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La Consejería de Educación en Mesa Sectorial de Educación, celebrada este martes, ha presentado a las organizaciones sindicales un borrador de instrucciones para iniciar el próximo curso, de modo experimental, un programa de colaboración voluntaria del personal docente jubilado en los centros educativos públicos andaluces. La norma permitirá, incluso, que más de un docente puede voluntariamente colaborar en un mismo centro educativo.

Según CCOO, estas instrucciones regulan que el personal docente jubilado pueda desarrollar, entre otras tareas, programas de fomento de la lectura en las bibliotecas de los centros, desarrollar actividades complementarias y extraescolares, participar en planes y programas educativos o colaborar con los equipos directivos en la organización de los centros.

Para el Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, “este programa de colaboración del profesorado jubilado pone en peligro el empleo en los centros educativos andaluces, pues este profesorado jubilado va a desarrollar una labor profesional que debe ser realizada por personal asalariado”.

Igualmente, Molina señala que, aunque las instrucciones contemplan que en ningún caso estas supuestas colaboraciones pueden remplazar las actividades que se desarrollan mediante un trabajo remunerado, su aplicación práctica evitará el crecimiento de las plantillas de los centros y, ante necesidades que pueden darse los centros educativos, en muchos casos de emergencia, seguro que vendrán a cubrir las deficiencias de personal existentes. “Un hecho que es inaceptable”, critica el responsable sindical.

Para CCOO, es un despropósito que en tanto existen en los centros educativos monitores escolares con funciones administrativas contratados a tiempo parcial y/o compartidos entre centros, se pretenda que personal jubilado pueda apoyar a las direcciones en la organización y gestión de los centros o que se hayan eliminado, por ejemplo, las horas del profesorado destinadas a la organización de un programa bilingüe, en tanto que el personal jubilado voluntario podrá colaborar en programas educativos. “Estos ejemplos evidencian la cobertura de empleo que esta medida va a provocar”, indica Molina.

Además, Molina denuncia el perjuicio que este plan puede causar en la movilidad del profesorado funcionario, especialmente en las vacantes de apoyo y refuerzo, y más concretamente en el empleo del profesorado interino. También, observa Molina, “este voluntariado puede afectar al empleo de las monitoras de Educación Especial o a los trabajadores y trabajadoras que realizan actividades extraescolares, un empleo privatizado y con las condiciones laborales más precarias de toda la educación andaluza”.

No obstante, CCOO señala que una cuestión distinta es que las familias, como miembros de la comunidad educativa, deseen participar en la vida del centro escolar, tal como sucede en programas como el de Comunidades de Aprendizaje, que el sindicato considera necesario, pero que nada tiene que ver con el trabajo como voluntario que pueda desarrollar un docente jubilado.

“Si se desea reconocer el trabajo del personal docente tras una vida dedicada a la enseñanza, existen medidas positivas como la entrega de una paga extra de jubilación, por ejemplo, pero no desde luego hacer uso del voluntarismo de los docentes jubilados para cubrir el déficit del sistema educativo”, apunta Molina.

Desde CCOO se destaca que existe una contradicción evidente entre la jubilación del profesorado a los 60 años, cuyo principal objetivo es rejuvenecer las plantillas docentes permitiendo un retiro en condiciones decentes, y propuestas de este tipo pueden poner en peligro la jubilación anticipada tras una vida dedicada a la enseñanza. Dicha jubilación anticipada está recogida en la LOE y es fruto de un acuerdo sindical en el que participó activamente CCOO.

Por todo ello, CCOO insta al resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación a que rechacen de plano esta propuesta, tal como lo ha hecho CCOO en solitario en la reunión de dicha mesa de este martes. “Además, el gabinete jurídico de CCOO está estudiando este borrador de instrucciones por si cabe plantear un recurso en el caso de que se publique”, apostilla Molina.

