Provincia

Provincia (704)

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba sigue afianzando su liderazgo en la provincia y aumentando el respaldo de los trabajadores y trabajadoras del sector sanitario privado. En esta ocasión, ha obtenido el apoyo masivo del personal del Hospital de Cruz Roja en Córdoba en las elecciones sindicales en las que ha obtenido 8 de los 9 representes sindicales que conforman el comité de empresa y eso a pesar de que el preaviso electoral se realizó por UGT, que tenía 5 representantes en el anterior comité.

La candidatura de CCOO ha conseguido casi el 90% de los votos emitidos, lo que para el Secretario General de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, pone de manifiesto que “la plantilla ha apostado por una nueva línea de trabajo sindical en este centro sanitario privado, y que la campaña y las propuestas de trabajo de CCOO, junto a sus candidatas y candidatos, han demostrado la necesidad de giro sindical ante la situación de recortes laborales y salariales que han sufrido recientemente”.

En este sentido, Damas recalca que “se hace necesario que las trabajadoras y trabajadores de este sector requieren de una representación sindical garantista y fuerte para las defensa de sus derechos laborales”.

Por ello, CCOO trabajará los próximos cuatro años junto al Comité de Empresa de este centro sanitario para recuperar lo antes posible los recortes aplicados recientemente en su convenio.

El responsable sindical agradeció a toda la plantilla del hospital el apoyo y confianza depositada en CCOO y felicitó a los nuevos delegados y delegadas electas, a quienes ha trasladado el compromiso del sindicato para a seguir trabajando y conseguir que el sector de la sanidad privada mejore sus condiciones económicas y laborales.

La REMPS denuncia las trabas que a menudo encuentran las personas que sufren una enfermedad rara para acceder a tratamientos, medicamentos, servicios y recursos a los que tienen derecho


 
Un examen oftalmológico y otro psicológico. Eso es lo que pidió una médico de la Unidad de Aparato Locomotor del CARE Castilla del Pino a una paciente de post-polio para acceder a recetarle la renovación de una silla de ruedas eléctrica. Unos requisitos "absurdos, absolutamente innecesarios y hasta degradantes", critica el presidente de la asociación Red de Madres y Padres Solidarios (ReMPS), Francisco Ureña, quien asegura que la situación de esta paciente "por desgracia, no es extraordinaria".

"Las personas que sufren alguna enfermedad rara suelen encontrar muchas trabas, a veces tan incoherentes como las mencionadas, para acceder a medicamentos, servicios como rehabilitación o logopedia, o recursos como sillas de ruedas, material ortopédico, etc.", asegura Ureña.

En este caso, la médico llegó a decir a la paciente que "a ver si te has creído que esto es un supermercado" porque solicitó la renovación de la silla de ruedas eléctrica que necesita para desplazarse y de las plantillas y las botas que utiliza por la deformidad congénita que sufre en ambos pies a causa de la poliomielitis.


"Solo marean a los enfermos o a sus familiares -porque la mayoría son niños- con solicitudes innecesarias y les hacen perder el tiempo suponemos que esperando que se aburran y dejen de reclamar los servicios y recursos a los que tienen derecho", lamenta Ureña quien recuerda que solicitudes como hizo la referida médico "no solo hacen perder el tiempo a los pacientes, sino que suponen un gasto sanitario innecesario y también un mal uso de la sanidad pública".

Eso debió parecerle al oftalmólogo al que fue derivada la paciente, que se limitó a garabatear unas frases en el propio folio de la cita: "La agudeza visual corregida de esta paciente es de 1 en ambos ojos. Puede por tanto conducir cualquier tipo de vehículo a motor, baterías eléctricas o energía nuclear. Saludos". De hecho, la paciente tiene carnet de conducir.


Para ReMPS es "lamentable que quienes tienen que tener una mayor sensibilidad hacia los pacientes sean los que, olvidando su juramento hipocrático, sometan a los enfermos a un calvario de trámites administrativos, a la incertidumbre y lo que es aún peor, a la ignorancia, porque en muchas ocasiones no son informados correctamente de los medicamentos o tratamientos para sus enfermedades, de los centros de referencia y, en general, de sus derechos sanitarios".

La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha cifrado en un 90% el seguimiento de la huelga de personal Técnico de Integración Social (PTIS) y de Intérprete de Lengua de Signos (ILSE) convocada para hoy ante el riesgo de que 1.400 trabajadores y trabajadoras, 162 de ellos y ellas en Córdoba, pierdan su empleo por el modelo elegido por la Junta para recuperar el servicio de apoyo y asistencia al alumnado de necesidades educativas especiales (ANEE), actualmente externalizado.

