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La secretaria de la Mujer de CCOO de Córdoba, Mar Ávalos, destaca que el Servicio de Defensa Legal para Mujeres (SDL) que presta el sindicato en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer, “es más que necesario que nunca dada la situación de discriminación laboral que viven las mujeres, que han sido uno de los grupos de población más afectados por la precarización del mercado de trabajo”.

El SDL, que se puso en marcha en 1997, es un servicio gratuito que presta el sindicato a todas las trabajadoras andaluzas, afiliadas no, que denuncian una situación de discriminación laboral por razón de sexo o necesitan asesoramiento e información en material laboral. “Es un servicio muy importante porque es una herramienta fundamental para la defensa de los derechos laborales de las mujeres y para la consecución de la igualdad en el ámbito del trabajo”, remarca Ávalos.

En este sentido, la responsable sindical señala que el servicio abarca materias como la maternidad, el acoso sexual, moral, la discriminación por acceso al empleo, discriminación en la promoción y en las condiciones de trabajo o violencia de género.

Desde 2008 hasta que el servicio dejó de prestarse de forma gratuita en 2016 por falta de financiación (la atención se mantuvo si bien con algún coste para las demandantes), en Córdoba se habían tramitado más de 220 expedientes en el ámbito laboral, penal o contencioso-administrativo, y se atendieron más de 1.151 consultas, la mayoría referidas a cuestiones relacionadas principalmente con el permiso de lactancia, la maternidad, el acoso sexual y la desigualdad salarial.

La responsable sindical recuerda que la mujer es una de las grandes dagnificadas por la crisis y que sufre en mayor medida que los hombres los abusos laborales. Por ello, “un servicio como el SDL, en el que se acompaña a la mujer desde la consulta hasta la denuncia, si es que decide emprender la vía judicial, tiene gran relevancia”.

La Consejería de Educación en Mesa Sectorial de Educación, celebrada este martes, ha presentado a las organizaciones sindicales un borrador de instrucciones para iniciar el próximo curso, de modo experimental, un programa de colaboración voluntaria del personal docente jubilado en los centros educativos públicos andaluces. La norma permitirá, incluso, que más de un docente puede voluntariamente colaborar en un mismo centro educativo.

Según CCOO, estas instrucciones regulan que el personal docente jubilado pueda desarrollar, entre otras tareas, programas de fomento de la lectura en las bibliotecas de los centros, desarrollar actividades complementarias y extraescolares, participar en planes y programas educativos o colaborar con los equipos directivos en la organización de los centros.

Para el Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, “este programa de colaboración del profesorado jubilado pone en peligro el empleo en los centros educativos andaluces, pues este profesorado jubilado va a desarrollar una labor profesional que debe ser realizada por personal asalariado”.

Igualmente, Molina señala que, aunque las instrucciones contemplan que en ningún caso estas supuestas colaboraciones pueden remplazar las actividades que se desarrollan mediante un trabajo remunerado, su aplicación práctica evitará el crecimiento de las plantillas de los centros y, ante necesidades que pueden darse los centros educativos, en muchos casos de emergencia, seguro que vendrán a cubrir las deficiencias de personal existentes. “Un hecho que es inaceptable”, critica el responsable sindical.

Para CCOO, es un despropósito que en tanto existen en los centros educativos monitores escolares con funciones administrativas contratados a tiempo parcial y/o compartidos entre centros, se pretenda que personal jubilado pueda apoyar a las direcciones en la organización y gestión de los centros o que se hayan eliminado, por ejemplo, las horas del profesorado destinadas a la organización de un programa bilingüe, en tanto que el personal jubilado voluntario podrá colaborar en programas educativos. “Estos ejemplos evidencian la cobertura de empleo que esta medida va a provocar”, indica Molina.

Además, Molina denuncia el perjuicio que este plan puede causar en la movilidad del profesorado funcionario, especialmente en las vacantes de apoyo y refuerzo, y más concretamente en el empleo del profesorado interino. También, observa Molina, “este voluntariado puede afectar al empleo de las monitoras de Educación Especial o a los trabajadores y trabajadoras que realizan actividades extraescolares, un empleo privatizado y con las condiciones laborales más precarias de toda la educación andaluza”.