El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba ha celebrado hoy en el Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco” una asamblea informativa sobre la convocatoria extraordinaria de bolsa en los conservatorios superiores de música, una convocatoria que, en opinión del sindicato, perjudica al profesorado que, en muchos casos, no ha tenido tiempo para reunir los requisitos requeridos.

“El acceso a las cátedras por bolsa, ya convocada, merma los derechos de los docentes que durante más de 20 años llevan prestando sus servicios en los conservatorios superiores de música y que realmente no han tenido opción de cumplir con unos requisitos que han ido cambiando pasando de ser un doctorado a un máster habilitante”, señala el responsable de Enseñanza Pública de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Patricio Pérez.

Por ello, Pérez ha insistido en la necesidad de establecer un proceso transitorio que permita a todos los profesionales tener opción de actualizar sus méritos profesionales y formativos para quedar en la bolsa en la posición que realmente les corresponde atendiendo al tiempo de servicio y méritos de formación.

En este sentido, el responsable sindical hace hincapié en que hay que sentarse a negociar y buscar mecanismos y fórmulas que no dañen los intereses de quienes llevan año prestando sus servicios en los conservatorios superiores.

Asimismo, CCOO exige que hasta la finalización del proceso transitorio que propone el sindicato el profesorado que ocupa un puesto en conservatorios profesionales y elementales no se vea obligado a renunciar a su plaza para optar a una cátedra.

Coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, CCOO ha vuelto a reclamar más gasto social y trabajo decente para reducir el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social.

La radiografía que dibujó el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el pasado mes de junio sigue siendo muy pesimista para la ciudad de Córdoba. En su informe anual Urban Audit el INE situó a 4 de los 15 barrios más pobres de España en la capital cordobesa, con rentas entre 6.000 y 7.000 euros por habitante. Según la EPA, en el segundo trimestre de 2018 se registraban en la provincia de Córdoba, que tiene una tasa de paro del 25,63%, un total de 33.978 personas paradas que no cobraban ningún tipo de prestación y el 24,8% de las 96.000 personas que se encontraban en desempleo llevaban más de 2 años en paro, el 12,5% de ellas en situación de paro crónico (más de 4 años en desempleo).

En el mismo sentido, CCOO recuerda que más de la cuarta parte de la población española (un 26,6%) se encuentra en situación de riesgo de pobreza de acuerdo con el indicador europeo AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusión), y que mide anualmente el INE a través de la Encuesta de Condiciones de Vida. Si bien el riesgo de pobreza ha disminuido desde 2014, año en el que alcanzó el máximo de 29,2% de la población, sigue por encima de los niveles de 2008. De hecho, en lo que respecta a la situación de desempleo, el 44,6% de las personas desempleadas se sitúa por debajo de la tasa de riesgo de pobreza. Resulta especialmente llamativa la evolución de este porcentaje, que ha aumentado casi todos los años desde 2008.

“Estas cifras dan idea de la grave situación de riesgo de pobreza que se vive en Córdoba, una situación que se incrementa con variables como el desempleo, las cargas familiares o la nacionalidad extranjera”, explica el responsable de Migraciones de CCOO de Córdoba, Said Faz. De esta forma, la presencia de niños y niñas aumenta la tasa de riesgo de pobreza. El 24% de los hogares con dos personas adultas y al menos un niño está por debajo del umbral de pobreza. Esta cantidad se dispara al 40,6% en los hogares en los que un adulto (en su mayoría mujeres) convive con 1 o más niños. Si nos centramos en el origen, los datos demuestran que la tasa de riesgo de pobreza de la población extranjera llega a triplicar la de las personas autóctonas, que es del 18%. En el caso de las personas de origen extranjero la tasa asciende al 39,2% si proceden de países de la UE, y al 52,1% si su origen es extracomunitario (fundamentalmente de África y Latinoamérica).

