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Los sindicatos CCOO y CTA denuncian la actitud antisindical que están manteniendo los dirigentes de UGT y la patronal en la negociación del convenio colectivo de Industrias aceiteras y derivados del aceite, negándose a negociar ninguno de los puntos contenidos en la plataforma conjunta que ambos sindicatos han presentado en la mesa de negociación. De hecho, ni siquiera quieren entrar a negociar cuestiones básicas de aplicación de nuevas normativas laborales y temas sociales que no tienen coste para las empresas.

Aunque UGT afirmó en la última reunión del convenio que no firmaría un acuerdo si CCOO y CTA no lo respaldaban, estos últimos temen que el sindicato mayoritario en el sector falte a su palabra y firme un convenio de mínimos que colaborará a mantener la precariedad laboral de un sector tan primordial en la provincia de Córdoba.

En este sentido, CTA y CCOO remarcan que el convenio que pretende la patronal, y que UGT parece estar de acuerdo en firmar, solo establece la subida salarial pactada en el marco del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) a nivel nacional, es decir, un 4% para el 2023, un 3% para 2024 y un 3% para 2025 más la subida del IPC al final del 2025 con un tope del 1%.

En cambio, la plataforma conjunta de CCOO y CTA incluye otras propuestas para tratar de recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, así como para mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector. Además, ambos sindicatos proponen crear un Observatorio Laboral del Sector del Aceite, en el que estén representados sindicatos y patronal, para poner de relieve a las empresas que no cumplen el convenio y que están haciendo competencia desleal a las que sí lo cumplen.

Además, la propuesta de CCOO y CTA incluye la separación de los pluses de turnicidad y nocturnidad, así como la recuperación del plus de antigüedad, cuya pérdida ha influido en la disminución del poder adquisitivo de las aproximadamente 2.000 personas que trabajan en el sector.

Una de las propuestas más importantes es la que establece que, en las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras, en caso de fallecimiento o incapacidad permanente de un trabajador o trabajadora pueda ser sustituido por un familiar de primer grado.

Además de los puntos mencionados, la plataforma de CCOO y CTA, frente a la propuesta de la patronal de incrementar la jornada laboral a 1.800 horas anuales, el máximo permitido por el Estatuto Básico de las Personas Trabajadoras, aboga por reducir la jornada a 1.712 horas, lo que equivale a 38 horas semanales. Además, se incluye un artículo sobre la regulación de los fijos-discontinuos para adecuar el convenio a la reforma laboral y evitar la contratación a tiempo parcial.

Ambos sindicatos insisten en que aún se está a tiempo negociar e incluir algunas de estas propuestas en vez de imponer unas condiciones precarias valiéndose de la mayor fuerza sindical. CCOO y CTA también representan a los trabajadores y trabajadoras del sector y sus propuestas deberían ser tenidas en cuenta, máxime, si no implican coste para las empresas.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba denuncia la falta de pago y los retrasos continuados en el abono de los salarios de los 21 trabajadores y trabajadoras de Cipostal. Según el sindicato, hace meses que la plantilla viene sufriendo incumplimientos del convenio colectivo y la situación se está haciendo insostenible para los empleados y empleadas, que han tratado de llegar a una solución dialogada sin éxito.

La mencionada federación lleva meses tratando de solucionar el conflicto con la empresa y regularizar esta situación con buena fé pero la empresa, lejos de resolver la situación, ha optado por vulnerar los derechos de las personas trabajadoras de forma cada vez más continuada.

En este sentido, y ante la actitud de la empresa, CCOO anuncia que planteará un conflicto colectivo contra la misma en los próximos días para tratar de poner fin a esta situación, que está generando un gran malestar entre la plantilla que, además de sufrir los retrasos y la falta de pago continuados en los abonos de los salarios, también están a la esperan de regularizar las nóminas conforme a la subida salarial pactada en el convenio.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía remarca que, los trabajadores y trabajadoras tienen cada vez mayor volumen de trabajo y cada vez más servicios que atender con una plantilla limitada para desarrollar sus funciones con normalidad.

