Editor

Editor

El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba muestra su apoyo a las asociaciones de madres y padres (AMPAS) con quienes comparte su rechazo a la eliminación de líneas escolares, por lo que se sumará a la concentración prevista para este jueves por la tarde.

Hace unos días, el secretario General de este sindicato provincial, Antonio Sánchez, ya decía que “en ninguna situación debería consentirse el cierre de líneas, pero en el contexto actual resulta totalmente demencial” porque “debe garantizarse el distanciamiento físico y la ratio en base a principios sanitarios y de atención al alumnado”.

Para CCOO, la bajada de natalidad no debe ser una excusa para la eliminación de líneas escolares sino que debe aprovecharse para reducir la ratio por aula y mejorar la calidad educativa.

En este sentido, el sindicato viene reclamando una ratio de 15 alumnos por aula y rechaza de plano clases con 26 alumnos. “Es imposible atender las necesidades educativas específicas de cada alumno y alumna con 26 estudiantes por clase y más si hay menores con necesidades educativas especiales que requieren la atención de personal especializado”, remarca Sánchez.

Así, CCOO reclama que no se produzca el cierre de ninguna unidad escolar en la provincia, que se establezca una ratio de un máximo de 15 escolares por aula, que se defina la ratio de atención del profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), que se limite el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a un máximo de 2 escolares por aula ordinaria y que se adapten las instalaciones escolares para permitir el uso de espacios que permitan el distanciamiento físico del alumnado.

Estas son algunas de las 20 medidas básicas que CCOO ha establecido en un documento que ha elaborado de cara a la recuperación de la actividad educativa presencial teniendo en cuenta la nueva realidad que exige, obligatoriamente, tal como determinan las autoridades sanitarias, el distanciamiento físico y la igualdad de oportunidades que la brecha digital rompe.

El Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Córdoba ha criticado la actuación de la Dirección de Pastas Gallo y de la representación sindical de UGT ante el brote de contagios por COVID-19 detectado en la fábrica de El Carpio, una actuación que “no ha sido todo lo rápida y rigurosa que debería haber sido”, ha dicho el secretario General de dicho sindicato, Agustín Jiménez.

Jiménez lamenta que “la falta de información haya provocado malos entendidos y rumores que han causado alarma entre los trabajadores y trabajadoras y los vecinos y vecinas de El Carpio”.

“Por el momento nos han confirmado que son 5 los contagios –todos asintomáticos- y que se le están realizando PCR a toda la plantilla”, indica el responsable sindical que anuncia que CCOO ha solicitado una reunión con la empresa, que tendrá lugar mañana, para aclarar las actuaciones que se han llevado a cabo para evitar la propagación del virus y atajar el brote”.

El responsable de CCOO-Industria insiste en que “seguir el protocolo de actuación ante un posible caso de contagio es fundamental para evitar la propagación del virus y en este caso no se está haciendo del todo bien, a nuestro juicio, ya que no se ha puesto en aislamiento a las personas que han estado en contacto con las que han dado positivo”.

En cualquier caso, “estaremos atentos a las próximas actuaciones de la empresa, para asegurarnos de que se toman las medidas necesarias para proteger la salud de las personas que trabajan en la fábrica, pero también de sus familiares”, remarca Jiménez.

El Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Córdoba solicitará a la Dirección de Zumos Palma una reunión de forma inmediata para aclarar el futuro de la plantilla de Citrosuco, la empresa brasileña a la que arrendó hace casi 3 años la línea de producción de zumo a granel de su planta de Palma del Río.

Representantes de CCOO, encabezados por la secretaria General, Marina Borrego, y el secretario General del Sindicato Provincial de Industria de Córdoba, Agustín Jiménez, han mantenido una reunión con la representación de los trabajadores y trabajadoras –CCOO es el único sindicato con representación en la empresas-, para conocer la situación actual y establecer las medidas a adoptar en defensa de la plantilla.

Citrosuco ha anunciado tanto a la plantilla como a las autoridades locales la finalización del contrato de arrendamiento de las instalaciones y, por tanto, de la vinculación laboral con los algo más de 50 trabajadores y trabajadoras incluidos en aquel acuerdo de arrendamiento.


