Tanto los delegados/as de CCOO y UGT Correos, como la plantilla de la provincia de Córdoba se han concentrado en una rodada postal con recorrido por la Avd. Barcelona, Avd. Almogávares, Avd. De la Libertad, Avd. América, inundando las calles de vehículos, continuando con el proceso de movilizaciones en todo el Estado que ya iniciaran con las concentraciones de delegados/as durante el mes de abril, para exigir a la Dirección de Correos, con su presidente Juan Manuel Serrano a la cabeza, que cesen las políticas de desguace del operador público y han reivindicado un Modelo Postal Público sostenible, eficaz, moderno y eficiente.

El presidente de Correos, por su nefasta gestión y el errático liderazgo, está llevando a la empresa a una previsión de pérdidas económicas de hasta 634 millones de euros en 2023, según informe entregado a las OOSS el pasado 21 de enero, mientras el resto de operadores europeos han demostrado un crecimiento económico debido a la situación de la pandemia y el auge del comercio digital. Además, está recortando empleo y empeorando su calidad (3.000 efectivos menos anuales, 36% de temporalidad, y 25% de empleo a tiempo parcial en general, y un 75% en la red de oficinas, así como un 50% en los centros de clasificación y tratamiento postal) oficinas como Puente Genil, Rute, Aguilar de la Frontera, etc están sufriendo los recortes en contratación; y está reduciendo la red postal pública mediante el cierre de centros de trabajo, oficinas y suprimiendo puestos de reparto rural como el caso de Priego de Córdoba, Rute, Luque, Belmez y Aguilar de la Frontera, donde la falta de contratación está obligando a los carteros rurales a ampliar sus recorridos con el consiguiente deterioro del servicio, aminorando así la capacidad vertebradora y cohesionadora de Correos a lo largo de todo el territorio. En definitiva, Juan Manuel Serrano está llevando a Correos en dirección contraria a la construcción de país, y a la reversión de la España Vaciada que el Gobierno tiene como uno de sus ejes estratégicos.

CCOO y UGT han exigido al Gobierno, en su requerimiento de participación de la empresa pública en los fondos europeos, que se siga la senda del resto de países del entorno europeo que han respaldado sin ambages a sus Operadores Postales, incorporando a Correos a la agenda política del Gobierno, determinando su carácter de servicio esencial para la ciudadanía, tal y como se ha demostrado en plena pandemia. Igualmente han exigido que se considere su carácter estratégico para un proyecto de transformación y modernización del país.

La primera fase de movilizaciones que comenzó en el mes de abril con las concentraciones de delegados/as, continúa con rodadas postales provinciales y durará hasta finales de junio, incluyendo concentraciones provinciales y autonómicas, sin descartar paros parciales y convocatorias de huelgas generales. El objetivo es dar a conocer a las diferentes instituciones, Ayuntamientos, Gobiernos regionales, etc., así como a la opinión pública, cuál es la situación de Correos, hacia dónde quieren dirigir al operador público y el modelo de Servicio Público Postal que defienden CCOO y UGT. Continuarán las movilizaciones mientras la Dirección de Correos no pare su agenda de desguace y hasta convencer al Gobierno de que resitúe a Correos como proyecto de futuro de nuestro país. Los sindicatos ya están apuntando a una previsible huelga general.

Más del 90% de la plantilla de BBVA en Córdoba ha secundado el paro de dos horas convocado para hoy en protesta por el ERE presentado por la empresa, que en Córdoba afectaría a 57 trabajadores y trabajadoras y a 76 oficinas de Andalucía –aún sin determinar cuántas de ellas en Córdoba-.

La delegada de CCOO en BBVA Antonia Hernández explicó que aunque se ha logrado reducir la propuesta inicial de 3.800 a 3.300 personas afectadas para CCOO "sigue siendo una cifra inaceptable" y por ello "esperamos que en la negociación se consiga reducir mucho más esta cifra" y “esperamos poder acercar posiciones con la empresa aunque aún estamos bastante alejados”.

En este sentido, Hernández remarcó que "el cierre de oficinas y el despido de personal va a llevar a la exclusión financiera tanto de personas mayores como de zonas rurales, que se van a quedar sin oficinas" y “queremos evitarlo a toda costa y los despidos masivos en condiciones lamentables que plantean”.

En este sentido, la delegada de CCOO insistió en que la enorme pérdida de empleo que viene sufriendo la banca, a pesar de que en España la ratio de empleados de banca por habitantes es menor que en otros países de Europa. “Pagamos los empleados y empleadas y la clientela mientras que los directivos siguen subiéndose el sueldo”, remarcó.

