La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios (FSS) de CCOO Andalucía, CSIF Sanidad Andalucía y FeSP UGT Andalucía muestran su más absoluto rechazo a la falta de interés del SAS en la negociación de cuestiones fundamentales como es el desarrollo de la carrera profesional para el resto de los colectivos que todavía no pueden acceder a ella y un cambio radical del sistema que facilite el acceso y su viabilidad, tal y como se hace en otros servicios de salud.

Ante esta situación, las citadas organizaciones sindicales han comunicado, a través de un escrito a la Dirección Gerencia del SAS, que iniciarán movilizaciones el día 15 de abril en las puertas de los centros de trabajo –en Córdoba será en el Hospital Reina Sofía- para reivindicar la necesidad de negociar de forma inmediata la carrera profesional, comprometida desde 2006, para todas las categorías. Hasta la fecha ni ésta ni la anterior Administración han mostrado el más mínimo interés en desarrollarla, mantienen la FSS-CCOO Andalucía, CSIF Sanidad Andalucía y UGT.

Asimismo, estos sindicatos reclaman al SAS su compromiso de negociar otros acuerdos pendientes en la Mesa Sectorial que quedaron pospuestos al comienzo del verano de 2020 y recuerdan la interrupción de la negociación del acuerdo por la estabilidad y calidad en el empleo en el SAS y en las agencias públicas sanitarias, pendiente desde hace más de un año.

Precisamente esto nos llevó a la movilización que de nuevo retomamos ante la falta de sensibilidad con los trabajadores de la sanidad y el esfuerzo, sacrificio y riesgo que llevan soportando desde que se inició la pandemia, a pesar de lo cual esta Administración no quiere reaccionar y reconocer un derecho más que merecido refrendado por ley y rubricado con el sudor bajo sus mascarillas y EPIs, aseveran las fuerzas sindicales. Nuestra pretensión es y ha sido siempre facilitar la negociación, hoy más que nunca imprescindible, pero nos veremos obligados a abandonar los foros pertinentes si no vemos una reciprocidad por parte del SAS, advierten.

CCOO remarca la necesidad de mejorar las condiciones laborales del teletrabajo, un sistema de trabajo que, en su mayoría, se ha implantado de forma improvisada y sin planificación, lo que genera desajustes que afectan a la salud, la seguridad y la conciliación de las personas trabajadoras, así como a aspectos relacionados con la promoción y la mejora laboral, las relaciones laborales y la sociabilización de las personas que teletrabajan.

Así se ha puesto de manifiesto en las jornadas “Teletrabajo, ¿oasis o jaula?” que se han celebrado hoy en el marco del acuerdo de concertación con la Diputación de Córdoba, “Juntos x Córdoba” y que ha contado con la intervención de la presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba (Iprodeco), Dolores Amo, quien resaltó la importancia de la concertación social para avanzar en el desarrollo de la provincia y, en concreto, de la formación para luchar contra la despoblación de los pueblos.

Por su parte, el secretario de Empleo de CCOO de Córdoba, Manuel Merino, señaló que hasta la llegada de la pandemia, “el teletrabajo era escaso y se pensaba que estar en casa teletrabajando era estar de vacaciones” pero desde marzo, “el teletrabajo está en la agenda política, económica y social “ y “es un realidad que ha venido para quedarse”. De hecho, según datos del Barómetro Andaluz de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, en 2019 el teletrabajo suponía el 6,4% del empleo, mientras que en 2020 esta cifra se elevó al 21,3%. Estas cifras representan unos 470.000 trabajadores en Andalucía, alrededor de 40.000 de ellos en la provincia de Córdoba.

A causa de la pandemia “muchas personas trabajadoras entraron en este sistema sin ninguna regulación, sin ninguna formación, de manera muy improvisada y sin planificación, lo que genera una serie de desajustes en el mercado laboral”, apuntó Merino quien recuerda que CCOO instó al Gobierno a regular esta nueva forma de trabajo, una regulación que se hizo efectiva en septiembre con la entrada en vigor del Real Decreto de Trabajo a Distancia.

El Decreto recoge cuestiones importantes para CCOO, como la igualdad de trato, de oportunidades y no discriminación entre las personas que trabajan de forma presencial y las que lo hacen telemáticamente, impide que se pueda despedir por la negativa de la persona a teletrabajar, tiene carácter reversible, no puede vulnerar en ningún caso el derecho a la intimidad y evita que no se confunda el teletrabajo con las medidas de negociación. “No se puede incluir el teletrabajo en los planes de igualdad como medida de conciliación, aunque si se puede ser complementario”, remarcó el responsable de Empleo del sindicato.

