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El Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Córdoba, la Federación de FICA-UGT Córdoba y la patronal Afepancor han constituido la mesa negociadora del convenio colectivo de las industrias panificadoras, comúnmente conocido como convenio de panaderías.

Actualmente, el convenio está prorrogado desde 2016, de ahí que las partes coincidan en la necesidad de llegar a un acuerdo a la mayor brevedad posible. En este sentido, tanto la parte social como la empresarial han mostrado una buena predisposición para llegar a un acuerdo que permita actualizar el actual marco normativo.

De esta forma, los sindicatos, que presentarán una plataforma conjunta, se han comprometido a presentar sus propuestas la próxima semana para poder empezar a negociar de inmediato el convenio que en la provincia de Córdoba afecta a unos 1.550 trabajadores y trabajadoras de casi 300 empresas.

Asimismo, los sindicatos pretenden que el próximo convenio agrupe, además, a los sectores de confiterías y panaderías, que actualmente se rigen por dos convenios diferentes pero con muchos puntos en común para, de esta forma, equiparar a todos los trabajadores y trabajadoras el sector.

El Juzgado de lo Contencioso Nº 5 de Córdoba ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a abonar los importes correspondientes a las vacaciones no disfrutadas por un trabajador del Hospital Universitario Reina Sofía que, tras pasar a jubilación total debido a un proceso de incapacidad por enfermedad común, no pudo disfrutar sus vacaciones correspondientes al año 2015 y parte del 2016.

El secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, explica que el trabajador tramitó a través de los Servicios Jurídicos del sindicato la solicitud de abono de las retribuciones no percibidas por las vacaciones no disfrutadas pero el hospital le denegó esta solicitud “con argumentos vanos y obviando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo”.

Ahora, el Juzgado de lo Contencioso ha dado la razón al trabajador, “una víctima más de una práctica sistemática del centro hospitalario cordobés que es denegar los derechos de sus profesionales, a pesar de estar reconocidos por varios pronunciamientos judiciales”, denuncia Damas para quien es “inadmisible que las trabajadoras y trabajadores, para ejercer sus derechos, tengan que llevar sus casos a los tribunales y soportar un proceso farragoso administrativamente y de consideración económica para que se les abone unas retribuciones insignificantes para el SAS”.

El responsable sindical critica que “la tónica habitual del Hospital Reina Sofía es judicializar todos los asuntos que conllevan derechos retributivos porque para el SAS es más fácil y rentable denegar las solicitudes de sus profesionales y obligarles a entrar en un proceso contencioso-administrativo largo, complicado administrativamente y, en la mayoría de los  casos, con costes económicos para los demandantes”.

Desde CCOO se hace un llamamiento a la Dirección-General del Hospital Reina Sofía para que cese en su actitud de judicializar los asuntos que ya han sido reconocidos a sus profesionales por los tribunales de Justicia y, por otra parte, para que no se despilfarre dinero público en estos asuntos que, además, conllevan el colapso de los tribunales y el que se alarguen otros procesos judiciales.

El Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Córdoba y la Federación de FICA-UGT Córdoba han llegado a un principio de acuerdo con la patronal sobre el convenio de industrias vinícolas, licoreras y alcoholeras de la provincia de Córdoba, más conocido como el convenio de vinos y bodegas, con lo que se desbloquea un convenio que estaba congelado desde el año 2013.

El acuerdo alcanzado señala que el convenio tendrá una vigencia de dos años -2018/2019- y que la subida salarial será del 2,5% para el 2018 y del 2% para el 2019, con carácter retroactivo desde el 1 de enero del presente año. El incremento salarial del 2018 permitirá recuperar poder adquisitivo perdido.

Además, el preacuerdo establece una cláusula para la inaplicación de la ultraactividad del convenio, de forma que a su vencimiento el 31 de diciembre de 2019 y pasado un año, ambas partes tendrán que recurrir a un acto de mediación (Sercla), si bien durante la duración del mismo el convenio mantendrá su vigencia.

Uno de los aspectos más novedosos del convenio es la aplicación por primera vez de la reciente sentencia del Tribunal Supremo referida a los permisos retribuidos y que señala que éstos se deben empezar a contabilizar en día laborable.

Por otra parte, el acuerdo incluye también la adopción de medidas de discriminación positiva tendentes a mejorar la igualdad en las empresas, así como una ampliación de los derechos referidos a la salud y seguridad en el trabajo y la limitación a 80 días de la distribución irregular de la jornada, con lo que en vez de 100 horas anuales sólo se podrán ampliar 80, de 8 a 9 horas de jornada diaria.

