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CCOO se concentrará el próximo miércoles contra el despido de un centenar de trabajadores y trabajadoras del personal laboral de centros educativos a  causa del cabio de criterio de la Junta sobre la convocatoria de acceso a personal laboral fijo del Grupo III, mayormente personas de categorías específicas de centros docentes de la Consejería de Educación relacionadas con la atención directa al alumnado, y más concretamente con el personal que atiende las Necesidades Educativas Especiales del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) y Educación Primaria.

Desde 2002, año en que se firma el VI Convenio del personal laboral de la Junta de Andalucía, estos procesos se han articulado de manera que el impacto en el personal temporal afectado por la ocupación de sus plazas fuese el mínimo, sin embargo, un cambio unilateral de criterio rompiendo lo acordado va a incrementar ese impacto en un 500 por ciento.

Según el secretario General del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Antonio Sánchez, “en un contexto donde la temporalidad del personal laboral de los centros docentes alcanza el 32%, no es de recibo que desde la más alta instancia responsable de la Función Pública andaluza se provoque el despido de en torno a 100 personas, máxime cuando los promedios de edad del personal laboral temporal están en los 50 años de media y con una duración de sus contratos de entre 5 y 7 años”.

En este sentido y por su manera de proceder, Sánchez recrimina a la alta responsable de la Administración Pública por introducir, de manera expresa, “una medida tan lesiva y tan ruin como es la rotación en los empleos. Si hace unas semanas lo aplicó con las 73 trabajadoras de las cinco Escuelas Infantiles cuya gestión recuperó la Junta de Andalucía, ahora lo va a aplicar con 100 trabajadoras y trabajadores con años de experiencia en los centros docentes, y ese no es el camino para acabar con la temporalidad”.

Desde el sindicato se recuerda que CCOO ha pactado con la Administración andaluza la estabilización en el empleo y la reducción de la tasa de temporalidad. Así, según lo acordado, el empleo del personal laboral debería estabilizarse como fijo, dejando la tasa en menos del 8%, particularmente en las contrataciones temporales que superan los tres años. Sin embargo, medidas como la acordada unilateralmente por la Administración llevan a pensar que pretenden solucionar la temporalidad acumulada de forma drástica recurriendo al despido.

Ante esta situación, el responsable sindical indica que “CCOO usará todas las medidas que tenga en su mano para exigir la rectificación inmediata”.

En cuanto al personal afectado, el sindicato aclara que en el caso de las Técnicas Superiores de Educación Infantil el 95% son mujeres, entre el Personal Técnico de Integración Social lo son en un 87% y en el caso de Monitoras Escolares son mujeres en un 83%. Es decir, se trata de empleos altamente feminizados donde la tasa de temporalidad es sumamente alta y, además, resulta que ahora van a ser despedidas. “Es esto una muestra de la brecha de género, por lo que es una causa añadida a sumar para que no se retrase ni un solo día la rectificación por parte de la Junta de Andalucía”, finaliza Sánchez.

CCOO ha lanzado la campaña “Tenemos un plan: la Igualdad”, que pretende desarrollar talleres dirigidos a cuadros sindicales para formarlos en la elaboración de planes de igualdad en las empresas. Los talleres, impartidos por la Secretaría de la Mujer, llegarán a todas las provincias andaluzas entre los meses de septiembre y noviembre. En Córdoba, en concreto, el taller tendrá lugar los días 5 y 6 de noviembre.

La secretaria de la Mujer de CCOO de Córdoba, Mar Ávalos remarca la importancia de estos planes de igualdad como “una buena herramienta para hacer frente, desde las realidades más inmediatas de las empresas, a las desigualdades que aún persisten en el mundo del trabajo”.

“Las empresas están obligadas por Ley a desarrollar y ejecutar sus propios planes de igualdad”, ha recordado Ávalos, quien ha insistido, además, en que “hay que impulsar que se dé cumplimiento a esta ley, tanto por parte del Gobierno autonómico como del Gobierno central, garantizando la elaboración, registro y cumplimiento de los Planes de Igualdad”.

Según la responsable sindical, “los Planes de Igualdad son un instrumento fundamental que beneficia a toda la plantilla” de ahí que CCOO lleve dos décadas reclamando y trabajando en Planes de Igualdad que contribuyan a erradicar las discriminaciones y generen entornos de trabajo igualitarios.

Debido a la crisis y a las políticas regresivas y de austeridad, en la última década “ha empeorado la situación laboral de las mujeres, y las empresas y la propia administración pública se han cebado con las mujeres creando una bolsa ingente de mujeres con empleo hiper precario”, ha lamentado la secretaria de la Mujer quien insiste en que una sociedad que desperdicia el talento femenino es una sociedad abocada al fracaso.

