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El Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Córdoba informa que los sindicatos y la patronal Afepancor han ratificado el acuerdo sobre Convenio de las Industrias Panificadoras de la provincia de Córdoba, que tendrá una vigencia de cuatro años, de 2019 a 2022, y que supondrá una subida salarial por encima del 6%.

En concreto, el acuerdo establece que para 2019 se aplicará la subida del IPC con carácter retroactivo, mientras que para los años 2020, 2021 y 2022 se contempla una subida del 2% cada año.

Además, el convenio, que se ha revisado para actualizarse a la normativa en materia de igualdad, incluye otras mejoras como la ampliación del seguro a fallecimientos e incapacidades temporales que tengan su origen en una enfermedad común o accidente no laboral (hasta ahora solo era aplicable en caso de fallecimiento o I.P. derivados de accidente laboral).

Asimismo, los permisos retribuidos se amplían a las parejas de hecho mientras que está previsto que se incorpore el resultado de las reclamaciones sobre licencia retribuida, aunque en todo caso se mantendrán los días por nacimiento de hijo.

Junto a lo anterior, el convenio establece una cláusula adicional que prevea la modificación del convenio en caso de que el sector de confitería acepte incluirse en este convenio.

La Sección Sindical de CCOO en el Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios de Córdoba ha mantenido una reunión con la jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Carmen Aumente, a raíz de las últimas denuncias presentadas por el sindicato referentes a los posibles incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en los distintos centros del Consorcio.

El presidente de la Junta de Personal del Consorcio, Antonio Mellado, explica que en la reunión se trasladó a la jefa de la Inspección la situación general y el estado en el que se encuentran tanto las instalaciones como los equipos de protección individual (EPI), los procedimientos de descontaminación o de trabajo o los trámites pendientes de ejecución que están presupuestados pero que no se materializan.

Mellado indica que Aumente les ha trasladado que se encuentran desbordados por la cantidad de denuncias presentadas, pero que ya han sido todas asignadas a diferentes inspectores para verificar los asuntos notificados, con lo que el sindicato queda a la espera del aviso por parte de los inspectores para visitar las instalaciones afectadas.

CCOO remarca que las numerosas denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo son consecuencia de la falta de respuesta por parte de los responsables del Consorcio a las demandas de los trabajadores y trabajadoras, que no son nuevas. En este sentido, Mellado advierte que “seguiremos reclamando la mejora de las instalaciones, los equipos y los vehículos del Consorcio porque no solo se está poniendo en riesgo a los trabajadores y trabajadoras, sino a la ciudadanía a la que se presta servicio con un material obsoleto o en malas condiciones que puede fallar en cualquier momento”.

CCOO ha celebrado hoy las Jornadas “Conciliación: Cuestión de Salud e Igualdad”, una actividad enmarcada en el proyecto “Promoción de la Conciliación y la Corresponsabilidad” que el sindicato está desarrollando en el marco del acuerdo de concertación social con la Diputación de Córdoba “Compromiso por Córdoba”.

Las jornadas tenían por objetivo informar a los participantes sobre las consecuencias que la falta de conciliación tiene no solo de cara a la consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, sino también sobre la salud de las personas trabajadoras y poner de relieve la importancia de establecer los planes de igualdad en las empresas, planes que son obligatorios para las firmas de más de 50 personas de plantilla.

“Estamos presentando, sobre todo, las dificultades que estamos teniendo para tener realmente una igualdad real en el mundo laboral y dando a conocer las herramientas de las que disponemos para facilitar la conciliación, de todas las personas trabajadoras, pero especialmente de las mujeres, que son las que lo tienen más difícil”, señaló la secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, quien apuntó, sobre todo, a la situación de la mujer en el mundo rural, en donde las diferencias entre mujeres y hombres son “más evidentes y desproporcionadas”.

Martín Torralbo, gerente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), señaló por su parte que “tenemos que seguir trabajando y ahondando para eliminar esas diferencias actualmente existentes entre la mujer y el hombre en lo que a estado de trabajo y oportunidades laborales se refiere”.

