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CCOO y UGT, sindicatos mayoritarios en Correos con más del 70% de representación, denuncian que el colectivo de trabajadores/as del servicio postal no está incluido dentro de la estrategia de vacunación contra el covid-19 del Gobierno, como colectivo prestador de un servicio público esencial.

En dicha estrategia se establece el orden en el que los grupos de población podrán acceder a la vacunación, y además se han ido incluyendo los colectivos que también están siendo vacunados al estimar que su actividad laboral es una función esencial para la sociedad. Se incluyen todas las personas con trabajos relacionados con el ámbito sanitario y hospitalario, tengan o no contacto con el público, Residencias y Centros Penitenciarios, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, incluidas las policías autonómicas y locales; el personal de emergencias, bomberos o protección civil, las Fuerzas Armadas y los docentes de infantil, primaria, secundaria y los de educación especial, incluyendo a otros profesionales que atienden al alumnado.

Ambos sindicatos entienden que es imprescindible hacer un orden de prioridad en el acceso a la vacunación, pero denuncian que el personal de Correos no esté incluido en esa previsión, a pesar de ser mayoritariamente un colectivo laboral que presta un servicio público en contacto directo con la ciudadanía, a la altura de los colectivos mencionados.

Con independencia de que el Gobierno deba establecer las prioridades, para estas organizaciones sindicales cabe preguntarse porque para el Gobierno el servicio postal, y sus más de 55.000 trabajadores/as, parecen no ser esenciales para la sociedad. En un tema tan delicado quieren evitar caer en demagogias, porque son muchos los colectivos laborales que con similares argumentos piden al Gobierno -a través de sus patronales- ser los próximos en poder acceder a la vacuna en función de su actividad: trabajadores/as de supermercados, taxistas, camareros, etc.

Los trabajadores/as de Correos recoge hoy los frutos envenenados de las acciones de su presidente. Porque cuando lo que se vende durante casi tres años es la transformación de Correos en una eficiente y moderna empresa paquetera “sin nombre”, abandonando la carta, el servicio rural y primando el valor del negocio frente al del servicio público a la ciudadanía, no es de extrañar que el Gobierno y la sociedad, engañado/a por un presidente que utiliza Correos para su proyección personal, nos vean solamente como una empresa paquetera más. La estrategia de desguace y reconversión del modelo de servicio público postal, en el que la filial Correos Express coloniza la empresa matriz derivando actividad, carga de trabajo y empleo para que lo desempeñen trabajadores autónomos, es una responsabilidad directa de Serrano, y como vemos tiene consecuencias que van más allá del plano laboral.

CCOO y UGT exigen que, más allá de supuestas cartas al Ministerio, Serrano realice personalmente un posicionamiento público expreso (utilizando ese carísimo altavoz mediático que le sirve para autobombo) en el que pida la inclusión del colectivo de Correos en la estrategia de vacunación de Colectivos Esenciales. Lo son por razones sociales (vertebran territorio y sociedad) y también sanitarias (¿hay más primera línea que decenas de miles de personas contactando con millones de ciudadanos/as a diario?). Sería un primer paso por su parte para poner en valor el servicio público postal, y el trabajo de las más de 55.000 personas que lo realizan todos los días.

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El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba pide a la Junta de Andalucía que contrate a las monitoras escolares que actualmente se encuentran contratadas a tiempo parcial a jornada completa para poder atender adecuadamente los trámites del periodo de escolarización en curso.

El secretario General de este sindicato, Manuel Serrano, recuerda que las monitoras escolares realizan labores administrativas, entre ellas, las de matriculación, traslados de expedientes, etc., y que de las 426 que se encuentran contratadas a tiempo parcial en Andalucía -74 de ellas en Córdoba-, 411 atienden a dos centros. “Atender a dos centros significa doblar la carga de trabajo y al final, las monitoras, por tal de dejar hecho el trabajo y atender las necesidades de la comunidad escolar terminan prestando horas extra gratuitas. La Junta se aprovecha de la profesionalidad de estas trabajadoras para no dotar a los centros escolares de una monitora a tiempo completo, que es lo que se necesita”, critica.

Las monitoras escolares –el 80% de ellas son mujeres- trabajan 8, 12, 16 o 20 horas a la semana, unas horas claramente insuficientes para cubrir las necesidades de los centros escolares, más aún, en periodos de gran carga de trabajo como el actual de matriculación. “Las monitoras van a gestionar en las próximas semanas miles de expedientes y eso supone una enorme sobrecarga laboral con las consecuencias negativas que todos conocemos: ansiedad, estrés, sobrecarga muscular, etc.”, remarcó el responsable sindical.

