La Sección Sindical de CCOO en la Universidad de Córdoba exige que se inicie de inmediato la vacunación al personal de la institución universitaria al recuperarse la enseñanza presencial.

La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ya advirtió el pasado febrero de la exposición al contagio que sufre el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de las universidades, siendo entonces la docencia on line, exceptuando las clases prácticas. El sindicato solicitó entonces que el personal universitario fuese incluido en el programa de vacunación frente al covid-19, al igual que el resto del personal sistema educativo andaluz.

Sin embargo, CCOO critica que no se ha hecho ningún avance en este sentido y que a pesar de que el miércoles se retomaron las clases presenciales, no hay ninguna perspectiva de que este personal sea vacunado en breve.

Para el sindicato, los parabienes de las autoridades autonómicas y universitarias el pasado miércoles por el reinicio de las clases presenciales deben ir acompañados de una preocupación sincera por la seguridad de trabajadores, trabajadoras y estudiantes. En este sentido afirma que no es comprensible que el miércoles se celebre la vuelta a la normalidad en la universidad y se subraye la importancia de este hecho, mientras por otro lado se excluye al personal universitario de los planes de vacunación.

CCOO celebra el inicio de las clases presenciales, pero exige que este vaya acompañado del inicio de la vacunación del personal de la universidad. El sindicato subraya que son los trabajadores y las trabajadoras de la universidad los que hacen posible, día a día, que esta funcione con normalidad y exigen el máximo respeto para su seguridad.

Como ya es una tradición, personal y representantes de CCOO se han concentrado a las puertas del sindicato en Córdoba con motivo del Día de la Mujer Trabajadora que este año han celebrado bajo el lema #VivasLibresUnidas y en el que se ha querido poner el énfasis en la necesaria dignificación del sector de cuidados, un sector fuertemente feminizado y también muy precarizado, cuya importancia se está poniendo de manifiesto en estos meses de pandemia. En este sentido, el sindicato reclama la plena equiparación de derechos de las trabajadoras del hogar.

Cristina Soler, de la Secretaría de Mujer de CCOO de Córdoba, daba lectura al manifiesto con el CCOO ha querido dejar claro su compromiso por la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres y la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia hacia las mujeres, y muy especialmente en el principal ámbito de actuación del sindicato: el ámbito laboral.

“El logro de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres es un objetivo sindical prioritario, tenemos que luchar en este momento con más fuerza que nunca para vencer los retos que esta pandemia nos plantea en todos los ámbitos, especialmente con respecto al empleo y la igualdad entre mujeres y hombres”, leía Soler.

“La pandemia ha evidenciado en mayor medida los desequilibrios y desigualdades de género y ha puesto de manifiesto importantes déficits de nuestro estado de bienestar y de protección social como son: la crisis de cuidados, caracterizada por la existencia de un sector laboral de cuidados fuertemente feminizado y precarizado; la ausencia de unas políticas efectivas con perspectiva de género en materia de corresponsabilidad entre mujeres y hombres; y la escasa o nula protección social adecuada e igualitaria en las tareas de cuidados”, rezaba el manifiesto.

Así, CCOO remarca que “esto es un problema estructural y global que requiere respuestas políticas que estén a la altura para poder resolver los graves problemas sociales, económicos y de desigualdad que conlleva y que injustamente recae sobre las mujeres”.

Por ello, CCOO exige al Gobierno de la Junta de Andalucía que sin más demora lleve a cabo medidas de protección a las personas trabajadoras, especialmente dirigidas a las que se encuentran en una situación más precaria, complementando los ERTE y revisando la Renta Mínima de Inserción para que sea complementaria a otras ayudas públicas.

Al empresariado andaluz, el sindicato lo insta a superar sus propias limitaciones y a proyectar unas relaciones laborales igualitarias, que permitan avanzar a las empresas y al conjunto de la sociedad, porque sin igualdad no hay justicia social.

Pero además, es prioritario impulsar la negociación colectiva de medidas y planes de igualdad en Andalucía; exigir el cumplimiento de los planes de igualdad en los términos que obliga la legislación y derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral y, especialmente, aquellos que afectan de forma más negativa a las trabajadoras.

Además, es urgente incrementar el SMI hasta situarlo al final de la legislatura en el 60% de la media salarial, incrementar y mejorar las políticas activas de empleo y en especial las dirigidas al incremento de la participación y permanencia de las mujeres en el mundo laboral –para lo que es necesario contar con políticas de corresponsabilidad efectiva- y adoptar medidas de acción positiva y políticas dirigidas a eliminar la discriminación y la desigualdad en el empleo y en la protección social.

Por otra parte, CCOO considera imprescindible invertir en infraestructuras públicas adecuadas, suficientes, asequibles y de calidad para el cuidado de familiares y fortalecer la oferta pública de infraestructuras y servicios públicos relacionados con el cuidado, así como adoptar medidas y políticas dirigidas a lograr la representación paritaria en todos los órganos de representación y decisión en Andalucía.

Avanzar en la eliminación de las violencias machistas, garantizando la financiación necesaria y el estricto cumplimiento de las medidas acordadas para Andalucía en el Pacto de Estado contra la violencia de género y establecer políticas migratorias y de refugio con perspectiva de género son también cuestiones primordiales para CCOO.