En el caso de Córdoba, el seguimiento ha sido similar, y “eso a pesar de que la empresa adjudicataria del servicio de PTIS ha sembrado la incertidumbre entre las trabajadoras advirtiendo que había unos servicios mínimos que realmente no se han establecido”, explica el secretario General de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Antonio Sánchez.

Además, medio centenar de trabajadoras (es un sector muy feminizado, con un 90% de mujeres) y representantes sindicales se han sumado a la concentración que se ha llevado a cabo ante las puertas de la Consejería de Educación para reclamar la subrogación de este personal que presta sus servicios en centros educativos públicos de Andalucía. En el caso de Córdoba son 144 PTIS y 18 ILSE que trabajan en 114 centros, en el caso de los PTIS, y 16 centros, en el de los ILSE.

Antonio Sánchez, recordó que esta es la primera de las movilizaciones previstas para protestar por la manera en la que la Junta va a convertir estos puestos de trabajo externalizados en públicos, que es a través de la creación de una bolsa de trabajo, lo que va a situar a muchos de estos trabajadores y trabajadoras en desventaja a pesar de sus años de servicio porque “aun pudiendo optar a la bolsa, es difícil que accedan a un puesto de trabajo, pues al no haber trabajado para una administración pública, y no contar su antigüedad en el puesto –la media se sitúa entre 5 y 7 años-, tendrán menos puntos que otras personas que sí cuenten con tiempo de trabajo en la administración”.

Por ello, desde CCOO se insta a la Junta de Andalucía a revertir dichos servicios privatizados en públicos, aplicando lo que dice la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público en su Art. 130.3: “En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general”.

La movilización continuará el próximo miércoles día 22 con una concentración ante las sedes del Gobierno de la Junta en cada una de las provincias, si bien CCOO confía en que la Consejería se siente a negociar una salida para estas 1.400 personas.

CCOO espera que la estabilidad política del nuevo Gobierno repercuta en la actividad económica de la provincia y que ello tenga, a su vez, un efecto positivo sobre la creación de empleo.

“Córdoba no ha acabado bien el 2019. La bajada del IPC en diciembre (-0,5%), un mes en el que tradicionalmente suben los precios, es un signo alarmante de la poca capacidad económica de las familias, fruto de la falta de empleo y de la inestabilidad y la poca calidad del existente”, señaló la secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, quien remarca que “es urgente trabajar para acabar con el inmovilismo económico que vive la provincia y que no es bueno para los trabajadores y las trabajadoras”.

En este sentido, Borrego expresó su esperanza de que el nuevo Gobierno apruebe en breve la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a los 1.000 euros mensuales, una medida fundamental para CCOO porque “”es evidente que las familias no pueden hacer frente a los gastos cotidianos y menos aún invertir a medio o largo plazo, lo que está lastrando la economía local”, dijo la responsable sindical.

En tanto se adopte la decisión de subir el SMI es importante que el empresariado aplique del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) actual y el cumplimiento del IV Acuerdo de Negociación y Empleo, que estableció subidas salariales del 2% en los convenios que no se están produciendo en algunos casos.

“Es posible y compatible crear empleo y que éste sea estable y con salarios dignos pero para ello es imprescindible derogar la reforma laboral y hacer cumplir los acuerdos y normativas vigentes”, insistió Borrego.

CCOO ha ganado las elecciones sindicales celebradas hoy en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios al obtener 6 de los 13 representantes sindicales que se elegían al obtener 85 de los 186 votos emitidos, es decir, el 45,7%. Tras CCOO, han conseguido dos delegados UGT, SIBCC y CSIF y CGT ha obtenido uno.

De esta forma, el sindicato ha pasado de tener un solo delegado a ser la principal fuerza sindical en el Consorcio, un cambio que responde a la intensa actividad desarrollada por el sindicato en los últimos años en defensa de los trabajadores y trabajadoras del Consorcio, que ha supuesto acuerdos y mejoras, algunas tras denuncias a la Inspección de Trabajo, como la adquisición de nuevo material y herramientas de rescate para accidentes de tráfico –después de dos años de reclamaciones-, la evaluación de riesgos laborales de los jefe de turno, la revisión del estado de los compresores y de las instalaciones de carga y descarga de botellas de aire comprimido o la revisión y el mantenimiento de los equipos de respiración, máscaras personales, pulmos (pieza que se conecta a la máscara) y bodyguard, entre otras cuestiones.

