Jueves, 12 Julio 2018 10:39

CCOO afirma que ha sido un año escolar nefasto para los servicios educativos externalizados

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Como cada año por estas fechas, los miles de trabajadores y trabajadoras que desarrollan su labor atendiendo los servicios educativos externalizados que se prestan en los centros docentes públicos andaluces –tanto dentro como fuera del aula--, pasan a engrosar las listas del paro.

El personal referido trabaja con el alumnado dentro de las aulas como es el caso de intérpretes de lengua de signos o monitoras de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales --bajo la supervisión y colaboración con el personal docente del centro--, o fuera de ellas, ejerciendo la vigilancia en comedores, como personal de cocina, de actividades extraescolares, de limpieza o en aulas matinales, entre otros.

CCOO denuncia que este colectivo, fuertemente feminizado, sufre constantemente que las empresas adjudicatarias no cumplen con lo comprometido cuando licitaron los servicios con la Junta de Andalucía.

Por ello, secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía, Diego Molina, critica que de forma constante, pero especialmente cuando finaliza el curso y por ende los contratos de este personal, el colectivo ve lesionados sus derechos teniendo que recurrir a la judicialización de sus reclamaciones cada vez que reivindican que se cumpla lo que dice su convenio, bien sean días de vacaciones que no cobran, antigüedades no reconocidas o sueldos precarios, entre otros. “A esto hay que sumar que cada fin de curso el colectivo entra en un periodo de incertidumbre, pues muchas de estas trabajadoras desconocen si volverán a ser contratadas”, añade el responsable sindical.

Tanto es así, que en estas fechas, en la mayoría de las provincias se ha recurrido a la Inspección de Trabajo por los incumplimientos de convenio y pliegos de condiciones y se han planteado conflictos colectivos. El sindicato recuerda, además, la sentencia obtenida por una trabajadora contratada por una empresa privada en centro educativo público por la que el TSJA falló a favor de dicha trabajadora reconociendo la existencia de cesión ilegal por parte de la Junta y, en consecuencia, teniendo esta que crear una plaza pública propia para dicha trabajadora.

Por todo ello, para Molina, “el balance sobre de las políticas privatizadoras que la Consejería de Educación es muy negativo y  exige a la Junta revertir como empleo público todos los puestos de trabajo privatizados que atienden los servicios educativos en Andalucía”.

“CCOO advierte a la Consejería de Educación que no puede tener dentro de sus centros educativos a trabajadores y trabajadoras de segunda, por tanto, si no se inicia una negociación seria para revertir esta situación en el inicio de curso habrá movilizaciones”, apostilla Molina.

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