Por edad, nos encontramos con que los mayores aumentos en las tasas de riesgo de pobreza desde el inicio de la crisis en 2008 se han producido en el grupo de 16 a 29 años, al incrementarse en 10,4 puntos, y en aquellas personas con una edad comprendida entre los 45 y 64 años (5,4 puntos más). Es decir, el riesgo de pobreza ha aumentado sobre todo entre las personas en edad de incorporarse por primera vez al mercado laboral y entre aquellas de mayor edad que, fruto de la crisis y de las políticas aplicadas, han perdido su empleo y no han conseguido retomar su actividad laboral con un empleo decente.

“Si a unas reformas laborales que no han hecho más que empobrecer a la clase trabajadora unimos unos PGE que castigan una y otra vez a la provincia y a la ciudad, negándonos la inversión pública necesaria para dar empuje a sectores productivos de mayor valor añadido, y la dependencia de sectores inestables, precarizados y que generan empleo de poca calidad como los servicios y la agricultura, el resultado no puede ser otro que pobreza y paro”, advierte Faz.

Como ya se indicó hace 31 años, el 17 de octubre de 1987, cuando se celebró por primera vez este día internacional, la pobreza supone una violación de los derechos humanos. “Sin gasto social, servicios públicos fuertes y trabajo decente va a ser imposible garantizar una vida digna a todas las personas en nuestro país”, añade el responsable sindical.

Es por ello que desde CCOO insistimos en la necesidad de aumentar los ingresos familiares con la generalización de un salario mínimo en convenio de 14.000 euros anuales, la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones y la actualización del IPREM, principal referencia de la protección social de carácter asistencial.

El sindicato también demanda la mejora y la agilidad en la puesta en marcha de la Renta Básica de Inserción en Andalucía para dar una respuesta urgente a las necesidades de la población en Córdoba.

“No se puede salir de la pobreza y mejorar las cifras de paro sin la creación de empleo estable y de calidad, con sueldos dignos, con inversiones y protección de los que menos tienen y con unos presupuestos que aseguren una distribución equitativa de la renta”, apostilla Said Faz.

En el momento actual de recuperación, CCOO critica que las demandas de los trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza Concertada en Andalucía no estén siendo atendidas por la Consejería de Educación. En este sentido, el sindicato critica que pese a haber sentencias que así lo dictan -tal es el caso de la `paga de antigüedad´-, la Administración educativa se niega a negociar su abono, y los sexenios, complemento que ya perciben el profesorado interino y de religión.

Además, el secretario General del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Antonio Sánchez, añade que “hay que sumar la negativa de la Junta de Andalucía a acatar la sentencia de devolución de la `extra de 2012´, en lo relativo a complementos de dirección y trienios”.

Por otro lado, según el sindicato, está la petición de jubilación parcial para este profesorado, un tema que ha estado muy presente en las distintas Mesas de Enseñanza Concertada durante el pasado y actual curso escolar, en este caso se está al albor de la Administración estatal, al igual que la posibilidad de optar a una reducción horaria a partir de los 55 años.

Igualmente, CCOO informa que ha vuelto a exponer en la última Mesa de Concertada andaluza la necesidad de avanzar en el concierto de unidades de apoyo, estancadas en los últimos años, así como mejoras tanto en el Personal de Apoyo y Servicios como en el Personal Complementario.

Habida cuenta de lo descrito, indica el responsable sindical, “CCOO buscará ante todo la negociación, pero si las reivindicaciones no son atendidas, el sindicato no dudará en promover movilizaciones en el sector”.

La secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, ha afirmado que la leve subida del IPC en septiembre pone de manifiesto la contracción de la economía cordobesa que es incapaz de generar riqueza y desarrollo y, por tanto, empleo estable y de calidad. Además, la subida de los precios en productos básicos como el agua, la electricidad y otros combustibles aprieta un poco más el nudo de la soga que las familias tienen puesta al cuello.

En este sentido, Borrego insistió en que “Los precios han subido un 2,1% en el último año mientras que los salarios se quedan en el 1,3% y esto significa que las familias no sólo no recuperan poder adquisitivo sino que lo siguen perdiendo y se siguen empobreciendo”.

