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Bajo el título “Perspectiva de Género y Salud Laboral”, CCOO de Córdoba  celebrará el próximo miércoles día 30 un nuevo seminario en el que abordará los riesgos específicos de la mujer y la intervención sindical en la prevención de los mismos.

El seminario, financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, contará con la intervención de la secretaria de Mujer de CCOO de Córdoba, Mar Ávalos, el secretario de Salud Laboral, Manuel Torres y la técnico de prevención de riesgos laborales Laura Carrasco, quienes ofrecerán a los asistentes información y casos prácticos sobre la evaluación de riesgos desde la perspectiva de género.

Desde el punto de vista del sindicato, aún no se ha conseguido un trato igualitario entre hombres y mujeres, lo que se traduce en que las empresas siguen abordando la salud laboral y la prevención de riesgos sin tener en cuenta la perspectiva de género. Así, los riesgos no son afrontados de la misma forma en casos de hombres y mujeres y se suelen tener en cuenta los riesgos de puestos de trabajo ocupados tradicionalmente por hombres, mientras que se olvidan los de los puestos ocupados por mujeres.

Además, la crisis económica y la eliminación de derechos sociales y laborales reflejan un fuerte impacto de género en la salud de las mujeres que en los últimos años han sufrido un empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo, de la violencia contra las mujeres y el incremento de las brechas laborales (segregación, desempleo, salarios, precariedad contractual, infrarrepresentación en la toma de decisiones, etc.

Por ello, en estas jornadas el sindicato pretende ofrecer  información y formación sobre cómo actuar para prevenir riesgos específicos de la mujer, entre ellos, los relacionados con el embarazo y la maternidad.

CCOO, en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer, ha vuelto a poner en marcha el Servicio de Defensa Legal para Mujeres (SDL), un servicio gratuito que presta el sindicato a todas las trabajadoras andaluzas, afiliadas no, que denuncian una situación de discriminación laboral por razón de sexo o necesitan asesoramiento e información en material laboral.

La secretaria de la Mujer de CCOO de Córdoba, Mar Ávalos, explica que este servicio, que se puso en marcha en 1997, “es muy importante” puesto que constituye “una herramienta fundamental para la defensa de los derechos laborales de las mujeres y para la consecución de la igualdad en el ámbito del trabajo”.

En este sentido, Ávalos remarca que el servicio abarca materias como la maternidad, el acoso sexual, moral, la discriminación por acceso al empleo, discriminación en la promoción y en las condiciones de trabajo o violencia de género.

Desde 2008 hasta que el servicio dejó de prestarse de forma gratuita en 2016 por falta de financiación (la atención se mantuvo si bien con algún coste para las demandantes), en Córdoba se habían tramitado más de 220 expedientes en el ámbito laboral, penal o contencioso-administrativo, y se atendieron más de 1.151 consultas, la mayoría referidas a cuestiones relacionadas principalmente con el permiso de lactancia, la maternidad, el acoso sexual y la desigualdad salarial.

La responsable sindical recuerda que la mujer es una de las grandes dagnificadas por la crisis y que sufre en mayor medida que los hombres los abusos laborales. Por ello, “un servicio como el SDL, en el que se acompaña a la mujer desde la consulta hasta la denuncia, si es que decide emprender la vía judicial, tiene gran relevancia”.

Tras la publicación del Real Decreto Ley 14/2012, y alegando la coyuntura de crisis económica el Gobierno del Partido Popular implementó un conjunto de recortes que incluían, entre otros, la ampliación de la jornada lectiva, la limitación de la tasa de reposición del profesorado de la enseñanza pública, que quedó reducida al 10%, o el retraso en la sustitución del profesorado.

A la vista de los datos macroeconómicos presentados por el propio Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado, CCOO requirió, a través de contencioso administrativo, la suspensión sine die de la aplicación de este real decreto ley.

Ante la inacción del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte al respecto, CCOO elevó el pasado mes de abril a la Audiencia Nacional la impugnación de este real decreto ley. Con la admisión a trámite, la Audiencia Nacional avala el criterio del sindicato y supone un varapalo para las políticas de recorte del Gobierno de Mariano Rajoy.

Según el Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, “con su admisión a trámite, la Audiencia avala el criterio de CCOO y abre la puerta a la reversión de los recortes, lo que supone un duro varapalo a las políticas del Partido Popular”.

Desde el sindicato ser recuerda que el RD 14/2012 introdujo medidas extremadamente agresivas para la educación que siguen en vigor actualmente. Esta norma, que contenía recortes que se definían como temporales y justificados por la situación económica del país, supusieron en Andalucía grandes recortes en materia de jornada lectiva, empleo y ratios de alumnado por clase.