Representantes de las Federaciones de Industria de CCOO tanto Estatal como de Andalucía, acompañados por el secretario General del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, han mantenido un encuentro con la Dirección de Deóleo Global SAU en el que le han transmitido la preocupación de las personas trabajadoras de los centros de trabajo de Alcolea (Córdoba) y Rivas Vaciamadrid (Madrid) sobre el futuro de la empresa a raíz de las informaciones aparecidas en prensa sobre una posible salida controlada del grupo CVC Fondo de Inversión que, según lo publicado, podría estar buscando inversor industrial.

El responsable del sector del Aceite de CCOO en Andalucía, Clemente Revuelta, señala que “la Dirección de Deóleo nos asegura que no hay nada y que las noticias aparecidas en la prensa son solo rumores y ruido. Nos dicen que la compañía va muy bien, pese a todos los obstáculos que les han ido surgiendo y que salen con un notable de la inflación, la guerra de Ucrania, la pandemia, los aranceles de EEUU, la subida de precios y la sequía con la caída de la campaña de aceite. Además, remarcan que han firmado los convenios colectivos de dos centros de trabajo muy por encima de los sectoriales”.

“Si la venta no es real, queremos que la compañía emita un comunicado público desmintiendo esos supuestos rumores y ruido”, apuntó Revuelta quien remarca que “es extraño que, si realmente no hay pretensiones de vender, la empresa no haya salido ya a desmentir esas informaciones y a tranquilizar a las plantillas sobre el futuro de la compañía”.

En este sentido, CCOO considera que todas las señales apuntan a que hay un proceso de venta en marcha. “La empresa no desmiente e incluso han aparecido noticias de posibles compradores, y la experiencia nos dice que cuando el río suena, agua lleva”.

Los responsables sindicales han recordado a la Dirección de la envasadora que “somos el sindicato mayoritario en el grupo, con 13 delegados y delegadas y que hemos tratado y negociado, por desgracia, muchas situaciones difíciles que ha atravesado la compañía y por eso esto no nos pilla de nuevas y estamos preparados para cualquier situación que nos venga, la cual abordaremos como siempre, lo mejor posible”, subraya Revuelta quien recuerda que “como sindicato mayoritario en la firma, CCOO tiene la responsabilidad de velar por los intereses de la plantilla y va a poner toda su experiencia, su estructura y su fuerza en la defensa de los derechos de las personas trabajadoras de las dos plantas de Deóleo”.

CCOO considera que, en la fiesta de la democracia de nuestro país, el derecho al voto, expresión tangible de la misma, es un derecho fundamental de la ciudadanía en un estado democrático, derecho que hay que garantizar por encima de cualquier consideración.

Para Eva Lara Puentes, secretaria de CCOO-Correos de Córdoba, “en un contexto de la importancia del actual unas elecciones generales decisivas para nuestro país, en el que solo cabe el llamamiento a la ciudadanía para que acuda a votar masivamente, todas las instituciones tienen que respaldar ese llamamiento, la primera el Gobierno de este país, que se muestra sorprendentemente tibio a este respecto, con unos niveles de información e impulso institucional del voto por correo inusualmente bajo”.

CCOO, sindicato mayoritario del correo público de este país, considera un grave error realizar una huelga que pondría en serias dificultades el derecho constitucional de voto e iría seriamente en sentido contrario a nuestra vocación de representantes de un servicio público que pertenece a la ciudadanía y que tiene como objetivo esencial, entre otros, garantizar su derecho democrático a ejercer el voto a los millones de ciudadanos/as que ejercerán el voto por correo en estos comicios.

La convocatoria de elecciones generales en pleno verano, que dificulta extremadamente el voto presencial de las y los ciudadanos, conllevará que haya entre 2 y 3 millones de votos por correo que los 47.000 trabajadores y trabajadoras del correo público gestionarán con la profesionalidad, dignidad y vocación de servicio público con que lo han hecho en los 14 procesos electorales que se han realizado desde 1978 en este país.