“Se hace aún más necesaria una revisión salarial que permita a las familias hacer frente a los gastos básicos”, hizo hincapié la responsable sindical que exige al empresariado el cumplimiento del Acuerdo sobre Empleo y Negociación Colectiva alcanzado por patronal y sindicatos el pasado abril que establece que ningún convenio debe estar por debajo de los 14.000 euros anuales y una subida salarial del 2% mínimo.

Por otra parte, el IPC deja clara la dependencia económica de sectores estacionales. “En septiembre, con el inicio de la campaña otoñal, subieron los precios de vestido y calzado, algo esperable y cuando llegue el fin de temporada bajarán y mientras no introduzcamos cambios productivos, la economía cordobesa seguirá estancada y con ella, seguirá estancado el empleo en la precariedad. Así no se prospera”.

Mañana domingo, 7 de octubre, se celebra la 11º Jornada Mundial por el Trabajo Decente bajo el lema “Es el momento de cambiar las reglas”. Cambiar las reglas para hacer realidad el trabajo decente, que para CCOO supone empleo de calidad, salarios dignos, condiciones de trabajo justas, protección social, acabar con las brecas de género y un sistema de pensiones fuerte y sostenible.

CCOO, junto a cientos de sindicatos y millones de trabajadores y trabajadoras de todo el mundo, volvemos a reivindicar, durante esta jornada de movilización, que el trabajo decente sea una realidad. Para ello, es necesario que las reglas impuestas por el neoliberalismo al sistema económico mundial cambien por ser profundamente injustas, por generar mayores y nuevas desigualdades, por atacar a la democracia y atentar contra los derechos laborales en gran parte del mundo. En este sentido, el sindicato considera que deben abolirse las reformas laborales que condenan a millones de trabajadores y trabajadoras a la precariedad, la inseguridad y a una nueva pobreza.

Para CCOO, cambiar las reglas para hacer realidad el trabajo decente supone empleo de calidad para todos y todas. Por ello, el sindicato reivindica el pleno empleo e insta a los gobiernos a perseguir este objetivo mediante políticas e inversión pública. Además, hay que garantizar las oportunidades de empleo para los y las jóvenes que son los más golpeados por la crisis porque el trabajo debe permitir una vida digna.

Los salarios deben recuperar su valor. Es el momento de que la recuperación económica también llegue a los y las trabajadoras. Para ello, es fundamental reforzar y extender la negociación colectiva que contribuye a retribuciones más justas y mejores condiciones de trabajo. Sobre esta cuestión, el sindicato deja claro que ningún salario debe estar por debajo de los 1.000 euros mensuales.

Asimismo, CCOO pide condiciones de trabajo justas. La competitividad empresarial no puede basarse en la reducción de los costes laborales ni en el deterioro de las condiciones de trabajo. Las reformas laborales que están condenando a la precariedad y la inseguridad en el mercado laboral deben ser abolidas y sustituidas por normas justas que garanticen el empleo de calidad. El trabajo precario debe desaparecer.

Junto a lo anterior, CCOO insiste en la necesidad de contar con un sistema de protección social y un sistema público de pensiones fuerte y sostenible que permita pensiones dignas para hoy y para el futuro.

Por otra parte, en esta 11º Jornada Internacional por el Trabajo Decente es indispensable también que se alcance el Pacto Mundial de Migraciones promovido por Naciones Unidas como compromiso global y real para una migración y una movilidad justa, regular y segura basada en los derechos de las personas. Asimismo, es fundamental que los Gobiernos orienten sus políticas a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que también promueven las Naciones Unidas, en aras a la promoción del crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y el trabajo decente para todos y todas.

Las organizaciones sindicales con el 85% de la representación en Correos, CCOO, UGT y CSIF, anuncian un otoño postal caliente ante la falta de respuestas del Gobierno, Hacienda, Fomento, SEPI y la propia Dirección de Correos. Así, las movilizaciones comenzarán el próximo noviembre con concentraciones en las capitales de las comunidades autónomas los días 5 y 16 de noviembre y tres huelgas generales previstas los días 30 de noviembre y 21 y 26 de diciembre.

