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El secretario de Empleo de CCOO de Córdoba, Manuel Merino, ha celebrado la bajada del paro en la provincia en el mes de mayo, si bien recuerda que “las cifras de paro en la provincia siguen siendo muy altas y que un elevado porcentaje de las personas en situación de desempleo no están cobrando ninguna prestación”.

Merino insiste en que cualquier bajada del paro es positiva, pero achaca el bajo ritmo de creación de empleo en la provincia a la excesiva dependencia de la agricultura y el sector servicios. De hecho, señala, “sectores con mayor repercusión en el desarrollo económico, como son la construcción y la industria, siguen sin generar suficiente empleo, lo que lastra el avance económico de la provincia”.

CCOO vuelve a poner la atención en la precariedad del mercado laboral cordobés, una precariedad que afecta especialmente a las mujeres, que un mes más siguen siendo las grandes perjudicadas. “Ante esta situación es necesario derogar las reformas laborales y activar la negociación colectiva para la recuperación del empleo estable y los derechos laborales perdidos”.

CCOO ha denunciado a la empresa Aceites y Energía Santamaría, S.L. de Lucena por una presunta discriminación por razón de género por no abonar a sus trabajadoras los atrasos devenidos de la firma del convenio de industrias del aceite de la provincia de Córdoba mientras que sí lo ha hecho con sus trabajadores hombres.

La secretaria de Mujer de CCOO de Córdoba, Mar Ávalos, explica que en diciembre de 2017 se firmó el nuevo convenio colectivo de industrias del aceite con una vigencia de enero de 2015 a diciembre de 2019. A efectos económicos, las subidas salariales comenzaban en 2017. El convenio establecía para el año 2017 un incremento salarial del 1,5% a cobrar con efecto retroactivo desde el 1 de enero de dicho año. Dichos atrasos debían ser abonados en el mes siguiente a la publicación del convenio en el BOP y, de hecho, los trabajadores de la empresa recibieron dichos atrasos, no así las mujeres que, hasta la fecha, no han cobrado dichos atrasos.

Para Ávalos, esta situación es un claro ejemplo de discriminación por razón de sexo y lamenta que “a estas alturas todavía haya empresas y empresarios que crean que los hombres tienen más derechos que las mujeres por el mero hecho de ser hombres”.

Además, remarca la responsable sindical, no se trata de una cuestión económica, ya que, de hecho, las mujeres son una minoría en la empresa, sino de una cuestión de discriminación hacia las mujeres.

Bajo el título “Perspectiva de Género y Salud Laboral”, CCOO de Córdoba  ha celebrado hoy un nuevo seminario en el que abordará los riesgos específicos de la mujer y la intervención sindical en la prevención de los mismos.

El seminario, financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, ha contado con la intervención de la secretaria de Mujer de CCOO de Córdoba, Mar Ávalos, el secretario de Salud Laboral, Manuel Torres y la técnico de prevención de riesgos laborales Laura Carrasco, quienes han ofrecido a los asistentes información y casos prácticos sobre la evaluación de riesgos en las empresas desde la perspectiva de género.

La secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, también se dirigió a los asistentes a quienes trasmitió la importancia de que llevar a las empresas a través de la negociación colectiva  y los planes de igualdad la perspectiva de género en el ámbito de la salud y seguridad en el trabajo. Asimismo, Borrego se congratuló de que en el seminario haya habido una importante presencia masculina, pues es importante que los hombres sean sensibles a los problemas que no les afectan, pero sí a sus compañeras.

Desde el punto de vista del sindicato, aún no se ha conseguido un trato igualitario entre hombres y mujeres, lo que se traduce en que las empresas siguen abordando la salud laboral y la prevención de riesgos sin tener en cuenta la perspectiva de género. Así, los riesgos no son afrontados de la misma forma en casos de hombres y mujeres y se suelen tener en cuenta los riesgos de puestos de trabajo ocupados tradicionalmente por hombres, mientras que se olvidan los de los puestos ocupados por mujeres.

Además, la crisis económica y la eliminación de derechos sociales y laborales reflejan un fuerte impacto de género en la salud de las mujeres que en los últimos años han sufrido un empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo, de la violencia contra las mujeres y el incremento de las brechas laborales (segregación, desempleo, salarios, precariedad contractual, infrarrepresentación en la toma de decisiones, etc.).

