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El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba denuncia el estado ruinoso del consultorio de la barriada de Los Mochos de Almodóvar del Río y la  situación de riesgo a la que se ven sometidos tanto los usuarios y usuarias como la plantilla de profesionales del centro.

“CCOO lleva varios meses denunciando el mal estado y abandono en que se encuentran algunos centros de salud y consultorios tanto de la provincia como de la capital cordobesa por la falta de inversiones de la Junta de Andalucía y el poco interés que demuestra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en mantener con la dignidad que requiere el sistema sanitario público”, recuerda el secretario General del mencionado sindicato provincial, José Damas.

De esta forma, el sindicato ha denunciado en varias ocasiones la situación lamentable de algunos centros sanitarios, como es el caso de los de Alcolea y Villarrubia, además del mencionado consultorio de Los Mochos, cuyo estado es tan lamentable que ha llegado a desplomarse el techo de escayola de la primera planta, donde se ubican la consulta de pediatría y el aula de actividades.         

El Distrito Sanitario Guadalquivir tiene conocimiento desde hace al menos dos años de lo que ocurre en el edificio en el que debido a las continuas  goteras existe un riesgo inminente de caída de techos y cornisas exteriores. De hecho, si la caída del techo de pediatría no se hubiera producido, casual y afortunadamente, en un día festivo sin actividad sanitaria, posiblemente se hubiera tenido que lamentar alguna desgracia. Y a pesar de ello, los responsables del Distrito pocas o ninguna solución o medidas preventivas adecuadas han puesto en marcha puesto que la consulta continúa sin techo, con todo e forjado al aire y las lámparas colgando de los cables. “Es inaceptable que los y las profesionales tengan que trabajar en estas condiciones y que las personas usuarias, menores en este caso, tengan que recibir atención corriendo un riesgo innecesario y evitable”, critica Damas quien también relata que cada vez que llueve hay que retirar ordenadores y mobiliario para evitar que se mojen y se estropeen.

El del techo de la primera planta no es el único desplome que se ha producido en el consultorio de Los Mochos. La parte inferior de la balconada que hay sobre la puerta de entrada del edificio también corría riesgo de desplome, dejando a la vista parte del armado y varillas de la estructura al aire, hasta que se ha producido su desplome, por suerte, sin que haya habido que lamentar desgracias.

Para el responsable sindical “es inaceptable el abandono, la falta de mantenimiento y adecuación de muchos centros sanitarios de nuestra provincia que ya tienen algunos años en su andadura”. “No es lógico que partidas económicas públicas se deriven a conciertos con empresas sanitarias privadas mientras que la población que no puede acceder a la sanidad privada tiene que soportar deficiencias y riesgos como el que denunciamos”, añade.

En este sentido, José Damas critica la continua campaña propagandística de la Consejería de Salud anunciando proyectos de nuevos centros sanitarios, que las más de las veces se quedan en el anuncio, e insignificantes aumentos de plantilla de profesionales en Atención Primaria cuando “la pura realidad que nos encontramos el día a día son casos como este del consultorio de Los Mochos o con la generalidad del problema de nuestros centros de salud, con cupos de pacientes sobresaturados por falta de facultativos y enfermeras, escasas salas de radiología, y con el eterno y conocido resultado final, de urgencias hospitalarias saturadas por la dudosa apuesta e inversión de la Consejería de Salud en la Atención Primaria”.

Bajo el lema “En defensa del estado de derecho y de la ciudadanía. Por el fortalecimiento de la Democracia”, CCOO se ha concentrado hoy ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba para mostrar junto a otras organizaciones y sindicatos su rechazo a la Sentencia del Tribunal Supremo en relación con la asunción por los clientes de las entidades financieras del coste del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en los préstamos hipotecarios. Una sentencia que el sindicato considera indignante porque va en contra de los intereses de la mayoría de la sociedad, además de poner en cuestión la independencia del poder judicial con la “rectificación” a su primera sentencia, a la vez que esta decisión revela la inacción del poder político que en dos años no ha sido capaz de sacar adelante el proyecto de ley hipotecaria.

En este sentido, la secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, remarcó que “hoy se ha puesto de manifiesto que los ciudadanos y ciudadanas somos los afectados realmente por esta decisión del Tribunal Supremo sobre los impuestos de los trabajadores y las trabajadoras, que somos los que pedimos hipotecas, porque los grandes capitales no piden hipotecas, esos ya tienen dinero suficiente para no pedirlas”.