Por ello, Torralbo se comprometió a, desde Iprodeco, “seguir poniendo todas las herramientas necesarias en lo que a financiación se refiere para trabajar conjuntamente desde las administraciones y los sindicatos para eliminar este tipo de dificultades que está teniendo la mujer, especialmente en el mundo rural”.

Las jornadas contaron con la intervención de la técnica del Departamento de Igualdad de la Diputación de Córdoba Luis Muñoz, quien abordó la relación entre conciliación e igualdad, así como del ex secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba y miembro de la Comisión Ejecutiva del sindicato, Manuel Torres, quien habló sobre los riesgos psicosociales (estrés, depresión, ansiedad, etc.) asociados a las dificultades de conciliación en las empresas.

Posteriormente, varias delegadas sindicales de los distintos sectores expusieron en una mesa redonda sus experiencias en la redacción y aplicación de los planes de igualdad y en la negociación de medidas de conciliación en los convenios colectivos con el objetivo de que sus experiencias puedan servir de orientación a otros delegados y delegadas a la hora de implantar medidas que ayuden a la conciliación y a la igualdad en las empresas.

Durante los próximos meses, la Fundación Social Universal con la financiación del Ayuntamiento de Córdoba ejecutará un proyecto de cooperación al desarrollo dirigido a que la infancia y las familias de las instituciones educativas de los distritos de San Sebastián y Santiago de Cusco ejerzan sus derechos a la protección y buen trato.

Con este proyecto se dará una respuesta a la creciente violencia contra niños, niñas y adolescentes registrada en la región peruana de Cusco. Así, por ejemplo, entre el año 2013 al 2018 del total de víctimas de violación en el Perú, el 93,1% fueron mujeres, de este total el 28% niñas entre 0 a 12 años. En Cusco las denuncias recibidas y atendidas de violencia entre el 2015 al 2018 fueron de 4.628; el 90% fueron denuncias de mujeres y el 10% de las denuncias de hombres. De este total de denuncias atendidas, el 21.4% corresponde a violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes.

A pesar de constituirse en una prioridad del Estado peruano y del esfuerzo desplegado por los servicios municipales para detectar situaciones generadoras de violencia, los titulares de obligaciones aún no cuentan con capacidad ni implementan estrategias para la prevención, detección y cuidado integral en las instituciones educativas, así como para fortalecer el trabajo de forma coordinada con las Asociaciones de Madres y Padres de Familia - AMAPAFAS.  

Las limitadas capacidades del funcionariado público en la atención de personas vulnerables, los instrumentos de gestión municipal que no responden a las necesidades de esta población para el respeto de sus derechos y las limitadas políticas municipales para enfrentar la violencia, provocan ineficientes servicios públicos de atención a niñas, niños, adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad.

Además, el débil funcionamiento de los espacios de concertación o mesas de trabajo y los débiles canales y medios de comunicación hace que las actuaciones sean desarticuladas en los titulares de obligación y de responsabilidad para la implementación de políticas de acceso y ejercicio  de derechos de protección.

Por su parte, la población vulnerable tiene un limitado acceso a los medios y espacios de información y desconoce los canales de denuncia y protección para el ejercicio de sus derechos.

Si no se interviene el problema, los impactos negativos que se van a generar son la naturalización de la violencia en las familias, la desprotección de las víctimas y colectivos especialmente sensibles y vulnerables a la violencia y que las familias se suman en un clima de violencia y adquieran patrones violentos, con consecuencias en el incremento de feminicidios y abuso a menores.

Frente a este problema en aumento se ha planteado este proyecto que busca que este segmento de población ejerza sus derechos a la protección y buen trato. Este objetivo se podrá consolidar con la implementación de 3 resultados estratégicos. Por una parte, los titulares de derechos de las instituciones educativas fortalecerán en sus capacidades para el acceso a servicios de protección con calidad. Por otra, se mejorarán los servicios públicos para la promoción y atención de derechos de protección y buen trato hacia la infancia y familia. Y, finalmente, se desarrollarán actuaciones articuladas entre los titulares de  obligación y de responsabilidad para la promoción e implementación de políticas locales para el acceso y ejercicio de estos derechos.