Otras cuestiones tendrán que desarrollarse a través de la negociación para evitar que el sistema traslade el riesgo empresarial al trabajador o trabajadora –con los falsos autónomos, por ejemplo-, garantizar el derecho a la desconexión digital y el derecho a que la empresa proporcione los equipos y el material en el domicilio y el abono de los gastos.

En las jornadas, la técnico del sindicato Cristina Soler abordó las ventajas del teletrabajo como el desarrollo del entorno rural o posibles reducciones de costes, pero también los incovenientes, como el aislamiento social, la falta de adaptación de los espacios o la dificultad para desconectar. “En cualquier caso no puede suponer una renuncia ni a nivel personal ni profesional, de ahí la importancia de hacer un uso adecuado de esta figura, siendo el respeto a la normativa establecida, la utilización de la negociación colectiva y la información unas herramientas básicas para conseguirlo”, subrayó Soler.

Junto a Soler, también han tomado parte en las jornadas la fisioterapeuta Elena de la Barrera, de Policlínica Corpomente, y la psicólogo Ángela Baena, quienes aportaron buenos consejos para evitar riesgos para la salud ocasionados por el trabajo en casa.

Asimismo, varias personas que teletrabajan compartieron su experiencia y explicaron los pros y contras que encuentran a esta forma de trabajo. En general, coincidieron en señalar la dificultad para desconectar y conciliar y en la falta de formación adecuada y de los medios necesarios para desarrollar correctamente el trabajo a distancia.

La Inspección de Trabajo ha dado la razón a CCOO, cuyo Sindicato de Enseñanza denunció el pasado enero las temperaturas registradas en varios centros educativos de la provincia por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) por bajas temperaturas.

La Ley de PRL establece que en los locales de trabajo cerrados donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares, la temperatura estará comprendida entre 17 y 27 grados centígrados. CCOO pudo comprobar en plena borrasca Filomena que algunas aulas no se alcanzaba la temperatura mínima, hecho que puso en conocimiento de la Inspección de Trabajo que ahora determina que “Se parte en todo caso del incumplimiento de la normativa reglamentaria en relación a la temperatura del aire, que en algunos casos con temperaturas cercanas a los 11 grados pudo generar estrés térmico por frío”.

CCOO agradece tanto a los docentes como a los equipos directivos su colaboración y meticulosidad a la hora de tomar las temperaturas para comprobar, como se hizo, que no se estaba cumpliendo la ley.

Por el contrario, el sindicato critica la dejadez e inacción de la administración educativa que ha provocado este menoscabo a la salud de alumnado y profesorado. Además, en su contestación, la Inspección de Trabajo determina “que se ponga en conocimiento de la Autoridad educativa tal incumplimiento de la normativa reglamentaria y que se practique propuesta de requerimiento a la Unidad administrativa objeto de Inspección en orden al cumplimiento de la normativa reglamentaria citada”. Es decir, se requiere a la autoridad educativa que tome las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley en lo que a las temperaturas en el aula se refiere.

En este sentido, el Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba exige que esta respuesta estimatoria no se quede en papel mojado y signifique un verdadero cambio en la climatización. “Esto no es un problema puntual del invierno, ya que cuando llegue la primavera y el verano el incumplimiento será al contrario y se superarán ampliamente los 27 grados”, remarca el secretario General de dicho sindicato, Francisco Cobos quien recuerda que “los protocolos anti-covid dificultarán todavía más la estancia en los centros educativos tanto de alumnado como de profesorado”.

En cualquier caso, el problema de las temperaturas en las aulas no es nuevo y para CCOO es triste que la delegación de Educación se vea recriminada por la Inspección de Trabajo para cumplir la ley cuando debería ser ejemplo de su cumplimiento.

Los funcionarios de la Policía Local de Villanueva de Córdoba continúan con las movilizaciones ante la falta de diálogo con el equipo de Gobierno municipal, que sigue sin reconocer las condiciones especiales de trabajo de los agentes en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y a quien piden que acaben con la campaña de desprestigio hacia estos profesionales.