A esta sobrecarga se une que, en algunos institutos de Educación Secundaria (IES), la falta de cobertura de vacantes de personal administrativo sea cubierta por estas profesionales, que asumen no solo sus funciones sino la del puesto vacante.

Por ello, CCOO vuelve a exigir a la Junta de Andalucía que amplíe los contratos de estas monitoras a tiempo completo, para dar el servicio de calidad que se merecen las familias y el profesorado de los centros de educación públicos.

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La iniciativa busca concienciar acerca de estos problemas, informando y ofreciendo consejos en la planificación del embarazo para incidir en la prevención

La Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir -encargada de la gestión de ocho centros hospitalarios repartidos entre las provincias de Córdoba y Jaén -los hospitales comarcales de Montilla y Andújar y los de Alta Resolución de Puente Genil, Valle del Guadiato, Sierra de Segura, Alcaudete, Alcalá la Real y Sierra de Cazorla- se suma por sexto año consecutivo a la campaña mundial en redes sociales para dar visibilidad a los defectos congénitos, aprovechando la celebración, el miércoles 3 de marzo, del Día Mundial de este problema de salud.

La iniciativa busca concienciar a la población general sobre la existencia de este tipo de afecciones, informando acerca de su prevalencia y repercusiones, así como incidiendo en la importancia de la prevención, sobre todo mediante pautas de salud de cara a la planificación del embarazo aplicables a los dos miembros de la pareja. En este año 2021 hay registradas 191 organizaciones de todo el mundo, por lo que se espera conseguir una importante repercusión.

Para ello, la Agencia se ha sumado de nuevo a la campaña en redes sociales organizada en torno a este día mundial mediante Twitter. Concretamente, se ha dado soporte a la iniciativa a través del apartado ‘Info útil’ de la web (www.asag.es) y del perfil oficial de Twitter (@hospitalesAG), desde donde personas y organismos de

todo el mundo compartirán al unísono mensajes sobre los defectos congénitos el 3 de marzo. Los hashtags de la campaña en Twitter son #WorldBDDay #Muchosdefectos1voz y #DiaMundialDefectosCongenitos.

Igualmente, el próximo jueves 18 de marzo se va a celebrar una charla en formato online, dirigida a profesionales sanitarios, sobre ‘Defectos congénitos y oportunidades para la prevención’, a cargo de la pediatra del centro hospitalario montillano Francisca Luisa Gallardo, promotora de esta actividad en la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir. En ella se hablará sobre la frecuencia de los defectos congénitos, así como cuáles son los más frecuentes, sus consecuencias y las necesidades que se derivan de ellos, medidas preventivas y consejos que se pueden seguir antes y durante el embarazo para evitar algunos de estos problemas de salud en el feto, o cómo los trastornos del espectro alcohólico fetal son la principal causa de discapacidades prevenibles en el mundo.

Sobre los defectos congénitos

 

Los defectos congénitos afectan entre al 3 y al 6% de los recién nacidos, independientemente de su raza o lugar de nacimiento y constituyen una de las primeras causas de mortalidad neonatal. Los bebés con defectos congénitos que sobreviven pueden sufrir discapacidad y van a necesitar cuidados de salud que les ayuden a mejorar su calidad de vida y les permitan participar activamente en la sociedad.

Este tipo de problemas de salud están originados por causas genéticas y ambientales. Entre las principales causas ambientales se encuentran la exposición a tóxicos (alcohol, drogas, tabaco, fármacos) y factores infecciosos, entre otros.

Para prevenir los defectos congénitos, es muy importante planificar adecuadamente el embarazo evitando o abandonando con previa antelación el consumo de productos tóxicos como alcohol, drogas y tabaco, así como la automedicación. En este sentido, Gallardo señala que “el alcohol es la principal causa no genética de retraso mental y que no existe ninguna cantidad de alcohol que sea ‘segura’ durante el embarazo”.

Además, es recomendable iniciar la suplementación de ácido fólico al menos tres meses antes de abandonar el método anticonceptivo. Los suplementos de ácido fólico han demostrado disminuir el riesgo en el recién nacido de espina bífida y otros defectos del tubo neural. “La dosis recomendada para la población general es de 400 mcg/día (0,4 mg). Conviene subrayar que las mismas recomendaciones acerca de tomar suplementos preconcepcionales de ácido fólico y evitar sustancias tóxicas o nocivas para la salud se aplican también a los varones, ya que ellos aportan la mitad de la carga genética del cigoto. Esta sencilla pauta reduce de manera muy significativa la aparición de algunos de los defectos congénitos más frecuentes en los bebés, como la espina bífida y otros defectos del sistema nervioso central, así como algunos casos de cardiopatías congénitas o labio leporino”, apunta Gallardo.

