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CSIF, STAJ, CCOO y UGT  incrementan las movilizaciones y convocan huelga general en la Administración de Justicia para frenar lo que califican “la mayor agresión a los derechos laborales del personal de justicia”.

Durante este mes de noviembre se va a tramitar en el Senado la proposición de ley de reforma de la LOPJ aprobada ya en el Congreso de los Diputados que contiene, para los sindicatos convocantes, los más graves ataques a todo el personal de la Administración de Justicia que se han producido en la historia:

1.- Se unifican en uno solo los centros de destino de cada municipio, y se aprueba la movilidad forzosa a cualquier puesto de trabajo de la misma localidad, a criterio del gestor correspondiente

2.- Se prohíbe el incremento de plantilla y la asignación de más medios materiales, cuando se designen jueces de refuerzo

3.- En caso de ausencia que no suponga vacante, su sustitución transitoria sólo se producirá si se trata de ausencia de personal titular, pero no si la ausencia es de personal

4.- El personal interino de refuerzo será cesado en el plazo máximo de 6 meses aunque permanezcan las causas por la que fue nombrado.

En la práctica, la administración podrá determinar a su antojo cuál será, dentro del municipio, el puesto de trabajo de cada funcionario o funcionaria en cada momento, al tiempo que se reducirá drásticamente el nombramiento de personal interino, dejando puestos sin cubrir y sobrecargando de trabajo al resto, y generando, además, incertidumbre en la percepción de retribuciones complementarias y en la asignación de funciones y tareas.

Para frenar esta agresión sin precedentes, CSIF, STAJ, CCOO y UGT convocan contundentes movilizaciones de todo el personal de justicia como apoyo a la presión que los sindicatos están ejerciendo desde hace semanas ante el Ministerio de Justicia y ante los partidos políticos que han suscrito esta reforma para que detengan este ataque a las condiciones de trabajo y al servicio público de la Administración de Justicia.

Los 4 sindicatos que convocan estas movilizaciones en defensa de los puestos de trabajo y de los centros de destino, y frente a los demás artículos reformados de la LOPJ que implican recortes de las condiciones laborales y mayor carga de trabajo.

Los sindicatos han convocado concentraciones todos los días laborables de 10 a 10,30 horas desde hoy dia  6 hasta el 16 de noviembre a las puertas de muchos centros de trabajo de la Administración de Justicia en Andalucía, en caso de Córdoba desde el próximo viernes  9/11/18, al habernos denegado la Subdelegación de Gobierno autorización para comenzar a partir del día 6, la cual se realizará en la  puerta principal del palacio de justicia, calle Isla Mallorca número 16.

La convocatoria de un día de huelga general en la Administración de Justicia el 16 de noviembre coincidirá con una gran manifestación en Madrid, con personal de Justicia de todo el Estado.

Lunes, 05 Noviembre 2018 16:28

CCOO pide un plan de choque contra el paro juvenil

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El secretario de Empleo de CCOO de Córdoba, Manuel Merino, se congratula de la bajada del paro registrada en octubre en Córdoba, si bien alerta de la saturación del sector servicios, uno de los pilares de la economía cordobesa, que un mes más vuelve a perder empleo, y de la alta contratación temporal, con un 95,87% de los contratos firmados el pasado mes.

Una de las preocupaciones del sindicato, junto a la alta tasa de paro femenina, es la situación laboral de los jóvenes. “El paro juvenil supera en la provincia el 22% y eso a pesar de que muchos de nuestros jóvenes se han ido fuera a buscar empleo”, advierte Merino quien reclama un plan de choque contra el paro juvenil.

Merino reclama que “el Servicio Público de Empleo (SEPE) debe servir para algo más que para contar parados y pagar prestaciones, debe servir de vínculo entre quienes buscan empleo y el mercado laboral”. En este sentido, el responsable sindical señala que “es necesario reforzar los medios humanos y técnicos para poder atender las necesidades reales de las personas que buscan empleo. Para ello es necesario incrementar el número de orientadores en las oficinas del SEPE”.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Andalucía denunció el pasado 19 de octubre ante la Fiscalía Superior de Andalucía una serie de actuaciones de determinadas empresas y organismos que, a criterio de esta organización sindical, pueden ser constitutivas de un delito de falsificación de documentos públicos y/o privados para ser utilizados para el acceso a un empleo público en el SAS.