Para CCOO, la victoria conseguida hoy es, además, una enorme responsabilidad y un compromiso con los 251 empleados y empleadas del organismo provincial por cuyos derechos y mejoras laborales seguirá trabajando en los próximos cuatro años.

En este sentido, el secretario de la Sección Sindical de CCOO en el Consorcio, Antonio Mellado, destacó que la principal preocupación del sindicato es conseguir la promoción interna de los bomberos al grupo C1, como ya han conseguido otros cuerpos de bomberos como el del Ayuntamiento de Córdoba o de localidades del entorno, como los de Sevilla, Granada, Cádiz, Mijas, Loja, Motril, Andújar, Dos Hermanas o Marbella.

Junto a lo anterior, las futuras ofertas de empleo público, la correcta implantación de la prevención de riesgos laborales, la necesidad de revertir el abandono sistemático de los parques de bomberos de la zona norte de la provincia y de contar con equipos de protección individual técnicos adecuados para el operativo, las dotaciones mínimas de seguridad, la homogenización de equipos de trabajo para todos los centros o la disposición de un carnet profesional acorde al carácter de agentes de la autoridad que tienen estos funcionarios y funcionarias en el ejercicio de sus funciones así como diversas mejoras laborales y sociales, son otros de los objetivos del sindicato.

Para ello, CCOO considera necesario aumentar el presupuesto para el Consorcio de Bomberos, debido a la poca o escasa inversión que se dio en el pasado a este colectivo y, para ello, es fundamental que se impliquen todos los grupos políticos de la Diputación de Córdoba.

“No nos cansaremos de exigir todas las mejoras necesarias para que se preste desde el Consorcio de bomberos un servicio público esencial de emergencias de manera eficiente y de calidad a la ciudadanía de la provincia de Córdoba, siempre con responsabilidad” ha remarcado Antonio Mellado.

CCOO llama a la huelga el próximo 15 de enero a casi 1.400 trabajadores y trabajadoras que actualmente prestan servicios en centros educativos públicos de Andalucía en calidad de personal técnico de integración social (PTIS) y de interpretación de lengua de signos (ILSE). En Córdoba están llamados a secundar la huelga 162 personas (144 PTIS y 18 ILSE) que trabajan en 114 centros, en el caso de los PTIS, y 16 centros, en el de los ILSE, dando servicios de apoyo y asistencia al alumnado con necesidades educativas especiales (ANEE).

El secretario General del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Antonio Sánchez, ha explicado en rueda de prensa que el motivo de esta convocatoria de huelga es el anuncio por parte de la Consejería de Educación y Deporte de convertir estos puestos de trabajo, actualmente externalizados, en públicos. Aunque CCOO apoya la reversión de los servicios externalizados a lo público, critica que la Consejería no haya convocado a los sindicatos para negociar una salida para estas trabajadoras –se trata de un sector muy feminizado, con un 90% de mujeres- que, en su opinión, deben ser subrogadas por la propia administración.

Sánchez aclaró que a raíz del Informe General de la Junta de 2016, quedó claro que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) no tiene competencias para la contratación del Servicio de Apoyo y Asistencia al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales ni el de Interpretación de Lengua de Signos, y que la Consejería de Educación tiene hasta el 2022 para convertir estos puestos en públicos. Como consecuencia de ello, el pasado julio, la Consejería de Educación y Deporte comunicó su intención de rescatar dichos servicios a través de la creación de una bolsa de trabajo.

El problema es que la mayoría de estas mujeres, aun pudiendo optar a la bolsa, es difícil que accedan a un puesto de trabajo, pues al no haber trabajado para una administración pública, y no contar su antigüedad en el puesto –la media se sitúa entre 5 y 7 años-, tendrán menos puntos que otras personas que sí cuenten con tiempo de trabajo en la administración.

El sindicato denuncia que la Administración está utilizando una engañosa intencionalidad tanto con el Personal Técnico de Integración Social (PTIS) como con Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE), haciéndolas creer que acceder al empleo público a través de la bolsa de trabajo es la única solución para ambos colectivos, y que la Administración no es la culpable de que no se pueda materializar la continuidad en sus puestos de trabajo una vez rescatados ambos servicios.