Agustín Jiménez explica que Zumos Palma, perteneciente al grupo de inversión de origen turco Toksöz, “no se ha pronunciado por el momento sobre la posible marcha de Citrosuco y sobre los planes que tiene para la línea de producción de zumo a granel –la de envasado la vendió a LCG Fruits en 2019-“.

Jiménez recuerda que “Zumos Palma es una empresa muy importante para el sector citrícola en la provincia, por lo que mantener la producción y, por supuesto, el empleo, es fundamental para dar salida a la producción de naranja”.

Por ello, CCOO también solicitará una reunión con el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo, para explicarle la situación actual de la empresa y pedirle que intermedie para garantizar el mantenimiento del empleo, sea cual sea la situación que se genere al vencimiento del contrato de arrendamiento con el gigante alimentario brasileño. Igualmente, CCOO informará al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, dado el carácter estratégico de la fabrica palmeña para un sector fundamental de la economía cordobesa como es el agroalimentario.

Un nutrido grupo de autoridades de la ciudad y fieles de la Diócesis se han congregado en la tarde del miércoles, 10 de junio, para celebrar la santa misa en recuerdo a las víctimas mortales de la pandemia. El Obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, ha querido oficiar esta eucaristía tras vivir, como ha puesto de manifiesto en su homilía, unos días “muy amargos y muy duros”, en los que hemos visto la muerte muy de cerca. “La muerte tan frecuente y abundante de tanta gente ha sido para todos un mazazo fuerte y así lo hemos vivido y lo estamos viviendo, puesto que estos días nos han hecho reflexionar lo débil que es la vida humana”, ha explicado el prelado quien ha resaltado que celebrar esta misa y orar por nuestros difuntos “es un deber de caridad cristiana y de justicia”.  Asimismo, ha recordado que “la vida es para vivirla, disfrutarla y gastarla en el servicio de los demás, aunque cuando la muerte viene de esta manera tan cruel siempre nos parece injusta, pero la fe nos dice que la muerte no la ha inventado Dios, sino que Dios genera la vida”.

El pastor de la Diócesis ha querido reflejar la importancia de la oración en estos duros momentos, que “nos abre un portillo de luz y de esperanza”, puesto que ante una situación tan dolorosa, “solo la fe puede enjugar nuestras lágrimas”.

“Trabajemos todos por la paz, la convivencia y el progreso y desde la fe cristiana aportemos cada uno lo mejor de si mismo. Hemos recibido tantos testimonios de personas que han puesto su vida en riesgo o incluso la han perdido, hemos asistido a un desastre colectivo, pero también a un testimonio precioso de amor y solidaridad, fraterno, que ha brotado de tantos corazones; por ello, seamos todos solidarios ahora más que nunca, las instituciones, la Iglesia, el Ayuntamiento, Diputación, autoridades autonómicas y del Estado, para que nadie se quede sin recursos”, ha instado el Obispo al culminar su homilía ante un gran número de fieles que han asistido a la celebración cumpliendo en todo momento las medidas sanitarias y de seguridad establecidas.

Una vez finalizado el periodo de luto oficial en homenaje a las víctimas mortales de la pandemia por coronavirus, el Obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, presidirá mañana miércoles, 10 de junio, una Misa funeral por los fallecidos a causa del Covid-19. La celebración eucarística tendrá lugar en la Santa Iglesia Catedral, a las 20:00 horas.

CCOO exige la readmisión de las personas trabajadoras despedidas en la Cooperativa Oleícola El Tejar, en donde el sindicato ostenta la mayoría de la representación sindical.  

El pasado viernes, responsables del Sindicato Provincial de Industria, encabezados por su secretario General, Agustín Jiménez, y acompañados por la secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, mantuvieron una reunión con todos los representantes del sindicato en la empresa para abordar la situación generada por la negativa a aceptar la rebaja salarial del 10% que pretende imponer la Dirección de la empresa.

