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La Diócesis de Córdoba ha impulsado el proyecto Messor eram, dedicado a San Juan de Ávila, con el fin de promover el conocimiento del doctor de la Iglesia cuyas reliquias se veneran en Montilla, ciudad donde vivió y murió.

         La iniciativa persigue abarcar la historia, la teología, la espiritualidad, la dimensión pastoral y misionera del Apóstol de Andalucía. Se trata de una propuesta diocesana, que entiende que es un deber promover su figura por haber sido elegida para el apostolado del Santo y está agraciada con su reliquia.

         El objetivo principal de este proyecto es estudiar, profundizar y dar a conocer la figura y obra de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia universal. Este fin se estructura en dos vertientes. De un lado, impulsar el estudio de las obras del Santo Doctor entre los sacerdotes de nuestra diócesis y fieles laicos que están en contacto con la teología; y de otro, ofrecer a todos sus enseñanzas a través de los medios con los que cuenta la diócesis (página web, publicaciones, etc.).

         El principal soporte para la difusión de estos contenidos será la página web www.sanjuandeavila.net, en la que un grupo de sacerdotes y laicos con vinculación intelectual al Santo y rigor científico ofrecerán artículos sobre algún tema avilista, ya sea sobre historia, teología o espiritualidad. Junto a éste, una brevísima reseña del mismo destacando

frases del Santo que animen a la lectura del mismo. La web cuenta con un espacio llamado Messor eran, que remite al artículo al que se puede acudir.

         Cada mes se irán publicando nuevos artículos buscando el fomento del conocimiento y el estudio sobre este Doctor de la Iglesia.

La biblioteca diocesana tiene a disposición de todos los usuarios una sala dedicada a San Juan de Ávila con posibilidad de préstamo de libros. El Seminario Conciliar “San Pelagio”, por su parte, posee otra sala llamada “Aula San Juan de Ávila” pensada para el estudio “in situ” del Maestro.

         Además se está trabajando en un centro de documentación dedicado a San Juan de Ávila que recoge en formato digital numerosos artículos relativos a la vida y obra del mismo.

Tras la declaración el estado de alarma, el pasado 16 de marzo, los centros educativos cerraron sus puertas y, en consecuencia, los servicios externalizados de la Consejería de Educación quedaron suspendidos, ocurriendo lo mismo, en virtud al Real Decreto de 17 marzo, con los contratos con las empresas adjudicatarias.

Según el secretario General del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Antonio Sánchez, “esta situación, pese a no haber motivos, ha dado lugar a que colectivos como son el personal técnico de integración social (PTIS), que sustentan el  apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales, y de los intérpretes de lengua de signo (ILSE), no hayan cobrado las nóminas del mes de abril”.

Así, según el sindicato, y debido a la presión de CCOO, la Junta de Andalucía publicó un Decreto (BOJA de 1 abril) que en su punto 3 recoge: “Con el fin del mantenimiento del empleo el órgano de contratación, podrá acordar la continuidad en el pago de los contratos suspendidos por causa del COVID-19”.

Para CCOO, este decreto garantiza que las empresas sigan cobrando de la Junta de Andalucía y, por consiguiente, las personas trabajadoras puedan recibir sus nóminas sin pasar un ERTE. Pero, según las empresas adjudicatarias, entre el procedimiento de pago a empresas, la presentación y comprobación de documentos y otros procesos administrativos, han hecho que a esta fecha, de 15 de mayo, los trabajadores y trabajadoras de estos colectivos, aún no hayan percibido las nóminas de abril.

No obstante, según la información recabada por CCOO de la Viceconsejería de Educación, este proceso de pago a empresas ha comenzado esta semana, y es la Agencia Pública de Educación (APAE) la que se encarga de dichos pagos.