La delegada territorial destaca la “rapidez y diligencia” para atender una situación como la que se ha producido en nuestra comunidad

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local va a destinar más de 450.000 euros en subvenciones a 10 poblaciones cordobesas afectadas por el temporal de lluvia y viento del pasado fin de semana.

El paquete de ayudas asciende a 10 millones de euros para el restablecimiento de servicios públicos en las provincias donde la gota fría tuvo más incidencia. Esta cuantía total se repartirá entre 165 municipios andaluces. En concreto, y según recoge hoy el BOJA, serán más de 3,1 millones para 46 localidades de Almería; más de 450.000 euros para una decena de pueblos cordobeses; casi cuatro millones para 72 municipios de Granada; más de 800.000 euros para 18 localidades jiennenses; y más de 1,6 millones para 19 municipios de la provincia de Málaga.

La delegada territorial de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Córdoba, Purificación Joyera, ha destacado “la rapidez y diligencia para atender una situación como la que se ha producido en nuestra comunidad. La Consejería de Administración Local ha trabajado sin descanso para que lleguen cuanto antes a los municipios estas ayudas”. Y es que, cabe recordar que el Consejo de Gobierno aprobó este martes el Decreto-ley que activa el Programa andaluz de colaboración financiera específica con las entidades locales especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos acaecidos durante la pasada semana.

Un programa que se concreta en este bloque de 10 millones en ayudas de Administración local que los municipios comenzarán a recibir esta misma semana y que tiene un doble objetivo: restituir la plena usabilidad de las infraestructuras municipales destinadas al servicio público y hacerlo con la mayor celeridad posible. “La Junta de Andalucía ha entendido la necesidad y la urgencia de los afectados por tener una respuesta y una ayuda a los daños sufridos por la gota fría. Jamás se ha trabajado con tanta rapidez y diligencia, además con unas cuantías muy por encima de las destinadas hasta ahora en episodios similares”, ha destacado Joyera.

 Las subvenciones se han distribuido entre las localidades afectadas atendiendo a su población, a la superficie urbana de que disponen y a la gravedad de los daños sufridos en las infraestructuras e instalaciones básicas para la prestación de servicios.

Los municipios cordobeses que percibirán estos fondos son: Benamejí (27.843 euros), Cañete de las Torres (27.455 euros), La Carlota (62.290 euros), Conquista (43.211 euros), Córdoba (120.079 euros), Encinas Reales (28.342 euros), Iznájar (26.357 euros), El Guijo (64.493 euros), Montoro (26.934 euros) y Palenciana (29.949 euros).

Además de esta partida aportada por la Dirección General de Administración Local, la Junta de Andalucía ha dispuesto otros 65 millones de euros para actuaciones de urgencia en otros ámbitos como son el de las infraestructuras o el sector agrícola, que dispondrá de 28 millones de euros, o la limpieza urgente de cauces de ríos y afluentes, a lo que se destinarán otros 20 millones de euros.

El secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Manuel Torres, ha lamentado el accidente que hoy se ha cobrado la vida de un trabajador de 53 años en Aguilar de la Frontera que cayó desde el tejado de unos almacenes.

Torres ha querido trasladar a la familia el pésame del sindicato por este triste suceso que vuelve a poner de manifiesto la importancia de las medidas de prevención, especialmente, en trabajos en altura. “Esperamos que el trabajador fallecido dispusiera de las medidas de seguridad obligatorias para trabajar en altura, como el arnés, la línea de vida, el casco, calzado especial, etc.”, ha señalado el responsable sindical quien insiste en que “la prevención no es un juego. Estamos hablando de vidas”.

Asimismo, Torres ha remarcado la importancia de la formación. “Las políticas laborales de los últimos años han supuesto un radical recorte de las inversiones en prevención. Todos los trabajadores y trabajadoras deberían recibir formación continua en cuestiones relacionadas con la salud y la seguridad, pero lo cierto es que la mayoría no reciben nada y muchas veces ni siquiera equipos de protección adecuados”, lamenta.

Con esta son ya 5 las muertes en accidente laboral registradas en la provincia de Córdoba (sin contar las de trabajadores autónomos, que ya han empezado a contar para las estadísticas), una cifra que, aunque más baja que la del año pasado, sigue siendo excesiva. Por ello, CCOO seguirá reclamando a los empresarios, que son los responsables de aplicar las medidas de prevención y seguridad, que asuman su responsabilidad y a la Justicia, que si se detecta que no han cumplido con sus obligaciones, que sea firme en las sentencias, para que la muerte de un trabajador o trabajadora “no salga gratis”.