Por eso, están exigiendo al Gobierno que no mire para otro lado, como lo está haciendo, sino que ejerza la responsabilidad que la ciudadanía espera de él, llamando al voto por correo, haciendo las campañas mediáticas necesarias y desplegando todos los medios para que el correo público ejerza su mandato constitucional de desarrollar con garantías el proceso electoral.

Así, CCOO sigue exigiendo, al menos, 12.000 contratos de refuerzo, un incremento de las compensaciones a los trabajadores, aumentando las ridículas cuantías destinadas actualmente (121 euros por toda la campaña), y que amplíe con personal voluntario la atención al público y el reparto, con aumento de las franjas horarias de atención, incrementando los módulos y las horas extras. También pedimos que cuide a la plantilla contra el previsible calor de julio con las medidas necesarias y que respete los derechos de los trabajadores/as, entre ellos, sus vacaciones. CCOO insiste en que el Gobierno esté a la altura, porque invertir en democracia -más recursos para las elecciones generales- no puede considerarse un coste, como está transmitiendo, sino un valor fundamental de credibilidad ante la ciudadanía.

De tener un solo representante, CCOO ha pasado a tener la mayoría absoluta en Peninsular del Latón, una de las empresas del sector del metal más emblemáticas de la provincia, con lo que el sindicato sigue afianzando su posición de liderazgo entre las grandes empresas del sector en la provincia. En las elecciones celebradas ayer, CCOO logró 3 de los 5 representantes que se elegían, siendo los otros dos para UGT, que de tener 4 se quedaba en la mitad, con solo 2.

El secretario General del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, ha agradecido a la plantilla la confianza depositada en la candidatura de CCOO. “Para el sindicato y los 3 delegados elegidos, el apoyo recibido por la plantilla viene a avalar la acción sindical desarrollada en los últimos años en defensa de los derechos y los intereses del personal a pesar de no haber tenido la mayoría”, dijo el responsable sindical.

En este sentido, Jiménez remarcó que “para CCOO, la victoria conseguida en Peninsular del Latón es también un enorme compromiso porque hay muchas tareas pendientes que acometer y muchas cuestiones que negociar y sobre las que ir avanzando para igualar las condiciones laborales de la empresa a las que ya hemos logrado en otras firmas punteras en las que CCOO es el sindicato mayoritario”.

En este sentido, el responsable de Industria de CCOO apuntó que “

“CCOO ha demostrado que por medio del diálogo y la negociación se pueden mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras sin que ello suponga ningún perjuicio para las empresas, sino más bien al contrario, dotándolas de un marco de convivencia que permite garantizar un futuro de crecimiento y desarrollo beneficioso para todos”, apostilló Agustín Jiménez.    

El Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba ha mostrado su decepción por que la Asamblea de Cruz Roja en Córdoba en vez de acatar la sentencia del Juzgado de los Social Nº 4 sobre el conflicto por la aplicación del Convenio Sectorial de Acción e Intervención Social ha optado por recurrir el fallo judicial y, por tanto, seguir sin aplicar el mencionado convenio en los aspectos que mejoren el de empresa.

Cabe recordar que el Juzgado estimó parcialmente la demanda sobre conflicto colectivo interpuesta por CCOO –sindicato mayoritario en la Asamblea de Córdoba- y UGT frente a Cruz Roja Española, y declaró que “independientemente de las mejoras que puedan introducirse en el Convenio de centro de trabajo, deben respetarse como mínimo de derecho necesario las condiciones salariales (estructura y cuantía) y de trabajo recogidas en el Convenio Colectivo Sectorial de Acción e Intervención Social”.

El de Córdoba no es el único centro que ha llevado a los tribunales la cuestión de la aplicación del convenio ni esta era la primera sentencia favorable a los trabajadores y trabajadoras, pero como ya ha ocurrido en otras provincias, la Asamblea de Cruz Roja en Córdoba, aunque anunció que cumpliría la sentencia, ha optado finalmente por recurrirla.