La plantilla de la Policía Local lleva seis meses reclamando un incremento salarial acorde a las funciones que realizan, así como otras cuestiones como el pase a segunda actividad –denunciado ante la Justicia por algunos efectivos- pero hasta el momento el equipo de Gobierno, en la figura de su concejal de Seguridad, Gabriel Duque, no ha hecho sino tergiversar las legítimas reivindicaciones de los funcionarios y confundir a la ciudadanía de Villanueva de Córdoba. Más aún, los agentes continúan con sus reivindicaciones para que se les reconozca la turnicidad, nocturnidad y festividad, con la fuerza que les otorga la razón, mientras el equipo  de gobierno municipal trata de amedrentarlos con amenazas de apertura de expedientes disciplinarios e incluso con bajada de retribuciones.

La representación de CCOO en el Ayuntamiento remarca que la Policía Local no está reivindicando una subida salarial porque sí, tal y como se apunta desde el equipo de Gobierno siempre que tiene ocasión, sino la justa retribución por los trabajos que realiza, cuya particularidad está reconocida en el artículo 4.º del Real Decreto 861/1986, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de la Administración Local.

Además, el sindicato recuerda que había un compromiso verbal de la alcaldesa, Dolores Sánchez, quien lleva dos años evitando estudiar la propuesta de regulación que se hizo desde la representación de la plantilla. En este sentido, CCOO remarca que en la valoración de los puestos de trabajo de 2006, no se hizo un correcto reconocimiento de lo que ahora se reclama (nocturnidad, turnicidad y festividad).

La Policía Local de la localidad es de las peor retribuidas de la zona de Los Pedroches y, comparada con otras zonas hay diferencias de hasta 6.000 euros brutos anuales. Sin embargo, Gabriel Duque esgrime que no se pueden comparar con localidades como Pozoblanco por tener este el triple de presupuesto, algo que no es cierto puesto que Pozoblanco tiene un presupuesto de 19,2 millones de euros y Villanueva de Córdoba 7,3, y obvia además que la plantilla de Policía Local pozalbense es casi el triple en número de agentes que la de Villanueva de Córdoba.

Igualmente, Duque ha dicho que tres localidades (Almodovar del Río, Tocina y Archidona) tienen algún complemento más pequeño que la Policía Local de Villanueva de Córdoba pero tras recabar información de estas tres localidades se ha conocido que superan con creces las retribuciones totales a la de los policías de Villanueva de Córdoba como se le ha demostrado documentalmente.

Los agentes no entienden cómo el equipo de Gobierno sigue con la misma actitud tras haberles demostrado en numerosas ocasiones que las retribuciones totales de los agentes son las más bajas de las policías de los pueblos con los que han contactado, aunque puntualmente algún complemento pueda estar por encima.

Asimismo, los representantes sindicales denuncian públicamente que el Ayuntamiento lleva varios años sin respetar  el Acuerdo Marco que se aprobó en el 2007 y más concretamente en lo referente a ayudas sociales, negándose a pagar lo pactado en el acuerdo.

Tras la concentración, la alcaldesa se ha reunido con los representantes sindicales que le han pendido que se siente a dialogar y dejen de tergiversar la información que se da a la ciudadanía con objeto de justificar su actitud de negativa al diálogo.

Tras conocer los datos del paro de marzo, que arrojan una subida del desempleo en la provincia en 312 personas, con lo que Córdoba suma 83.577 personas en situación de desempleo, el secretario de Empleo de CCOO de Córdoba, Manuel Merino, ha mostrado su esperanza de que la contención del paro se mantenga conforme avance la vacunación y ello permita afrontar el verano en mejores condiciones y, sobre todo, “salir reforzados de cara al próximo otoño”.

Merino recuerda que de no haber coincidido con el final de las campañas agrícolas de invierno –que se han saldado con una subida del desempleo de 1.047 personas en el sector-, el paro hubiera descendido en Córdoba en marzo. “La ampliación de los horarios de apertura y la Semana Santa ha tenido un efecto positivo en el sector servicios y si logramos contener los contagios y la situación permite una mayor movilidad confiamos en que las cifras mejoren en los próximos meses”.

Asimismo, Merino ha recalcado la importancia de las medidas de apoyo a las empresas y a las personas trabajadoras autónomas para mantener el empleo en tanto no se pueda recuperar la actividad productiva con total normalidad. “Por eso consideramos fundamental ampliar estas medidas, al menos, hasta el final del verano y en tanto la vacunación no llegue a la mayor parte de la población”, insistió.