Por ello, en estas jornadas el sindicato pretende ofrecer  información y formación sobre cómo actuar para prevenir riesgos específicos de la mujer, entre ellos, los relacionados con el embarazo y la maternidad, e incorporar la diferenciación de géneros al ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo.

El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba lamenta el anuncio hecho por la Consejería de Educación de suspender la implantación del segundo idioma extranjero en 1º y 2º de Primaria, que estaba prevista que se iniciara el próximo curso escolar, una suspensión que el sindicato achaca a la mala planificación y a la falta de previsión de la Consejería.

El aprendizaje de un segundo idioma, en la mayoría de los centros, francés, se llevará  a cabo en Primaria, por tanto, tal como en el presente curso escolar, es decir, entre los cursos de tercero a sexto.

El secretario General de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Antonio Sánchez, critica que se hubiera informado a las editoriales de la medida mientras las organizaciones sindicales no han tenido conocimiento de ella hasta el pasado viernes

La Consejería de Educación argumenta esta medida ante las demandas realizadas por el profesorado en la consulta que llevó a cabo, y que dio en llamar `Repensar la Primaria´. En ella, según  indica la propia Consejería, la principal demanda del profesorado ha sido en el sentido de mejorar la atención a la diversidad y evitar que un excesivo número de profesorado imparta docencia en estos cursos en que los escolares tienen 6 y 7 años.

No obstante, Sánchez afirma que esta medida demuestra “la falta de una línea clara en materia de aprendizaje de idiomas pues, precisamente, el aprendizaje de un segundo idioma puede generar vías para una mayor atención del alumnado”. “CCOO ha demandado desde el inicio de la implantación del segundo idioma extranjero en la Educación Primaria en Andalucía, que este profesorado no se nombrara en sustitución de los docentes generalistas de este nivel educativo, sino como aumento de las plantillas de los centros”, recuerda el responsable sindical.

Para CCOO implantar un segundo idioma, si se realiza con un incremento de las plantillas, permitiría dotar a los centros de un mayor número de profesorado, lo que permitiría a su vez una atención más personalizada y un mayor apoyo educativo. Por el contrario, la Administración Educativa decidió sustituir a unos docentes por otros, lo que ha generado que profesorado de Primaria se viese desplazado de sus centros y que docentes generalistas de Primaria lleven en algunos casos ocho años sin un centro de destino.

“En el fondo de esta medida se encuentra el problema generado por los desplazamientos de sus centros de los docentes de Primaria, siendo sus plazas ocupadas por profesorado de francés. Pero, con esta nueva medida se truncan las expectativas de numeroso profesorado que está estudiando idiomas para optar a unas plazas, que de pronto, van a dejar de existir, lo que pone de manifiesto la improvisación que en esta cuestión está llevando a cabo la Consejería de Educación”, finaliza Sánchez.

Bajo el título “Perspectiva de Género y Salud Laboral”, CCOO de Córdoba  celebrará el próximo miércoles día 30 un nuevo seminario en el que abordará los riesgos específicos de la mujer y la intervención sindical en la prevención de los mismos.

El seminario, financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, contará con la intervención de la secretaria de Mujer de CCOO de Córdoba, Mar Ávalos, el secretario de Salud Laboral, Manuel Torres y la técnico de prevención de riesgos laborales Laura Carrasco, quienes ofrecerán a los asistentes información y casos prácticos sobre la evaluación de riesgos desde la perspectiva de género.

Desde el punto de vista del sindicato, aún no se ha conseguido un trato igualitario entre hombres y mujeres, lo que se traduce en que las empresas siguen abordando la salud laboral y la prevención de riesgos sin tener en cuenta la perspectiva de género. Así, los riesgos no son afrontados de la misma forma en casos de hombres y mujeres y se suelen tener en cuenta los riesgos de puestos de trabajo ocupados tradicionalmente por hombres, mientras que se olvidan los de los puestos ocupados por mujeres.

Además, la crisis económica y la eliminación de derechos sociales y laborales reflejan un fuerte impacto de género en la salud de las mujeres que en los últimos años han sufrido un empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo, de la violencia contra las mujeres y el incremento de las brechas laborales (segregación, desempleo, salarios, precariedad contractual, infrarrepresentación en la toma de decisiones, etc.