Ante este cruce de justificaciones, Sánchez critica “el gran número de intermediarios para que las nóminas lleguen las plantillas, y achaca los problemas de estos servicios educativos esenciales a su privatización. Ya que, además, debido a la precariedad de estos puestos de trabajo, cualquier circunstancia hace que las consecuencias recaigan sobre el eslabón más débil, en este caso, los trabajadores y trabajadoras que atienden estos servicios”.

El sindicato, a la vista de esta situación, pide, igualmente, responsabilidad a las empresas adjudicatarias (AI ALBA, TANGRAM, OS ZAGALES, MARCOS BAILÓN y SAMU, entre otras), pues sabiendo que el proceso, aunque lento, les aseguraba el cobro, no han mostrado interés en aplicar su corresponsabilidad con sus trabajadores y trabajadoras abonando sus nóminas, sino más bien han utilizado una estrategia de confusión para que todas las miradas recayeran en la Administración.

Por todo ello, “CCOO exige a la Consejería de Educación hacer cumplir a las empresas adjudicatarias de estos servicios educativos su responsabilidad con los trabajadores y trabajadoras y abonen con la máxima celeridad las nóminas de abril”, finaliza Sánchez.

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitaros de CCOO de Córdoba ha estado presente en todos los actos de la primera ronda de asignación de propuestas de contratos para médicos interinos residentes (MIR) que acaban este año su periodo de formación de médicos especialistas. Para toda Andalucía y todas las especialidades médicas se han ofertado 1.480 contratos a un total de 914 MIR.

En todos los centros de nuestra provincia no se ha podido realizar la oferta de contrataciones al personal MIR, puesto que previamente se tienen que ofertar al personal que está disponible en Bolsa Única de Contratación del SAS, por lo que se seguirá en otra oferta prevista para el día 20 de mayo. Se han ofertado contratos de distinta duración -la media de los contratos ha sido de 2 meses- para suplir las vacaciones del personal sanitario en época de verano, aunque también están previstas contrataciones de larga duración hasta el 31 de diciembre.

Concretamente, en la provincia de Córdoba unos 50 MIR han asistido al acto del Hospital Reina Sofia, aunque en este centro aún se están asignando contratos por el sistema de bolsa única, por lo que se ha informado del plan de actuación de contrataciones y que en el próximo acto se les ofertarán los contratos.

En el Área Sanitaria Sur de Córdoba, de 8 MIR, 5 han aceptado contratos. En el Área Sanitaria Norte, de 6 MIR solo 1 ha aceptado el contrato y en el Distrito Córdoba-Guadalquivir se ha ofertado un total de 25 contratos para 24 MIR, pero desafortunadamente en estos distritos ha habido especialidades médicas para las que no se han ofertado contratos suficientes para todos los médicos que acaban su formación. No ha sido así en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, para la que se han ofertado más contratos que personas candidatas, y lo sorprendente ha sido que de todos los MIR, solo 7 han aceptado contrato en esta primera oferta.

José Antonio López, Delegado Sindical de CCOO del Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir, relata que “al preguntar el motivo al personal MIR de no aceptar los contratos nos comentan que tras 4 años de formación en hospital y centros de salud, viendo el funcionamiento de nuestros centros, las condiciones de trabajo en los centros de salud de sus tutores facultativos, los problemas a los que se han enfrentado día tras día, la sobrecarga de trabajo laboral y burocrática, al tener que atender a sus pacientes y a los cupos de otros compañeros que se encontraban de vacaciones, o de baja por enfermedad, o jubilaciones sin cubrir, y los días que tras una guardia de 24 h, que han tenido que continuar trabajando 7 horas más, pasando consulta, les hace rechazar estas contrataciones por sus pésimas condiciones laborales, prefiriendo optar por contratos en los grandes hospitales o en otras comunidades autónomas”.