Por ello, los trabajadores y trabajadoras de la ONG han decidido retomar las movilizaciones para exigir la aplicación del convenio que el juzgado reconoció que se les debe aplicar. Así, el próximo día 17 de junio se concentrarán en el Bulevar del Gran Capitán.

Asimismo, muchos trabajadores y trabajadoras han optado por interponer demandas individuales de reclamación de cantidad, mientras que a nivel estatal, ambos sindicatos interpondrán conflicto colectivo en la Audiencia Nacional contra la entidad por considerar que está vulnerando el Estatuto Básico de la Persona Trabajadora en lo que aplicación de la norma de mayor rango se refiere.

El Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba ha celebrado hoy una asamblea de delegados y delegadas del sector del metal en la que ha expuesto la situación de la negociación del convenio colectivo y en la que ha propuesto rebajar algunas de las pretensiones iniciales con el objetivo de lograr un consenso que permita firmar un convenio positivo para todas las partes.

No obstante, el secretario General del mencionado sindicato de Industria, Agustín Jiménez, ha dejado claro que “hay algunas líneas rojas que no estamos dispuestos a sobrepasar, como la eliminación de la antigüedad, como ya ha hecho UGT en algunas empresas en donde es mayoría y que vende como una mejora pero que en realidad va a suponer una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores y trabajadoras del sector a medio y largo plazo”.

Junto a esta, CCOO quiere que se mejore el pago de la turnicidad y se equipare al que el sindicato ya ha firmado en las principales empresas del sector como Carrier o Efficold, en donde es mayoritario, y rechaza la creación de dos categorías “low cost” por debajo de la de peón –que es la inferior- que la patronal pretende crear ex profeso para la joyería y la iluminación y que UGT estaría dispuesta a aceptar, lo que precarizaría aun más las condiciones laborales en un sector que en los últimos años no ha hecho sino eliminar derechos laborales.

Las últimas declaraciones públicas de UGT, en las que se limitan a atacar a este sindicato sin explicar abiertamente las paúperrimas condiciones laborales que están dispuestos a firmar y en las que se arrogan como logros normativas laborales de obligado cumplimiento, como el inicio de los permisos retribuidos en el primer día laborable, nos hacen temer que la patronal y UGT ya han acordado un convenio a la baja con pérdida de derechos que CCOO, desde luego, no va a firmar si toca las líneas rojas antes mencionadas”, remarca Jiménez.

CCOO propone extender la jornada intesiva todo el año, y obligatoria en verano, y está dispuesta a que se pueda mantener la jornada partida en aquellos departamentos o secciones de la empresa habilitados conforme a las previsiones del RD 486/1997 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo e incluso está dispuesta a modificar la distribución irregular de la jornada pero “no vamos a avalar cuestiones que son lesivas para los intereses de las personas que trabajan en el sector”, aseguró el responsable sindical.

“O mucho nos equivocamos o UGT está lanzando humo para ocultar que está en sintonía con las propuestas de la patronal y echar la culpa a CCOO de un convenio que, en los términos que propone la parte empresarial, precarizará el sector y supondrá un importante retroceso en derechos”, dijo el secretario General de Industria de CCOO de Córdoba quien insistió en que “CCOO siempre está dispuesta a negociar y a llegar a acuerdos, porque creemos que el diálogo es la mejor manera de avanzar y de ganar todos y por eso estamos dispuestos a rebajar nuestras pretensiones y a asumir propuestas de las otras partes, pero lo que no estamos dispuestos a asumir es un convenio que destruya en vez de construir y, desde luego, vamos a defender los derechos que tanto esfuerzo ha costado lograr porque esa es nuestra obligación y la confianza que han depositado en el sindicato los trabajadores y trabajadoras”.

Los sindicatos de la Administración de Justicia continúan con la huelga indefinida del personal de las categorías generales y especiales, que suponen el 93% de la plantilla de la Administración de Justicia y que hoy hecho visible con una caravana de coches que ha rodeado la Ciudad de la Justicia de Córdoba primero, y que ha transitado por las principales vías de la capital cordobesa después para hacer llegar a la ciudadanía un conflicto que se alarga desde el pasado abril.