Con esta intervención el proyecto beneficiará a 3.382 personas entre titulares de derechos, de obligaciones y responsabilidades de los distritos de Santiago y San Sebastián en Cusco.

El personal Técnico de Integración Social (PTIS) y de Intérprete de Lengua de Signos (ILSE) y representantes de CCOO han vuelto hoy a las puertas de la Consejería de Educación en Sevilla para reclamar su subrogración por parte de la Junta, que va a recuperar la gestión pública de los servicios que prestan estos profesionales en centros educativos de atención a menores con necesidades educativas especiales.

La Junta ha optado por la creación de una bolsa de trabajo para la selección del personal que prestará los servicios actualmente adjudicados a empresas privadas, lo que en la práctica supondrá que muchas de las personas que llevan años trabajando como PTIS e ILSE perderán su trabajo, ya que no se tendrá en cuenta su experiencia laboral, frente a otras personas que sí hayan trabajado directamente para la administración.

El secretario General del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Antonio Sánchez, remarcó que “el sindicato defiende que se revierta la gestión de estos servicios al ámbito público, pero ello no debe perjudicar a las personas que trabajan en las empresas adjudicatarias de estos servicios”.

En este sentido, Sánchez recordó que el artículo 130.3 de la Ley de Contratación del Sector Público habilita a la administración para subrogar a este personal, compuesto por 162 personas en la provincia de Córdoba y unas 1.400 personas en toda Andalucía, y que su subrogación es “una cuestión de voluntad política, no de legalidad”.

Por ello, desde CCOO se insta a la Junta de Andalucía a sentarse a negociar una salida para las 1.400 personas afectadas, que llevan de media entre 5 y 7 años prestando estos servicios al alumnado con necesidades educativas especiales, en el caso de Córdoba, en 114 centros de la provincia.

La parlamentaria de Adelante Andalucía, Ana Naranjo, y el secretario de Organización, Sebastián Pérez, han mantenido un encuentro con el secretario General del Sindicato Provincial Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, José Damas, para poner en común las visiones de ambas organizaciones sobre la dramática situación de la sanidad  en la provincia de Córdoba.

De esta forma, Damas ha presentado a los responsables políticos las principales reivindicaciones del sindicato, con las que IU está totalmente de acuerdo, y que se centran en mejoras de servicios sanitarios actualmente deficientes y en exigir a la Junta de Andalucía, tal y como viene haciendo Ana Naranjo en el Parlamento, la potenciación de la Atención Primaria para facilitar a la ciudadanía el acceso a la principal puerta de entrada a nuestra sanidad pública, así como, demandar inversiones en infraestructuras sanitarias que requieren actuaciones con urgencia en nuestra provincia y en la capital, como es el caso del Reina Sofía, cuyo Plan Director lleva paralizado desde 2008.

Así, y en referencia a los anuncios que desde la Consejería de Salud se vienen realizando en medios de comunicación desde el inicio de la legislatura, ahora hace un año, ambas organizaciones coinciden en denunciar  la “campaña propagandística y mediática” con la que desde la Consejería se pretende “vender” a la población mejoras en prestaciones sanitarias e infraestructuras sanitarias que, por el contrario, no se visualizan en los centros sanitarios públicos, no llegan a la ciudadanía y, por lo que respecta a los profesionales de la sanidad, se traduce en una cada vez mayor precariedad laboral.

Desde CCOO se recuerda que por parte del consejero de Salud,  Jesús Aguirre, se anunció el pilotaje de los 7 minutos por paciente en Atención Primaria y, en la práctica, nunca ha llegado a implantarse. En su campaña preelectoral se comprometió públicamente a remodelar y adecuar  íntegramente el Hospital de los Morales, pero solo se ha procedido a un pintado de la parte más visible de la fachada mientras siguen plantas enteras cerradas y utilizadas como almacén de muebles, consultas  con mobiliario  y servicios del siglo pasado, y terrazas donde se caen las cornisas, en definitiva,  no se ha invertido  ni un solo euro en las promesas anunciadas. También anunciaron “el plan de choque estrella”: la puesta en marcha de los quirófanos por las tardes y fines de semana para reducir las listas de espera, y la realidad no es otra que las listas de espera están en números “vergonzosos” y miles de pacientes de la provincia ven a diario como se alargan sus tiempos de espera para ser intervenidos quirúrgicamente.