Según el responsable sindical “a esta fecha, con las propuestas hechas por la Consejería de Educación y Deporte, estas casi 1.400 trabajadoras y trabajadores no tienen garantizada la continuidad en sus puestos de trabajo una vez se produzca el rescate de ambos servicios educativos”.

Por ello, desde CCOO se insta a la Junta de Andalucía a revertir dichos servicios privatizados en públicos, aplicando lo que dice la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público en su Art. 130.3: “En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general”.

Desde que la Consejería comunicó que asumiría directamente dichos servicios, CCOO ha realizado asambleas informativas y llevado a cabo acciones de protesta sin que la Junta haya convocado a los sindicatos a negociar una solución para estas trabajadoras y trabajadores. Por este motivo, tras una asamblea con las trabajadoras y trabajadores en diciembre, CCOO ha convocado un calendario de movilizaciones para los próximos meses, y cuya primera jornada de movilización tendrá lugar el 15 de enero con una huelga y una concentración a las puertas de la Consejería de Educación y Deporte.

Asimismo, Sánchez reprocha a la Consejería de Educación “obviar a quienes vienen sosteniendo la prestación de estos servicios con contratos precarios, a tiempo parcial, percibiendo salarios y condiciones muy inferiores a los que le hubiese correspondido de estar contratados directamente por la Junta de Andalucía, que, además, pese a estas diferencias, en muchos casos comparten centros con empleadas y empleados públicos y desempeñan las mismas tareas, como es el caso de las PTIS”. A esta el secretario General de Enseñanza añade que “las demandas ante la Inspección de Trabajo por incumplimientos de las empresas concesionarias han sido una constante durante años”.

Igualmente, desde CCOO se destaca que los tribunales cada vez dan más razón en cuanto a la cesión ilegal de trabajadores en este tipo de contrataciones y que, según fuentes de la propia Administración educativa, hay pendientes de resolver casi mil de ellas.

Ante esta situación, el sindicato pide a la Consejería de Educación y Deporte convocar una mesa de negociación con objeto dar aplicación a lo dictado por la Ley y mantener a estas casi 1.400 trabajadoras y trabajadores en sus puestos, evitando así la judicialización del problema, donde, como en ocasiones similares, el resultado será favorable para las trabajadoras.

Además de la movilización del día 15, CCOO ha convocado concentraciones en todas las provincias para el miércoles 22 y el 29 habrá una nueva concentración ante las puertas de la Consejería en Sevilla.

El secretario de Empleo de CCOO de Córdoba, Manuel Merino, se congratula de la bajada del paro en diciembre, si bien “no podemos perder de vista que se trata de un descenso puntual, debido a la contratación en el sector servicios por las festividades de diciembre y a las campañas agrícolas”.

Merino considera que Córdoba “no tiene motivos para estar satisfecha con la evolución del mercado laboral durante 2019. Hemos acabado el año con casi 67.000 personas en desempleo, con una temporalidad del 96,94%, y con 81 personas desempleadas más que un año antes”.

“Con estas cifras Córdoba va a seguir a la cola en materia de empleo, y eso significa más pobreza, más emigración, menos posibilidades de desarrollo y de creación de riqueza”, remarcó el responsable sindical quien espera que el nuevo Gobierno sea sensible a la situación que vive la provincia y arbitre medidas extraordinarias para favorecer la creación de empleo, pero no de cualquier empleo, sino empleo de calidad, con derechos y estable”.

En esta misma línea, el secretario de Empleo de CCOO lamenta que “hemos acabado el año con los mismos retos que lo empezamos: las mujeres siguen siendo castigadas por el empresariado, los jóvenes tienen tantas dificultades para acceder al mercado laboral que al final terminan por emigrar, con la pérdida de valor que ello supone, y seguimos con una tasa de temporalidad excesiva, con lo que las personas trabajadoras ven truncados sus proyectos de vida”.

Y no solo eso. “Perdemos empleo en un sector vital como es la industria. Córdoba no puede permitirse el lujo de seguir desindustrializándose. Es urgente establecer un plan de reindustrialización que haga atractiva a la provincia para las grandes empresas y para ello, Córdoba debe poner fin al déficit energético actual y mejorar sus infraestructuras, poniendo en valor el nodo logístico”.