No obstante, CCOO señala que una cuestión distinta es que las familias, como miembros de la comunidad educativa, deseen participar en la vida del centro escolar, tal como sucede en programas como el de Comunidades de Aprendizaje, que el sindicato considera necesario, pero que nada tiene que ver con el trabajo como voluntario que pueda desarrollar un docente jubilado.

“Si se desea reconocer el trabajo del personal docente tras una vida dedicada a la enseñanza, existen medidas positivas como la entrega de una paga extra de jubilación, por ejemplo, pero no desde luego hacer uso del voluntarismo de los docentes jubilados para cubrir el déficit del sistema educativo”, apunta Molina.

Desde CCOO se destaca que existe una contradicción evidente entre la jubilación del profesorado a los 60 años, cuyo principal objetivo es rejuvenecer las plantillas docentes permitiendo un retiro en condiciones decentes, y propuestas de este tipo pueden poner en peligro la jubilación anticipada tras una vida dedicada a la enseñanza. Dicha jubilación anticipada está recogida en la LOE y es fruto de un acuerdo sindical en el que participó activamente CCOO.

Por todo ello, CCOO insta al resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación a que rechacen de plano esta propuesta, tal como lo ha hecho CCOO en solitario en la reunión de dicha mesa de este martes. “Además, el gabinete jurídico de CCOO está estudiando este borrador de instrucciones por si cabe plantear un recurso en el caso de que se publique”, apostilla Molina.

El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba ha celebrado hoy en el Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco” una asamblea informativa sobre la convocatoria extraordinaria de bolsa en los conservatorios superiores de música, una convocatoria que, en opinión del sindicato, perjudica al profesorado que, en muchos casos, no ha tenido tiempo para reunir los requisitos requeridos.

“El acceso a las cátedras por bolsa, ya convocada, merma los derechos de los docentes que durante más de 20 años llevan prestando sus servicios en los conservatorios superiores de música y que realmente no han tenido opción de cumplir con unos requisitos que han ido cambiando pasando de ser un doctorado a un máster habilitante”, señala el responsable de Enseñanza Pública de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Patricio Pérez.

Por ello, Pérez ha insistido en la necesidad de establecer un proceso transitorio que permita a todos los profesionales tener opción de actualizar sus méritos profesionales y formativos para quedar en la bolsa en la posición que realmente les corresponde atendiendo al tiempo de servicio y méritos de formación.

En este sentido, el responsable sindical hace hincapié en que hay que sentarse a negociar y buscar mecanismos y fórmulas que no dañen los intereses de quienes llevan año prestando sus servicios en los conservatorios superiores.

Asimismo, CCOO exige que hasta la finalización del proceso transitorio que propone el sindicato el profesorado que ocupa un puesto en conservatorios profesionales y elementales no se vea obligado a renunciar a su plaza para optar a una cátedra.

Coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, CCOO ha vuelto a reclamar más gasto social y trabajo decente para reducir el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social.

La radiografía que dibujó el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el pasado mes de junio sigue siendo muy pesimista para la ciudad de Córdoba. En su informe anual Urban Audit el INE situó a 4 de los 15 barrios más pobres de España en la capital cordobesa, con rentas entre 6.000 y 7.000 euros por habitante. Según la EPA, en el segundo trimestre de 2018 se registraban en la provincia de Córdoba, que tiene una tasa de paro del 25,63%, un total de 33.978 personas paradas que no cobraban ningún tipo de prestación y el 24,8% de las 96.000 personas que se encontraban en desempleo llevaban más de 2 años en paro, el 12,5% de ellas en situación de paro crónico (más de 4 años en desempleo).