Otro aspecto positivo de los datos del paro de marzo es el incremento de la contratación indefinida. “Que suba la contratación indefinida es una buena noticia, porque es dotar al mercado de trabajo de estabilidad y es señal de que las empresas están sabiendo adaptarse a la nueva situación creada por la pandemia”, apuntó el responsable de CCOO quien señala que el punto negativo lo vuelve a poner, un mes más, la situación laboral de las mujeres. “La protección del empleo femenino debe ser una prioridad, porque no podemos permitirnos el lujo de desperdiciar el talento y la capacidad de la mitad de la población cordobesa”, apostilló.

Dona Sangre

CCOO y UGT, con un 70% de la representación en Correos, la mayor empresa pública de nuestro país, tras una reunión de sus máximos órganos, con una participación de más de doscientos delegados y delegadas, han decidido iniciar un proceso de movilizaciones a lo largo de todo el Estado para tratar de poner freno al intento de desguace del modelo postal público por parte de la Dirección de Correos. La primera fase de movilizaciones comenzará en abril, durará hasta el mes de junio e incluirá concentraciones provinciales y autonómicas, sin descartar paros parciales y convocatorias de huelgas generales.

Las políticas implementadas por la Dirección de Correos con su presidente Juan Manuel Serrano, a la cabeza, tienen un objetivo claro, denuncian CCOO y UGT, y no es otro que tratar de demostrar que la parte pública de la compañía no es rentable a través de estrategias totalmente tramposas: trasvases de actividad de la matriz a la filial Correos Express y externalización de ciertos servicios rentables para la compañía; cediendo, regalando o malvendiendo el patrimonio inmobiliario histórico de Correos -habiendo vendido 19 edificios del mismo en los dos últimos años y teniendo otros 88 en previsión de venta-; abocando a Correos a una previsión de pérdidas económicas de hasta 634 millones de euros en 2023, según reconoció la propia compañía en un informe, mientras el resto de operadores europeos han demostrado un fuerte crecimiento económico debido a la situación de la pandemia y el auge del comercio digital; Correos recorta empleo y empeora su calidad (36% de temporalidad y 25% de empleo a tiempo parcial en general, y un 75% en la red de oficinas); reduciendo la red postal pública mediante el cierre de centros de trabajo, oficinas y suprimiendo puestos de reparto rural, aminorando así la capacidad vertebradora y cohesionadora de Correos a lo largo de todo el territorio.

Es escandaloso, afirman CCOO y UGT, que mientras los directivos de cara a la sociedad se dedican de forma torticera a ensalzar la importancia de lo rural y de su colaboración con la España vaciada mediante campañas tan controvertidas como #orgullodelonuestro o #yomequedo, al mismo tiempo acaban con miles de puestos de reparto rural, teniendo que realizar los trabajadores/as kilómetros de reparto inasumibles, vulnerando el derecho de la ciudadanía a la recepción de correspondencia e incumpliendo con lo recogido en la ley sobre la prestación de servicios postales, 5 días a la semana.

Los sindicatos advierten que se está produciendo un cambio de modelo claro en la compañía pública dejando a un lado y debilitando de forma drástica el ámbito del servicio postal universal, para centrarse en un modelo logístico puro, abriendo las puertas a su futura privatización. La reducción de la financiación pública al operador así lo demuestra, aseguran los sindicatos, lejos de los 220 millones acordados en la Comisión Mixta Fomento con CCOO y UGT en 2017, se han aprobado 110 millones menos en los PGE-2021, y casi 100 millones menos en el futuro Plan de Prestación del Servicio Postal Universal. Con estos tijeretazos a la empresa pública más grande del país, está claro que no solo es la Dirección de la empresa la que sostiene el cambio de modelo, sino que el Gobierno está avalando con su callada por respuesta el nuevo rumbo del operador público y denostando la misión de Servicio Público que tiene encomendado.

Así las cosas, las organizaciones sindicales exigirán a través de las movilizaciones al Gobierno que, de una vez por todas, defina cuál es su proyecto de Servicio Público Postal y que resitúe al operador postal como eje fundamental del proyecto de recuperación, transformación y modernización del país.

Las movilizaciones se realizarán a lo largo de todo el país, de forma ascendente y sostenida en el tiempo, respetando las restricciones sanitarias y los sindicatos advierten que de no revertirse las políticas de la Dirección de la empresa que encaminan al operador público a una clara privatización, y de no llegar a una definición clara por parte del Gobierno para con la mayor empresa pública y su inclusión en el proyecto futuro de modernización y transformación del país, CCOO y UGT continuarán defendiendo a través de la movilización un proyecto de modelo postal público, sostenible, eficaz, moderno y eficiente.