Asimismo, las madres que tengan algún problema de salud tendrán que ponerse en contacto con su médico para determinar cuál es el mejor momento para el embarazo y si se precisa hacer algún ajuste en su medicación.

Otras actividades

El Hospital de Montilla participa, desde enero de 2005, en el Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas (ECEMC), un Programa de investigación clínica y epidemiológica que estudia los defectos congénitos del desarrollo humano.

Se trata de un estudio retrospectivo que vigila la frecuencia de los distintos defectos congénitos e investiga los factores de riesgo genéticos y ambientales implicados en su origen.

Precisamente por su implicación en la prevención de los defectos congénitos, las entidades organizadoras del Día Mundial concedieron a la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir la distinción “Platinum Partner” en 2019, como reconocimiento a la especial implicación de esta organización sanitaria en la celebración de esta efeméride.

En el Hospital de Montilla, entre los años 2005 y 2019, se han registrado un total de 7.576 recién nacidos vivos. De ellos, 181 han presentado alguna malformación congénita, lo que supone un 2,4% del total de recién nacidos vivos de nuestro hospital en ese periodo.

El ECEMC está compuesto por dos grupos básicos: el Grupo Periférico y el Grupo Coordinador. El Grupo Periférico, integrado actualmente por más de 400 médicos que trabajan en hospitales con maternidad de toda España, entre ellos el de Montilla, controla unos 100.000 nacimientos anuales, lo que supone entre el 18 y 20% de los recién nacidos españoles. El Grupo Coordinador es multidisciplinario y está integrado por especialistas en Genética, Dismorfología, Teratología, Epidemiología y Bioestadística.

Para más información, el ECEMC pone a disposición de la ciudadanía la web: http://www.fundacion1000.es/para-que-nazca-sano. Este grupo ofrece también la posibilidad de realizar consultas telefónicas sobre exposición a teratógenos a través del Servicio de Información Telefónica para la Embarazada en el teléfono 91 822 24 36.

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“Mientras sigamos dependiendo fundamentalmente del sector agrícola y del sector servicios, el empleo en la provincia de Córdoba va a seguir siendo hipervulnerable a las crisis que se vayan produciendo porque tienen poca capacidad de reacción”, ha señalado el secretario de Empleo de CCOO de Córdoba, Manuel Merino, tras conocer los datos del paro de febrero, que arrojan una subida del desempleo en la provincia en 1.754 personas, con lo que Córdoba suma 83.265 personas en situación de desempleo.

Merino ha lamentado esta subida que, sin embargo, “era esperada” debido al mantenimiento de las restricciones que afectan al sector hostelero y a que las campañas de la aceituna y los cítricos van tocando a su fin. Precisamente ha sido la agricultura, con 1.317 personas más paradas, la que ha tirado de la subida del desempleo en febrero. “La subida del paro agrícola ha sido muy importante y sin embargo este sector ha copado la contratación en febrero con 26.516 de los 41.196 contratos registrados, es decir, el 64,36%”, apunta el responsable sindical quien remarca que esta dependencia de un sector en el que la contratación es estacional y temporal “nos hace muy vulnerables a los vaivenes económicos”.

La dependencia del sector agrícola y del sector servicios, que acapara a 51.171 de las 83.265 personas desempleadas en la provincia, es decir, al 61,45%, se ve agravada por la altísima tasa de temporalidad. “En los dos primeros meses del año la tasa de temporalidad se ha situado en el 97,07%. Con estas cifras de temporalidad es imposible que las familias hagan planes a medio y largo plazo. La temporalidad está restringiendo el consumo interno y con ello reduciendo las posibilidades de crecimiento de las empresas locales, lo que unido a los bajos sueldos hace el cóctel perfecto para que Córdoba se quede estancada”, remarcó Merino.

En este sentido, Manuel Merino insiste en que “en estos momentos hay que sentar las bases de la recuperación económica, para que cuando las restricciones que afectan a los sectores productivos se vayan eliminando Córdoba esté en disposición de despegar y no lo estamos haciendo”.