“Estamos sentenciados a pagar siempre lo que los demás dejan de pagar”, dijo Borrego quien insistió en que “es un impuesto injusto, que le correspondía a la banca y ahora esperemos que el Tribunal de Justicia Europeo nos de la razón al igual que nos la ha dado en otros casos”.

En cuanto al decreto del Gobierno que establece que a partir del lunes el mencionado impuesto debe ser abonado por los bancos, la responsable sindical recordó que “quienes lo han pagado no lo van a recuperar y eso es injusto para todas estas personas que tienen una hipoteca, y además una hipoteca abusiva”.

Con esta concentración, el sindicato exige, además de la independencia de la justicia y la defensa del estado de derecho, la responsabilidad a los partidos políticos para que pasen de la “indignación” a la acción y cumplan con su función poniendo en marcha las modificaciones reglamentarias y legislativas oportunas en favor de la ciudadanía y de sus derechos.

CCOO y Efficold han firmado hoy el primer Plan de Igualdad de la empresa, que tiene por objetivo principal favorecer un clima exento de desigualdad en las instalaciones de la firma lucentina, dedicada a la fabricación de maquinaria para hostelería y que cuenta con una plantilla de más de 400 personas, de las que solo un 13% son mujeres.

El plan establece entre otras medidas, y para lograr la igualdad real, la obligación de contratar a mujeres hasta alcanzar al menos el objetivo del 40%-60% de la plantilla así como la de incorporar a mujeres en puestos de responsabilidad y la presencia femenina en puestos de trabajo de toda la cadena productiva.

Asimismo, se incluyen medidas de conciliación que entre las que destacan la flexibilidad horaria, la hora de lactancia hasta que el menor o la menor tenga 12 meses de vida, concreción horaria por cuidado de hijos/as sin necesidad de reducción de jornada o permiso retribuido en las últimas semanas de embarazo (desde cinco meses y medio).

Junto a lo anterior, el plan también incorpora un protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo mientras que la Comisión de Igualdad de seguimiento del plan estará vigilante de que no existe brecha salarial entre hombres y mujeres, tal como ha venido sucediendo hasta ahora.

Por otra parte, en los próximos días, CCOO celebrará una asamblea informativa para explicar a la plantilla las medidas más significativas del plan y trasladar los avances en igualdad en Efficold.

CSIF, STAJ, CCOO y UGT se han concentrado hoy ante las puertas del Palacio de Justicia de Córdoba dentro de las movilizaciones convocadas a nivel estatal para frenar lo que califican de “la mayor agresión a los derechos laborales del personal de Justicia”.

Durante este mes de noviembre se va a tramitar en el Senado la proposición de ley de reforma de la LOPJ aprobada ya en el Congreso de los Diputados que contiene, para los sindicatos convocantes, los más graves ataques a todo el personal de la Administración de Justicia que se han producido en la historia:

1.- Se unifican en uno solo los centros de destino de cada municipio, y se aprueba la movilidad forzosa a cualquier puesto de trabajo de la misma localidad, a criterio del gestor correspondiente

2.- Se prohíbe el incremento de plantilla y la asignación de más medios materiales, cuando se designen jueces de refuerzo

3.- En caso de ausencia que no suponga vacante, su sustitución transitoria sólo se producirá si se trata de ausencia de personal titular, pero no si la ausencia es de personal

4.- El personal interino de refuerzo será cesado en el plazo máximo de 6 meses aunque permanezcan las causas por la que fue nombrado.

En la práctica, la administración podrá determinar a su antojo cuál será, dentro del municipio, el puesto de trabajo de cada funcionario o funcionaria en cada momento, al tiempo que se reducirá drásticamente el nombramiento de personal interino, dejando puestos sin cubrir y sobrecargando de trabajo al resto, y generando, además, incertidumbre en la percepción de retribuciones complementarias y en la asignación de funciones y tareas.

Para frenar esta agresión sin precedentes, CSIF, STAJ, CCOO y UGT están llevando a cabo movilizaciones de todo el personal de Justicia como apoyo a la presión que los sindicatos están ejerciendo desde hace semanas ante el Ministerio de Justicia y ante los partidos políticos que han suscrito esta reforma para que detengan este ataque a las condiciones de trabajo y al servicio público de la Administración de Justicia.