Tras estudiar el contenido del escrito de denuncia, la Fiscalía ha procedido a llevar a cabo la iniciación de "diligencias de investigación penal" y, tal y como señala el decreto de apertura, el fiscal designado realizará "aquellas actuaciones que estime conveniente y un informe-propuesta para que pueda adoptarse la decisión que corresponda por el Ministerio Fiscal".
 
Esta organización sindical valora muy positivamente esta decisión adoptada desde la Fiscalía, ya que en la denuncia presentada por esta organización sindical se evidencia que en los últimos meses se ha producido una inusual proliferación de los trabajos científicos aportados por numerosas personas en el apartado de "Otros méritos", lo que ha ocasionado el cambio sustancial de las puntuaciones y del orden en los listados de aspirantes al empleo temporal y fijo de la Administración sanitaria.

CCOO, UGT y CSIF , sindicatos que representan al 85% de los trabajadores y trabajadoras de Correos, han anunciado la reanudación e intensificación de las movilizaciones en la empresa postal pública ante la falta de respuestas del Gobierno, Hacienda, Fomento, SEPI y la propia Dirección. Las organizaciones sindicales de Correos, que ya iniciaron movilizaciones en junio, escasos días después del cambio de Gobierno, han denunciado que la situación de la empresa postal pública continúa siendo insostenible y han reclamado del Gobierno la concreción de medidas que apoyaron decididamente cuando estaba en la oposición.

Los sindicatos han vuelto a poner el foco en el recorte continuado de la financiación para la prestación del Servicio Postal Universal, que sólo en los dos últimos años suma una cuantía adeudada de 180 millones de euros. Este recorte, junto a la falta de un Plan Estratégico para la mayor empresa del sector público, es causa directa, señalan, de un déficit en sus cuentas de 230 millones de euros que está repercutiendo en el empleo, los salarios y las condiciones laborales.

CCOO, UGT y CSIF recuerdan la severa reducción de 15.000 trabajadores y trabajadoras en la última década, 400 de ellos en Córdoba, el marco de una regulación colectiva bloqueada desde hace cinco años, que dan como resultado una radiografía de la precariedad en Correos a la vista de las cifras: 35% de eventualidad, 22% de empleo a tiempo parcial, pérdida de poder adquisitivo desde hace diez años, debe volcarse en el Convenio de laborales y en un Acuerdo para funcionarios.

La ciudadanía es otra de las grandes afectadas por los recortes a los que se le está sometiendo a Correos, deteriorando el servicio postal público prestado en numerosos municipios y localidades de toda España, con retrasos en la entrega de cartas, paquetes, notificaciones.

Por todo ello, y tras dirigirse formalmente a los ministerios de Hacienda y Fomento, y a la Dirección de Correos, ante la falta de respuesta y considerando que las decisiones sobre la empresa pública Correos no admiten más demoras, CCOO, UGT y CSIF han intensificado el calendario de movilizaciones que se concreta en:

- Concentraciones en las capitales autonómicas en las Subdelegaciones del Gobierno, entre el 5 y el 16 de noviembre. En concreto, la concentración de la plantilla de Andalucía tendrá lugar en la Subdelegación del Gobierno de Sevilla el 15 de noviembre.


- Tres huelgas generales: el 30 de noviembre, 21 y 26 de diciembre.

Además, han advertido que si el Gobierno no abre el proceso de diálogo y negociación para dar soluciones concretas a las reivindicaciones planteadas para dotar a Correos de un Plan de Prestación con suficiente financiación, un plan que permita la diversificación y el aumento de los ingresos así como un convenio y acuerdo colectivos que recojan más empleo, salario y regulación de derechos, la movilización no sólo se intensificará este otoño sino que se prolongará a lo largo de 2019.

CCOO reclama que el futuro Plan para un Transición Justa de la Minería 2019-2027 cumpla los compromisos incumplidos con la comarca cordobesa del Guadiato en los anteriores planes de reconversión y que debían haber servido para generar oportunidades de empleo y desarrollo para esta zona tan castigada por el desempleo.

La secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, valora de forma positiva el preacuerdo alcanzado por el Ministerio para la Transición Ecológica, CCOO-Industria y UGT FICA para lograr una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027. Sin embargo, “lamentamos que tratándose de un preacuerdo a nivel estatal, no se tenga en cuenta a la totalidad de zonas geográficas y se deje una mina fuera, que curiosamente siempre es la gran olvidada”, criticó la responsable sindical.

