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Piragüismo en el Guadalquivir

Los sindicatos de la Administración de Justicia continúan con la huelga indefinida del personal de las categorías generales y especiales, que suponen el 93% de la plantilla de la Administración de Justicia y que hoy han trasladado la protesta a la sede del PSOE en Córdoba, como partido del Gobierno.

El comité de huelga dirigió ayer sendas cartas al presidente del Gobierno aún en activo y a la ministra de Justicia para exigirles, al primero, que intervenga en el conflicto y, a la segunda, que se siente a negociar a pesar de la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio. Igualmente, los sindicatos se dirigieron a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como representante de la otra parte del Gobierno de coalición, para solicitarle su intermediación en el conflicto.

En este sentido, el delegado de CCOO en la Administración de Justicia José Carlos Alba explica que, “aunque con la disolución de las cortes se paraliza la tramitación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), cuya paralización es una de las reivindicaciones fundamentales del colectivo, aún queda la cuestión de la definición de las funciones y atribuciones que les corresponden a los trabajadores y trabajadoras. Y esta es una cuestión que aún estando el Gobierno en funciones se puede seguir negociando”.

No solo es que no existen impedimientos legales para negociar sino que, de hecho, hay precedentes de acuerdos firmados con gobiernos semanas antes de unas elecciones, en 2008 y en 2018. Por ello, los sindicatos reclaman al Ministerio que no use el anuncio de elecciones generales como excusa para no acometer una negociación que es justa.

“De la misma manera que se ha llegado a un acuerdo con fiscales y jueces queremos llegar a un acuerdo con quienes sacan adelante la mayor parte del trabajo de la Administración de Justicia”, señaló el responsable de CCOO quien apunta que ayer “había unas 3.000 demandas sin repartir entre los juzgados de Civil y Social, con independencia del Registro Civil y otras actuaciones que se están llevando en el resto de los juzgados”.

Ante las declaraciones de la ministra Pilar Llop sobre la vinculación de las subidas salariales a la LOEO, que ahora está paralizada por la disolución de las Cortes, las organizaciones sindicales entienden que si puede cumplir lo pactado con jueces, fiscales y letrados puede consensuar una subida justa para las categorías generales al margen de la Ley de Eficiencia.

En cualquier caso, los sindicatos del comité de huelga descartan abandonar las movilizaciones que se iniciaron en abril.