Estos recortes suponían en la práctica un ataque a la calidad de la educación. El aumento del 20% del ratio profesorado/alumnado supuso la masificación de las aulas de todo el país en detrimento de la atención al alumnado. A esto hay que sumarle la imposibilidad de sustituir al profesorado hasta pasados diez días lectivos de la ausencia del titular lo que en la práctica son dos semanas naturales sin el profesorado en las aulas.

El aumento de la jornada lectiva supuso en la educación pública un aumento de la temporalidad en el empleo hasta el punto de que uno de cada cuatro docentes son temporales, así como la pérdida de miles de puestos de trabajo o el aumento de la tasa de jornadas parciales hasta el 30%.

En el ámbito universitario, se condicionó el número de horas de docencia a la actividad investigadora evaluada positivamente. La dedicación docente puede incluso duplicarse en función de la actividad investigadora, lo que repercute negativamente en la carrera y promoción profesional de un elevado número de docentes funcionarios y, consecuentemente, en sus retribuciones.

Paralelamente, CCOO se guarda su lícito derecho a asesorar a todos aquellos afectados para reclamar la indemnización por daños y perjuicios causados por la aplicación de dicho RD Ley.

“Una sentencia favorable de CCOO podría suponer la suspensión de unos recortes que han marcado el devenir del sistema educativo de los últimos 6 años y que permitiría la reducción de un 10% en las ratios, la sustitución instantánea del profesorado que cause baja, o la recuperación de la jornada lectiva”, apostilla Molina.

La política privatizadora que mantiene la Consejería de Educación ha recibido un revés en los tribunales. La Sala de lo Social de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) falla a favor de una trabajadora con motivo de una demanda por cesión ilegal. Esta persona estaba contratada por una empresa privada -que presta el servicio de apoyo y atención al alumnado de educación especial en un centro educativo público-, a tiempo parcial y año no completo.

Según CCOO, tras esta sentencia, la Consejería de Educación ha creado para esta trabajadora una plaza como personal técnico de integración social y ha pasado a ser personal laboral indefinido de la Junta de Andalucía con jornada normalizada y año completo.

El sindicato recuerda que la Consejería de Educación tiene parte del servicio de apoyo y atención al alumnado de Educación Especial privatizado, lo que conlleva que en 950 centros educativos públicos existan 1.024 personas contratadas a través de empresas privadas.

A este respecto, el Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, denuncia que “la política privatizadora de la Junta de Andalucía consiste en la privatización de servicios en vez de recurrir a la contratación de plantilla propia, hecho que CCOO rechaza de forma tajante porque la atención al alumnado se lleva a cabo dentro del aula y bajo las directrices del personal tutor y por tanto debe ser atendido por personal propio”.

CCOO lamenta que esta situación se dé en la escuela pública andaluza y, además, esté amparada por un gobierno socialista que contrata empresas privadas para cubrir servicios educativos que se deben de ofrecer desde lo público. Empresas que, por otra parte, maximizan beneficios a costa de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras.

Por todo ello, Molina exige a la Consejería de Educación que “estos puestos de trabajo privatizados se recuperen y se conviertan en empleo público, tal como ha venido a decir el fallo del TSJA dando la razón a esta trabajadora y, en definitiva, desautorizando la carrera privatizadora de la Junta de Andalucía”.

El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba denuncia la parálisis del nuevo centro de salud de Villanueva de Córdoba mientras la ciudadanía y los profesionales sanitarios sufren las deficiencias de un centro obsoleto y que no responde a las necesidades asistenciales de calidad que exige un edificio sanitario de estas características.

El responsable de la Sección sindical de CCOO Sanidad del  Area Sanitaria Norte de Córdoba,  Eduardo Almeda, recuerda que la Inspección de Trabajo elaboró el pasado febrero un informe que recoge las deficiencias arquitectónicas, de falta de espacio y de seguridad y salud del actual centro de salud e indica las medidas correctoras que deben realizarse, para las que daba un plazo de ejecución de cuatro meses.

Algunas de las deficiencias relativas a la estructura del centro no pueden acometerse, por lo que desde CCOO se entiende que se está poniendo en riesgo la integridad de las personas usuarias y de trabajadores y trabajadoras. “No es admisible que las taquillas de los profesionales estén en consultas, almacenes en estado de inseguridad por el reducido espacio,  pasillos que no permiten el paso de personas con movilidad reducida o consultas en las que no pueden entrar una camilla”, critica Almeda.