Para Jiménez, esta rebaja salarial “responde más a una decisión política de cara a los socios que a una necesidad para la viabilidad de la cooperativa y trata de disimular una gestión no muy brillante porque no se entiende que se proponga esta rebaja cuando se ha firmado el convenio colectivo recientemente con una subida salarial del 2%”.

Por otro lado, el responsable sindical admitió que “estamos bastante preocupados por la falta de capacidad para la futura campaña, que se prevé bastante importante, ya que en la última campaña de la aceituna hubo almazaras que pararon la recolección debido al exceso de alperujo debido al cultivo súper intensivo del olivar y las favorables condiciones meteorológicas, y más en un clima de conflicto social con la Dirección de cooperativa puesto que, llegado el momento, no se descartarían movilizaciones en plena campaña en defensa de los intereses de las personas trabajadoras”.

“No entendemos que una corporativa que tiene carácter social mantenga unas políticas en contra de la representación legal de los trabajadores, incumpliendo la normativa vigente en varias materias –convenio colectivo, categorías laborales, salud laboral, plan de igualdad, etc.- que no dudaremos en denunciar ante la Inspección de Trabajo así como ante la Justicia, puesto que no tiene interés de hablar y dialogar absolutamente nada, como están demostrando con su negativa constante a los numerosas solicitudes de reunión realizadas por los representantes de CCOO ante la dirección de la cooperativa”, señaló Jiménez.

Desde CCOO se insiste en la necesidad de que Dirección y representación sindical se sienten a resolver las dificultades producidas por la crisis del COVID-19, pero no acepta “una decisión unilateral de la Dirección de la cooperativa y más siendo una cooperativa que se supone que tiene por objeto precisamente este principio de igualdad y equidad entre socios, que es el que marca el funcionamiento de una cooperativa”, remarca el secretario de Industria quien hace hincapié en que “La gestión de la cooperativa se realiza de forma democrática por sus miembros a través de decisiones que se ponen en valor y se deciden en las asambleas, con la participación de todos los socios de la cooperativa, cosa que no sucede con la representación de los trabajadores y trabajadoras, a quien vulneran sistemáticamente los derechos de consulta y participación”.

Por último, CCOO advierte que si no se readmite a los trabajadores y trabajadoras despedidos, se tomarán todas las acciones legales en defensa de los intereses de las personas trabajadoras e invita a la Dirección de Oleícola El Tejar a que cambie la actitud de confrontación con los representantes sindicales y “trabajemos todos juntos por un plan industrial de futuro, pero abordando los problemas reales y no escondiéndolos con cortinas de humo, creando un clima de confrontación que no beneficia ni a cooperativistas ni a la plantilla”, concluye Agustín Jiménez.

La Sección Sindical de CCOO en la Administración de Justicia critica las condiciones en las que está prestando sus servicios el personal de dicha Administración y que incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La Justicia es un servicio esencial, si bien se han suspendido los plazos procesales y otras actuaciones consideradas no esenciales. Sin embargo, no son pocas las presiones de distintos colectivos para que la administración incorpore a la totalidad de la plantilla de los juzgados avanzando en las fases laborales aún sin evolucionar en las fases sociales. “Esta presión se ejerce, especialmente, a los funcionarios del servicio común de notificaciones y embargos, que son los encargados de practicar todo tipo de actos acudiendo a los domicilios y, por tanto, son los más expuestos a un posible contagio”, explica el delegado de CCOO en la Administración de Justicia, José Carlos Alba.

Precisamente la falta de medidas de protección en algunas salas de vistas ha sido una de las motivaciones de la denuncia presentada por CCOO ante la Inspección de Trabajo. Como ejemplo, en uno de los tribunales inspeccionados por el sindicato se estaba celebrando una vista con cuatro puestos ocupados por los abogados representantes de las partes litigantes pero “solo había pantallas protectoras para tres y, para colmo, eran inadecuadas, porque llegaban hasta el borde de la mesa, así que la persona que ocupaba ese puesto, si quería estar protegida, prácticamente tenía que tumbarse sobre la mesa”, relata el representante sindical quien asegura que “menos protegido aún está el personal funcionario que está en primera fila y que se acerca tanto al justiciable como a los y las profesionales de la abogacía para hacer los trámites propios de su profesión”.