En el mismo sentido, CCOO recuerda que más de la cuarta parte de la población española (un 26,6%) se encuentra en situación de riesgo de pobreza de acuerdo con el indicador europeo AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusión), y que mide anualmente el INE a través de la Encuesta de Condiciones de Vida. Si bien el riesgo de pobreza ha disminuido desde 2014, año en el que alcanzó el máximo de 29,2% de la población, sigue por encima de los niveles de 2008. De hecho, en lo que respecta a la situación de desempleo, el 44,6% de las personas desempleadas se sitúa por debajo de la tasa de riesgo de pobreza. Resulta especialmente llamativa la evolución de este porcentaje, que ha aumentado casi todos los años desde 2008.

“Estas cifras dan idea de la grave situación de riesgo de pobreza que se vive en Córdoba, una situación que se incrementa con variables como el desempleo, las cargas familiares o la nacionalidad extranjera”, explica el responsable de Migraciones de CCOO de Córdoba, Said Faz. De esta forma, la presencia de niños y niñas aumenta la tasa de riesgo de pobreza. El 24% de los hogares con dos personas adultas y al menos un niño está por debajo del umbral de pobreza. Esta cantidad se dispara al 40,6% en los hogares en los que un adulto (en su mayoría mujeres) convive con 1 o más niños. Si nos centramos en el origen, los datos demuestran que la tasa de riesgo de pobreza de la población extranjera llega a triplicar la de las personas autóctonas, que es del 18%. En el caso de las personas de origen extranjero la tasa asciende al 39,2% si proceden de países de la UE, y al 52,1% si su origen es extracomunitario (fundamentalmente de África y Latinoamérica).

Por edad, nos encontramos con que los mayores aumentos en las tasas de riesgo de pobreza desde el inicio de la crisis en 2008 se han producido en el grupo de 16 a 29 años, al incrementarse en 10,4 puntos, y en aquellas personas con una edad comprendida entre los 45 y 64 años (5,4 puntos más). Es decir, el riesgo de pobreza ha aumentado sobre todo entre las personas en edad de incorporarse por primera vez al mercado laboral y entre aquellas de mayor edad que, fruto de la crisis y de las políticas aplicadas, han perdido su empleo y no han conseguido retomar su actividad laboral con un empleo decente.

“Si a unas reformas laborales que no han hecho más que empobrecer a la clase trabajadora unimos unos PGE que castigan una y otra vez a la provincia y a la ciudad, negándonos la inversión pública necesaria para dar empuje a sectores productivos de mayor valor añadido, y la dependencia de sectores inestables, precarizados y que generan empleo de poca calidad como los servicios y la agricultura, el resultado no puede ser otro que pobreza y paro”, advierte Faz.

Como ya se indicó hace 31 años, el 17 de octubre de 1987, cuando se celebró por primera vez este día internacional, la pobreza supone una violación de los derechos humanos. “Sin gasto social, servicios públicos fuertes y trabajo decente va a ser imposible garantizar una vida digna a todas las personas en nuestro país”, añade el responsable sindical.

Es por ello que desde CCOO insistimos en la necesidad de aumentar los ingresos familiares con la generalización de un salario mínimo en convenio de 14.000 euros anuales, la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones y la actualización del IPREM, principal referencia de la protección social de carácter asistencial.

El sindicato también demanda la mejora y la agilidad en la puesta en marcha de la Renta Básica de Inserción en Andalucía para dar una respuesta urgente a las necesidades de la población en Córdoba.

“No se puede salir de la pobreza y mejorar las cifras de paro sin la creación de empleo estable y de calidad, con sueldos dignos, con inversiones y protección de los que menos tienen y con unos presupuestos que aseguren una distribución equitativa de la renta”, apostilla Said Faz.

En el momento actual de recuperación, CCOO critica que las demandas de los trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza Concertada en Andalucía no estén siendo atendidas por la Consejería de Educación. En este sentido, el sindicato critica que pese a haber sentencias que así lo dictan -tal es el caso de la `paga de antigüedad´-, la Administración educativa se niega a negociar su abono, y los sexenios, complemento que ya perciben el profesorado interino y de religión.

Además, el secretario General del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Antonio Sánchez, añade que “hay que sumar la negativa de la Junta de Andalucía a acatar la sentencia de devolución de la `extra de 2012´, en lo relativo a complementos de dirección y trienios”.