Además, el responsable sindical indica que el centro de fisioterapia, emplazado en otro lugar de la localidad, “debe estar integrado en el nuevo centro sanitario y dejar de ser un ente independiente y mal dotado”.

La preocupación por la situación sanitaria del municipio ha llevado a CCOO a entrevistarse con  el Gobierno municipal y con los partidos de la oposición, a quienes ha trasladado las necesidades y reivindicaciones de la ciudadanía y del personal del centro.

El sindicato remarca que la situación es intolerable y debería haber primado el interés general de la ciudadanía por encima del meramente partidista y electoralista. En este sentido, lamentó las disputas entre los partidos de la Corporación municipal sobre la ubicación del nuevo centro de salud que, tras varias legislaturas, desembocó en un acuerdo plenario que se decanta por un solar aledaño al actual centro de salud.

El secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damnas, ha mantenido también una reunión con al delegada territorial de Salud de la Junta en Córdoba, María Ángeles Luna, en la que trasladó la preocupación de este sindicato por la parálisis del proyecto del nuevo centro de salud, situación que se agrava aún más ante las deficiencias detectadas por la Inspección de Trabajo y que ya había denunciado CCOO.

“Lamentablemente, desde la Delegación de Salud no se dio una respuesta esperanzadora, puesto que, una vez más, las trabas administrativas se ponen encima de la mesa”, señaló Damas. Luna explicó en la mencionada reunión que la decisión de empezar la ejecución de las obras depende de una formalidad administrativa, en la que los técnicos de la Consejería de Salud deben dar el visto bueno al reciente acuerdo municipal. “Pero también puede que este proyecto esté caducado y, por tanto, se debe comenzar de nuevo con la elaboración de un nuevo proyecto, y ello conllevaría varios años hasta que sea posible la construcción del nuevo centro”, advierte el responsable sindical.

Damas considera lamentable que un problema político-Institucional, del Ayuntamiento y de la Consejería de Salud, afecte directamente a la salud de la ciudadanía y, a las condiciones laborales de los profesionales del centro de salud, que calificó de “pésimas”.

Desde CCOO se insta a que la Corporación local y la Consejería de Salud a ejecutar inmediatamente el proyecto del nuevo centro de salud según se recoge en el acuerdo plenario,  para que los vecinos y vecinas tengan una asistencia sanitaria de calidad y acorde a sus necesidades, y los y las profesionales puedan desempeñar su trabajo con las garantías que exige la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que ofrecería un nuevo centro, con una dotación  acorde a las actividades asistenciales que realizan y requieren por la ciudadanía.

El Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Córdoba y la Federación de FICA-UGT Córdoba han firmado con la patronal el convenio de industrias vinícolas, licoreras y alcoholeras de la provincia de Córdoba, más conocido como el convenio de vinos y bodegas, tras cinco años bloqueado.

El convenio tendrá una vigencia de dos años -2018/2019- y la subida salarial será del 2,5% para el 2018 y del 2% para el 2019, con carácter retroactivo desde el 1 de enero del presente año. El incremento salarial del 2018 permitirá recuperar poder adquisitivo perdido.

Además, el preacuerdo establece una cláusula para la inaplicación de la ultraactividad del convenio, de forma que a su vencimiento el 31 de diciembre de 2019 y pasado un año, ambas partes tendrán que recurrir a un acto de mediación (Sercla), si bien durante la duración del mismo el convenio mantendrá su vigencia.

Uno de los aspectos más novedosos del convenio es la aplicación por primera vez de la reciente sentencia del Tribunal Supremo referida a los permisos retribuidos y que señala que éstos se deben empezar a contabilizar en día laborable.

Por otra parte, el acuerdo incluye también la adopción de medidas de discriminación positiva tendentes a mejorar la igualdad en las empresas, así como una ampliación de los derechos referidos a la salud y seguridad en el trabajo y la limitación a 80 días de la distribución irregular de la jornada, con lo que en vez de 100 horas anuales sólo se podrán ampliar 80, de 8 a 9 horas de jornada diaria.

El secretario de Acción Sindical de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, resaltó el hecho de que después de cinco años se haya logrado alcanzar un nuevo acuerdo. “Este es un convenio de transición, con el que los trabajadores y trabajadoras empezarán a recuperar algo del poder adquisitivo perdido en los años en los que no se ha negociado el convenio”, señaló.