El próximo miércoles, la plantilla de BBVA continuará con la movilización con una huelga de 24 horas previa a los últimos días de negociación. “Pedimos a la ciudadanía que nos apoye, porque el despido de 3.300 personas no solo va a afectar a sus familias, sino a toda la sociedad”, apostilló Hernández.
 

Con esta intervención se promueve la capacitación de la sociedad civil organizada y de los gobiernos locales para promover la gestión concertada en la prestación de servicios públicos en el proceso de recuperación social y económica frente a la crisis de la pandemia en cinco de los nueve distritos de la provincia de Anta, favoreciendo la gobernabilidad democrática en la provincia más pobre del Cusco y una de las más pobres del Perú.

Antes incluso de la actual pandemia, las entidades de gobierno y de sociedad civil del Cusco evidenciaban dificultades para ingresar a una esfera de modernidad donde las demandas de la ciudadanía tengan una respuesta adecuada de las administraciones locales como garantes de derechos y titular de obligaciones. Esta situación se ha visto mucho más acentuada durante el confinamiento social producto de la declaración nacional de emergencia sanitaria, que limitó el trabajo de las municipalidades, que dejaron de prestar servicios públicos y generaron incertidumbre y malestar en la población ante la poca respuesta a sus crecientes demandas.

Este proyecto, por tanto, nace con el propósito de que las municipalidades y organizaciones productivas y sociales cuenten con mayores habilidades para insertarse en los procesos de recuperación social y económica, planteándose tres componentes o resultados estratégicos:

En primer lugar, que la población cuente con mejores capacidades de resiliencia y vigilancia ciudadana en el proceso de recuperación social y económica por la COVID 19. Se buscará fortalecer las capacidades de organización y de información de las organizaciones productivas y sociales junto con otros actores para promover acciones para la recuperación social y económica de los efectos producidos por la COVID 19 y generar procesos de desarrollo para su bienestar y mejora de su calidad de vida. Por otro lado, se buscará que las organizaciones se integren a los espacios de coordinación y concertación para involucrarse a los procesos de recuperación de los efectos de la COVID 19.

En segundo lugar, se buscará mejorar los mecanismos de atención a la ciudadanía de manera oportuna y eficiente en las municipalidades de la provincia de Anta en respuesta al nuevo contexto de pandemia. Se reducirán las brechas digitales de los gobiernos locales con tecnología de la información para la transparencia de la gestión municipal, orientando las acciones a la generación de mecanismos digitales flexibles, así como canales de comunicación virtuales bajo un enfoque de servicio al ciudadano que busca mejorar la gestión en los procesos y los servicios ofrecidos a la ciudadanía, incrementar la transparencia y la participación de la ciudadanía y orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública.

En este marco se plantea informatizar los procesos de trámite documentario y recaudación tributaria, que permita interactuar electrónicamente con la ciudadanía. El uso de tecnología digital conlleva también a incorporar estas herramientas en los procedimientos de gestión municipal, para lo que se precisa asesorar a las áreas involucradas en la elaboración de los manuales de procedimientos que agilicen la atención a la ciudadanía.

Finalmente, se fortalecerán las capacidades de servidoras y servidores públicos y de la sociedad civil organizada para la gestión de proyectos de inversión en el proceso de recuperación social y económica y en la generación de políticas inclusivas para el fortalecimiento de la capacidad de resiliencia de la población vulnerable, promovida desde la participación de actores sociales en los espacios de coordinación y concertación social.

Esta intervención beneficiar durante los próximos doce meses a 2289 personas pertenecientes a organizaciones productivas y sociales, funcionario público de las áreas de atención a la ciudadanía y gestores de proyectos de inversión y actores de los espacios de coordinación y concertación social como las mesas de desarrollo social y los comités de vigilancia ciudadana de los cinco distritos del ámbito del proyecto.

Bornay, empresa líder del sector de las energías renovables y, además, bioclimática, es consciente de la importancia de la colaboración en una mejora global de la calidad de vida en el planeta y para consolidar su contribución se ha adherido al Pacto Mundial.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de Septiembre de 2015, con el principal objetivo de marcar un nuevo paradigma mundial, implantando un avanzado modelo de desarrollo sostenible.