Por otra parte, un mes más, CCOO denuncia la situación de la mujer en el mercado laboral. Aunque la mayoría de las personas que han ido al paro en febrero eran hombres, las mujeres son el 59,33% de las personas desempleadas en la provincia, una cifra que no ha dejado de crecer en el último año. Y, sin embargo, “no vemos a las administraciones preocupadas por esta situación, ni vemos planes de empleo destinados al sector femenino de la población, ni medidas que promuevan la contratación y el mantenimiento del empleo femenino. Ni siquiera se está controlando la aplicación de los Planes de Igualdad en las empresas y eso que son obligatorios”, lamenta Merino.

Así mismo, el responsable de Empleo volvió a reclamar protección para las personas desempleadas, especialmente, para las que no reciben ninguna prestación. “De las más de 83.000 personas en paro, 18.000 no cobran ninguna prestación y esto las coloca en una situación de gran vulnerabilidad que hay que atender”, apostilló.

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Más de 450 personas se han sumado a la VII Carrera Solidaria que este año está bajo el lema ‘Por la investigación en la salud humana’ se ha celebrado de forma virtual con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras.

La Red de Madres y Padres Solidarios (ReMPS), en colaboración con las organizaciones miembros de la Unión Profesional Sanitaria Cordobesa (Upsaco) –Médicos, Dentistas, Enfermería, Farmacia y Veterinaria-, han vuelto a correr ‘Por la investigación en la salud humana’ por las barriadas y distritos de Córdoba como Villarrubia con un gran apoyo en esta barriada con la finalidad de hacer visibles las enfermedades raras y llamar la atención sobre las dificultades que asumen, más en estos días de pandemia, y el apoyo que necesitan las asociaciones dedicadas a estas patologías, que han tenido que multiplicar sus esfuerzos en servicios, asistiendo en cosas tan básicas como bajar la basura o hacerle la compra a un usuario.

Los corredores han subido fotos a la página web de la asociación para poner de manifiesto su apoyo a las enfermedades raras coincidiendo con el Día Mundial de las Enfermedades Raras que en Córdoba afectan a unas 54.966 personas, cifra que alcanza el medio millón en Andalucía y los 3,5 millones de personas en España y más de 36 millones de Europeos.

Como en ediciones anteriores ha habido dos equipos, el amarillo –conformado por enfermos, familiares y voluntarios- y el azul –el de la Unión Profesional Sanitaria Cordobesa (Upsaco)- que han unido fuerzas para recaudar fondos que irán destinados, como siempre, íntegramente a investigación en salud humana.

El presidente de la ReMPS, Francisco Ureña, señala que “la situación de las personas que sufren una enfermedad rara y sus familias se ha deteriorado mucho con la pandemia. Muchos han dejado de recibir atención sanitaria, rehabilitación o servicios sociales que para estos enfermos y sus familias son fundamentales”.

Por ello, Ureña remarca que “ha llegado el momento de alzar la voz con esta pandemia y que nadie nos deje atrás, que seamos un colectivo prioritario, necesitamos una financiación estable, hemos demostrado nuestra valía en estos momentos cuando todo el sistema sanitario se ha apagado para las personas con enfermedades raras, jugando muchísimo más en contra, hemos tenido un retroceso a nivel educacional y social. Se nos anularon nuestras terapias, se han cancelado consultas médicas y  tratamientos, causando un empeoramiento en el paciente,  a nivel educativo las familias nos transmiten abandono y soledad. Sólo han quedado las asociaciones que nos dedicamos al cuidado de estos cordobeses los que han quedado para ayudar, todos los esfuerzos están siendo para el Covid-19, otros proyectos están siendo eliminados o ralentizados. La pandemia ha puesto a ReMPS al límite”.

En este sentido, Ureña apunta que “la asociación recibe a diario solicitudes de ayuda fisioterapéutica por parte de enfermos y personas que han pasado el covid-19 a las que les han quedado secuelas que ya no saben a dónde acudir y que se sienten desamparados por las distintas administraciones”.

“La gran mayoría de las más de 7.000 enfermedades catalogadas como raras hasta el momento no tienen tratamiento ni cura, de ahí la importancia de la investigación que precisamente ahora hemos visto que es fundamental para luchar contra las enfermedades. Sólo el 5% de las personas con enfermedades raras tienen un medicamento huérfano y de ellos no les llega a todos ya que además de nuestro código genético también nos limita nuestro código postal”, remarca el presidente de la ReMPS quien lamenta que “la pandemia del covid-19 haya relegado a las personas que sufren una enfermedad rara al olvido”.