Por su parte, el responsable de Acción Sindical de FICA-UGT, Antonio Lopera, hizo hincapié en la importancia de que un sector que genera más de 500 empleos en la provincia esté regulado. “Aún quedan muchos aspectos por mejorar, pero creemos que es un buen acuerdo que servirá de base para futuros convenios que mejoren la situación laboral y el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras”, apostilló.

Ambos representantes sindicales han resaltado de que a pesar de llevar casi dos años bloqueado el ANC, los Convenio Colectivos que comparten las federaciones de CCOO y UGT están saliendo adelante, lo que permite que más de 100.000 trabajadores de la provincia pertenecientes a esos sectores, tengan reguladas sus condiciones de trabajo.

Jueves, 17 Mayo 2018 15:18

CCOO recibe a la nueva directiva de la AUGC

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La dirección de CCOO, encabezada por la secretaria General del sindicato en Córdoba, Marina Borrego, ha recibido hoy la visita del presidente de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Ostos, y el secretario de Relaciones Institucionales y Formación, Francisco Cruz, tras su reciente reelección.

Durante la reunión, los representantes de ambas organizaciones pusieron de manifiesto su intención de continuar con el buen clima de colaboración que han mantenido hasta ahora. En este sentido, Borrego reiteró que las instalaciones de CCOO están a disposición de la asociación. Asimismo, la secretaria General señaló que, siguiendo la línea de colaboración, el sindicato continuará tratando de dar respuesta a las necesidades formativas de los agentes.

En este sentido, se puso de manifiesto la falta de formación continua en el ámbito de la Guardia Civil, una cuestión que ambas organizaciones consideran fundamental para poder continuar ofreciendo un servicio de calidad y mejorar los estándares de seguridad y salud del Cuerpo.

Precisamente la seguridad y salud en el trabajo fue otra de las cuestiones que se abordaron durante el encuentro. En este sentido, la AUGC  reconocieron que la prevención de riesgos laborales es otra de las cuestiones más abandonadas en la Guardia Civil. Una de las mayores preocupaciones en este ámbito es el mal estado y la antigüedad de muchos de los vehículos que se utilizan para el servicio, lo que no sólo pone en riesgo la integridad de los agentes ante un posible accidente, sino que puede tener repercusiones en el desarrollo del trabajo.

Por último, los representantes de ambas organizaciones abordaron la cuestión de género en el Cuerpo. Sobre este tema, coincidieron en que es necesario establecer un plan de igualdad que facilite la incorporación de la mujer a la Guardia Civil y su acceso a puesto de mando, de los que actualmente están prácticamente ausentes.

El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO valora positivamente que se haya aumentando la actividad de quirófano para cirugía mayor ambulatoria en 2017 en el Hospital de Los Morales pero “hay que recordar que a junio de 2017 solo el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba acumulaba una lista de espera de 5.629 pacientes, según datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS)”, señala el secretario General de este sindicato, José Damas.

Damas apunta que “las 6.331 intervenciones que el SAS dice haber realizado en 2017 en los quirófanos de Los Morales suponen solo 6 operaciones de media por quirófano por día laborable”, de forma que incrementando el personal y con los cuatro quirófanos activos en horario de mañana y tarde “hay margen para incrementar la actividad quirúrgica y reducir las vergonzosas listas de espera”.

Además, insiste el responsable sindical, “utilizando el presupuesto que se destina a conciertos privados a dar contenido funcional al centro no sólo se podrían poner en marcha unidades de rehabilitación, cardiología, oncología o diálisis, entre otros servicios, que ayudarían a reducir la saturación que sufren estos servicios del Reina Sofía, sino a crear puestos de trabajo”.

Por otra parte, CCOO sigue insistiendo en la necesidad de modernizar y adecuar los espacios y los medios técnicos de las unidades del Dolor y Salud Mental, que aún utilizan mobiliario del siglo pasado, de cuando se inauguró el centro en 1958.

El sindicato lamenta que el lavado de cara urgente que se le está realizando al centro tras las protestas de CCOO y una visita de parlamentarios andaluces sea algo puntual y no la cara que debería ofrecer este centro a diario.

“No vamos a consentir que se contrate esclavos”. Así de contundente se ha mostrado hoy el secretario General del Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Córdoba, Rafael Morales, en referencia a la solicitud de los empresarios agrícolas de contratar un contingente de trabajadores y trabajadoras extranjeros en origen para las campañas agrícolas.

Morales señaló que habiendo casi 70.000 trabajadores y trabajadoras censados en el Sistema Especial Agrario en Córdoba y teniendo la provincia una de las tasas de desempleo más altas de España es incomprensible que los empresarios soliciten un contingente.