De esta forma, los sindicatos han convocado concentraciones todos los días laborables de 10.00 a 10.30 horas desde hoy hasta el 15 de noviembre a las puertas de la Ciudad de la Justicia y el 16 de noviembre hacen un llamamiento a secundar la huelga general convocada en todo el Estado y que tendrá su punto álgido en la gran manifestación que tendrá lugar en Madrid.

 

 

CSIF, STAJ, CCOO y UGT  incrementan las movilizaciones y convocan huelga general en la Administración de Justicia para frenar lo que califican “la mayor agresión a los derechos laborales del personal de justicia”.

Durante este mes de noviembre se va a tramitar en el Senado la proposición de ley de reforma de la LOPJ aprobada ya en el Congreso de los Diputados que contiene, para los sindicatos convocantes, los más graves ataques a todo el personal de la Administración de Justicia que se han producido en la historia:

1.- Se unifican en uno solo los centros de destino de cada municipio, y se aprueba la movilidad forzosa a cualquier puesto de trabajo de la misma localidad, a criterio del gestor correspondiente

2.- Se prohíbe el incremento de plantilla y la asignación de más medios materiales, cuando se designen jueces de refuerzo

3.- En caso de ausencia que no suponga vacante, su sustitución transitoria sólo se producirá si se trata de ausencia de personal titular, pero no si la ausencia es de personal

4.- El personal interino de refuerzo será cesado en el plazo máximo de 6 meses aunque permanezcan las causas por la que fue nombrado.

En la práctica, la administración podrá determinar a su antojo cuál será, dentro del municipio, el puesto de trabajo de cada funcionario o funcionaria en cada momento, al tiempo que se reducirá drásticamente el nombramiento de personal interino, dejando puestos sin cubrir y sobrecargando de trabajo al resto, y generando, además, incertidumbre en la percepción de retribuciones complementarias y en la asignación de funciones y tareas.

Para frenar esta agresión sin precedentes, CSIF, STAJ, CCOO y UGT convocan contundentes movilizaciones de todo el personal de justicia como apoyo a la presión que los sindicatos están ejerciendo desde hace semanas ante el Ministerio de Justicia y ante los partidos políticos que han suscrito esta reforma para que detengan este ataque a las condiciones de trabajo y al servicio público de la Administración de Justicia.

Los 4 sindicatos que convocan estas movilizaciones en defensa de los puestos de trabajo y de los centros de destino, y frente a los demás artículos reformados de la LOPJ que implican recortes de las condiciones laborales y mayor carga de trabajo.

Los sindicatos han convocado concentraciones todos los días laborables de 10 a 10,30 horas desde hoy dia  6 hasta el 16 de noviembre a las puertas de muchos centros de trabajo de la Administración de Justicia en Andalucía, en caso de Córdoba desde el próximo viernes  9/11/18, al habernos denegado la Subdelegación de Gobierno autorización para comenzar a partir del día 6, la cual se realizará en la  puerta principal del palacio de justicia, calle Isla Mallorca número 16.

La convocatoria de un día de huelga general en la Administración de Justicia el 16 de noviembre coincidirá con una gran manifestación en Madrid, con personal de Justicia de todo el Estado.

Lunes, 05 Noviembre 2018 16:28

CCOO pide un plan de choque contra el paro juvenil

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El secretario de Empleo de CCOO de Córdoba, Manuel Merino, se congratula de la bajada del paro registrada en octubre en Córdoba, si bien alerta de la saturación del sector servicios, uno de los pilares de la economía cordobesa, que un mes más vuelve a perder empleo, y de la alta contratación temporal, con un 95,87% de los contratos firmados el pasado mes.

Una de las preocupaciones del sindicato, junto a la alta tasa de paro femenina, es la situación laboral de los jóvenes. “El paro juvenil supera en la provincia el 22% y eso a pesar de que muchos de nuestros jóvenes se han ido fuera a buscar empleo”, advierte Merino quien reclama un plan de choque contra el paro juvenil.

Merino reclama que “el Servicio Público de Empleo (SEPE) debe servir para algo más que para contar parados y pagar prestaciones, debe servir de vínculo entre quienes buscan empleo y el mercado laboral”. En este sentido, el responsable sindical señala que “es necesario reforzar los medios humanos y técnicos para poder atender las necesidades reales de las personas que buscan empleo. Para ello es necesario incrementar el número de orientadores en las oficinas del SEPE”.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Andalucía denunció el pasado 19 de octubre ante la Fiscalía Superior de Andalucía una serie de actuaciones de determinadas empresas y organismos que, a criterio de esta organización sindical, pueden ser constitutivas de un delito de falsificación de documentos públicos y/o privados para ser utilizados para el acceso a un empleo público en el SAS.