Las organizaciones sindicales de Correos, que ya iniciaron movilizaciones en junio, han denunciado que la situación de la empresa postal pública es insostenible al presentar unas cuentas en números rojos motivadas por el brutal recorte en la financiación al Servicio Postal Público en 180 millones de euros en los dos últimos años, un déficit en sus cuentas de 230 millones de euros y sin un Plan de Empresa que permita incrementar los ingresos.

Todo ello con una severa reducción de 15.000 trabajadores y trabajadoras menos en los últimos ocho años, en el marco de una regulación colectiva bloqueada desde hace cinco años, en la que la plantilla no sólo se ha visto mermada sino que ha sufrido recorte de salario y desregulación de las condiciones laborales, como prueba el 35% de eventualidad y el 22% de tiempo parcial.

La ciudadanía es otra de las grandes afectadas por los recortes a los que se está sometiendo a Correos, deteriorando el servicio postal público prestado en numerosos municipios y localidades de toda España, con retrasos en la entrega de cartas, paquetes, notificaciones.

Por todo ello, ante la falta de respuesta del Gobierno y considerando que las decisiones sobre la empresa pública Correos no admiten más demoras, CCOO, junto a los otros sindicatos mayoritarios, ha intensificado el calendario de movilizaciones.

Además, el sindicato advierte que si el Gobierno no abre el proceso de diálogo y negociación para dar soluciones concretas a las reivindicaciones planteadas para dotar a Correos de un Plan de Prestación con suficiente financiación, un plan que permita la diversificación y el aumento de los ingresos así como un Convenio y Acuerdo Colectivos que recojan más empleo, salario y regulación de derechos, la movilización no sólo se intensificará este otoño sino que se prolongará a lo largo de 2019.

La Secretaría de Organización y Servicios Jurídicos de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Andalucía ha elaborado un estudio sobre el informe de la Secretaría-Intervención del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba que concluye que el paso de los bomberos de este Consorcio al subgrupo C1 es posible.

Sección Sindical de CCOO en el Consorcio explica que, además de este informe, la Federación ha aportado otro escrito con la justificación de las funciones y nivel formativo que desempeñan los bomberos y bomberas y conductores y conductoras en la actualidad en su puesto de trabajo en base a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su evaluación de riesgos del puesto de trabajo.

Ambos informes avalan que los 167 bomberos y bomberas, conductores y conductoras y jefes y jefas de servicio tienen un nivel formativo y están realizando funciones acordes a un subgrupo C1 y no un C2, que es en el que están encuadrados en la actualidad en la relación de puestos de trabajo (RPT).

Por ello, CCOO ha solicitado al presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, que se materialice el acuerdo de la mesa general del Consorcio por el que se acordó la creación de esas 167 plazas de subgrupo C1 ya que ahora dispone de la documentación e informes favorables para su desarrollo.

 

El secretario de Empleo de CCOO de Córdoba, Manuel Merino, exige la puesta en marcha de un plan de fomento del empleo femenino en la provincia para atajar la alta tasa de paro que padecen las mujeres, que son ya el 58,9% de las 73.418 personas desempleadas en la provincia cordobesa.

“Las mujeres no pueden seguir pagando las consecuencias de una crisis que las ha golpeado con más dureza que a los hombres”, ha dicho el responsable sindical quien reclama medidas urgentes para revertir esta situación. “Las mujeres tienen más empleo parcial y temporal, un empleo más precario, peores salarios y sufren más que los hombres las irregularidades en la contratación y todo ello porque seguimos manteniendo unos roles machistas que impiden a las mujeres acceder al mundo laboral en igualdad de condiciones que los hombres”, sentenció Merino.