Por otro lado, según el sindicato, está la petición de jubilación parcial para este profesorado, un tema que ha estado muy presente en las distintas Mesas de Enseñanza Concertada durante el pasado y actual curso escolar, en este caso se está al albor de la Administración estatal, al igual que la posibilidad de optar a una reducción horaria a partir de los 55 años.

Igualmente, CCOO informa que ha vuelto a exponer en la última Mesa de Concertada andaluza la necesidad de avanzar en el concierto de unidades de apoyo, estancadas en los últimos años, así como mejoras tanto en el Personal de Apoyo y Servicios como en el Personal Complementario.

Habida cuenta de lo descrito, indica el responsable sindical, “CCOO buscará ante todo la negociación, pero si las reivindicaciones no son atendidas, el sindicato no dudará en promover movilizaciones en el sector”.

La secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, ha afirmado que la leve subida del IPC en septiembre pone de manifiesto la contracción de la economía cordobesa que es incapaz de generar riqueza y desarrollo y, por tanto, empleo estable y de calidad. Además, la subida de los precios en productos básicos como el agua, la electricidad y otros combustibles aprieta un poco más el nudo de la soga que las familias tienen puesta al cuello.

En este sentido, Borrego insistió en que “Los precios han subido un 2,1% en el último año mientras que los salarios se quedan en el 1,3% y esto significa que las familias no sólo no recuperan poder adquisitivo sino que lo siguen perdiendo y se siguen empobreciendo”.

“Se hace aún más necesaria una revisión salarial que permita a las familias hacer frente a los gastos básicos”, hizo hincapié la responsable sindical que exige al empresariado el cumplimiento del Acuerdo sobre Empleo y Negociación Colectiva alcanzado por patronal y sindicatos el pasado abril que establece que ningún convenio debe estar por debajo de los 14.000 euros anuales y una subida salarial del 2% mínimo.

Por otra parte, el IPC deja clara la dependencia económica de sectores estacionales. “En septiembre, con el inicio de la campaña otoñal, subieron los precios de vestido y calzado, algo esperable y cuando llegue el fin de temporada bajarán y mientras no introduzcamos cambios productivos, la economía cordobesa seguirá estancada y con ella, seguirá estancado el empleo en la precariedad. Así no se prospera”.

Para el Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba el anuncio de la Consejería de salud del refuerzo de la Atención Primaria andaluza con 1.306 nuevos profesionales, 127 de ellos en Córdoba, es nuevamente “una falsa propaganda electoral” porque no se aumenta de media ni un profesional por cada uno de los 1.517 centros de Atención Primaria que componen el total en Andalucía.

La Consejería de Salud anuncia inesperadamente un Plan que no ha consensuado ni presentado previamente a los sindicatos de la mesa sectorial de sanidad y solo con 16 horas de antelación comunica a la parte sindical el anuncio de la puerta en marcha de la  segunda fase de la estrategia de Atención Primaria de la Administración sanitaria andaluza, ello, a juicio de CCOO, para tapar el deterioro asistencial y los problemas de falta de personal que está provocando multitud de retrasos en las citas médicas y duplicando los cupos de pacientes de muchos médicos de familia y pediatras de Atención Primaria.

El secretario General del mencionado sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, considera que “es indígnate que se venda públicamente una mejora en la Atención Primaria cuando en realidad es reponer parte de la pérdida de profesionales producida desde el año 2010”. De hecho, para la provincia de Córdoba, dotar de 127 nuevos contratos a todos los centros de salud supone restituir solo la mitad del empleo  destruido en la Atención Primaria y no dotar, de media, ni a un nuevo profesional por centro.

Córdoba dispone 142 centros de Atención Primaria entre centros de salud, consultorios y consultorios auxiliares, y “la falta de profesionales en todos los centros es desmesurada, por lo que con esta oferta no llega a cubrir la demanda real de profesionales que hoy tiene la Atención Primaria y que su repercusión la sufren los ciudadanos”, remarca Damas.