A juicio de CCOO,  estos jóvenes médicos especialistas, que han invertido entre 12 y 15 años de su vida formándose, teniendo que obtener unas notas de selectividad de las más altas de España, realizando la carrera más larga (6 años) y una de las más duras, teniendo que presentarse a un examen MIR más difícil que muchas oposiciones para conseguir un contrato de 4 años de formación, en el que han trabajado el doble de horas de una jornada laboral normal y cobrando un sueldo de prácticas, se vean con una edad en la que sus amigos ya llevan años trabajando en otras profesiones, mientras ellos parten de cero, pero además, con condiciones laborales y económicas de las peores de España y Europa. 

Para el secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, “es evidente la incapacidad e incompetencia del SAS para poner en marcha un verdadero plan de actuación con el que contener la fuga de estos magníficos profesionales que acaban de finalizar su especialidad en Andalucía. La sanidad pública andaluza necesita afianzarse y reforzarse con los profesionales que ha formado para así garantizar una asistencia sanitaria de calidad en el futuro, con la que se atienda las necesidades de la ciudadanía y los problemas de listas de espera y atención sanitaria que nos espera”.

El Sindicato Provincial de Construcción y Servicios de CCOO de Córdoba ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a varias empresas que están incumpliendo el acuerdo firmado por la patronal y los sindicatos el pasado 26 de marzo por el que se establecía la jornada intensiva durante el estado de alarma por la pandemia del COVID-19.

Antonio Salazar, firmante del acuerdo por parte de CCOO, explica que la patronal y los sindicatos llegaron a un acuerdo, que entró en vigor el pasado 1 de abril, por el que se establece la jornada intensiva de 7 horas durante el estado de alarma. La entrada en vigor del acuerdo coincidió con el decreto del Gobierno por el que se produjo el parón de las actividades no esenciales coincidiendo con la Semana Santa. “Este decreto no anula el acuerdo firmado por los empresarios y la representación de los trabajadores y trabajadoras. De hecho, el acuerdo sigue vigente a fecha de hoy puesto que el estado de alarma sigue vigente", remarca Salazar.


Sin embargo, CCOO ha detectado que algunas empresas, de forma unilateral, han decidido volver a la jornada partida de 8 horas, hecho que ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo. Es más, “estas empresas no solo han vuelto a la jornada partida, sino que están obligando a sus plantillas a trabajar 9 horas diarias, en vez de 8, para recuperar las 55 horas perdidas durante el parón decretado por el Gobierno a primeros de abril”, denuncia el responsable sindical.

“No hay ningún acuerdo sobre cómo recuperar las horas dejadas de trabajar por el decreto del Gobierno”, recuerda Antonio Salazar quien incide en que, además, “muchas empresas, especialmente las subcontratas, despidieron a sus trabajadores durante el parón de abril o presentaron un ERTE, por lo que los trabajadores afectados no deberían recuperar ninguna hora, puesto que no les ha sido abonada”.

A esto se añade que, al restablecer la jornada partida, muchos trabajadores almuerzan en la propia obra y “se está haciendo sin medidas de prevención. Las empresas no cuentan con comedores adecuados, los trabajadores no tienen equipos de protección individual adecuados, no hay mascarillas, ni guantes, ni geles hidroalcohólicos… ni siquiera se cumplen las distancias de seguridad y todo ello está poniendo en riesgo la salud de los trabajadores e incrementando el riesgo de contagio”, lamenta Salazar quien advierte que CCOO no va a dudar en denunciar los incumplimientos del acuerdo que detecte, puesto que sigue en vigor y se estableció, precisamente, para proteger a los trabajadores ante la pandemia del COVID-19.

La Red de Madres y Padres Solidarios (ReMPS) y la Federación Centro de Referencia Andaluz de Enfermedades Raras (CRAER) denuncian que el confinamiento continúa para las miles de personas que padecen una enfermedad rara porque, a pesar de que muchas de ellas podrían salir a la calle en las horas que le corresponden por edad o situación personal, no se atreven a hacerlo por el miedo al contagio.