En el Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030, se pone de manifiesto el papel estratégico de las empresas para abordar el reto de la localización y alcance de los ODS, dado que las estrategias para promover un modelo de desarrollo sostenible deben partir desde la esfera local fomentando la participación de toda la ciudadanía.

En este marco de actuación, los gobiernos autonómicos se han implicado en la difusión, implementación y seguimiento de los ODS y, para ello, han desarrollado planes de sensibilización, integración de los ODS en su marco de actuación, generación de alianzas con municipios y ciudades de las comunidades autónomas, trabajando conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil.

Bornay se suma al marco de actuación de la Generalitat Valenciana, para abordar el cumplimiento de los ODS, en el marco de la Agenda 2030, mediante la implementación de medidas enfocadas en tres líneas: la información, la sensibilización y el compromiso.

Este hito es especialmente importante para Bornay, puesto que, a través de la primera Memoria de RSC / Informe de Progreso se manifiesta el compromiso adquirido con el Pacto Mundial de Naciones Unidas y sus Principios, en sintonía con los ODS que marcan la Agenda 2030. Dichos Objetivos no quieren dejar a nadie atrás, hacen un llamamiento a todos los actores sociales, entre ellos las PYMES, para que sean palanca de aceleración de la acción global hacia la sostenibilidad.

A finales de año, se hará pública esta Memoria, que plasma las acciones que en el día a día desarrolla la empresa, para contribuir a los ODS y dar a conocer más en profundidad la filosofía y ejes de acción de la empresa a todos sus clientes y proveedores.

Con este tipo de acciones, Bornay enraíza sus políticas de Responsabilidad Social con la actividad diaria de la empresa y lo transmite al exterior de una manera clara y transparente.

Es primordial para la empresa unirse de manera explícita a este tipo de iniciativas que promueven la mejora de la calidad de vida en el planeta y la sostenibilidad del medioambiente para hacer de la tierra un lugar más habitable y saludable para todos.

Sobre Bornay

Bornay fue fundada en 1970 en Castalla. Alicante, con el objetivo de llevar energía a donde no la había haciendo uso de las renovables. En la actualidad cuenta con una filial en los Estados Unidos y su departamento de I+D+i mantiene un constante pulso consigo mismo para mejorar los productos de la compañía, que también es distribuidora de gamas de productos relacionados con las energías renovables.

Una de sus especialidades es la distribución de baterías para usos domésticos en especial relacionados con los sectores de ocio y recreo, náutica, industrial y movilidad que distribuye a través de su división Bornay Comercial.

El compromiso de la compañía con la sostenibilidad comienza por sus propios procesos, ya que todos se realizan en unas instalaciones autosuficientes y bioclimáticas, pero va mucho más alá, a través de otro de sus proyectos de responsabilidad social corporativa, ‘Ilumina Sonrisas’ que ayuda a través de la captación de fondos y el micromecenazgo con el objetivo de ayudar a organizaciones asistenciales a llevar energía renovable a logares remotos, especialmente a zonas deprimidas, donde la energía convencional no llega.

El gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha anunciado en Mesa Sectorial su compromiso a pagar las cantidades que se adeuda a las trabajadoras y trabajadores del SAS del Complemento de Rendimiento Profesional (CRP) de 2019 “aunque sea en otro concepto distinto”.

Ante las presiones ejercidas por CCOO, SMA, CSIF y UGT exigiéndole una respuesta con continuas protestas en los centros sanitarios de toda Andalucía, finalmente el gerente del SAS se ha comprometido al afirmar que, aunque el presupuesto para el CRP 2019 “ya lo tienen más que cerrado y gastado”, admite esa deuda de un 24% del segundo pago y negocia con Hacienda su pago.

Las cuatro organizaciones sindicales, tras convocar movilizaciones las semanas anteriores, dan un voto de confianza y detienen las movilizaciones a la espera no solo de ese pago, sino que además se han constituido diversas mesas de negociación para cerrar acuerdos fundamentales como la carrera profesional, urgencias, etc. que comenzarán de forma inmediata.

El secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, destaca la importancia de la movilización para forzar al SAS a reconocer la deuda con su plantilla y agradece el apoyo recibido por los trabajadores y trabajadoras del SAS durante las movilizaciones realizadas tanto en el Hospital Reina Sofía y el Provincial de Córdoba, como en el Infanta Margarita de Cabra.

No obstante, Damas recuerda que el objetivo de CCOO es que el CRP se consolide en las nóminas en conceptos salariales fijos para acabar de una vez por todas con las discriminaciones entre puestos de categorías base -que llegan a cobrar 450€ anuales-, y directivos, que llegan a superar los 12.000€ anuales, esto es, un 2.500% de diferencia retributiva”, concluye el responsable sindical.