Y aunque el pasado septiembre se anunciaron propuestas para acometer acciones en infraestructuras sanitarias en la provincia los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía  no incluyen proyectos pendientes como la mejora de los puntos de urgencias del Sector Sur y CARE Castilla del Pino, que requieren recursos humanos y servicios de radiología y laboratorio; el ansiado y prometido tercer punto de urgencias en Levante o Fuensanta; las necesarias obras urgentes en centros de salud como los de Peñarroya-Pueblonuevo, el Higuerón y  Montemayor debido a sus deficiencias estructurales y a las grandes grietas que presentan algunos de ellos; proyectos de nuevos centros de salud en Villanueva de Córdoba, Bujalance,  Iznájar o Villarrubia, dada la pésimas condiciones arquitectónicas de los centros actuales.

Asimismo, se mostraron de acuerdo en que la especialidad sanitaria de oncología debe contar con un proyecto más ambicioso: Un hospital oncológico donde se integre, en un solo área, las consultas externas, el hospital de día oncológico y el servicio de radioterapia, todo ello, sin dejar de acercar  esta especialidad a toda la provincia, creando o ampliando consultas y áreas de tratamiento que, por sus características, sí se podrían realizar en el Hospital de Cabra y en el de Pozoblanco, y así mejorar la calidad asistencial y aliviar en muchos casos los problemas que conlleva el desplazamiento al Reina Sofía.

En cuanto a personal, se acordó instar vía parlamentaria a la Consejería de Salud a garantizar  una política de sustituciones al 100%, considerando las recomendaciones de ratios y estándares de calidad de cuidados para la seguridad del paciente de sociedades científicas y profesionales, puesto que aún están muy alejadas estas ratios en nuestra provincia de las recomendaciones de la propia Unión Europea (UE) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, tanto el sindicato como los representantes políticos se comprometieron a reivindicar políticas activas de empleo estable para evitar la “fuga masiva de profesionales especialistas sanitarios”, sobre todo, debido a los bajos salarios y la escasa estabilidad laboral, con pocos y cortos contratos, que se ofrece desde el SAS.

Ante esta situación, ambas organizaciones coinciden en que es necesario trabajar para reivindicar estos proyectos y programar movilizaciones o acciones de presión que deben hacerse extensivas a otras organizaciones, asociaciones y ciudadanía en general. Por su parte, Ana María Naranjo se comprometió a seguir trasladando al Parlamento andaluz las prioridades sanitarias de la provincia de Córdoba.

CCOO ha mostrado su total rechazo al pin parental y advierte al Gobierno andaluz que implantar un control de las familias sobre los contenidos educativos que reciben sus hijos e hijas en nuestra comunidad autónoma, como se recoge en el acuerdo entre PP, Cs y Vox, del pasado octubre, para que el partido de ultraderecha votase a favor de los Presupuestos de 2020 para Andalucía, supondría cometer una ilegalidad y escapa a las competencias de los padres y madres en el proyecto curricular.  Hecho que, aunque haya saltado a la palestra informativa en estos días, CCOO viene denunciando desde que tuvo conocimiento de lo recogido al respecto en el citado acuerdo.

Para el secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía, Diego Molina, “los contenidos curriculares, entre los que se encuentran la educación en valores relativos al respeto a la igualdad, a la diferencia y a la diversidad, son principios educativos que sustentan nuestro estado democrático, que permiten libertad de conocimiento para después elegir opciones vitales que estarían coartadas cuando se imparte una educación limitada como la que se pretende implantar desde la ultraderecha política”.

En este sentido el sindicato recuerda que las familias no pueden definir los contenidos curriculares que reciben sus hijos porque, además de poner en duda la profesionalidad del profesorado, restaría la formación básica que necesariamente deben recibir todos los escolares. Añadiendo, que del mismo modo que una familia no puede decidir si su hijo o hija puede trabajar antes de los 16 años, no escolarizarlos entre los 6 y 16 años o realizar apología del terrorismo, aunque sean sus hijos e hijas, no puede evitar desde un punto de vista legal que la institución escolar eduque en los valores que sustentan nuestro sistema social y de convivencia.