“La principal puerta de entrada a la sanidad pública se realiza por la Atención Primaria, por lo que si se hace una valiente y verdadera apuesta para dotar de una cartera de servicios actualizada y acorde a la realidad de la demanda sanitaria, recursos materiales,  puntos de urgencias, aparataje para una alta resolución diagnostica, fisioterapia acorde a las necesidades reales, etc, se avanzará indudablemente en una mejora de la calidad asistencial sanitaria y repercutiría considerablemente en una mejora en el gasto sanitario global”, expone el responsable sindical.

La Atención Primaria no es ajena a  la realidad de la precaria situación del sistema sanitario público andaluz debido, en parte, al protagonismo del ‘hospitalocentrismo’, y  la prueba más clara es la utilización de las urgencias hospitalarias como primer recurso sanitario cuando debería ser Atención Primaria quien de esta respuesta. De ahí la importancia de dotar en nuestra provincia de medios materiales y humanos para reforzar las urgencias. En el caso de la capital cordobesa, especial importancia tiene la infrautilización de los puntos periféricos de urgencias del Sector Sur y CARE Castilla del Pino, además de la necesidad -por demanda, movilidad eficiente y calidad asistencial-, de crear un nuevo punto de urgencias en la zona de Levante o Fuensanta, medidas que permitirían disminuir sustancialmente la saturación de las urgencias hospitalarias.

Por último, Damas pone como ejemplo de la mala gestión de los recursos sanitarios de Atención Primaria la situación de varios centros de salud. “Está sin resolver el problema del centro de salud de Huerta la Reina, seguimos pagando el alquiler de Colón cuando el centro de Avenida de América continua cerrado; en Baena están cerrados los quirófanos de cirugía menor, el consultorio de Villarrubia se encuentra con unas pésimas instalaciones desfasadas e insuficientes y con carencia  de consultas y el centro de salud de Villanueva de Córdoba está en pésimas condiciones, estando a su vez paralizada la construcción del nuevo centro por intereses políticos de la Junta de Andalucía”. Todo ello, pone de manifiesto, a juicio del dirigente sindical, “el verdadero interés de la Junta en la Atención Primaria”.

Mañana domingo, 7 de octubre, se celebra la 11º Jornada Mundial por el Trabajo Decente bajo el lema “Es el momento de cambiar las reglas”. Cambiar las reglas para hacer realidad el trabajo decente, que para CCOO supone empleo de calidad, salarios dignos, condiciones de trabajo justas, protección social, acabar con las brecas de género y un sistema de pensiones fuerte y sostenible.

CCOO, junto a cientos de sindicatos y millones de trabajadores y trabajadoras de todo el mundo, volvemos a reivindicar, durante esta jornada de movilización, que el trabajo decente sea una realidad. Para ello, es necesario que las reglas impuestas por el neoliberalismo al sistema económico mundial cambien por ser profundamente injustas, por generar mayores y nuevas desigualdades, por atacar a la democracia y atentar contra los derechos laborales en gran parte del mundo. En este sentido, el sindicato considera que deben abolirse las reformas laborales que condenan a millones de trabajadores y trabajadoras a la precariedad, la inseguridad y a una nueva pobreza.

Para CCOO, cambiar las reglas para hacer realidad el trabajo decente supone empleo de calidad para todos y todas. Por ello, el sindicato reivindica el pleno empleo e insta a los gobiernos a perseguir este objetivo mediante políticas e inversión pública. Además, hay que garantizar las oportunidades de empleo para los y las jóvenes que son los más golpeados por la crisis porque el trabajo debe permitir una vida digna.

Los salarios deben recuperar su valor. Es el momento de que la recuperación económica también llegue a los y las trabajadoras. Para ello, es fundamental reforzar y extender la negociación colectiva que contribuye a retribuciones más justas y mejores condiciones de trabajo. Sobre esta cuestión, el sindicato deja claro que ningún salario debe estar por debajo de los 1.000 euros mensuales.

Asimismo, CCOO pide condiciones de trabajo justas. La competitividad empresarial no puede basarse en la reducción de los costes laborales ni en el deterioro de las condiciones de trabajo. Las reformas laborales que están condenando a la precariedad y la inseguridad en el mercado laboral deben ser abolidas y sustituidas por normas justas que garanticen el empleo de calidad. El trabajo precario debe desaparecer.