“Las personas que padecen una enfermedad rara son población de alto riesgo y tienen que extremar las medidas de protección ante un posible contagio por COVID-19”, recuerda el presidente de la ReMPS, Francisco Ureña, quien explica que “la irresponsabilidad de muchas personas, que salen a la calle cuando no les corresponde, que no guardan las distancias de seguridad, que prescinden de medidas de protección como mascarillas o guantes, pone en peligro a los enfermos que salen de sus casas”.

Ambas organizaciones recuerdan que las personas que sufren una enfermedad rara son uno de los colectivos más perjudicados por esta pandemia. “No solo ven como sus enfermedades no son investigadas, como no hay medicamentos para tratarlas, sino que las administraciones ni siquiera reparan en ellos y un ejemplo de ello es que no se han buscado medios para que, sobre todo los niños, puedan seguir recibiendo sus terapias durante el confinamiento”, se queja Ureña.

“Las personas afectadas por patologías minoritarias se vieron obligados a suspender sus terapias de rehabilitación a causa del virus, unas terapias que son fundamentales para paliar los efectos de la enfermedad y retrasar su evolución, y ahora que podrían beneficiarse de las medidas de desescalada no pueden hacerlo por miedo a contagiarse y se ven obligados a mantener el confinamiento”, recalca Ureña.

Pero aún más. “aunque se ha reactivado el servicio de rehabilitación, muchos enfermos tienen miedo de acudir a terapia porque los profesionales están dotados de equipos de protección, pero ellos no, y temen contagiarse”, comenta el responsable de la asociación quien indica que “algunas familias están intentando que los pacientes reciban la terapia en casa, aunque tampoco esta opción está exenta de riesgo, puesto que los profesionales atienden a otras personas que podrían estar contagiadas sin saberlo”.

Por ello, ReMPS y CRAER piden al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que establezca los protocolos necesarios para prestar el servicio a los enfermos garantizando las medidas de seguridad y protección suficientes tanto para los pacientes como para los profesionales.

Asimismo, la ReMPS y CRAER hace un llamamiento a la sociedad en su conjunto, “para que respeten las normas de la desescalada, para que recuerden que de su respeto y su cuidado puede depender no solo que una persona pueda salir de casa después de dos meses encerrada a cal y canto, sino su salud e incluso, aunque suene exagerado, su vida”, pidió Francisco Ureña.

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba considera de indigna la actitud de desprecio, autoritaria y discriminatoria que, una vez más, ha mostrado la Dirección Gerencia de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir (ASAG) –que gestiona los hospitales de Montilla, Peñarroya-Pueblonuevo y Puente Genil-, presentando ante el Comité Intercentros un documento que va en contra de los derechos recogidos en el Acuerdo del 8 de mayo de la Mesa de Negociación Común del Personal de la Junta de Andalucía.

El pasado 13 de mayo se celebró una sesión plenaria del Comité Intercentros de la ASAG (con sede en Andújar), remitiéndose previamente un documento de trabajo a la parte sindical en la que la empresa manifestaba su postura en cuanto al plan vacacional y sobre el tratamiento de las distintas situaciones en materia de recursos humanos ante la reincorporación progresiva de presencia física de los empleados y empleadas de la ASAG. En esta reunión, la parte sindical recordó que el pasado 8 de mayo se firmó un Acuerdo en la Mesa de Negociación Común del Personal de la Junta de Andalucía, el cual es de plena aplicación a los y las profesionales de esta agencia sanitaria. De esta forma, se le recordó que no se puede solicitar recuperación de jornadas de teletrabajo, al igual que en el caso de personas con menores de 14 años o personas dependientes a su cargo que, al no poder flexibilizar el horario de trabajo, por circunstancias justificadas (cierre de colegios, centros de día, etc.), podían permanecer en su domicilio, teniendo la consideración de deber inexcusable y no recuperable.