No hay que olvidar que el 80% de estos enfermos son menores y “queremos un futuro para ellos, y el futuro pasa por encontrar tratamientos y curas para sus enfermedades y para eso se necesita investigación y concienciación por parte de toda la sociedad”, apostilló Francisco Ureña.

 

 

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La Sección Sindical de CCOO en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (CPPEI) de Córdoba ha mostrado su satisfacción por la renovación del acuerdo entre Endesa y el CPPEI, una renovación que ha contado con la mediación del sindicato, que explica que desde el 2015 se vienen realizando visitas anuales a diversas instalaciones eléctricas, como subestaciones y centros de distribución en las que reciben explicaciones e instrucciones por parte del personal de la compañía eléctrica para una mejor actuación en el caso de que sea necesaria una intervención de los bomberos en las mismas.

El Consorcio ha dotado sus once sus parques de bomberos con los equipos y materiales dieléctricos que se emplean en actuaciones con presencia de riesgos eléctricos, un material que CCOO, sindicato mayoritario en el CPPEI, venía reclamando desde hace años.

Merced al nuevo acuerdo, a las actividades formativas desarrolladas hasta el momento se sumarán simulacros de actuación partiendo de las diversas situaciones de riesgo o accidentes que puedan acontecer en las subestaciones más próximas a cada uno de los parques del CPPEI.

Sin descartar la posibilidad de ampliar el compromiso mantenido por los representantes de ambas corporaciones, se estudia la viabilidad de elaborar un convenio de colaboración en el que se puedan establecer parámetros de coordinación, protocolos de actuación, procedimientos, reuniones de seguimiento, etc., todo ello con el objetivo de mejorar las actuaciones en las que hay riesgos eléctricos.

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Carrier (antigua Ciatesa) y el comité de empresa, que preside CCOO, acaban de firmar el nuevo convenio colectivo de la firma de frío industrial para los próximos tres años (2020-2022), un convenio que contempla una subida salarial de 2,55% euros consolidable más un 1% en conceptos no consolidables. Así, la subida global en los tres años será de al menos un 3,55% ya que la de 2022 estará en función del IPC. En concreto, la subida para este año, con efecto retroactivo desde enero, será de un 1,25% más un 0,25%, la de 2021 queda en un 1,30% más un 0,25% y la de 2022 será del IPC (si fuera negativo se tomaría como 0) más un 0,50%.

El representante del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba José Carmona remarca que “con este convenio se ha querido dar estabilidad a la empresa al tiempo que se garantiza el mantenimiento del empleo y es un reflejo del trabajo que CCOO viene haciendo en las grandes empresas del sector como Efficold o Coreco para conjugar los intereses empresariales con la rentabilidad social”. De hecho, este modelo, basado en la negociación, el diálogo y el equilibrio entre empresa y plantilla es el que CCOO quiere trasladar a otras empresas industriales.

“Estamos convencidos, porque así nos lo demuestra la experiencia, que se puede llegar a acuerdos que son beneficiosos para ambas partes y que generan empleo de calidad, empleo estable, con buenas condiciones laborales, al mismo tiempo que se genera un ambiente laboral que repercute en mayor productividad y beneficios para la empresa”, remarca José Carmona.

El representante sindical explica que el convenio avanza también en aspectos sociales y sindicales. Entre estas mejoras se ha regulado el sistema de promoción interna, que se llevará a cabo cada dos años. “Para ello, se ha creado una mesa de contratación y ascensos, en la que estará presente el comité de empresa”, señala.

Por otra parte, el convenio contempla la posibilidad de aumentar la flexibilidad de la plantilla cuando haya baja carga de trabajo. “Se podrá reducir la jornada de trabajo con compensaciones para adaptarla a la producción de cada momento”, indica Carmona quien recuerda que la montillana tiene unos 350 trabajadores y trabajadoras y que llegan al medio millar en picos de actividad.

Junto a lo anterior, el nuevo convenio también incluye la negociación del teletrabajo en la empresa así como la confección del Plan de Igualdad, que empezará a negociarse la próxima semana en una comisión creada ex profeso para ello.

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El Observatorio Cajamar del Sector Agroalimentario analiza las características y principales indicadores en cada comunidad autónoma, desde la evolución en el valor añadido, el empleo, las exportaciones, la productividad y la competitividad, hasta el consumo, el precio de la cesta de la compra o la inversión en I+D.