CCOO y UGT han vuelto a concentrarse ante la Subdelegación del Gobierno en Córdoba por la muerte de dos trabajadores en accidente laboral, la séptima y la octava de este año (a falta de las jornadas de hoy y mañana), que se han producido en menos de una semana y que ponen de manifiesto la importancia de la prevención de riesgos laborales (PRL) para evitar accidentes laborales y, sobre todo, muertes en el trabajo.

El adjunto a la Secretaría General en materia de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, reclamó a la Inspección de Trabajo un mayor esfuerzo de control y sanción de las empresas en materia de prevención de riesgos laborales. “No puede ser que al empresariado le salga más barato el incumplir las normas de prevención que el proteger a sus trabajadores, que es un derecho que tienen y un deber inherente del empresariado el proteger la salud de sus trabajadores”, remarcó.

El secretario de Salud Laboral de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, manifestó su pesar por estas dos pérdidas y recordó que a los ocho fallecidos por siniestralidad laboral en 2019, según cifras oficiales, “hay que sumar la muerte de un Guardia Civil hace un mes en Lucena cuando se dirigía a su puesto de trabajo, aunque no computa en el registro de la Administración”. Ante estas cifras, el responsable del sindicato pidió “a la Administración más actividad y contundencia sancionadora, ya que hay empresarios que no están cumpliendo con la normativa de prevención de riesgos laborales y eso está costando vidas”.

Por otra parte, Martín puso de manifiesto la importancia de que los trabajadores y las trabajadoras reciban una formación adecuada y continua. “La inversión en campañas de información, de concienciación y de formación es fundamental para poner freno a unas cifras de siniestralidad que deberían escandalizarnos a todos y todas”.

En este sentido, Sarmiento aseguró que “la siniestralidad laboral se ha disparado en los últimos años debido también a la reforma laboral, que además de tener efectos negativos para la clase trabajadora en la falta de un reparto de la riqueza o de la fuerza de la negociación colectiva, ha instalado el miedo en los trabajadores, que temen ser despedidos si reclaman el cumplimiento de la normativa de PRL”. Concretamente, en el mundo agrario, Sarmiento recordó que “en muchos casos, es necesaria una renovación del parque móvil, ya que los nuevos vehículos poseen sistemas de seguridad más avanzados, por ejemplo, de antivuelco”. 

Cabe recordar que el primero de los últimos fallecidos era un hombre de 26 años. Ambos sindicatos apuntan que son precisamente las personas trabajadoras más jóvenes las que sufren un mayor número de accidentes y esto se debe a varios factores: son los que ocupan los empleos más precarios, los que tienen más contratos temporales y a tiempo parcial, los que suelen asumir mayores riesgos por miedo a perder el empleo, los que asumen mayor sobrecarga de trabajo y situaciones de estrés y, a menudo, los que menos formación en materia de prevención de riesgos tienen.

El segundo de los fallecidos tenía 44 años y moría ayer al volcar el tractor con el que trabajaba y quedar atrapado bajo él. UGT y CCOO recuerdan que el campo es el sector en el que más accidentes laborales se producen y los accidentes con tractores siguen siendo los que más funestas consecuencias tienen.

Jueves, 19 Diciembre 2019 12:08

CCOO gana las elecciones sindicales en Correos

Escrito por

CCOO ha ganado las elecciones sindicales en el organismo público Correos en Córdoba, al conseguir diez de los veintidós representantes sindicales que se elegían entre el personal funcionario y el personal laboral de este organismo público. El sindicato ha obtenido el apoyo del 46% de los votos emitidos, habiéndose producido una participación del 90% de la plantilla –que supera los 600 efectivos- en la votación.

Según los datos sindicales, es la primera vez que un sindicato consigue en Correos      un apoyo electoral tan grande por parte de la plantilla de trabajadores y trabajadoras de este organismo público. Cabe recordar que CCOO en Correos ha negociado y firmado en los últimos años importantes convenios colectivos y acuerdos para todos los trabajadores y trabajadoras del ente postal de Córdoba, como la defensa del modelo público de empresa, el aumento de la plantilla y la cobertura de todas las vacantes, la apuesta por la continuidad de los trabajadores y trabajadoras que ahora tienen contrato eventual, aumento de la promoción interna, consolidación de las 35 horas de trabajo semanal, aumento de los salarios por encima del IPC, mejora del plan de pensiones o mejoras sociales para los trabajadores, entre otras.

Además, en los próximos meses y en cuanto se constituyan las diferentes mesas de negociación en Correos, los delegados y delegadas de CCOO se han puesto como principal objetivo negociar nuevos acuerdos que permitan la mejora de la promoción profesional y las condiciones laborales de la plantilla, ha reseñado el sindicato, que agradece a la plantilla su confianza y respaldo.