Por ello, en estas jornadas el sindicato pretende ofrecer  información y formación sobre cómo actuar para prevenir riesgos específicos de la mujer, entre ellos, los relacionados con el embarazo y la maternidad.

CCOO, en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer, ha vuelto a poner en marcha el Servicio de Defensa Legal para Mujeres (SDL), un servicio gratuito que presta el sindicato a todas las trabajadoras andaluzas, afiliadas no, que denuncian una situación de discriminación laboral por razón de sexo o necesitan asesoramiento e información en material laboral.

La secretaria de la Mujer de CCOO de Córdoba, Mar Ávalos, explica que este servicio, que se puso en marcha en 1997, “es muy importante” puesto que constituye “una herramienta fundamental para la defensa de los derechos laborales de las mujeres y para la consecución de la igualdad en el ámbito del trabajo”.

En este sentido, Ávalos remarca que el servicio abarca materias como la maternidad, el acoso sexual, moral, la discriminación por acceso al empleo, discriminación en la promoción y en las condiciones de trabajo o violencia de género.

Desde 2008 hasta que el servicio dejó de prestarse de forma gratuita en 2016 por falta de financiación (la atención se mantuvo si bien con algún coste para las demandantes), en Córdoba se habían tramitado más de 220 expedientes en el ámbito laboral, penal o contencioso-administrativo, y se atendieron más de 1.151 consultas, la mayoría referidas a cuestiones relacionadas principalmente con el permiso de lactancia, la maternidad, el acoso sexual y la desigualdad salarial.

La responsable sindical recuerda que la mujer es una de las grandes dagnificadas por la crisis y que sufre en mayor medida que los hombres los abusos laborales. Por ello, “un servicio como el SDL, en el que se acompaña a la mujer desde la consulta hasta la denuncia, si es que decide emprender la vía judicial, tiene gran relevancia”.

Tras la publicación del Real Decreto Ley 14/2012, y alegando la coyuntura de crisis económica el Gobierno del Partido Popular implementó un conjunto de recortes que incluían, entre otros, la ampliación de la jornada lectiva, la limitación de la tasa de reposición del profesorado de la enseñanza pública, que quedó reducida al 10%, o el retraso en la sustitución del profesorado.

A la vista de los datos macroeconómicos presentados por el propio Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado, CCOO requirió, a través de contencioso administrativo, la suspensión sine die de la aplicación de este real decreto ley.

Ante la inacción del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte al respecto, CCOO elevó el pasado mes de abril a la Audiencia Nacional la impugnación de este real decreto ley. Con la admisión a trámite, la Audiencia Nacional avala el criterio del sindicato y supone un varapalo para las políticas de recorte del Gobierno de Mariano Rajoy.

Según el Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, “con su admisión a trámite, la Audiencia avala el criterio de CCOO y abre la puerta a la reversión de los recortes, lo que supone un duro varapalo a las políticas del Partido Popular”.

Desde el sindicato ser recuerda que el RD 14/2012 introdujo medidas extremadamente agresivas para la educación que siguen en vigor actualmente. Esta norma, que contenía recortes que se definían como temporales y justificados por la situación económica del país, supusieron en Andalucía grandes recortes en materia de jornada lectiva, empleo y ratios de alumnado por clase.

Estos recortes suponían en la práctica un ataque a la calidad de la educación. El aumento del 20% del ratio profesorado/alumnado supuso la masificación de las aulas de todo el país en detrimento de la atención al alumnado. A esto hay que sumarle la imposibilidad de sustituir al profesorado hasta pasados diez días lectivos de la ausencia del titular lo que en la práctica son dos semanas naturales sin el profesorado en las aulas.

El aumento de la jornada lectiva supuso en la educación pública un aumento de la temporalidad en el empleo hasta el punto de que uno de cada cuatro docentes son temporales, así como la pérdida de miles de puestos de trabajo o el aumento de la tasa de jornadas parciales hasta el 30%.

En el ámbito universitario, se condicionó el número de horas de docencia a la actividad investigadora evaluada positivamente. La dedicación docente puede incluso duplicarse en función de la actividad investigadora, lo que repercute negativamente en la carrera y promoción profesional de un elevado número de docentes funcionarios y, consecuentemente, en sus retribuciones.