CCOO y UGT, sindicatos mayoritarios en Correos con más del 70% de representación, denuncian que el colectivo de trabajadores/as del servicio postal no está incluido dentro de la estrategia de vacunación contra el covid-19 del Gobierno, como colectivo prestador de un servicio público esencial.

En dicha estrategia se establece el orden en el que los grupos de población podrán acceder a la vacunación, y además se han ido incluyendo los colectivos que también están siendo vacunados al estimar que su actividad laboral es una función esencial para la sociedad. Se incluyen todas las personas con trabajos relacionados con el ámbito sanitario y hospitalario, tengan o no contacto con el público, Residencias y Centros Penitenciarios, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, incluidas las policías autonómicas y locales; el personal de emergencias, bomberos o protección civil, las Fuerzas Armadas y los docentes de infantil, primaria, secundaria y los de educación especial, incluyendo a otros profesionales que atienden al alumnado.

Ambos sindicatos entienden que es imprescindible hacer un orden de prioridad en el acceso a la vacunación, pero denuncian que el personal de Correos no esté incluido en esa previsión, a pesar de ser mayoritariamente un colectivo laboral que presta un servicio público en contacto directo con la ciudadanía, a la altura de los colectivos mencionados.

Con independencia de que el Gobierno deba establecer las prioridades, para estas organizaciones sindicales cabe preguntarse porque para el Gobierno el servicio postal, y sus más de 55.000 trabajadores/as, parecen no ser esenciales para la sociedad. En un tema tan delicado quieren evitar caer en demagogias, porque son muchos los colectivos laborales que con similares argumentos piden al Gobierno -a través de sus patronales- ser los próximos en poder acceder a la vacuna en función de su actividad: trabajadores/as de supermercados, taxistas, camareros, etc.

Los trabajadores/as de Correos recoge hoy los frutos envenenados de las acciones de su presidente. Porque cuando lo que se vende durante casi tres años es la transformación de Correos en una eficiente y moderna empresa paquetera “sin nombre”, abandonando la carta, el servicio rural y primando el valor del negocio frente al del servicio público a la ciudadanía, no es de extrañar que el Gobierno y la sociedad, engañado/a por un presidente que utiliza Correos para su proyección personal, nos vean solamente como una empresa paquetera más. La estrategia de desguace y reconversión del modelo de servicio público postal, en el que la filial Correos Express coloniza la empresa matriz derivando actividad, carga de trabajo y empleo para que lo desempeñen trabajadores autónomos, es una responsabilidad directa de Serrano, y como vemos tiene consecuencias que van más allá del plano laboral.

CCOO y UGT exigen que, más allá de supuestas cartas al Ministerio, Serrano realice personalmente un posicionamiento público expreso (utilizando ese carísimo altavoz mediático que le sirve para autobombo) en el que pida la inclusión del colectivo de Correos en la estrategia de vacunación de Colectivos Esenciales. Lo son por razones sociales (vertebran territorio y sociedad) y también sanitarias (¿hay más primera línea que decenas de miles de personas contactando con millones de ciudadanos/as a diario?). Sería un primer paso por su parte para poner en valor el servicio público postal, y el trabajo de las más de 55.000 personas que lo realizan todos los días.

El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba pide a la Junta de Andalucía que contrate a las monitoras escolares que actualmente se encuentran contratadas a tiempo parcial a jornada completa para poder atender adecuadamente los trámites del periodo de escolarización en curso.

El secretario General de este sindicato, Manuel Serrano, recuerda que las monitoras escolares realizan labores administrativas, entre ellas, las de matriculación, traslados de expedientes, etc., y que de las 426 que se encuentran contratadas a tiempo parcial en Andalucía -74 de ellas en Córdoba-, 411 atienden a dos centros. “Atender a dos centros significa doblar la carga de trabajo y al final, las monitoras, por tal de dejar hecho el trabajo y atender las necesidades de la comunidad escolar terminan prestando horas extra gratuitas. La Junta se aprovecha de la profesionalidad de estas trabajadoras para no dotar a los centros escolares de una monitora a tiempo completo, que es lo que se necesita”, critica.

Las monitoras escolares –el 80% de ellas son mujeres- trabajan 8, 12, 16 o 20 horas a la semana, unas horas claramente insuficientes para cubrir las necesidades de los centros escolares, más aún, en periodos de gran carga de trabajo como el actual de matriculación. “Las monitoras van a gestionar en las próximas semanas miles de expedientes y eso supone una enorme sobrecarga laboral con las consecuencias negativas que todos conocemos: ansiedad, estrés, sobrecarga muscular, etc.”, remarcó el responsable sindical.

A esta sobrecarga se une que, en algunos institutos de Educación Secundaria (IES), la falta de cobertura de vacantes de personal administrativo sea cubierta por estas profesionales, que asumen no solo sus funciones sino la del puesto vacante.

Por ello, CCOO vuelve a exigir a la Junta de Andalucía que amplíe los contratos de estas monitoras a tiempo completo, para dar el servicio de calidad que se merecen las familias y el profesorado de los centros de educación públicos.