En concreto, los empresarios piden un contingente para la recogida del olivar de montaña, porque aseguran que no encuentran trabajadores y trabajadoras locales o extranjeros afincados en la provincia que quieran trabajar. “No encuentran porque lo que quieren los empresarios que trabajen a destajo, algo que está prohibido en el convenio colectivo”, criticó el responsable sindical.

En este sentido, el secretario General explicó que en el olivar de sierra, por las difíciles condiciones orográficas y la menor producción, es imposible alcanzar el nivel de recogida del olivar de campiña. Por ello, algunos empresarios, en vez de pagar por jornada, como establece el convenio, lo hacen por kilos de aceituna recogida. El problema es que se tardan 14 ó 15 horas en recoger el cupo mínimo que exige el empresario con lo que se ven obligados a trabajar a destajo, algo que también está prohibido en el convenio, en jornadas “extenuantes” por las que se pagan 15-20 euros cuando el convenio establece un precio de 48 euros por una jornada de seis horas y media.

Todo ello supone un fraude en la contratación y también un fraude en las cotizaciones a la Seguridad Social. “El sector dentro del sector agrícola que más despropósitos aglutina es el de los cítricos y el olivar”, explicó el secretario General de la Federación de Industria de CCOO de Andalucía, José Manuel Moreno. “Aquí se están produciendo fraudes claros en la contratación lo cual genera a su vez fraude en las cotizaciones a la Seguridad Social” mientras que los incumplimientos del convenio se centran en el tema salarial y de jornada, comentó Moreno.

Además, añadió Morales, los trabajadores y trabajadoras locales y extranjeros afincados en la provincia conocen las lamentables condiciones de los alojamientos. “Los meten en cortijos insalubres, sin agua y sin luz”, afirmó y estas cuestiones las desconocen los trabajadores y trabajadoras contratados en origen que aceptan las condiciones laborales que ponen los empresarios, que no se ven en las comisiones de flujos migratorios y que “crean un perfil de trabajador que en España sería ilegal e incluso inconstitucional”.

De esta forma, Morales hizo hincapié en que “cuando se cumpla el convenio colectivo, cuando no haya desempleo en la provincia de Córdoba, CCOO se planteará si hay o no necesidad de tener un contingente”.

Por ello, el sindicato reclama a la Inspección de Trabajo y a las fuezas de seguridad que “estén vigilantes con estos planteamientos” e insistió en que hay que involucrarse todos los estamentos oficiales, sindicatos, empresarios y administración pública en la calidad del empleo porque “el campo andaluz cada vez está pareciendo más a un régimen de semiesclavitud y aquellos que alzan su voz para defender sus derechos son expulsados mediante la coacción y el resto soportando condiciones que en muchos casos son infrahumanas”, denunció Moreno.

Por otra parte, los responsables sindicales aplaudieron la actuación de la Inspección de Trabajo y de las fuerzas de seguridad en Palma del Río “teniendo en cuenta que venimos persiguiendo este tipo de actuaciones desde hace mucho tiempo y que desde el sindicato estamos extremando nuestras actuaciones de cara a evitar los abusos que se han cometido y se puedan cometer en el campo”, dijo Moreno a lo que Morales añadió que . Somos conscientes de que la Inspección está como está. Con sólo seis inspectores para toda la provincia

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba reclama que la mesa de negociación del convenio colectivo de transporte de pasajeros vuelva a reunirse y se retome la negociación del acuerdo.

El sindicato explica que el anterior convenio expiró el 31 de diciembre de 2017 y que desde que se constituyó la mesa de negociación el pasado 22 de febrero, y a pesar de las reiteradas peticiones de CCOO, la mesa no se ha vuelto a reunir.

CCOO critica la actitud de la patronal y recuerda que en este sector están afectados más de 800 trabajadores y trabajadoras en Córdoba que se encuentran en clara situación de  desventaja con respecto a los convenios de otras provincias andaluzas, que recogen mejores condiciones laborales que las del convenio cordobés.

Las especiales condiciones de los trabajadores y trabajadoras que prestan sus servicios en el sector hace necesario una mayor implicación y dedicación que deben reflejarse en mejoras que redunden en la prestación del servicio y que, además, recupere las condiciones laborales perdidas en los últimos años de crisis, en los que se ha sufrido un enorme deterioro de las condiciones en las que se presta el servicio.

Para CCOO, la falta de interés por parte de la patronal obedece a que las condiciones del convenio son tan descompensadas para los trabajadores y trabajadoras que cualquier revisión sólo puede beneficiar a estos y a los usuarios y usuarias, últimos destinatarios del servicio.