La candidatura de CCOO a las elecciones sindicales celebradas en la Residencia de Mayores de Baena “La Casa Grande” ha conseguido el respaldo masivo de los votos, obteniendo la candidatura del sindicato las 3 delegadas que se elegían, quedando la otra candidatura presentada por UGT sin representación.

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, continúa en su senda de afianzamiento de su liderazgo en la provincia, aumentando el respaldo de los trabajadores y trabajadoras del sector sociosanitario. En esta ocasión, CCOO aumenta su representación de las anteriores elecciones, con 104 votos frente a los 15 de UGT.

El secretario General de dicho sindicato provincial, José Damas, resalta que “la plantilla ha apostado claramente por la línea de trabajo sindical que se ha llevado a cabo por el sindicato y por las delegadas de CCOO”. Damas agradece a toda la plantilla de la Residencia de Mayores de Baena el apoyo depositado en la candidatura de CCOO y felicita y da la enhorabuena a las delegadas electas “por su trabajo y por el compromiso y dedicación en la defensa de los derechos laborales de la plantilla de del centro”.

Y aunque la empresa pasa por una disminución de ocupación de personas residentes y ha presentado recientemente un ERTE que ha afectado a 5 trabajadoras por un periodo de seis meses, “se ha conseguido negociar que afectase al mínimo de personal y siempre mejorando las condiciones, garantizándose el disfrute del mes completo de vacaciones, aumento de la prestación de desempleo con un complemento mensual adicional similar a la prorrata de paga extra mensual y garantizándose que no se descuenten los días por ERTE de las pagas extraordinarias, entre otras medidas”, remarca Damas.

Entre los principales objetivos que trabajará CCOO en los próximos cuatro años se sitúa velar en la comisión de seguimiento del ERTE por el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, vigilar el cumplimiento del convenio, velar por la seguridad y salud de la plantilla, y seguir luchando por el cumplimiento de los derechos laborales y retributivos de un sector altamente feminizado, con salarios bajos y grandes cargas de trabajo, donde hay un alto índice de lesiones musculoesqueléticas.

Además, el secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba ofrece el compromiso del sindicato para a seguir trabajando y conseguir que el sector de la dependencia mejore sus condiciones laborales y, para ello, el sindicato trabaja a nivel estatal, demandando mayor dotación presupuestaria, y para negociar un nuevo convenio colectivo para el sector de la dependencia con el objetivo de que se recojan nuevos derechos retributivos y laborales acordes con la realidad actual social y laboral, máxime, cuando en este periodo de pandemia se han puesto de manifiesto las grandes carencias de este sector.

La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Córdoba ha constituido hoy su Consejo en el que se han abordado las líneas de actuación que se desarrollarán en los próximos meses en ámbitos tan importantes como las pensiones, la dependencia y la violencia de género.

En el Consejo se explicó las propuestas del sindicato para el Sistema Público de Pensiones, un sistema que, insisten, es sostenible ampliando y mejorando las políticas recaudatorias del Estado y mediante el Pacto de Toledo, que es donde deben adoptarse los acuerdos para acabar con la reforma que llevó a cabo el anterior Gobierno del PP.

En este sentido, CCOO pretende la derogación del factor de sostenibilidad y retomar el IPC para la revaloración anual de las pensiones públicas. Igualmente, con esta negociación persigue reforzar la estructura de la financiación del sistema, culminando la separación de fuentes, así como alcanzar los compromisos presupuestarios necesarios por parte del Estado para el sostenimiento de las pensiones de hoy y del futuro.

Así, CCOO insiste en que es preciso subir las cuantías de las cotizaciones sociales y corregir la situación de millones de trabajadores y trabajadoras y pequeños empresarios y empresarias que por no haber cotizado como el resto, ahora disponen de pensiones muy bajas.

El sindicato entiende que para luchar por el reparto de la riqueza en este país hay que aprovechar todos los foros sin renunciar a la movilización ni a la negociación. En el contexto actual, de ataques indiscriminados de las derechas a los valores de la solidaridad y del trabajo, los acuerdos en materia de consolidación de derechos requieren del apoyo proactivo de todos los actores. Por ello, CCOO considera que movilizarse para pedir una auditoría genérica a la Seguridad Social, sin precisar quién la hace ni sus objetivos, así como despachar los trabajos del Pacto de Toledo diciendo que ha empeorado la situación de los pensionistas es una postura simplista que no es compartible por el sindicato.