El secretario de Acción Sindical de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, resaltó el hecho de que después de cinco años se haya logrado alcanzar un nuevo acuerdo. “Este es un convenio de transición, con el que  los trabajadores y trabajadoras empezarán a recuperar algo del poder adquisitivo perdido en los años en los que no se ha negociado el convenio”, señaló.

Por su parte, el responsable de Acción Sindical de FICA-UGT, Antonio Lopera, hizo hincapié en la importancia de que un sector que genera más de 500 empleos en la provincia esté regulado. “Aún quedan muchos aspectos por mejorar, pero creemos que es un buen acuerdo que servirá de base para futuros convenios que mejoren la situación laboral y el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras”, apostilló.

Ambos representantes sindicales han resaltado de que a pesar de llevar casi dos años bloqueado el ANC, los Convenio Colectivos que comparten las federaciones de CCOO y UGT están saliendo adelante, lo que permite que más de 100.000 trabajadores de la provincia pertenecientes a esos sectores, tengan reguladas sus condiciones de trabajo.

La secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, ha lamentado que ni la Semana Santa haya conseguido subir los precios de forma apreciable en la provincia, que se quedó con un incremento del IPC del 0,1, y eso gracias a la subida del vestido y el calzado (4,2%), que acaba de iniciar la temporada de primavera-verano.

“Quitando la subida del vestido y el calzado, lo que nos muestra el IPC es la incapacidad de las familias para gastar. Las familias no tienen para gastar porque no tienen ingresos y eso es reflejo de la precariedad laboral que hay en Córdoba y de que la subida salarial es insuficiente porque no está permitiendo a las personas trabajadoras recuperar poder adquisitivo”, remarcó Borrego.

Para la responsable sindical, “con los presupuestos que el Gobierno ha previsto para Córdoba, sin medidas que incentiven el empleo y que permitan un mayor gasto a las familias, las microeconomías locales no van a remontar una crisis que ya deberíamos haber dado por terminada, pero que sigue presente para muchas familias”.

Por ello, CCOO ha vuelto a reclamar una mayor inversión pública en Córdoba que facilite la instalación de empresas de sectores que generan mayor valor añadido, como el industrial, las nuevas tecnologías o las energías verdes, así como una mayor subida salarial y la incentivación de la contratación indefinida.

CCOO, UGT y Podemos han coincidido en la importancia de salir a la calle para reclamar unas pensiones dignas y defender un sistema público de pensiones. Así lo han puesto de manifiesto en la reunión que han mantenido responsables de ambos sindicatos con representantes del partido para pedir el apoyo de este último a la manifestación que tendrá lugar el próximo domingo por unas pensiones dignas y en defensa del sistema público de pensiones.

La secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, señaló durante la reunión que "lo importante es sumar" porque lo que está en juego “no son las pensiones de ahora, que también, sino el sistema público de pensiones”. Por eso, explicó, los sindicatos están dirigiéndose a todos los partidos, asociaciones y organizaciones de Córdoba, “para que el domingo la manifestación de las pensiones vuelva a ser un éxito y el Gobierno comprenda de una vez por todas que tiene que abrir el Pacto de Toledo y negociar la reforma del sistema público de pensiones en condiciones”.

Por su parte, la secretaria de Políticas Sociales de UGT de Córdoba, Rafaela Sanz, dijo que “ya se ha perdido el miedo a la calle” y que “el domingo no sólo los y las pensionistas sino todas las personas trabajadoras deberían salir a la calle, porque están en juego las pensiones de mañana y las propuestas del Gobierno son migajas con las que no nos vamos a conformar” y, por eso, “continuaremos con la movilización hasta donde haga falta”.

El coordinador local de Podemos, Jorge Hidalgo, dejó claro que Podemos Córdoba “apoya y participa de todas las movilizaciones y manifestaciones que vayan en el camino de salvaguardar nuestro sistema de pensiones como garante del estado de bienestar que tanto costó lograr” y, por ello, estarán el domingo 15 “apoyando en esta lucha tan necesaria con el objetivo de derogar todas las leyes que van en contra de la mayorías trabajadoras y un futuro mejor”.

Una treintena de monitoras escolares discontinuas se han concentrado hoy ante la Delegación de Educación de la Junta en Córdoba para exigir a las consejerías de Educación y Hacienda que acaben con la precariedad laboral que sufre este colectivo que realiza labores de apoyo a la gestión económica y administrativa de los centros escolares, como matriculación, bonificaciones de actividades extraescolares –aula matinal, comedor, etc.-, becas, custodia de expedientes, inventarios, etc.