Borrego hace hincapié en que CCOO apuesta por una transición energética justa. “Debemos combinar las prioridades medioambientales con el mantenimiento del empleo y para cerrar una mina hay que dar una oportunidad a las personas que allí trabajan, con jubilaciones, recualificación y cualificación profesional y un plan específico de empleo, porque el cierre afecta a las personas que trabajan en la mina, pero también afecta de manera importante al desarrollo económico de las comarcas mineras”, dijo.

En este sentido, la secretaria General remarco que “no podemos obviar la situación del sector de la minería y la finalización de las ayudas destinadas a cubrir las pérdidas de las explotaciones mineras, de acuerdo con las exigencias de la normativa europea, para el periodo 2019-2027”. Por ello, “desde CCOO exigimos que se incluya a la mina de Peñarroya-Pueblonuevo en el plan minero estatal y que no vuelva a ser la gran olvidada de los planes de reconversión”.

Los sindicatos CCOO y UGT se han concentrado hoy ante la Subdelegación del Gobierno en Córdoba por la octava muerte en accidente laboral registrada en la provincia, ocurrida el pasado viernes en una empresa cárnica de Villanueva de Córdoba y con la que ya se duplican el total de muertes registradas el pasado 2017.

En la concentración, los sindicatos señalaron que la prevención de riesgos laborales fue la primera en salir de las empresas con la crisis pero aún no ha vuelto. Haber sumado ya ocho fallecidos da una idea de la situación en la que se encuentra el mercado laboral en la provincia y, específicamente, la prevención de riesgos laborales.

El secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Manuel Torres, destacó que “en este país nos han vendido la burra, con perdón de la expresión, de que se termina la crisis, se recuperan derechos y todo vuelve a la normalidad pero no es verdad; se ha terminado la crisis y los derechos siguen estando limitados y en algunos casos eliminados, sobre todo, derechos de los trabajadores y las trabajadoras, entre ellos todo lo que afecta a la prevención de riesgos laborales”.

Por ello, este nuevo fallecimiento “es un fracaso más para todos, para la Administración, para los sindicatos y para los empresarios, aunque unos estamos apostando por la prevención más que otros”, remarcó el secretario de Salud Laboral de UGT Córdoba, Jaime  Sarmiento, quien recordó que “los accidentes son evitables, no son fruto del azar, por eso exigimos mayor contundencia a la Administración, porque por las buenas no conseguimos nada”.

Así, Torres remarcó que “hay que exigirle al Gobierno de la Nación reformas de carácter legal en el derecho penal, en el Código Penal, para que el tema de la siniestralidad laboral no quede en una mera cuestión administrativa, sino que lo penal sea fundamental y no quede como algo accesorio y un poco a voluntad del fiscal o de la administración”. En este sentido, Sarmiento aseguró que “aunque los empresarios no quieren la muerte de los trabajadores, en este país no pasa nada, los seguros se hacen cargo y no hay castigo de cárcel”.

El responsable de UGT hizo hincapié en que “aquí hay algo que no funciona, la precariedad produce accidentes y mata. Además, las reformas laborales han creado miedo en los trabajadores a la hora de reclamar sus derechos”.

Para el representante de CCOO, “todos están muy preocupados por este tema pero cuando se miran los presupuestos de las diferentes administraciones públicas, si alguien encuentra partidas que hayan crecido en los últimos años que vayan destinadas a la prevención de los riesgos laborales que por favor me lo comente. Sigue siendo de las inversiones más pobres, donde menos dinero se gasta”.

Finalmente, Jaime Sarmiento exigió que “se incluyan de forma obligatoria las evaluaciones de riesgo psicosociales en las evaluaciones anuales que tienen que realizar las empresas. En nuestra provincia, al igual que en el resto de España, la mayoría de los accidentes que se producen son por derrames cerebrales e infartos”.

De hecho, recordó Manuel Torres, los accidentes laborales son la segunda causa de muerte no deseable y evitable detrás de los accidentes de tráfico y “miren lo que se invierte en campañas de accidentes de tráfico para que no se produzcan y miren lo que se invierte en campañas para prevenir los accidentes de trabajo”.