  • El sector agroalimentario de Andalucía ha sufrido un leve retroceso de sus exportaciones del 0,28 % en 2020, al verse claramente afectado por la crisis mundial del coronavirus. En contraste, el comportamiento exterior del sector a nivel nacional logró incrementar sus ventas un 4,3 %.
  • Este estancamiento de las exportaciones agroalimentarias andaluzas debemos considerarlo en un contexto de fuerte caída de la actividad comercial exterior, tanto en el conjunto del país, -10,2 %, como, algo más acusado, en la región, -12,4 %.
  • Según los datos del Observatorio de Cajamar, el sector agroalimentario, incluyendo la distribución, aportó 20.314 millones de euros en 2019 a la economía andaluza, el 13,5 % del valor añadido bruto (VAB), generando 520.905 puestos de trabajo, los cuales supusieron el 17 % del total en Andalucía. Estos datos confirman una peor evolución anual respecto a 2018 de ambas variables. En efecto, el VAB agro regional decreció el 1,6 % frente a un crecimiento del 0,5 % nacional, siendo la mejora del empleo a nivel estatal del 1,1 % frente al 0,3 % del mercado laboral andaluz.
  • Promovido y editado por Cajamar con la colaboración del Ivie, el informe sobre el sector agroalimentario ha sido dirigido por Joaquín Maudos y realizado en coautoría con Jimena Salamanca.

El sector agroalimentario andaluz es el de mayor tamaño de España. Con una participación del 13,5 % en el VAB regional (20.314 millones de euros), y un peso del 19,9 % en el total nacional (incluidos el sector primario, la industria alimentaria y la distribución). Adquiere especial protagonismo la componente primaria, que aporta el 51 % de dicho sector. Respecto al mercado laboral, la actividad agroalimentaria andaluza generó 520.905 empleos, lo cual supuso el 17 % de la ocupación total de la comunidad autónoma y el 21,6 % del empleo del sector agroalimentario ampliado de nuestro país.

Estas magnitudes registraron una evolución ligeramente negativa en 2019, tal y como se recoge en el Observatorio Cajamar sobre el sector agroalimentario, que ha elaborado el director adjunto del Ivie y catedrático de la Universidad de Valencia, Joaquín Maudos, en colaboración con la economista también del Instituto Jimena Salamanca. El peso del sector agroalimentario andaluz en el valor añadido bruto (VAB) decreció un 1,6 %, a la vez que el empleo experimentó un escaso avance del 0,3 %. Es decir, un peor comportamiento frente al conjunto del sector a nivel nacional, que registró un aumento del 0,5% en VAB y del 1,1% en empleo.

La comunidad andaluza es indiscutiblemente la principal productora de aceite de oliva de nuestro país, además de liderar también el ranking en las producciones de vegetales frescos y fruta fresca. La cifra de negocio exterior de productos agroalimentarios en 2019 se situó en 11.261 millones de euros y ocupa la primera posición en el conjunto de comunidades autónomas. No obstante, la llegada del COVID-19 ha frenado el impulso exportador, lo que se refleja en los datos de 2020, donde la actividad exterior del sector retrocedió apenas un 0,28 % frente al crecimiento del 4,3 % nacional. En este peor comportamiento de las exportaciones andaluzas ha tenido una gran incidencia la caída de las ventas de aceite de oliva al exterior, con un descenso del 5,5 %.  Además, esta pérdida de impulso de las exportaciones agroalimentarias regionales se encuentra dentro de un contexto de fuerte caída de la actividad comercial exterior el pasado año, tanto en el conjunto del país, -10,2 %, como, algo más acusado, en Andalucía, -12,4 %.

En 2019, Andalucía presentó un superávit comercial de 6.753 millones de euros, el mayor de todas las regiones españolas. Los principales clientes de los productos agroalimentarios andaluces han sido Alemania, Francia e Italia, que concentran el 16,1 %, 12,6 % y 11,2 % respectivamente de las ventas internacionales. Legumbres y hortalizas representaron el 28,7 % de los productos exportados.

 

Otros datos del Observatorio

El tejido empresarial del sector agroalimentario de Andalucía está integrado por 5.674 compañías y se caracteriza, como en la mayoría de las regiones españolas, por la predominancia de microempresas, que suponen el 61,2 % del total. Esta composición del sector agro andaluz contribuye a que su competitividad (medida en términos de costes laborales unitarios relativos) se sitúe un 16 % por encima de la media nacional. Además, si no tuviéramos en cuenta la distribución, el sector andaluz se convertiría en el segundo más competitivo, en concreto un 25 % por encima del conjunto del país.