La portavoz del colectivo y miembro de la Ejecutiva de CCOO de Córdoba, Olga Dagayón, señaló durante la concentración que “estas monitoras, que están contratadas a 8, 12, 16 ó 20 horas semanales, sacan adelante  el mismo trabajo que las compañeras que están contratadas a tiempo completo, es decir, a 37,5 horas semanales”. Por ello, la principal reivindicación del sindicato es que estás monitoras sean contratadas a tiempo completo.

No es la única reclamación de CCOO, que exige también que se acabe con el carácter discontinuo de los contratos de estas monitoras que  son dadas de baja en junio y vueltas a contratar el septiembre cuando su trabajo no concluye con el curso escolar.

En Andalucía existen 427 monitoras y monitores escolares afectados por esta situación de precariedad, 36 de estas personas en Córdoba, siendo el 90,3% mujeres.

Al trabajar con jornadas parciales los salarios también se ven reducidos y oscilan entre los 340 y los 800 euros mensuales, a lo que se suma que 251 monitoras (43 en Córdoba), tienen que compartir centros en distintas localidades o barrios de las grandes ciudades. “Que estemos tan pocas horas y que, además, compartamos centros, perjudica a la comunidad educativa ya que se ven afectados 678 colegios, 85 de ellos en Córdoba”, recordó Degayón.

Este martes, convocados por CCOO, se están desarrollando movilizaciones en todo el Estado, y, en el caso de Andalucía, desplazados desde las ocho provincias, cientos de trabajadoras y trabajadores del sector de atención a personas con discapacidad se ha concentrado en Sevilla a las puertas de la sede Plena Inclusión de Andalucía para reclamar la negociación de un convenio colectivo digno, ya que en la actualidad tienen mermadas sus condiciones de trabajo y retribuciones.

El colectivo de trabajadores y trabajadoras que forman el sector de atención a personas con discapacidad en Andalucía está formado por más de 40.000 empleados y empleadas, en su mayoría mujeres, que desempeñan sus funciones laborales en centros especiales de empleo, centros de atención especializada y centros educativos. En Córdoba, son más de 3.000 las personas que trabajan en el sector.

A este respecto, el secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, subraya que “la precariedad laboral no solo tiene efectos en las trabajadoras y trabajadores, sino que también incide de manera directa en la calidad del servicio público que recibe un colectivo tan sensible como son las personas con discapacidad y, por ende, sus familias”.

Por ello, Molina, tras esta movilización, “pide a las patronales del sector que cesen en su actitud inmovilista y falta de respuesta a las propuestas planteadas en el XV Convenio Colectivo de Atención a Personas con Discapacidad, que, tras un año de iniciadas las negociaciones, se encuentra en punto muerto”.

Las monitoras escolares emprenderán una serie de movilizaciones a partir del próximo miércoles 11 de abril para exigir a las consejerías de Educación y Hacienda que acaben con la precariedad laboral que sufre este colectivo que realiza labores de apoyo a la gestión económica y administrativa de los centros escolares, como matriculación, bonificaciones de actividades extraescolares –aula matinal, comedor, etc.-, becas, traslados de expedientes.

El secretario General del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Antonio Sánchez, señaló que este colectivo “sufre una situación intolerable de precariedad y de desequiparación” que se refleja, especialmente, en la situación de discontinuidad que viven, ya que son despedidas en junio y vueltas a contratar en septiembre cuando sus funciones no están relacionadas directamente con los alumnos, sino con las gestiones del centro, que no terminan con el curso escolar.

“Tras los contactos fallidos con la Consejería de Educación para poner fin a esta situación de precariedad en el empleo se ha decidido continuar la movilización de estas empleadas y empleados públicos de la Junta, puesto que la situación es insostenible”, remarcó Sánchez quien explicó que el próximo miércoles se llevará a cabo una concentración ante las delegaciones de Educación de cada provincia, a la que seguirá la participación activa en las manifestaciones del Primero de Mayo y otra concentración ante la Consejería de Educación en Sevilla también en mayo, sin descartar la posibilidad de convocar una huelga.

La miembro de la Ejecutiva de CCOO de Córdoba y monitora escolar, Olga Degayón, explicó que en Andalucía existen 427 monitoras y monitores escolares afectados por esta situación de precariedad, 36 de estas personas en Córdoba, siendo el 90,3% mujeres.

El ritmo de trabajo de las monitoras y monitores a tiempo parcial es mucho mayor que el del resto de compañeros porque “nosotras estamos a ocho, doce, dieciséis y veinte horas semanales en el mejor de los casos y sacamos el mismo trabajo que otras que están a jornada completa, es decir, a 35 horas semanales”.