Tras concentrarse ante la sede del PSOE y enviar sendas cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta Yolanda Díaz y al Ministerio de Justicia exigiendo la urgente e inmediata convocatoria para negociar las demandas de los trabajadores y trabajadoras, finalmente, el pasado viernes la ministra Pilar Llop convocó al comité de huelga a una reunión mañana martes.

No obstante, los sindicatos decidieron mantener la movilización prevista para hoy aunque confían en que el Ministerio deje de actuar de forma irresponsable y abandone de una vez por todas su actitud chulesca y de desprecio no solo a los 45.000 funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia de cuerpos generales y especiales, sino al propio servicio público que ya está colapsado y en un auténtico abismo del que no saldrá en años.

En este sentido, el delegado de CCOO en la Administración de Justicia José Carlos Alba remarcó que “la ministra tiene mañana una ocasión excepcional para dar un paso hacia la resolución de un conflicto que va a tener un enorme coste no solo para las personas trabajadoras sino también, y por desgracia, para la ciudadanía”.

Por ello, el comité de huelga exige al Ministerio que vaya a la reunión con una propuesta económica que satisfaga las demandas de los miles de trabajadores y trabajadoras que llevan más de mes y medio reclamando el reconocimiento al trabajo que desempeñan todos los días en los juzgados, tribunales y fiscalías, abandonando con ello la actitud clasista que viene demostrando desde hace meses.

Tras la paralización de la LOEO, es el momento de alcanzar el resto de objetivos planteados en las movilizaciones. Si el Ministerio se niega a asumir nuestras justas reivindicaciones, el conflicto se agravará y las movilizaciones, tal como se anunció, se intensificarán.

Los sindicatos de la Administración de Justicia continúan con la huelga indefinida del personal de las categorías generales y especiales, que suponen el 93% de la plantilla de la Administración de Justicia y que hoy han trasladado la protesta a la sede del PSOE en Córdoba, como partido del Gobierno.

El comité de huelga dirigió ayer sendas cartas al presidente del Gobierno aún en activo y a la ministra de Justicia para exigirles, al primero, que intervenga en el conflicto y, a la segunda, que se siente a negociar a pesar de la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio. Igualmente, los sindicatos se dirigieron a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como representante de la otra parte del Gobierno de coalición, para solicitarle su intermediación en el conflicto.

En este sentido, el delegado de CCOO en la Administración de Justicia José Carlos Alba explica que, “aunque con la disolución de las cortes se paraliza la tramitación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), cuya paralización es una de las reivindicaciones fundamentales del colectivo, aún queda la cuestión de la definición de las funciones y atribuciones que les corresponden a los trabajadores y trabajadoras. Y esta es una cuestión que aún estando el Gobierno en funciones se puede seguir negociando”.

No solo es que no existen impedimientos legales para negociar sino que, de hecho, hay precedentes de acuerdos firmados con gobiernos semanas antes de unas elecciones, en 2008 y en 2018. Por ello, los sindicatos reclaman al Ministerio que no use el anuncio de elecciones generales como excusa para no acometer una negociación que es justa.

“De la misma manera que se ha llegado a un acuerdo con fiscales y jueces queremos llegar a un acuerdo con quienes sacan adelante la mayor parte del trabajo de la Administración de Justicia”, señaló el responsable de CCOO quien apunta que ayer “había unas 3.000 demandas sin repartir entre los juzgados de Civil y Social, con independencia del Registro Civil y otras actuaciones que se están llevando en el resto de los juzgados”.

Ante las declaraciones de la ministra Pilar Llop sobre la vinculación de las subidas salariales a la LOEO, que ahora está paralizada por la disolución de las Cortes, las organizaciones sindicales entienden que si puede cumplir lo pactado con jueces, fiscales y letrados puede consensuar una subida justa para las categorías generales al margen de la Ley de Eficiencia.

En cualquier caso, los sindicatos del comité de huelga descartan abandonar las movilizaciones que se iniciaron en abril.