Lunes, 12 Noviembre 2018 08:47

CCOO se concentra contra la sentencia del Supremo sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas

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Bajo el lema “En defensa del estado de derecho y de la ciudadanía. Por el fortalecimiento de la Democracia”, CCOO se ha concentrado hoy ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba para mostrar junto a otras organizaciones y sindicatos su rechazo a la Sentencia del Tribunal Supremo en relación con la asunción por los clientes de las entidades financieras del coste del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en los préstamos hipotecarios. Una sentencia que el sindicato considera indignante porque va en contra de los intereses de la mayoría de la sociedad, además de poner en cuestión la independencia del poder judicial con la “rectificación” a su primera sentencia, a la vez que esta decisión revela la inacción del poder político que en dos años no ha sido capaz de sacar adelante el proyecto de ley hipotecaria.

En este sentido, la secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, remarcó que “hoy se ha puesto de manifiesto que los ciudadanos y ciudadanas somos los afectados realmente por esta decisión del Tribunal Supremo sobre los impuestos de los trabajadores y las trabajadoras, que somos los que pedimos hipotecas, porque los grandes capitales no piden hipotecas, esos ya tienen dinero suficiente para no pedirlas”.

“Estamos sentenciados a pagar siempre lo que los demás dejan de pagar”, dijo Borrego quien insistió en que “es un impuesto injusto, que le correspondía a la banca y ahora esperemos que el Tribunal de Justicia Europeo nos de la razón al igual que nos la ha dado en otros casos”.

En cuanto al decreto del Gobierno que establece que a partir del lunes el mencionado impuesto debe ser abonado por los bancos, la responsable sindical recordó que “quienes lo han pagado no lo van a recuperar y eso es injusto para todas estas personas que tienen una hipoteca, y además una hipoteca abusiva”.

Con esta concentración, el sindicato exige, además de la independencia de la justicia y la defensa del estado de derecho, la responsabilidad a los partidos políticos para que pasen de la “indignación” a la acción y cumplan con su función poniendo en marcha las modificaciones reglamentarias y legislativas oportunas en favor de la ciudadanía y de sus derechos.

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