Paralelamente, CCOO se guarda su lícito derecho a asesorar a todos aquellos afectados para reclamar la indemnización por daños y perjuicios causados por la aplicación de dicho RD Ley.

“Una sentencia favorable de CCOO podría suponer la suspensión de unos recortes que han marcado el devenir del sistema educativo de los últimos 6 años y que permitiría la reducción de un 10% en las ratios, la sustitución instantánea del profesorado que cause baja, o la recuperación de la jornada lectiva”, apostilla Molina.

La política privatizadora que mantiene la Consejería de Educación ha recibido un revés en los tribunales. La Sala de lo Social de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) falla a favor de una trabajadora con motivo de una demanda por cesión ilegal. Esta persona estaba contratada por una empresa privada -que presta el servicio de apoyo y atención al alumnado de educación especial en un centro educativo público-, a tiempo parcial y año no completo.

Según CCOO, tras esta sentencia, la Consejería de Educación ha creado para esta trabajadora una plaza como personal técnico de integración social y ha pasado a ser personal laboral indefinido de la Junta de Andalucía con jornada normalizada y año completo.

El sindicato recuerda que la Consejería de Educación tiene parte del servicio de apoyo y atención al alumnado de Educación Especial privatizado, lo que conlleva que en 950 centros educativos públicos existan 1.024 personas contratadas a través de empresas privadas.

A este respecto, el Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, denuncia que “la política privatizadora de la Junta de Andalucía consiste en la privatización de servicios en vez de recurrir a la contratación de plantilla propia, hecho que CCOO rechaza de forma tajante porque la atención al alumnado se lleva a cabo dentro del aula y bajo las directrices del personal tutor y por tanto debe ser atendido por personal propio”.

CCOO lamenta que esta situación se dé en la escuela pública andaluza y, además, esté amparada por un gobierno socialista que contrata empresas privadas para cubrir servicios educativos que se deben de ofrecer desde lo público. Empresas que, por otra parte, maximizan beneficios a costa de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras.

Por todo ello, Molina exige a la Consejería de Educación que “estos puestos de trabajo privatizados se recuperen y se conviertan en empleo público, tal como ha venido a decir el fallo del TSJA dando la razón a esta trabajadora y, en definitiva, desautorizando la carrera privatizadora de la Junta de Andalucía”.

El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba denuncia la parálisis del nuevo centro de salud de Villanueva de Córdoba mientras la ciudadanía y los profesionales sanitarios sufren las deficiencias de un centro obsoleto y que no responde a las necesidades asistenciales de calidad que exige un edificio sanitario de estas características.

El responsable de la Sección sindical de CCOO Sanidad del  Area Sanitaria Norte de Córdoba,  Eduardo Almeda, recuerda que la Inspección de Trabajo elaboró el pasado febrero un informe que recoge las deficiencias arquitectónicas, de falta de espacio y de seguridad y salud del actual centro de salud e indica las medidas correctoras que deben realizarse, para las que daba un plazo de ejecución de cuatro meses.

Algunas de las deficiencias relativas a la estructura del centro no pueden acometerse, por lo que desde CCOO se entiende que se está poniendo en riesgo la integridad de las personas usuarias y de trabajadores y trabajadoras. “No es admisible que las taquillas de los profesionales estén en consultas, almacenes en estado de inseguridad por el reducido espacio,  pasillos que no permiten el paso de personas con movilidad reducida o consultas en las que no pueden entrar una camilla”, critica Almeda.

Además, el responsable sindical indica que el centro de fisioterapia, emplazado en otro lugar de la localidad, “debe estar integrado en el nuevo centro sanitario y dejar de ser un ente independiente y mal dotado”.

La preocupación por la situación sanitaria del municipio ha llevado a CCOO a entrevistarse con  el Gobierno municipal y con los partidos de la oposición, a quienes ha trasladado las necesidades y reivindicaciones de la ciudadanía y del personal del centro.

El sindicato remarca que la situación es intolerable y debería haber primado el interés general de la ciudadanía por encima del meramente partidista y electoralista. En este sentido, lamentó las disputas entre los partidos de la Corporación municipal sobre la ubicación del nuevo centro de salud que, tras varias legislaturas, desembocó en un acuerdo plenario que se decanta por un solar aledaño al actual centro de salud.

El secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damnas, ha mantenido también una reunión con al delegada territorial de Salud de la Junta en Córdoba, María Ángeles Luna, en la que trasladó la preocupación de este sindicato por la parálisis del proyecto del nuevo centro de salud, situación que se agrava aún más ante las deficiencias detectadas por la Inspección de Trabajo y que ya había denunciado CCOO.

“Lamentablemente, desde la Delegación de Salud no se dio una respuesta esperanzadora, puesto que, una vez más, las trabas administrativas se ponen encima de la mesa”, señaló Damas. Luna explicó en la mencionada reunión que la decisión de empezar la ejecución de las obras depende de una formalidad administrativa, en la que los técnicos de la Consejería de Salud deben dar el visto bueno al reciente acuerdo municipal. “Pero también puede que este proyecto esté caducado y, por tanto, se debe comenzar de nuevo con la elaboración de un nuevo proyecto, y ello conllevaría varios años hasta que sea posible la construcción del nuevo centro”, advierte el responsable sindical.

Damas considera lamentable que un problema político-Institucional, del Ayuntamiento y de la Consejería de Salud, afecte directamente a la salud de la ciudadanía y, a las condiciones laborales de los profesionales del centro de salud, que calificó de “pésimas”.

Desde CCOO se insta a que la Corporación local y la Consejería de Salud a ejecutar inmediatamente el proyecto del nuevo centro de salud según se recoge en el acuerdo plenario,  para que los vecinos y vecinas tengan una asistencia sanitaria de calidad y acorde a sus necesidades, y los y las profesionales puedan desempeñar su trabajo con las garantías que exige la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que ofrecería un nuevo centro, con una dotación  acorde a las actividades asistenciales que realizan y requieren por la ciudadanía.

El Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Córdoba y la Federación de FICA-UGT Córdoba han firmado con la patronal el convenio de industrias vinícolas, licoreras y alcoholeras de la provincia de Córdoba, más conocido como el convenio de vinos y bodegas, tras cinco años bloqueado.

El convenio tendrá una vigencia de dos años -2018/2019- y la subida salarial será del 2,5% para el 2018 y del 2% para el 2019, con carácter retroactivo desde el 1 de enero del presente año. El incremento salarial del 2018 permitirá recuperar poder adquisitivo perdido.

Además, el preacuerdo establece una cláusula para la inaplicación de la ultraactividad del convenio, de forma que a su vencimiento el 31 de diciembre de 2019 y pasado un año, ambas partes tendrán que recurrir a un acto de mediación (Sercla), si bien durante la duración del mismo el convenio mantendrá su vigencia.

Uno de los aspectos más novedosos del convenio es la aplicación por primera vez de la reciente sentencia del Tribunal Supremo referida a los permisos retribuidos y que señala que éstos se deben empezar a contabilizar en día laborable.

Por otra parte, el acuerdo incluye también la adopción de medidas de discriminación positiva tendentes a mejorar la igualdad en las empresas, así como una ampliación de los derechos referidos a la salud y seguridad en el trabajo y la limitación a 80 días de la distribución irregular de la jornada, con lo que en vez de 100 horas anuales sólo se podrán ampliar 80, de 8 a 9 horas de jornada diaria.

El secretario de Acción Sindical de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, resaltó el hecho de que después de cinco años se haya logrado alcanzar un nuevo acuerdo. “Este es un convenio de transición, con el que los trabajadores y trabajadoras empezarán a recuperar algo del poder adquisitivo perdido en los años en los que no se ha negociado el convenio”, señaló.

Por su parte, el responsable de Acción Sindical de FICA-UGT, Antonio Lopera, hizo hincapié en la importancia de que un sector que genera más de 500 empleos en la provincia esté regulado. “Aún quedan muchos aspectos por mejorar, pero creemos que es un buen acuerdo que servirá de base para futuros convenios que mejoren la situación laboral y el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras”, apostilló.

Ambos representantes sindicales han resaltado de que a pesar de llevar casi dos años bloqueado el ANC, los Convenio Colectivos que comparten las federaciones de CCOO y UGT están saliendo adelante, lo que permite que más de 100.000 trabajadores de la provincia pertenecientes a esos sectores, tengan reguladas sus condiciones de trabajo.