este sector para garantizar la atención y protección de las personas mayores, al ser un colectivo altamente vulnerable a este virus”, remarca el secretario General del citado sindicato provincial, José Damas, quien lamenta que ya se hayan producido los primeros positivos en una residencia de mayores, la del Parque Figueroa.

Damas critica que, a pesar de que la Junta de Andalucía anunció el pasado día 20 que se pondría a disposición de las residencias de Andalucía 45.000 mascarillas y, concretamente para la provincia de Córdoba 6.700, “la realidad a día de hoy es que esas mascarillas no llegan a nuestras residencias. Los representantes sindicales de CCOO en centros de toda la provincia nos trasladan la misma preocupación, que no tienen EPIs y que las mascarillas que les facilitan no tienen un mínimo de calidad o seguridad”.

Para el representante sindical es “indignante” la desorganización de las autoridades sanitarias, que “anuncian medidas y recursos preventivos y humanos mediante decretos, pero hasta ahora solo vemos publicaciones en el BOE y comunicados de prensa, pero donde tienen que materializarse esas medidas, desgraciadamente no llegan”.

En la provincia de Córdoba se dispone de 86 residencias de personas mayores con 5.474 plazas. De éstas, 60 son privadas y cuentan con 4.351 plazas, y 26 son públicas y ofertan 1.123 plazas. “En estas residencias se aplican en la actualidad unas ratios de profesional/residente desfasadas e impropias de la calidad de asistencia que hoy requiere una persona mayor residente”, afirma Damas quien explica que en la práctica totalidad se aplica la Orden de 1 de julio de 1997, por la que se regula la acreditación de los centros de atención especializada a las personas mayores y personas con discapacidad, donde se establece una ratio de 20 gerocultoras/auxiliares de enfermería por cada 100 residentes. “Con 3 turnos de trabajo y el de descanso, con esta ratio no da para más de 6 ó 7 gerocultoras por cada 100 residentes. Difícilmente con estas insuficientes y deficitarias plantillas se pueden organizar turnos de trabajo y dar una prestación asistencial garantista, y menos aún podremos hacer frente a esta desgraciada pandemia”, remarca el secretario General de Sanidad y Sectores Sociosanitarios. Pero además, en estos momentos de crisis sanitaria se complica la situación debido a las pésimas condiciones retributivas y laborales en dependencia. “Nos encontramos cada vez con más dificultad para poder incorporar nuevos profesionales en estos momentos críticos de pandemia”, insiste.

Desde CCOO, exigimos al Gobierno Central y al de la Junta de Andalucía que los fondos adicionales con los que se ha dotado a este sector de residencias se materialicen y visualicen con urgencia, con mayor dotación de personal sanitario asistencial y de limpieza. Asimismo, y con urgencia, el sindicato reclama que se dote del ansiado y necesario material de protección y prevención -mascarillas, guantes, batas, etc-.

“Ya contamos con varios casos de sospecha en algunas residencias de la provincia pero debido a la no disponibilidad de test de detección del coronavirus no se han podido confirmar o descartar”, advierte Damas quien denuncia “la falta de eficacia de las medidas anunciadas por los gobiernos central y autonómico” y critica que “no lleguen los test de diagnóstico rápido de coronavirus a estos centros residenciales de mayores tan vulnerables y preocupantes por la repercusión que pueden tener en caso de expansión de virus en alguna residencia”.