Martes, 14 Abril 2020 11:06

CCOO denuncia el abandono del alumnado con discapacidad auditiva por parte de la Junta

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El pasado sábado la Junta de Andalucía anunciaba a bombo y platillo el mantenimiento de 20 puestos de trabajo de Personal Técnico de Integración Social (PTIS) de la empresa SAMU en centros educativos, un logro que ha sido fruto de la presión, la negociación y el diálogo de CCOO con la Consejería de Educación pero que, en contra de lo que indicaba el comunicado de la Junta, en el caso de Córdoba no afecta a PTIS –esta empresa no tiene PTIS en la provincia cordobesa- sino a Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE).

A pesar de este anuncio, el Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba considera que la Junta está abandonando al alumnado con discapacidad auditiva, más de una veintena de estudiantes, ya que desde que se decretó la suspensión de las clases presenciales estos profesionales han dejado de prestar sus servicios.

“Tanto el sindicato, como las trabajadoras y trabajadores llevan solicitando a la empresa desde que se decretó la suspensión de las clases que cuente con las y los ILSE para seguir acompañando a dicho alumnado y al profesorado mediante el teletrabajo pero a día de hoy ni la empresa ni la Consejería les han dado respuesta”, señala el secretario General de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Antonio Sánchez.  

De hecho, “mantienen suspendido un servicio esencial, incumpliendo la ley, y como consecuencia de ello, hay alumnas y alumnos en Córdoba que siguen viendo mermado su derecho a la educación”, lamenta Sánchez.

“Esta situación es solo un ejemplo más del ninguneo de la Consejería de Educación (la anterior y la actual) a este servicio externalizado y a un colectivo que ejerce en condiciones precarias y que lleva años pidiendo que de una vez por todas se les escuche”, remarca el responsable sindical.

Cabe recordar que tanto los PTIS como los ILSE que prestan sus servicios a través de empresas externas adjudicatarias del servicio han venido concentrándose en los últimos meses ante la posibilidad de perder sus puestos de trabajo por el sistema elegido por la Junta para recuperar la gestión pública de los servicios que cubren.

 

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