Junto a lo anterior, CCOO insiste en la necesidad de contar con un sistema de protección social y un sistema público de pensiones fuerte y sostenible que permita pensiones dignas para hoy y para el futuro.

Por otra parte, en esta 11º Jornada Internacional por el Trabajo Decente es indispensable también que se alcance el Pacto Mundial de Migraciones promovido por Naciones Unidas como compromiso global y real para una migración y una movilidad justa, regular y segura basada en los derechos de las personas. Asimismo, es fundamental que los Gobiernos orienten sus políticas a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que también promueven las Naciones Unidas, en aras a la promoción del crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y el trabajo decente para todos y todas.

Las organizaciones sindicales con el 85% de la representación en Correos, CCOO, UGT y CSIF, anuncian un otoño postal caliente ante la falta de respuestas del Gobierno, Hacienda, Fomento, SEPI y la propia Dirección de Correos. Así, las movilizaciones comenzarán el próximo noviembre con concentraciones en las capitales de las comunidades autónomas los días 5 y 16 de noviembre y tres huelgas generales previstas los días 30 de noviembre y 21 y 26 de diciembre.

Las organizaciones sindicales de Correos, que ya iniciaron movilizaciones en junio, han denunciado que la situación de la empresa postal pública es insostenible al presentar unas cuentas en números rojos motivadas por el brutal recorte en la financiación al Servicio Postal Público en 180 millones de euros en los dos últimos años, un déficit en sus cuentas de 230 millones de euros y sin un Plan de Empresa que permita incrementar los ingresos.

Todo ello con una severa reducción de 15.000 trabajadores y trabajadoras menos en los últimos ocho años, en el marco de una regulación colectiva bloqueada desde hace cinco años, en la que la plantilla no sólo se ha visto mermada sino que ha sufrido recorte de salario y desregulación de las condiciones laborales, como prueba el 35% de eventualidad y el 22% de tiempo parcial.

La ciudadanía es otra de las grandes afectadas por los recortes a los que se está sometiendo a Correos, deteriorando el servicio postal público prestado en numerosos municipios y localidades de toda España, con retrasos en la entrega de cartas, paquetes, notificaciones.

Por todo ello, ante la falta de respuesta del Gobierno y considerando que las decisiones sobre la empresa pública Correos no admiten más demoras, CCOO, junto a los otros sindicatos mayoritarios, ha intensificado el calendario de movilizaciones.

Además, el sindicato advierte que si el Gobierno no abre el proceso de diálogo y negociación para dar soluciones concretas a las reivindicaciones planteadas para dotar a Correos de un Plan de Prestación con suficiente financiación, un plan que permita la diversificación y el aumento de los ingresos así como un Convenio y Acuerdo Colectivos que recojan más empleo, salario y regulación de derechos, la movilización no sólo se intensificará este otoño sino que se prolongará a lo largo de 2019.

La Secretaría de Organización y Servicios Jurídicos de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Andalucía ha elaborado un estudio sobre el informe de la Secretaría-Intervención del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba que concluye que el paso de los bomberos de este Consorcio al subgrupo C1 es posible.

Sección Sindical de CCOO en el Consorcio explica que, además de este informe, la Federación ha aportado otro escrito con la justificación de las funciones y nivel formativo que desempeñan los bomberos y bomberas y conductores y conductoras en la actualidad en su puesto de trabajo en base a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su evaluación de riesgos del puesto de trabajo.

Ambos informes avalan que los 167 bomberos y bomberas, conductores y conductoras y jefes y jefas de servicio tienen un nivel formativo y están realizando funciones acordes a un subgrupo C1 y no un C2, que es en el que están encuadrados en la actualidad en la relación de puestos de trabajo (RPT).

Por ello, CCOO ha solicitado al presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, que se materialice el acuerdo de la mesa general del Consorcio por el que se acordó la creación de esas 167 plazas de subgrupo C1 ya que ahora dispone de la documentación e informes favorables para su desarrollo.