Por otra parte, el Consejo también abordó la cuestión relativa a la actuación en Córdoba del servicio de Atención a la Dependencia. CCOO ha constatado que en el mes de abril había en la provincia más de 4.000 personas que tienen reconocido el derecho a la dependencia y sin embargo no estaban recibiendo ningún tipo de prestación. Para el sindicato, es fundamental que el sistema de dependencia cuente con el presupuesto suficiente y necesario para poder prestar con agilidad un servicio fundamental para miles de personas y sus familias.

Junto a lo anterior, otra de las cuestiones que se pusieron de manifiesto en este primer Consejo de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO fue la violencia de género. El sindicato denuncia el incumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ya que a pesar de las muchas denuncias y reclamaciones, aún no se ha acometido la reforma del Código Penal para endurecer las penas a los agresores.

Por ello, CCOO exige a los poderes públicos la contundencia que situación requiere y poner freno a la política involucionista que muchas sentencias están evidenciando.

El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba ha continuado hoy la campaña de denuncia del cierre de líneas en los colegios públicos de la provincia con una concentración a las puertas del CEIP Hernán Ruiz de la capital cordobesa, un centro que se verá afectado por el recorte de aulas que pretende ejecutar la Delegación de Educación para el próximo curso.

El secretario General de este sindicato, Francisco Cobos, dijo durante la concentración, a la que se han sumado algunas familias del centro y el miembros del equipo directivo del mismo encabezados por su director, Rafael Castro, que “nos parece una aberración que haya familias que no puedan matricularse en el centro de su propio entorno” y por ello le pedimos a la Delegación de Educación que sea valiente y mantenga las líneas que pretende cerrar”.

“El Gobierno andaluz, que presume de ser el Gobierno del cambio, no lo es y sigue haciendo los mismos recortes educativos que se han hecho en Andalucía en los últimos 20 años y seguimos recortando donde más duele, en las clases de Infantil, en niños a los que alejamos de su entorno y de sus amigos y amigas”, criticó el responsable sindical quien recordó que en los últimos 4 años se han cerrado en la provincia casi 400 aulas.

En el caso del CEIP Hernán Ruiz, perderá, si la Delegación de Educación no da marcha atrás, una línea de Primaria, cuando hay 8 familias que han solicitado matricular a sus hijos en este colegio y que debido al cierre de una línea no podrán acceder al mismo. Además, hay 26 solicitudes para Infantil de 3 a 6 años, de forma que una familia tampoco podrá acceder al centro, que ha pedido el desdoble de esta clase para que “los niños que entran a la vida escolar puedan hacerlo en un entorno cómodo, seguro –por el tema covid- y con calidad educativa”, dijo el director del centro que insistió en que “tenemos la demanda familiar y para nosotros es fundamental no romper el hilo educativo en este barrio que como siempre ha sido Escuela Infantil Cruz de Juárez, CEIP Hernán Ruiz, Grupo Cántica y Ángel de Saavedra”.

No es el único centro afectado por el cierre de aulas. En el caso de Córdoba capital, La Aduana y el CEIP Al-Andalus, son otros ejemplos de esta política de recortes en la enseñanza pública, que es especialmente sangrante en el caso de la localidad de Priego de Córdoba, en donde 11 familias se ven afectadas por el cierre de aulas.

“Lo que estamos haciendo es adelgazar la fuerza de la enseñanza pública en Andalucía”, remarcaba Cobos que explicó que en la reunión mantenida ayer con la Delegada de Educación en Córdoba, Inmaculada Troncoso, “le preguntamos qué va a ocurrir si hay una subida de la natalidad en los próximos años, como es previsible y, si el músculo de la pública está debilitado, ¿vamos a obligar a las familias a escolarizar a sus hijos en enseñanza concertada y en muchos casos religiosa, que no cumplen los cánones de las familias que quieren matricular a sus hijos en la pública?”.

En este sentido, el responsable de Enseñanza de CCOO de Córdoba hizo hincapié en que “es el momento de aplicar una matemática creativa” y “desdoblar las aulas que tienen 26 alumnos, que están fuera de norma, porque el máximo son 25”.

CCOO continuará con las movilizaciones contra el cierre de aulas y para exigir la reducción de ratios en las aulas el próximo 9 de junio en el CEIP Al-Andalus.

Concierto de Primavera