Para el secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, “el continuo desprecio que la Dirección de esta agencia sanitaria muestra hacia los representantes sindicales es intolerable. Una vez más, demuestran el desconocimiento de las normas y acuerdos vigentes, así como su manifiesta incapacidad de gestión y dirección, actuando y reaccionando con políticas más propias de épocas dictatoriales en la que predominaban los ‘dueños de los cortijos’”.

Durante este periodo de crisis, las y los profesionales de los hospitales de la ASAG, como el resto de profesionales de la sanidad, han estado permanentemente expuestos a riesgos de contagios, trabajando con una presión psicológica nunca experimentada como en esta pandemia. Ante esta situación, CCOO, UGT y CSIF  firman un Acuerdo con la Junta de Andalucía con el que se reconoce con algunas mejoras laborales el esfuerzo que han realizado, pero “la ASAG no solo hace oídos sordos, sino que además muestra ceguera absoluta hacia el acuerdo, limitándose a repetir en el Comité Intercentros  que se estudiarán las solicitudes sindicales al respecto", lamenta Damas.

Ante esta  situación, y al no recogerse en el acta de reunión del Comité Intercentros lo demandado, la parte sindical al completo decidió abandonar la reunión sin firmar el acta.

CCOO vuelve a hacer un llamamiento a la Consejería de Salud, para que revise la actuación de la ASAG y se deje de menospreciar tanto a sus profesionales como a la parte sindical. “No permitiremos que aún haya profesionales que no han podido disfrutar vacaciones del año 2019, ni se les haya abonado en su nómina como retribución compensatoria. Así mismo, no admitiremos que a la plantilla se le pretenda dejar sin vacaciones, días de libre disposición o descansos porque la Dirección de estos centros haya decidido por su cuenta exigir que los trabajadores y trabajadoras deben recuperar jornadas, que en el reciente Acuerdo son consideradas como permisos retribuidos y no recuperables”, recalca el responsable sindical.

El Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba exige al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que de manera urgente se realicen de manera gratuita los test de diagnóstico del coronavirus COVID-19 a los trabajadores y trabajadoras del sector del transporte sanitario de Córdoba y provincia, donde hay 7 empresas de ambulancias y más de 350 trabajadores y trabajadoras de transporte sanitario, tal como se viene demandando con otros colectivos que están expuestos a niveles altos de riesgos de contagio para la salud.

El secretario General de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba, Luis Mena, explica que, “en un principio, el personal del sector de ambulancias estaba propuesto para que le realizaran dichos test de manera gratuita, pero el SAS, de manera unilateral, ha derivado a las mutuas privadas la realización de los test, y éstas piden a las empresas el coste de 58 euros por trabajador o trabajadora, y estas empresas no pueden soportar el alto coste de dicha prueba”. De hecho, el sindicato considera que los test supondrían un coste adicional para las empresas de más de 20.000 euros.

Para CCOO, el personal de transporte de ambulancias “es una parte indispensable del dispositivo sanitario público y no resulta de recibo que sean tratados como trabajadores y trabajadoras de segunda” ya que más del 70% de los casos de coronavirus COVID-19 , tanto sospechas como confirmados, han sido trasladados por los y las profesionales de estas empresas, con el riesgo que eso conlleva, “no solo para su personal y sus familias si no por las miles de personas vulnerables que se trasladan en las ambulancias en labores programadas y de urgencias sanitarias, atendiendo así mismo a pacientes críticos y de atención especial”, remarca Mena.

Desde CCOO se quiere agradecer la labor pocas veces reconocida de este colectivo que a diario se juegan la salud y la vida realizando una tarea imprescindible como es la del traslado de personas enfermas a los centros de salud y hospitales, habiéndose convertido en otros héroes anónimos que están ayudando a la sociedad de manera decisiva. “Es indignante que los gestores tanto del SAS como de la Junta de Andalucía no tengan en cuenta dicho trabajo, su integridad y la de la ciudadanía de la provincia de Córdoba, quizás, porque los dirigentes políticos de la Junta de Andalucía están más preocupados de realizar videoconferencias desde su sillón y no se acuerdan de los que estamos desde que comenzó el estado de alarma a pie de obra atendiendo a las personas trabajadoras y a la ciudadanía”, concluye Mena.