La secretaria de Mujer de CCOO de Córdoba, Mar Ávalos, acompañada de sus homólogas en los distintos sindicatos provinciales, ha mostrado el compromiso del sindicato con la lucha contra la violencia machista, motivo por el cuál CCOO estará mañana presente en la concentración nocturna que bajo el lema “La noche será violeta” se llevará a cabo simultáneamente en más de 200 ciudades españolas para llamar la atención sobre la situación de “emergencia” que viven las mujeres ante el aumento de las agresiones y muertes por violencia de género.

Mar Ávalos ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a sumarse a esta concentración con la que se pretende denunciar el aumento de agresiones sexuales, sobretodo de menores y en grupo, hacia las mujeres. Asimismo, la movilización debe convertirse en un clamor que haga visible la realidad: “La violencia machista mata, mata a mujeres y también a sus hijos, y causa daños irreparables que como sociedad no podemos consentir”, señaló la responsable de Mujer. Cabe recordar que según las cifras oficiales, 42 mujeres han perdido la vida hasta la fecha a causa de la violencia machista, 51 según la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres, de la que CCOO es miembro fundador y participante activo.

El sindicato también denuncia las actitudes de instituciones y partidos de algunas formaciones políticas, que además niegan los actos que denuncian las víctimas de estas agresiones.

La secretaria de Mujer hizo hincapié en que el problema de la violencia “no es individual, no afecta solo a quien lo padece, es un problema social, que nos incumbe a todos y que pone de manifiesto el tipo de sociedad que tenemos, una sociedad en la que aún no hay una igualdad real”, apuntó.

Añadió que “la violencia machista impregna todos los ámbitos, también el del trabajo”, de ahí la importancia de la implantación de los planes de igualdad en las empresas y de protocolos de actuación para prevenir y actuar sobre casos de violencia de género.

Por todo ello, CCOO anima a toda la ciudadanía a vestirse de morado y acudir mañana viernes a las 20.30 horas al Bulevar del Gran Capitán.

CCOO denuncia que el sector financiero ha seguido destruyendo empleo y cerrando oficinas durante el pasado 2018. Así, desde 2008, se han cerrado en Córdoba 222 oficinas, lo que supone un 32,31% de la red existente antes de la crisis. Así lo ha explicado el secretario General del Sindicato Provincial de Servicios de CCOO de Córdoba, Manuel Checa, quien añade que en dicho periodo de tiempo, la provincia de Córdoba ha perdido unos 1.600 puestos de trabajo en el sector.

“El proceso de desmantelamiento de la red del sistema financiero cordobés no es ajeno al que se ha producido a nivel andaluz y estatal”, señala Checa quien remarca que “la reestructuración del sector está llevando año a año a una disminución de la competencia por la concentración de entidades, lo que a su vez ha supuesto el cierre continuo de oficinas y ha provocado la exclusión financiera de amplias capas de la población, especialmente en zonas rurales”.

Durante la última década, Andalucía perdió el 39,10% de su red comercial, o lo que es lo mismo, 2.741 oficinas de las 43 entidades financieras (7 incluidas en la CECA –antiguas cajas de ahorro-, 24 del ámbito de la Asociación Española de Banca –AEB- y 12 cooperativas de crédito). Estos cierres suponen el 13,94% del total nacional, aunque el peso de la red andaluza sobre el total estatal se ha incrementado ligeramente pasando del 15.35% en 2008 al 16,41% en el 2018.

En el marco de Andalucía, Córdoba se sitúa como la sexta provincia en lo que a cierre de oficinas se refiere, así como el la pérdida porcentual de red comercial. Por lo que respecta al empleo, la provincia cordobesa es la quinta tanto en cifras absolutas como en porcentaje, con una pérdida del 36.39% de la plantilla que había antes de la crisis.

De esta forma, Andalucía perdió 13.793 empleos desde 2008 en el sector, pasando de contar con más de 37.000 personas empleadas a poco más de 23.500 en 2018.

Y mientras el empleo y las oficinas descienden año a año –a pesar del mantenimiento de los beneficios de las entidades-, las prolongaciones de jornada siguen siendo una triste realidad en el sector fruto del incremento de las cargas de trabajo, de la presión comercial y de las nuevas exigencias de formación que obliga a la plantilla a una formación continua y muy exigente que requiere destinar muchas horas de su tiempo libre para realizar multitud de cursos.