Al trabajar con jornadas parciales los salarios también se ven reducidos y oscilan entre los 340 y los 800 euros mensuales, a lo que se suma que 251 monitoras, tienen que compartir centros en distintas localidades o barrios de las grandes ciudades y “por estos desplazamientos no se nos abona ni un solo euro”, dijo Dagayón quien hizo hincapié en que “el hecho de que estemos tan pocas horas y que, además, compartamos centros, perjudica a la comunidad educativa ya que se ven afectados 678 colegios, 85 de ellos en Córdoba”.

Además, estas 427 monitoras son discontinuas. “En el mes de junio firmamos a la vez el cese y el restablecimiento para el 1 de septiembre y en los meses de julio y agosto cobramos la prestación por desempleo”, comentó la responsable sindical quien llamó la atención sobre el hecho de que los días de vacaciones que les corresponden se toman durante el curso escolar, lo que también viene a perjudicar a los centros.

Por ello, las monitoras reclaman su contratación a jornada completa y la equiparación en derechos con las compañeras que ya están contratadas a jornada completa.

En este mes de abril la Consejería de Educación está desarrollando el proceso de escolarización del Primer Ciclo de Educación Infantil. Sobre este proceso, CCOO valora los cambios introducidos este año -especialmente en los tramos de bonificación-, que han sido consecuencia de la presión de trabajadoras, familias y escuelas, impulsada por el sindicato.

Igualmente, CCOO valora el funcionamiento de la Mesa de Infantil que, a raíz de las reclamaciones de esta fuerza sindical, se está reuniendo a ritmo aceptable y resolviendo aspectos concretos.

No obstante, el sindicato critica que la financiación de estos centros está congelada desde 2009, hecho que asfixia su economía haciendo que sea inviable cualquier mejora salarial para sus trabajadoras.

En este sentido, el secretario General del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Antonio Sánchez, “critica esta situación de debilidad, pues en estos momentos se está negociando -a nivel estatal- un nuevo convenio que traerá aparejada una subida salarial para el sector”. “Por esta razón, CCOO ha elaborado una propuesta, que trasladara a la próxima Mesa de Infantil para hacer compatible el derecho de las familias andaluzas con el trabajo digno para las trabajadoras de esta etapa”, añade.

Para CCOO, no es de recibo que estas trabajadoras soporten buena parte del peso de la conciliación de muchas familias andaluzas mientras que, en muchos casos, perciben retribuciones que rozan el salario mínimo interprofesional a pesar de la cualificación que se les exige.

De igual manera, CCOO lamenta que la Junta de Andalucía no haya utilizado la transferencia administrativa de las Escuelas Infantiles 0-3 años desde la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales a la de Educación para hacer efectivos avances más ambiciosos para esta etapa, como es, por ejemplo, poner en valor el carácter educativo de estos centros. Así, el sindicato entiende que el hecho de que la escolarización para esta etapa se haga en un periodo distinto al ordinario pone de manifiesto la concepción de fondo que se tiene de estos centros.

“Lo anterior contrasta con las críticas vertidas por Junta de Andalucía contra la LOMCE por no considerar esta etapa como educativa, al tiempo que la Consejería de Educación no hace efectiva su integración de pleno derecho en el sistema educativo andaluz ordinario”, apostilla Sánchez.

El secretario de Empleo de CCOO de Córdoba, Manuel Merino, ha señalado que, un mes más, los datos del paro vienen a corroborar que el sector servicios y la agricultura no tienen capacidad en la provincia de Córdoba para generar empleo y, sobre todo, empleo estable y de calidad. “La Semana Santa no ha sido capaz de compensar la pérdida de empleo en el campo por la finalización de la campaña de la aceituna”, remarca Merino para quien la subida del paro en 949 personas, a pesar de la Semana Santa, habla de la “debilidad” del mercado laboral cordobés.

Especialmente preocupante para CCOO es la situación de la mujer. No es sólo que haya 43.102 mujeres paradas en la provincia, y que supongan el 57,39% de las 75.099 personas en desempleo, sino que de las 7.661 personas registradas en las listas del paro sin empleo anterior, 5.119 son mujeres, es decir, el 66,81%, “lo que da idea de las dificultades de las mujeres para acceder al empleo”, apunta el responsable sindical.

Igualmente, el descenso en la contratación y en la afiliación a la Seguridad Social son otros aspectos que demuestran para CCOO la incapacidad del mercado laboral cordobés de superar la crisis y generar empleo. “Que en lo que va de año sólo se hayan formalizado 4.537 contratos indefinidos en toda la provincia, es decir, el 3,21% del total de contratos realizados, da idea de la precarización del empleo en Córdoba”, insiste Merino quien vuelve a insistir en la necesidad de arbitrar medidas urgentes conducentes a un cambio de modelo productivo que permita obtener un mayor valor añadido de las actividades tradicionales y la potenciación de sectores emergentes y creadores de empleo de calidad.