En cuanto al gasto per cápita que realizan los hogares andaluces en alimentos en 2019, la cifra se situó en 1.317 euros por persona, un 12,6 % inferior a la media nacional. El peso de la cesta de la compra de los alimentos y bebidas se encuentra 1,3 puntos porcentuales por encima del conjunto del país (21,6 % frente a 20,3 %).

El sector agroalimentario andaluz es uno de los que más invierte en I+D. Se sitúa en segunda posición, con el 17,5 % del total de inversiones de España y el 17 % del personal que desarrolla esa I+D. Cataluña, Andalucía y Murcia lideran la innovación, ya que juntas suponen el 55,8% del total de la inversión en I+D del sector en España.

Crisis COVID-19 en el sector

La crisis de la Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia que ha tenido el sector agroalimentario español y su carácter de sector estratégico para garantizar el abastecimiento de productos alimenticios. Si bien no ha sido inmune a la crisis, el impacto ha sido mucho más reducido en el caso de la industria de los alimentos, aunque no así en la de bebidas.

Algunos datos para el conjunto del sector en España demuestran esa mejor situación durante la crisis. En primer lugar, el sector primario ha tenido un comportamiento global positivo, con una mejora del valor añadido bruto generado del 4,7 %. El índice de la cifra de negocio de la industria de la alimentación ha caído un -2% de enero a noviembre de 2020 respecto a los mismos once meses de 2019, lo que contrasta con una caída del -12,5% en el total de la industria española. No obstante, en el caso de la industria de las bebidas, la caída ha sido más acusada, del -15,5%. Por otro lado, el IPI (índice de producción industrial) en la alimentación ha caído en 2020 un -4,8%, muy por debajo de la caída del -10,3% del total de la industria. No obstante, de nuevo, en la fabricación de bebidas el impacto de la crisis ha sido acusada (-11,6%).

En el caso del comercio, el índice de la cifra de negocio ha aumentado en 2020 un 0,2% en alimentos, frente a una caída del -7,1% en el comercio en su conjunto. Por último, las exportaciones del sector han aumentado en 2020 un 4,3 %, frente a una caída del -10,2% en el total de bienes de la economía. Son por tanto cifras que hablan por sí solas y que muestran la resiliencia del sector.

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El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba muestra su preocupación y malestar por los efectos que el Decreto de escolarización de la Junta para el próximo curso está dejando en la red educativa pública cordobesa. Así se ha puesto de manifiesto en la reunión que han mantenido hoy delegados y delegadas sindicales para analizar el citado decreto.

Entre dichos efectos, el sindicato destaca el ataque continuo que vienen sufriendo los colegios públicos rurales de la provincia. El curso pasado el ataque significó el cierre de varias unidades y este año la Junta ha ido un paso más allá con el cierre total del colegio rural Quercus Azuel de Venta del Charco (Cardeña).

“Entendemos que el mantenimiento de este tipo de centros no solo presenta ventajas educativas. Su existencia además fija la población al territorio. La pérdida de un colegio, por tanto, es también un ataque directo a sus poblaciones condenándolas por la falta de futuro y empujando a sus habitantes a la migración”, señala el responsable de Educación Pública de CCOO de Córdoba Francisco Cobos quien critica las declaraciones de la Junta en las que afirma que “la reubicación del alumnado a otro colegio que cuente con especialistas de cada área y con una mayor dotación de recursos mejorará de forma significativa la calidad en la educación que se le ofrece al alumnado, así como la sociabilización del mismo”. Para CCOO, esta afirmación debe entenderse como un menosprecio a la enseñanza ofertada por los colegios rurales y a los y las docentes que con su trabajo frenan el avance de la llamada “España vaciada”.

Otro de los efectos del Decreto de escolarización es el cierre de líneas en centros públicos. Una de las primeras observaciones que se pueden hacer es que ignora el carácter subsidiario de la red educativa concertada con respecto a la pública. De hecho, las convierte en redes complementarias (si no ya antagónicas). “El modelo que propone este Decreto, en la práctica, condena a los centros públicos a ser los únicos en sufrir las fluctuaciones de matriculación. Ya que los conciertos educativos están blindados durante 4 años, mientras que los centros públicos renuevan año a año la existencia de sus unidades. Por tanto, el argumento de la bajada de la natalidad esconde una intencionalidad política clara de beneficio de la red concertada”, remarca Cobos.