Para luchar contra el fraude que supone a la Seguridad Social, a la Hacienda Pública y a la sociedad en general los millones de horas extra sin remunerar que se hacen en el sector financiero, CCOO, además de recurrir a las Inspecciones de Trabajo y denunciar en los medios de comunicación la situación, elevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la obligatoriedad de las empresas de llevar un registro de jornada. Este tribunal falló a favor de la demanda del sindicato, lo que ha venido a reforzar la medida adoptada por el gobierno sobre control horario. Actualmente, el sindicato está en vías de negociación en las mesas de convenio de banca, antiguo ahorro y cooperativas de crédito sobre la forma de instrumentar este control horario para que de verdad sea efectivo.

Para CCOO, el nuevo curso escolar que hoy se inicia en Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial se presenta conflictivo pues no se están produciendo los avances que requiere la educación andaluza y su profesorado, incluidos algunos aspectos sobre los que se había manifestado positivamente el Consejero de Educación.

Según el Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, “sigue siendo un problema de la educación andaluza el alto número de estudiantes por aula y la escasez de desdobles --muy necesarios en las asignaturas instrumentales--, hechos que no ayudan, especialmente en educación Secundaria, a erradicar el fracaso escolar y el abandono escolar temprano”.

CCOO denuncia que no se han atendido las reclamaciones que sobre la adjudicación de destinos ha realizado numeroso profesorado debido a la lectura restrictiva de la norma que está realizando la Consejería de Educación y que está generando numerosos contenciosos administrativos. En este sentido, destaca Molina que “es especialmente preocupante la situación en los conservatorios superiores andaluces al no haberse contado con un periodo transitorio previo a la modificación de la norma de adjudicación de profesorado en estos centros”.

Igualmente, sigue siendo un grave problema el gran número de aulas prefabricadas y la falta de climatización de centros educativos andaluces. A esta cuestión se suma, en opinión de Molina, “la falta de plazas en Formación Profesional en Andalucía que pueden superar, incluso, las 20.000, un dato que interesadamente no hace público la Consejería de Educación, se apunta desde CCOO”.

El responsable sindical señala como un grave perjuicio para la educación andaluza que no se estén dando los pasos necesarios para mejorar las condiciones laborales del profesorado y de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza. “Pues nada se ha avanzado, entre otras cuestiones, en la formación del profesorado, especialmente en cuestiones relativas a licencias formativas, a la promoción profesional o al acceso”.

La falta de plazas de personal de administración y servicios en los institutos, un personal que resulta fundamental para garantizar la atención a la diversidad y una adecuada gestión y mantenimiento de sus instalaciones, es otra de las cuestiones de las que se queja el dirigente sindical. “Es especialmente preocupante el hecho de que exista personal privatizado en numerosos centros públicos, caso, por ejemplo, de los Interpretes de Lengua de Signos, un personal que resulta fundamental para garantizar la atención a la diversidad y sobre cuya situación laboral nada se avanza”, señala Molina.

CCOO apela a la urgente necesidad de avanzar en la homologación salarial del profesorado y de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza de Andalucía en relación a otros territorios de nuestro país. “Ello requiere una negociación real con las fuerzas sindicales que no se está produciendo, motivo por el que se augura un curso escolar conflictivo, anunciando ya que CCOO lo exigirá haciendo uso de todos los instrumentos con los que cuenta como organización sindical, incluidas las movilizaciones”, finaliza Molina.

La secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, ha señalado hoy tras conocer los datos del IPC del mes de agosto que la bajada acumulada del IPC en lo que va de año (-1%) “es un reflejo del poco poder adquisitivo de las familias”, un poder adquisitivo que ha sido el que menos ha crecido de toda Andalucía el pasado año, ya que Córdoba ha sido la provincia con las menores subidas salariales registradas en los convenios colectivos.

Así, Borrego insiste en que la bajada de precios está vinculada a la precariedad laboral y a la parcialidad de los contratos. “Sin un trabajo estable es difícil que las personas puedan hacer previsión de gastos y eso lastra la economía local”, remarca la responsable sindical.

Por ello, hace un llamamiento a las empresas para que apliquen la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y subidas salariales acordes a los precios, así como para que apuesten por el empleo de calidad, un empleo estable, con formación, con seguridad y salud y derechos. En este sentido, la responsable sindical recordó que el año pasado se firmó el IV Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva que establece que los salarios deben tener una subida de al menos el 2%, pero “la realidad es que no se está cumpliendo y que incluso hay muchas personas trabajadoras que cobran por debajo del SMI cuyas empresas se niegan a actualizar sus sueldos”, dijo.  