Así, la responsable de Mujer e Igualdad en CCOO Enseñanza Andalucía, María Trinidad Montes, índice en que “la educación integral permite a los niños y niñas comprender el mundo diverso en el que crecen, fomentando la tolerancia y el respeto, lo contrario, es adoctrinamiento”. Por ello, Montes defiende que “estas actividades curriculares, en un país democrático, aportan conocimientos independientemente del origen, religión o nivel económico del alumnado y que superan las propias ideologías y gobiernos, siendo responsabilidad de la Junta de Andalucía hacer que esto se cumpla”.

Por su parte, Molina informa que “CCOO defenderá al personal docente a través de sus servicios jurídicos. Además, el sindicato acudirá a la vía judicial para evitar la imposición del pin parental en Andalucía, por agredir los derechos básicos de nuestros menores, maltratar la dignidad y profesionalidad del personal docente y por arremeter contra la Constitución Española”. 

A la vez, como ya hizo el pasado noviembre, CCOO exige a la Consejería de Educación elaborar unas instrucciones que eviten intromisión política y la presión hacia el profesorado y la propia institución escolar, enfrentado a familias y desarticula la comunidad educativa.

“En esta línea, CCOO ha elaborado un plan de visitas a centros educativos andaluces para informar al profesorado sobre sus derechos y mantendrá reuniones con las Ampas y asociaciones de estudiantes con objeto de reforzar la independencia de nuestra educación pública de ideologías y ante la dejación legal y moral de la Junta de Andalucía de velar por una educación integral”, apostilla Molina.

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba sigue afianzando su liderazgo en la provincia y aumentando el respaldo de los trabajadores y trabajadoras del sector sanitario privado. En esta ocasión, ha obtenido el apoyo masivo del personal del Hospital de Cruz Roja en Córdoba en las elecciones sindicales en las que ha obtenido 8 de los 9 representes sindicales que conforman el comité de empresa y eso a pesar de que el preaviso electoral se realizó por UGT, que tenía 5 representantes en el anterior comité.

La candidatura de CCOO ha conseguido casi el 90% de los votos emitidos, lo que para el Secretario General de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, pone de manifiesto que “la plantilla ha apostado por una nueva línea de trabajo sindical en este centro sanitario privado, y que la campaña y las propuestas de trabajo de CCOO, junto a sus candidatas y candidatos, han demostrado la necesidad de giro sindical ante la situación de recortes laborales y salariales que han sufrido recientemente”.

En este sentido, Damas recalca que “se hace necesario que las trabajadoras y trabajadores de este sector requieren de una representación sindical garantista y fuerte para las defensa de sus derechos laborales”.

Por ello, CCOO trabajará los próximos cuatro años junto al Comité de Empresa de este centro sanitario para recuperar lo antes posible los recortes aplicados recientemente en su convenio.

El responsable sindical agradeció a toda la plantilla del hospital el apoyo y confianza depositada en CCOO y felicitó a los nuevos delegados y delegadas electas, a quienes ha trasladado el compromiso del sindicato para a seguir trabajando y conseguir que el sector de la sanidad privada mejore sus condiciones económicas y laborales.

La REMPS denuncia las trabas que a menudo encuentran las personas que sufren una enfermedad rara para acceder a tratamientos, medicamentos, servicios y recursos a los que tienen derecho

 Un examen oftalmológico y otro psicológico. Eso es lo que pidió una médico de la Unidad de Aparato Locomotor del CARE Castilla del Pino a una paciente de post-polio para acceder a recetarle la renovación de una silla de ruedas eléctrica. Unos requisitos "absurdos, absolutamente innecesarios y hasta degradantes", critica el presidente de la asociación Red de Madres y Padres Solidarios (ReMPS), Francisco Ureña, quien asegura que la situación de esta paciente "por desgracia, no es extraordinaria".