“La realidad es que el Comité de prevención de riesgos laborales, en el que están presentes los representantes legales de las trabajadoras y trabajadores, no ha sido participe de las medidas  de seguridad adoptadas, como la medición de espacios y la distribución de los puestos de trabajo para la vuelta masiva de la plantilla”, lamenta Alba quien explica que, por ello, CCOO ha presentado la correspondiente denuncia en la Inspección de Trabajo.

En dicha denuncia, el sindicato no solo pone en conocimiento de la autoridad laboral que no se han realizado las evaluaciones de riesgo específicas obligatorias para establecer las medidas de seguridad pertinentes, sino que no se garantiza en la totalidad de los órganos judiciales de la provincia que existan los equipos de protección necesarios para poder realizar el trabajo de manera segura, dado que no se cumplen con todas las medidas de seguridad que han de ser previstas antes esta pandemia.

Asimismo, CCOO denuncia que las medidas de protección no se han adoptado por personal cualificado de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales y han estado basadas en decisiones que están tomando, sin tener competencia para ello, otros órganos.

Además, se están aumentando los trabajos a realizar, superando los considerados esenciales, y dejando sin efecto de cara a la seguridad de los trabajadores y trabajadoras la suspensión de plazos y los servicios declarados esenciales por el Real Decreto de Estado de Alarma. Así se está produciendo un aumento considerable de asistencia de público y profesionales ajenos a los órganos judiciales, para realización de servicios no declarados esenciales, sin que para ello se hayan tomado tampoco medidas de protección de la salud del personal ni la del propio público que acude a dichas dependencias. Esto deja sin efecto las mínimas medidas de seguridad adoptadas en cuanto a distanciamiento y aforo de los órganos judiciales.

CCOO ha solicitado una reunión con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía para abordar el proceso de desescalada que se está llevando a cabo en el sector de la Dependencia y las consecuencias negativas de la retirada precipitada por parte de la Administración andaluza de las medidas excepcionales en el servicio de ayuda a domicilio.

Esta organización sindical insta a la Junta a que prorrogue las medidas excepcionales en materia de financiación del servicio de ayuda a domicilio como mínimo hasta finales de junio, estableciéndose un periodo de transición para realizar las iniciativas organizativas adecuadas para la recuperación de la actividad, garantizar la dotación de las medidas necesarias de protección y contar con la representación legal de las trabajadoras y los trabajadores en la implantación de los planes de contingencia.

Asimismo, CCOO mantiene que en el sector de las residencias de personas mayores las dificultades para la reposición de usuarios están repercutiendo negativamente en las plantillas de los centros, por lo que también es necesaria la aplicación de medidas excepcionales de apoyo. “Lo que sigue siendo inconcebible y absolutamente injustificado es el mantenimiento de la Orden de Acreditación de Residencias de Personas Mayores de 1 de julio de 1997, en la que se recogen ratios de plantillas insuficientes a todas luces para garantizar una adecuada calidad asistencial. Es indispensable la derogación inmediata de esta norma, que es previa a la Ley de la Dependencia, y la aplicación de una nueva Orden en la que se incrementen de forma significativa las ratios de las plantillas, especialmente en la categoría de gerocultora”, asevera el secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas.

CCOO recuerda que el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de mayo de 2020 modifica las medidas previstas en el Acuerdo de 16 de marzo de 2020 por el que se adoptaron medidas extraordinarias para garantizar la atención de las personas residentes en los centros de servicios sociales de gestión directa de la Administración de la Junta, como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus, y se aplicaron medidas excepcionales en la financiación del servicio de ayuda a domicilio al garantizarse el pago como mínimo de las liquidaciones abonadas en el mes de febrero.