Ni siquiera el buen dato de la contratación compensa las malas cifras del paro de septiembre. Si bien la contratación se incrementó un 27,98%, Córdoba es la tercera provincia andaluza donde menos crece tras Huelva y Jaén, un dato que teniendo en cuenta la subida de la afiliación a la Seguridad Social da idea de la precariedad de los contratos que se están firmando en la provincia. “Con tanta contratación a tiempo parcial y temporal, con una alta rotación de contratos por trabajador y trabajadora es imposible subirse al tren del desarrollo”, recalcó el responsable de Empleo.

Tampoco la dependencia del sector servicios y de la agricultura ayuda a Córdoba a generar oportunidades de empleo. Por ello, CCOO insiste en que sigue siendo imperativo que las distintas administraciones se pongan manos a la obras para incentivar el desarrollo de sectores generadores de empleo estable y de calidad, con más valor añadido y, por ende, productores de riqueza para la provincia.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha elaborado un nuevo análisis sobre los presupuestos sanitarios de las comunidades autónomas en 2018, en el que se constata que, a pesar del incremento del 5,45% del presupuesto de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía de 2018 con respecto a 2017 –alrededor de 500 millones de euros-, la financiación sigue siendo insuficiente para paliar los efectos perniciosos de los recortes aplicados durante la crisis.

Según evidencia este estudio, Andalucía es la segunda comunidad autónoma, tras Cataluña, con una mayor pérdida acumulada desde 2010, en torno a 6.664 millones de euros (este concepto se refiere a la suma de las pérdidas que se han ido atesorando en cada uno de los años con la aplicación de los recortes presupuestarios); la tercera, tras Cataluña y País Valenciano, en pérdida acumulada en el Capítulo 1 (personal) desde 2010, en torno a 1.000 millones de euros, y la que lidera el ranking de pérdida acumulada desde 2010 en el Capítulo 6 (inversiones), con algo más de 2.300 millones de euros.

El estudio de CCOO corrobora que “es urgente una reforma integral del sistema de financiación” con la que se garantice una inversión adecuada y mucho más justa de la atención sanitaria. Para ello, según este sindicato, se requiere un incremento del porcentaje del PIB que se dedica a la atención sanitaria (debe ser superior a los 10.000 millones de euros para acercarse al 7% del PIB desde el más que deficiente 5,7% actual) y un especial esfuerzo para aminorar las relevantes desigualdades que hay entre las comunidades autónomas.

Una muestra significativa de este déficit en la financiación es el estudio sobre la comparación entre presupuestos aprobados y gastos ejecutados, constatándose en Andalucía que, a excepción del año 2012, en el resto de los años los gastos ejecutados han sido superiores a los presupuestados, con un desfase presupuestario acumulado desde 2010 a 2016 de 2.120 millones de euros (la quinta en el conjunto del Estado).  “Desfases presupuestarios que han supuestos parches insuficientes para paliar los problemas de saturación de los servicios, de déficit de plantillas y de listas de espera, que se dan de forma globalizada en Andalucía”, asevera el responsable de Negociación Colectiva de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía), Jesús Cabrera.

Por su parte, en 2018 el empleo del sector sanitario público en Andalucía experimenta un crecimiento de 3.452 plazas con respecto a 2017 (3,77%), derivado fundamentalmente de la aplicación de la jornada de 35 horas pactada en el Acuerdo de Función Pública de Andalucía, “en el que participa muy activamente CCOO”. Aun siendo positivo el cambio de tendencia con respecto a años anteriores, en Andalucía sigue existiendo un importante déficit de plantilla, con una plantilla menor en 965 efectivos con respecto al año 2012 (la tercera comunidad con un saldo negativo más alto, tras Castilla La Mancha y Baleares).

“El Acuerdo de Empleo firmado el pasado 9 de marzo por CCOO en la negociación de empleados públicos de ámbito estatal y refrendado posteriormente en Andalucía por CCOO el 13 de julio representa un elemento fundamental para la recuperación del empleo al posibilitarse el sobrepasar la tasa de reposición de efectivos hasta un 108%”, mantiene Cabrera.