 

CCOO pide que se mantengan las medidas de apoyo a las empresas que se comprometan a mantener el empleo una vez superado el estado de alarma que ha llevado al paro a 3.872 personas en el mes de abril en la provincia de Córdoba, con lo que son ya 87.982 las personas desempleadas en la provincia.

Para el secretario de Empleo de CCOO de Córdoba, Manuel Merino, “el dato importante es que el paro ha subido menos que la media nacional” (un 4,60 frente al 7,97%), lo que puede indicar que, a pesar de las dramáticas cifras de desempleo que registra la provincia, “las medidas de apoyo al empleo están dando sus frutos”.

Por ello, el sindicato insiste en la importancia de mantener ayudas a las empresas, “siempre y cuando haya un compromiso de mantenimiento del empleo”, recalcó Merino quien insiste en que “CCOO no va a respaldar en ningún caso ayudas o subvenciones que no tengan ese compromiso como requisito fundamental”.

Por otro lado, el responsable sindical puso de manifiesto su preocupación por las miles de personas que no reciben ninguna prestación. “Casi 20.400 personas según los datos del Servicio Público de Empleo (SEPE) no cuentan con ninguna prestación en la provincia y debemos proteger a estas personas, algunas de las cuales trabajaban en la economía sumergida, sin contratos, en condiciones precarias, sin derechos”, dijo Manuel Merino.

Especialmente preocupante sigue siendo la situación de las mujeres. “Son más del 55,5% de las personas desempleadas en la provincia y vuelven a ser las grandes perjudicadas por la crisis provocada por la pandemia del COVID-19”, señaló el secretario de Empleo que volvió a reclamar medidas que fomenten un cambio de modelo productivo que “no nos haga tan dependientes del sector servicios y de la agricultura, que está siendo la salvadora de la economía cordobesa en estos momentos”.

El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba denuncia la actitud “intransigente y discriminatoria” de la Dirección Gerencia de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir (ASAG) –que gestiona los hospitales de Montilla, Peñarroya-Pueblonuevo y Puente Genil- que, de forma unilateral, ha decidido no conceder vacaciones a determinado personal eventual.

El pasado 29 de abril se celebró una reunión informativa de la Dirección de la ASAG (con sede en Andújar) con los representantes sindicales, en la que se informó de que a los profesionales eventuales con contratos de menos de seis meses o a los que se les vaya renovando mes a mes no se les garantiza la opción de poder disfrutar las vacaciones en días libres, procediéndose en tal caso al abono en su nómina de dichas vacaciones.

El secretario General del mencionado sindicato provincial, José Damas, señala que esta decisión, “imperativa y contraria a lo que predica la propia ASAG, se debería haber negociado en los comités de centro y en el de intercentros, lugar de negociación con los sindicatos, que tratan de mantener un carácter dialogante en todo lo referente a los derechos del personal, entre ellos, los referentes a las vacaciones”.

Para Damas “es evidente que decisiones unilaterales sin contar con el consenso mayoritario y propuestas de la parte sindical solo pueden ser consideradas como un ataque a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, vulnerándose además el derecho a negociación de los representantes sindicales”.

Según el responsable sindical, “la Dirección de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir deja mucho que desear, tanto a nivel de capacidad organizativa como de valores humanos”. “Es inadmisible e intolerable que en estos momentos de crisis sanitaria, donde todas las y los profesionales están trabajando y volcándose con todo su esfuerzo, además de estar expuestos continuamente a los riesgos de esta pandemia y con una presión laboral y psicológica enorme, que la Dirección de estos hospitales niegue el derecho al disfrute de unas vacaciones reglamentarias”, lamenta Damas.