"Las personas que sufren alguna enfermedad rara suelen encontrar muchas trabas, a veces tan incoherentes como las mencionadas, para acceder a medicamentos, servicios como rehabilitación o logopedia, o recursos como sillas de ruedas, material ortopédico, etc.", asegura Ureña.

En este caso, la médico llegó a decir a la paciente que "a ver si te has creído que esto es un supermercado" porque solicitó la renovación de la silla de ruedas eléctrica que necesita para desplazarse y de las plantillas y las botas que utiliza por la deformidad congénita que sufre en ambos pies a causa de la poliomielitis.

"Solo marean a los enfermos o a sus familiares -porque la mayoría son niños- con solicitudes innecesarias y les hacen perder el tiempo suponemos que esperando que se aburran y dejen de reclamar los servicios y recursos a los que tienen derecho", lamenta Ureña quien recuerda que solicitudes como hizo la referida médico "no solo hacen perder el tiempo a los pacientes, sino que suponen un gasto sanitario innecesario y también un mal uso de la sanidad pública".

Eso debió parecerle al oftalmólogo al que fue derivada la paciente, que se limitó a garabatear unas frases en el propio folio de la cita: "La agudeza visual corregida de esta paciente es de 1 en ambos ojos. Puede por tanto conducir cualquier tipo de vehículo a motor, baterías eléctricas o energía nuclear. Saludos". De hecho, la paciente tiene carnet de conducir.

Para ReMPS es "lamentable que quienes tienen que tener una mayor sensibilidad hacia los pacientes sean los que, olvidando su juramento hipocrático, sometan a los enfermos a un calvario de trámites administrativos, a la incertidumbre y lo que es aún peor, a la ignorancia, porque en muchas ocasiones no son informados correctamente de los medicamentos o tratamientos para sus enfermedades, de los centros de referencia y, en general, de sus derechos sanitarios".

La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha cifrado en un 90% el seguimiento de la huelga de personal Técnico de Integración Social (PTIS) y de Intérprete de Lengua de Signos (ILSE) convocada para hoy ante el riesgo de que 1.400 trabajadores y trabajadoras, 162 de ellos y ellas en Córdoba, pierdan su empleo por el modelo elegido por la Junta para recuperar el servicio de apoyo y asistencia al alumnado de necesidades educativas especiales (ANEE), actualmente externalizado.

En el caso de Córdoba, el seguimiento ha sido similar, y “eso a pesar de que la empresa adjudicataria del servicio de PTIS ha sembrado la incertidumbre entre las trabajadoras advirtiendo que había unos servicios mínimos que realmente no se han establecido”, explica el secretario General de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Antonio Sánchez.

Además, medio centenar de trabajadoras (es un sector muy feminizado, con un 90% de mujeres) y representantes sindicales se han sumado a la concentración que se ha llevado a cabo ante las puertas de la Consejería de Educación para reclamar la subrogación de este personal que presta sus servicios en centros educativos públicos de Andalucía. En el caso de Córdoba son 144 PTIS y 18 ILSE que trabajan en 114 centros, en el caso de los PTIS, y 16 centros, en el de los ILSE.

Antonio Sánchez, recordó que esta es la primera de las movilizaciones previstas para protestar por la manera en la que la Junta va a convertir estos puestos de trabajo externalizados en públicos, que es a través de la creación de una bolsa de trabajo, lo que va a situar a muchos de estos trabajadores y trabajadoras en desventaja a pesar de sus años de servicio porque “aun pudiendo optar a la bolsa, es difícil que accedan a un puesto de trabajo, pues al no haber trabajado para una administración pública, y no contar su antigüedad en el puesto –la media se sitúa entre 5 y 7 años-, tendrán menos puntos que otras personas que sí cuenten con tiempo de trabajo en la administración”.

Por ello, desde CCOO se insta a la Junta de Andalucía a revertir dichos servicios privatizados en públicos, aplicando lo que dice la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público en su Art. 130.3: “En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general”.

La movilización continuará el próximo miércoles día 22 con una concentración ante las sedes del Gobierno de la Junta en cada una de las provincias, si bien CCOO confía en que la Consejería se siente a negociar una salida para estas 1.400 personas.