Y es así como deben entenderse afirmaciones como la realizada por el consejero de Educación, Javier Imbroda, durante la inauguración del CEIP Turruñuelos en Córdoba el pasado día 22: “Cada curso se cierran unidades por el descenso notable de la natalidad”. “Lo que omite intencionadamente el señor Imbroda es que ese cierre solo afecta a los centros públicos”, puntualiza el responsable sindical.

Estos cierres son tantos que cuesta enumerar todos los centros con cierres de líneas tanto el año pasado como este (los dos años que lleva vigente este decreto). Podemos destacar este año el cierre del CEIP Lucano, que ha sucumbido a la presión del concierto blindado del colegio Cervantes. Ya el año pasado cerró el CEIP Moreno de Pedrajas, de Villanueva de Córdoba. Además, hay cierre de líneas (tanto el año pasado, como este) en centros como el CEIP Algafequi, CEIP Caballeros de Santiago, CEIP Hernán Ruiz, CEIP Concepción Arenal, CEIP Alcalde Jiménez Ruiz y en IES como Gran Capitán o Luis de Góngora, por citar solo unos ejemplos de la ciudad de Córdoba. Y por citar pueblos, están los casos de Nueva Carteya o Espejo.

Pero además del cierre de líneas, y hasta de centros, destaca la actitud de la Junta cuando se trata de “amenazar”. El último caso es el del CEIP Colón. La misma administración que comunica al centro el cierre de una línea de infantil, anuncia unos días después que se trataba solo de “una propuesta pendiente de revisión”. “No queremos ser mal pensados, pero son varios los casos en los que la Delegación de Educación rectifica su decisión después de que esta se hiciera pública y levantara protestas de toda la comunidad educativa, lo que nos hace pensar que la delegada de Educación en Córdoba, Inmaculada Troncoso, lanza globos sonda para ver hasta dónde puede llegar y luego poder decir ‘la cosa no ha sido tan mala’, pero sí lo es”, insiste Francisco Cobos  

Por último, “debemos acabar con la falacia de la ‘libertad de elección’. Este concepto es usado por algunas patronales de centros concertados para la imposición de un ideario. Imposición de un ideario financiado con dinero público. Desde el Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO Córdoba apostamos de manera firme y decidida por un modelo de gestión pública de los centros financiados con dinero público de la enseñanza y no toleraremos ni un recorte más en la enseñanza pública”, advierte el responsable sindical.

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La Policía Local de Villanueva de Córdoba se concentrará mañana miércoles, 24 de febrero, a partir de las 11.00 horas, ante las puertas del Ayuntamiento de la localidad ante la actitud del equipo de Gobierno municipal que sigue sin reconocer las condiciones especiales de trabajo de estos funcionarios en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

La plantilla de la Policía Local ya se concentró hace cuatro meses para exigir un incremento salarial acorde a las funciones que realizan, así como otras cuestiones como el pase a segunda actividad –denunciado ante la Justicia por algunos efectivos- pero visto que la alcaldesa, Dolores Sánchez, sigue dejando pasar el tiempo y, escondida detrás de la elaboración de la RPT, no da ninguna explicación a la representación sindical sobre los avances de dicha RPT, los funcionarios han decidido volver a concentrarse mañana.

CCOO recuerda que incluso el Defensor del Pueblo Andaluz ha tomado cartas en el asunto y se ha interesado por la tardanza de la elaboración de la RPT mientras desde el Ayuntamiento hacen declaraciones que faltan a la verdad, como que no pueden hacer nada hasta la finalización de la RPT, que algunos agentes cobran más que la misma alcaldesa o que algunos puestos cobran una productividad de hasta 600 euros sin necesidad de la RPT. Todas estas declaraciones solo pretenden confundir a las y los vecinos de Villanueva de Córdoba cuando la Policía Local de la localidad es de las peor retribuidas de la zona de Los Pedroches y, comparada con otras zonas hay diferencias de hasta 6.000 euros brutos anuales.

Para el sindicato, las deficientes retribuciones de la Policía Local es una de las cuestiones que explican la falta de aspirantes cuando se convocan plazas y que incluso cuando algún aspirante aprueba, sigue presentándose a otras convocatorias para obtener una plaza mejor que cumpla con sus expectativas. Esto supone un gasto en formación del que se benefician otros ayuntamientos y que el Ayuntamiento jarote desaprovecha.

Los agentes advierten que continuarán con las movilizaciones hasta que la alcaldesa se siente a negociar una mejora de las condiciones laborales de la plantilla de la Policía Local

Publicado en Montilla
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