Por ello, CCOO hace un nuevo llamamiento a la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, solicitándole que reconsidere su decisión unilateral, que mime a sus profesionales eventuales en estos momentos de crisis sanitaria y que acepte las propuestas de las organizaciones sindicales, permitiendo poder disfrutar en días libres las vacaciones que a cada profesional le correspondan, independientemente de la duración de su contrato, y dejando la opción para que libremente algún trabajador o trabajadora voluntariamente acepte la alternativa de compensación mediante retribución económica.

El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba critica que la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir (ASAG) y, concretamente en nuestra provincia, en los Hospitales de Montilla, Peñarroya-Pueblonuevo y Puente Genil, no realice a todos los y las profesionales los test de detección del COVID-19, limitándose solo a un mínimo de trabajadores o trabajadoras con una exposición muy directa a pacientes positivos.

El pasado 22 de abril, desde la Sección Sindical de CCOO del Hospital de Montilla se remitieron sendos escritos a la Dirección Gerencia de la ASAG y al presidente del Comité de Seguridad y Salud exigiendo la realización de estos test a todos los y las profesionales de los centros sanitarios, tanto sanitarios como de gestión y servicios. Además, se solicitó conocer de forma urgente la programación y desarrollo previsto para la realización de estos test, insistiendo en el detalle de planificación, en cuanto a la prioridad de centros, servicios y categorías profesionales.

Asimismo, y considerando los continuos errores que se están dando y conociendo la escasa efectividad de los test rápidos SARS Coronavirus 2 Ac, se trasladó en el escrito la necesidad de que el tipo de prueba diagnóstica fuese realizada por el procedimiento de PCR y, especialmente, a los profesionales de los servicios que atienden directamente casos de pacientes relacionados con el COVID-19.

El secretario General del sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, critica “la actitud de oídos sordos y de ceguera permanente  por parte de la Dirección de la ASAG ante las demandas que desde CCOO venimos realizado”, una actitud que el sindicato juzga irresponsable tras conocerse nuevos casos de usos de mascarillas defectuosas distribuidas a través de un proveedor habitual del Sistema Sanitario Público de Andalucía. De hecho, para el sindicato, el aviso que realizó el pasado 28 de abril el Centro Nacional de Medios de Protección, organismo dependiente del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, por la detección de una incidencia técnica en mascarillas de los modelos KN95 MASK (lote 20200316) y Elite EB09.4, y tras comprobarse por la ASAG que unidades de dichos modelos y lote han sido distribuidas en días previos en todos sus centros como parte del material de protección para profesionales utilizado en actuaciones asistenciales frente al COVID-19, “pone de manifiesto que el riesgo es más que probado y la necesidad de realizar test a todas las y los profesionales que han utilizado estas mascarillas defectuosas, tal y como ha solicitado CCOO, debe de materializarse sin más demora”, insiste el responsable sindical.

Para CCOO, la instrucción dada el pasado 28 de abril por la Dirección de la ASAG sobre actuaciones de las y los profesionales para llevar un adecuado seguimiento de vigilancia de la salud no son las más adecuadas ante este tipo de situaciones y riesgo al no garantizarse un estudio de investigación rápido y garantista, por lo que desde el sindicato se vuelve a exigir nuevamente que todo profesional que haya usado este tipo de mascarillas se ponga en cuarentena hasta que se le realice la correspondiente prueba por el procedimiento de PCR.

“La seguridad, prevención y protección de la salud de los trabajadores y trabajadoras de la ASAG debe ser una prioridad en esta crisis sanitaria, por lo que CCOO ha vuelto a solicitar a la ASAG que se realicen a todos los y las profesionales pruebas diagnósticas de detección del virus COVID-19 mediante métodos seguros, priorizando a aquellas personas que hayan estado expuestos o trabajen en servicios de mayor exposición, pero sin discriminar y sin dejar ni a un solo profesional de la ASAG”, recalca Damas.