Para Borrego, “es posible y compatible crear empleo y que éste sea estable y con salarios dignos pero para ello es imprescindible derogar la reforma laboral y hacer cumplir los acuerdos y normativas vigentes, especialmente, en los sectores más precarizados como el campo, la hostelería o las empleadas de hogar”.

CCOO aplaude la puesta en marcha de la Escuela Infantil del Hospital Reina Sofía, un proyecto “largamente esperado”, recuerda la secretaria General del sindicato en Córdoba, Marina Borrego, quien critica que, a pesar de las reclamaciones del sindicato, “se haya concedido a una empresa privada y su gestión vaya a ser igualmente privada o no pública, como debiera ser”.

Así, la responsable sindical lamenta que “un proyecto tan importante para las trabajadoras y trabajadores del complejo hospitalario y tan largamente esperado nazca privatizado” y que “la Junta de Andalucía, en vez de apostar por el empleo público y la gestión pública, opte por privatizar un servicio que debería prestarse desde lo público”.

La representante sindical hizo hincapié en que la guardería es un servicio esencial para el personal del complejo sanitario de cara a la conciliación de vida laboral y familiar y teniendo en cuenta que la etapa de 0 a 3 años es fundamental para el desarrollo de los niños y las niñas, contar con una escuela infantil gestionada desde lo público debería haber sido una prioridad.

En este sentido, Borrego dice no comprender cómo “el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que debe velar por los servicios y el empleo público para garantizar un servicio universal y de calidad, especialmente en ámbitos fundamentales como la educación, vuelve a abrir la puerta a fórmulas de gestión privada en el sector público”.

La secretaria General de CCOO de Córdoba, que deja claro que CCOO defenderá siempre el derecho de la ciudadanía a unos servicios públicos de calidad y el empleo público, espera que el SAS revierta algún día la gestión de esta guardería a lo público y apueste “por el servicio público, por la gestión y el empleo público y por una educación de calidad en una etapa tan importante en el desarrollo de los niños como son sus primeros años de vida”, apostilló.

La Sección Sindical de CCOO en Renfe denuncia que del 1 de junio al 31 de agosto de este año 114 trenes de larga distancia que pasaron por Córdoba viajaron sin interventor en parte o en todo el trayecto, es decir, sin el personal responsable de la seguridad en el tren y de ejecutar los planes de evacuación en caso necesario. En concreto, se trata de 114 trenes Alvia que hacen el trayecto Madrid-Cádiz-Madrid y Madrid-Huelva-Madrid, pasando por Córdoba, algunos de los cuales llegaron a transportar a más de 800 personas, si bien el sindicato aclara que esta misma situación se produce en otras líneas y trenes AVE.

El sindicato señala que Renfe ha puesto en marcha un procedimiento por el que muchos trenes de larga distancia solo llevan maquinista y, que siendo excepcional su uso, éste asume las funciones de los interventores y supervisores como el control de acceso al tren. En este sentido CCOO explica que hay estaciones, como la del Puerto de Santa María, en la que por su diseño en curva el maquinista tiene poca visibilidad, más aún cuando lleva un tren de doble composición, es decir, 22 coches. Los maquinistas están abriendo y cerrando puertas sin ver si se han bajado o subido todos los pasajeros, lo que pone en riesgo la seguridad de las personas que acceden al tren, insiste el sindicato.

Además, los interventores y supervisores son los encargados de ejecutar los planes de emergencia y evacuación del tren en caso de accidente. Si se diera un accidente o una situación en la que el maquinista resultara herido o incluso estuviera inconsciente no habría nadie abordo que indicara a los pasajeros la forma de evacuar de forma segura y rápida el tren, y hay que recordar que estos trenes transportan a cientos de personas, remarca CCOO.

La falta de personal no solo está poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros, viajeros con discapacidad en sillas de ruedas, invidentes, etc. sino que también ha obligado a suspender servicios como el de acompañamiento de menores que viajan no acompañados.

Para CCOO, la acuciante falta de personal a la que ha llevado la política de Renfe de no sustituir las bajas ni las jubilaciones solo responde a la intención de la operadora ferroviaria de externalizar servicios para abaratar costes de cara a una futura liberalización del transporte ferroviario, una política que el sindicato repudia y que solo sirve para empeorar la calidad del servicio que se presta a los usuarios y usuarias y poner en riesgo su seguridad.

Por ello, el sindicato conmina a Renfe a sentarse a negociar una oferta de empleo suficiente para garantizar que todos los trenes de viajeros, incluidos los de larga distancia cuenten con un supervisor o un interventor.