En materia de conciertos sanitarios, Andalucía es una de las comunidades autónomas que menos porcentaje dedica del total del gasto sanitario a los conciertos con entidades privadas (la cuarta en el conjunto del Estado con un peso menor, el 4,07% en 2016), con una tendencia negativa que se inicia en 2015 tras las subidas que se registraron en los años más duros de la crisis. “Aunque, por otro lado, hay que denunciar los intentos por parte de la Administración de incrementar el peso de las externalizaciones en servicios como el mantenimiento o la hostelería”, añade el dirigente sindical.

Una de las consecuencias más negativas de la deficiente financiación del sistema sanitario público andaluz es el cada vez mayor peso que tiene el gasto sanitario de las familias, donde desde 2013 el gasto sanitario por persona se ha ido incrementando paulatinamente desde los 259,44 euros hasta los 379,95 euros en 2018, en una comunidad que tiene el mayor porcentaje de desempleo del Estado, lo que fomenta que su población “deba realizar un mayor esfuerzo” en gastos de salud con respecto a su renta media (un 4,14%).

Aun teniendo en cuenta que Andalucía es la tercera comunidad con la tasa más baja de pacientes en listas de espera quirúrgica por cada 1.000 habitantes (8,35 en 2017, sólo por encima de Madrid y Euskadi) y que el dato medio de tiempo de espera quirúrgica de 78 días está por debajo de la media nacional de 106 días, en 2018 prosigue la senda de empeoramiento. De esta forma, Andalucía es una de las tres comunidades, junto con Extremadura y Madrid, en las que se ha incrementado el porcentaje de pacientes que llevan esperando más de seis meses en las listas de espera quirúrgica y donde ha aumentado de 76 días en 2016 a 78 días en 2017 el tiempo medio de espera quirúrgica, mientras que el promedio estatal ha descendido de los 115 días en 2016 a los 106 en 2017.

En cuanto al barómetro sanitario, Andalucía es la segunda comunidad, por detrás de Canarias, en la que la puntuación sobre su sistema sanitario es más baja (6,27 puntos de promedio) y también es la segunda, tras Asturias, con mayor porcentaje de personas que opinan que la calidad de la atención sanitaria ha empeorado. “Obviamente es una consecuencia lógica de que Andalucía sea la comunidad autónoma con menor gasto sanitario por habitante, a lo que se unen relevantes deficiencias de gestión que agravan aún más la situación de descontento de un porcentaje cada vez mayor de la población”, indica Cabrera.

Como dato positivo, se destaca una vez más que Andalucía es la segunda comunidad autónoma, tras la Rioja, donde menos ha crecido el gasto farmacéutico, un 9,75% en el periodo 2014-2017, teniendo en cuenta “el muy relevante gasto” que ha supuesto el tratamiento contra la hepatitis C.

DATOS DE CÓRDOBA

 

Córdoba es la cuarta provincia andaluza que más empleo sanitario ha perdido porcentualmente desde 2012, por detrás de Málaga, Jaén y Sevilla. Concretamente, la provincia cordobesa ha perdido 456 efectivos, un 4,60% de la plantilla, que actualmente se sitúa en 9.458 personas, según datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Asimismo, la provincia representaba en 2013 el 10,42% del empleo sanitario de Andalucía, una cifra que ha bajado al 10,01% en la actualidad.

Por otra parte, cabe mencionar que las mujeres suponen el 69,30% del total de personas empleadas en el sector, aunque el porcentaje es inferior al año 2011, en el que se alcanzó el porcentaje más alto, con un 71,05%.

Por lo que respecta a los centros de Atención Primaria, el informe indica que en Córdoba se han perdido desde el año 2010 un total de 74 puestos de trabajo repartidos entre enfermeras, auxiliares administrativos y otro personal no sanitario. En concreto, en el año 2010, los centros de Atención Primaria de la provincia contaban con 1.633 trabajadores y trabajadoras (sin contar auxiliares de enfermería). En 2017 esta cifra se había rebajado a 1.559, si bien, contando a los auxiliares de enfermería se alcanza los 1.666 trabajadores y trabajadoras.