Tras estudiar el contenido del escrito de denuncia, la Fiscalía ha procedido a llevar a cabo la iniciación de "diligencias de investigación penal" y, tal y como señala el decreto de apertura, el fiscal designado realizará "aquellas actuaciones que estime conveniente y un informe-propuesta para que pueda adoptarse la decisión que corresponda por el Ministerio Fiscal".
 
Esta organización sindical valora muy positivamente esta decisión adoptada desde la Fiscalía, ya que en la denuncia presentada por esta organización sindical se evidencia que en los últimos meses se ha producido una inusual proliferación de los trabajos científicos aportados por numerosas personas en el apartado de "Otros méritos", lo que ha ocasionado el cambio sustancial de las puntuaciones y del orden en los listados de aspirantes al empleo temporal y fijo de la Administración sanitaria.

CCOO, UGT y CSIF , sindicatos que representan al 85% de los trabajadores y trabajadoras de Correos, han anunciado la reanudación e intensificación de las movilizaciones en la empresa postal pública ante la falta de respuestas del Gobierno, Hacienda, Fomento, SEPI y la propia Dirección. Las organizaciones sindicales de Correos, que ya iniciaron movilizaciones en junio, escasos días después del cambio de Gobierno, han denunciado que la situación de la empresa postal pública continúa siendo insostenible y han reclamado del Gobierno la concreción de medidas que apoyaron decididamente cuando estaba en la oposición.

Los sindicatos han vuelto a poner el foco en el recorte continuado de la financiación para la prestación del Servicio Postal Universal, que sólo en los dos últimos años suma una cuantía adeudada de 180 millones de euros. Este recorte, junto a la falta de un Plan Estratégico para la mayor empresa del sector público, es causa directa, señalan, de un déficit en sus cuentas de 230 millones de euros que está repercutiendo en el empleo, los salarios y las condiciones laborales.

CCOO, UGT y CSIF recuerdan la severa reducción de 15.000 trabajadores y trabajadoras en la última década, 400 de ellos en Córdoba, el marco de una regulación colectiva bloqueada desde hace cinco años, que dan como resultado una radiografía de la precariedad en Correos a la vista de las cifras: 35% de eventualidad, 22% de empleo a tiempo parcial, pérdida de poder adquisitivo desde hace diez años, debe volcarse en el Convenio de laborales y en un Acuerdo para funcionarios.

La ciudadanía es otra de las grandes afectadas por los recortes a los que se le está sometiendo a Correos, deteriorando el servicio postal público prestado en numerosos municipios y localidades de toda España, con retrasos en la entrega de cartas, paquetes, notificaciones.

Por todo ello, y tras dirigirse formalmente a los ministerios de Hacienda y Fomento, y a la Dirección de Correos, ante la falta de respuesta y considerando que las decisiones sobre la empresa pública Correos no admiten más demoras, CCOO, UGT y CSIF han intensificado el calendario de movilizaciones que se concreta en:

- Concentraciones en las capitales autonómicas en las Subdelegaciones del Gobierno, entre el 5 y el 16 de noviembre. En concreto, la concentración de la plantilla de Andalucía tendrá lugar en la Subdelegación del Gobierno de Sevilla el 15 de noviembre.


- Tres huelgas generales: el 30 de noviembre, 21 y 26 de diciembre.

Además, han advertido que si el Gobierno no abre el proceso de diálogo y negociación para dar soluciones concretas a las reivindicaciones planteadas para dotar a Correos de un Plan de Prestación con suficiente financiación, un plan que permita la diversificación y el aumento de los ingresos así como un convenio y acuerdo colectivos que recojan más empleo, salario y regulación de derechos, la movilización no sólo se intensificará este otoño sino que se prolongará a lo largo de 2019.

CCOO reclama que el futuro Plan para un Transición Justa de la Minería 2019-2027 cumpla los compromisos incumplidos con la comarca cordobesa del Guadiato en los anteriores planes de reconversión y que debían haber servido para generar oportunidades de empleo y desarrollo para esta zona tan castigada por el desempleo.

La secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, valora de forma positiva el preacuerdo alcanzado por el Ministerio para la Transición Ecológica, CCOO-Industria y UGT FICA para lograr una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027. Sin embargo, “lamentamos que tratándose de un preacuerdo a nivel estatal, no se tenga en cuenta a la totalidad de zonas geográficas y se deje una mina fuera, que curiosamente siempre es la gran olvidada”, criticó la responsable sindical.

Borrego hace hincapié en que CCOO apuesta por una transición energética justa. “Debemos combinar las prioridades medioambientales con el mantenimiento del empleo y para cerrar una mina hay que dar una oportunidad a las personas que allí trabajan, con jubilaciones, recualificación y cualificación profesional y un plan específico de empleo, porque el cierre afecta a las personas que trabajan en la mina, pero también afecta de manera importante al desarrollo económico de las comarcas mineras”, dijo.

En este sentido, la secretaria General remarco que “no podemos obviar la situación del sector de la minería y la finalización de las ayudas destinadas a cubrir las pérdidas de las explotaciones mineras, de acuerdo con las exigencias de la normativa europea, para el periodo 2019-2027”. Por ello, “desde CCOO exigimos que se incluya a la mina de Peñarroya-Pueblonuevo en el plan minero estatal y que no vuelva a ser la gran olvidada de los planes de reconversión”.

Los sindicatos CCOO y UGT se han concentrado hoy ante la Subdelegación del Gobierno en Córdoba por la octava muerte en accidente laboral registrada en la provincia, ocurrida el pasado viernes en una empresa cárnica de Villanueva de Córdoba y con la que ya se duplican el total de muertes registradas el pasado 2017.

En la concentración, los sindicatos señalaron que la prevención de riesgos laborales fue la primera en salir de las empresas con la crisis pero aún no ha vuelto. Haber sumado ya ocho fallecidos da una idea de la situación en la que se encuentra el mercado laboral en la provincia y, específicamente, la prevención de riesgos laborales.

El secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Manuel Torres, destacó que “en este país nos han vendido la burra, con perdón de la expresión, de que se termina la crisis, se recuperan derechos y todo vuelve a la normalidad pero no es verdad; se ha terminado la crisis y los derechos siguen estando limitados y en algunos casos eliminados, sobre todo, derechos de los trabajadores y las trabajadoras, entre ellos todo lo que afecta a la prevención de riesgos laborales”.

Por ello, este nuevo fallecimiento “es un fracaso más para todos, para la Administración, para los sindicatos y para los empresarios, aunque unos estamos apostando por la prevención más que otros”, remarcó el secretario de Salud Laboral de UGT Córdoba, Jaime  Sarmiento, quien recordó que “los accidentes son evitables, no son fruto del azar, por eso exigimos mayor contundencia a la Administración, porque por las buenas no conseguimos nada”.

Así, Torres remarcó que “hay que exigirle al Gobierno de la Nación reformas de carácter legal en el derecho penal, en el Código Penal, para que el tema de la siniestralidad laboral no quede en una mera cuestión administrativa, sino que lo penal sea fundamental y no quede como algo accesorio y un poco a voluntad del fiscal o de la administración”. En este sentido, Sarmiento aseguró que “aunque los empresarios no quieren la muerte de los trabajadores, en este país no pasa nada, los seguros se hacen cargo y no hay castigo de cárcel”.

El responsable de UGT hizo hincapié en que “aquí hay algo que no funciona, la precariedad produce accidentes y mata. Además, las reformas laborales han creado miedo en los trabajadores a la hora de reclamar sus derechos”.

Para el representante de CCOO, “todos están muy preocupados por este tema pero cuando se miran los presupuestos de las diferentes administraciones públicas, si alguien encuentra partidas que hayan crecido en los últimos años que vayan destinadas a la prevención de los riesgos laborales que por favor me lo comente. Sigue siendo de las inversiones más pobres, donde menos dinero se gasta”.

Finalmente, Jaime Sarmiento exigió que “se incluyan de forma obligatoria las evaluaciones de riesgo psicosociales en las evaluaciones anuales que tienen que realizar las empresas. En nuestra provincia, al igual que en el resto de España, la mayoría de los accidentes que se producen son por derrames cerebrales e infartos”.

De hecho, recordó Manuel Torres, los accidentes laborales son la segunda causa de muerte no deseable y evitable detrás de los accidentes de tráfico y “miren lo que se invierte en campañas de accidentes de tráfico para que no se produzcan y miren lo que se invierte en campañas para prevenir los accidentes de trabajo”.