“Esta vuelta a la normalidad se realiza sin tener en cuenta la disminución de los servicios que se ha registrado, la suspensión temporal de los mismos a instancias de los usuarios o la necesidad de incremento de los equipos de protección que lleva consigo este regreso a la actividad ordinaria”, asegura Damas quien advierte además que, “sin apenas tiempo material, se deben realizar medidas excepcionales para volver a la situación previa a la implantación del estado de alarma, lo que requerirá de un periodo estimable en el que se acumularán los débitos de horas de las plantillas ante las dificultades relevantes para la recuperación de la actividad”.

La Inspección de Trabajo ha dado la razón a CCOO, cuya Sección Sindical en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (CPPEI) denunció en septiembre de 2019 los incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales que se estaban dando en el parque de bomberos de Lucena. Ahora, tras la visita a las instalaciones, la Inspección de Trabajo ha constatado las deficiencias denunciadas, corroborando la denuncia puesta por el sindicato.

“Ante la pasividad de la dirección técnica y los cargos políticos del Consorcio a las advertencias del sindicato sobre estos incumplimientos de la ley de prevención, los delegados de CCOO procedieron a denunciar la situación ante la Inspección”, explica el secretario de la Sección Sindical, Antonio Mellado. En concreto, el sindicato denunció que  en la zona de pasillo que separa las duchas con los aseos no hay medios (puertas) para salvaguardar la privacidad de los usuarios. También denunció que había riesgo de caída de personas a distinto nivel cuando acceden a la barra y se deslizan por ella para pasar de un nivel a otro inferior y también cuando se permanece en la cubierta en el vehículo BULL ll.

Ahora, la Inspección de Trabajo requiere al Consorcio que subsane las deficiencias en el plazo de tres meses. “CCOO estará vigilante para que se cumpla el requerimiento de la autoridad laboral”, advierte Mellado.

Asimismo, cabe recordar que CCOO está pendiente de la resolución de otras dos denuncias más que interpuso en 2019 contra los responsables del CPPEI de Córdoba.

“Una vez más somos los sindicatos y no las empresas los garantes de la seguridad y salud de los trabajadores”, lamenta el responsable sindical quien reclama a la Dirección del Consorcio que lleve a cabo las actuaciones necesarias para garantizar la salud y la seguridad del personal y no forzar a la interposición de denuncias que lo único que hacen es demorar la solución a los problemas y generar gastos innecesarios.

Los datos del paro de mayo, que registran una bajada del desempleo en la provincia de Córdoba de 2.139 personas, “demuestran que ampliar la aplicación de los ERTE ha sido positivo para el mantenimiento del empleo”, ha señalado el secretario de Empleo de CCOO de Córdoba, Manuel Merino, para quien es “una señal positiva” que “las primeras fases de desescalada hayan tenido una buena respuesta en cuanto al paro se refiere”.

De hecho, Merino espera que en los próximos meses, la culminación de numerosos ERTE, así como la aplicación de los planes de choque de la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba, ambos rubricados por CCOO, “tengan un efecto positivo sobre el empleo y se continúe por la senda de la recuperación, aunque sabemos que los meses estivales, tradicionalmente, son malos para el empleo en Córdoba”.

La satisfacción por la bajada del paro se ve empañada por la situación de la mujer. “Como ya pasó en la crisis iniciada en 2008, la mujer está siendo expulsada del mercado de trabajo y es el grupo de población que más está sufriendo los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19”, ha lamentado el responsable sindical que recuerda que de los 85.843 personas desempleadas en la provincia, 48.832 son mujeres, es decir, el 56,88%.

Asimismo, el secretario de Empleo mostró su preocupación por que más de la mitad de los contratos realizados durante el pasado mes (17.482 de los 28.476) se hayan llevado a cabo en el sector agrícola que, sin embargo, no es el en el que más bajó el desempleo –lo fue la construcción, con 1.173 personas paradas menos-. “El campo es uno de los pilares económicos de la provincia, eso no se pone en duda, pero también es uno de los sectores más precarizados y nos preocupa que sea el que está absorbiendo, una vez más, a los desempleados que se generan en otros sectores, porque el campo tiene una capacidad limitada de empleo y una excesiva demanda puede tentar a algunos empresarios a abusar de la necesidad de trabajar de muchas personas”, advierte Merino.

Página 1 de 291