CCOO conmemora el Día Internacional del Migrante alertando sobre los riesgos ciertos y el peligro de retroceso de los avances alcanzados en nuestra comunidad autónoma en materia de convivencia, y garantía de los derechos humanos conseguidos a lo largo de toda la democracia. El sindicato considera indignante que algunos movimientos y partidos sustenten su discurso y práctica política en el odio y el rechazo y la persecución de las personas por razones étnicas, nacionales o religiosas.

En Córdoba, a fecha de 30 de junio de 2019, 31.193 personas extranjeras vivían legalmente en nuestra provincia, lo que supone casi un 4% del total de la población de la provincia, muy por debajo de los porcentajes de otras capitales y muy lejos de las medias europeas. De ellos, 16.565 eran hombres y 14.628 mujeres, y 24.271 proceden de países de la UE.

El servicio de atención a personas migrantes de CCOO en Córdoba ha atendido este año a más de 350 personas, la mayoría trabajadores y trabajadoras extracomunitarios que “son los que tienen más necesidad de trabajar porque de ello depende la renovación de sus autorizaciones de residencia y trabajo”, explica el responsable de Migraciones, Said Faz quien afirma que “hemos detectado que las personas inmigrantes siguen sufriendo problemas relacionados con el mercado de trabajo, por un lado, y por la normativa en materia de extranjería, por otro, una normativa de extranjería que sigue contemplando la inmigración desde una perspectiva exclusivamente económica alejándose de la realidad social en muchos de los casos”.

En este sentido, Faz remarca que “muchas de las personas con Autorizaciones de Residencia Temporal viven con el miedo de la posible pérdida de estas autorizaciones por no poder trabajar y cotizar lo suficiente. Dicha realidad obliga a muchos trabajadores y trabajadoras migrantes a aceptar condiciones laborales precarias o incluso indignantes para seguir trabajando y cotizando lo suficiente durante la vigencia de sus autorizaciones”.

Además, “en otros casos pueden perder sus autorizaciones por contar con un contrato a tiempo parcial y cobrar menos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ya que la normativa obliga a que los salarios de un trabajador o trabajadora inmigrante sea superior al SMI”.

Precisamente a raíz de la subida del SMI, el sindicato ha detectado incumplimientos en materia de Seguridad Social por parte de algunos empleadores y empleadoras, entre ellas, la falta de actualización de las cuotas en el régimen de Empleadas de Hogar, “incumplimientos que se convierten en motivo de denegación de renovaciones de autorización de trabajo”, recalca Faz.

CCOO lamenta desconocer realmente el número de autorizaciones denegadas durante el año 2019, “una situación que devuelve a muchas personas y familias inmigradas a la irregularidad sobrevenida sin tener en cuenta la realidad de dichas familias incluso con menores a cargo”, critica el responsable sindical.

Por otra parte, el sindicato hace un llamamiento a fortalecer y dinamizar todos los instrumentos institucionales disponibles para fomentar el diálogo y la convivencia en nuestra provincia, abordando la diversidad como factor de enriquecimiento y no de confrontación. Para ello, desde CCOO exigimos el diálogo social en materia migratoria con todas las instituciones con competencias (Subdelegación del Gobierno, Junta de Andalucía, Diputación y ayuntamientos) y la dinamización del Consejo de Inmigración del Ayuntamiento de Córdoba así como del Foro Provincial de Inmigración de la Junta de Andalucía para acercar la realidad de las personas migrantes al conjunto de la sociedad.

Asimismo, “hacemos un llamamiento al Ayuntamiento de Córdoba a agilizar los trámites en materia de Informes sobre vivienda, empadronamiento, etc., preceptivos para la renovación de las autorizaciones”, solicitó Faz.

Por último, el responsable de Migraciones de CCOO de Córdoba se refirió a la emigración de la población española joven de alta cualificación, que cada vez más emigra hacia otros países europeos y que supone el grupo social con mayor movilidad, constituyendo el grueso de los desplazamientos anuales de la población española hacia otros países. “La migración de los jóvenes se produce en un contexto de elevado desempleo juvenil y de falta de creación de empleos dignos”, recuerda Said Faz quien advierte de “las nefastas consecuencias de no adoptar medidas para frenar dicha emigración, mejorando su situación social y laboral”.