La secretaria de la Mujer de CCOO de Córdoba, Mar Ávalos, destaca que el Servicio de Defensa Legal para Mujeres (SDL) que presta el sindicato en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer, “es más que necesario que nunca dada la situación de discriminación laboral que viven las mujeres, que han sido uno de los grupos de población más afectados por la precarización del mercado de trabajo”.

El SDL, que se puso en marcha en 1997, es un servicio gratuito que presta el sindicato a todas las trabajadoras andaluzas, afiliadas no, que denuncian una situación de discriminación laboral por razón de sexo o necesitan asesoramiento e información en material laboral. “Es un servicio muy importante porque es una herramienta fundamental para la defensa de los derechos laborales de las mujeres y para la consecución de la igualdad en el ámbito del trabajo”, remarca Ávalos.

En este sentido, la responsable sindical señala que el servicio abarca materias como la maternidad, el acoso sexual, moral, la discriminación por acceso al empleo, discriminación en la promoción y en las condiciones de trabajo o violencia de género.

Desde 2008 hasta que el servicio dejó de prestarse de forma gratuita en 2016 por falta de financiación (la atención se mantuvo si bien con algún coste para las demandantes), en Córdoba se habían tramitado más de 220 expedientes en el ámbito laboral, penal o contencioso-administrativo, y se atendieron más de 1.151 consultas, la mayoría referidas a cuestiones relacionadas principalmente con el permiso de lactancia, la maternidad, el acoso sexual y la desigualdad salarial.

La responsable sindical recuerda que la mujer es una de las grandes dagnificadas por la crisis y que sufre en mayor medida que los hombres los abusos laborales. Por ello, “un servicio como el SDL, en el que se acompaña a la mujer desde la consulta hasta la denuncia, si es que decide emprender la vía judicial, tiene gran relevancia”.

La Consejería de Educación en Mesa Sectorial de Educación, celebrada este martes, ha presentado a las organizaciones sindicales un borrador de instrucciones para iniciar el próximo curso, de modo experimental, un programa de colaboración voluntaria del personal docente jubilado en los centros educativos públicos andaluces. La norma permitirá, incluso, que más de un docente puede voluntariamente colaborar en un mismo centro educativo.

Según CCOO, estas instrucciones regulan que el personal docente jubilado pueda desarrollar, entre otras tareas, programas de fomento de la lectura en las bibliotecas de los centros, desarrollar actividades complementarias y extraescolares, participar en planes y programas educativos o colaborar con los equipos directivos en la organización de los centros.

Para el Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, “este programa de colaboración del profesorado jubilado pone en peligro el empleo en los centros educativos andaluces, pues este profesorado jubilado va a desarrollar una labor profesional que debe ser realizada por personal asalariado”.

Igualmente, Molina señala que, aunque las instrucciones contemplan que en ningún caso estas supuestas colaboraciones pueden remplazar las actividades que se desarrollan mediante un trabajo remunerado, su aplicación práctica evitará el crecimiento de las plantillas de los centros y, ante necesidades que pueden darse los centros educativos, en muchos casos de emergencia, seguro que vendrán a cubrir las deficiencias de personal existentes. “Un hecho que es inaceptable”, critica el responsable sindical.

Para CCOO, es un despropósito que en tanto existen en los centros educativos monitores escolares con funciones administrativas contratados a tiempo parcial y/o compartidos entre centros, se pretenda que personal jubilado pueda apoyar a las direcciones en la organización y gestión de los centros o que se hayan eliminado, por ejemplo, las horas del profesorado destinadas a la organización de un programa bilingüe, en tanto que el personal jubilado voluntario podrá colaborar en programas educativos. “Estos ejemplos evidencian la cobertura de empleo que esta medida va a provocar”, indica Molina.

Además, Molina denuncia el perjuicio que este plan puede causar en la movilidad del profesorado funcionario, especialmente en las vacantes de apoyo y refuerzo, y más concretamente en el empleo del profesorado interino. También, observa Molina, “este voluntariado puede afectar al empleo de las monitoras de Educación Especial o a los trabajadores y trabajadoras que realizan actividades extraescolares, un empleo privatizado y con las condiciones laborales más precarias de toda la educación andaluza”.

No obstante, CCOO señala que una cuestión distinta es que las familias, como miembros de la comunidad educativa, deseen participar en la vida del centro escolar, tal como sucede en programas como el de Comunidades de Aprendizaje, que el sindicato considera necesario, pero que nada tiene que ver con el trabajo como voluntario que pueda desarrollar un docente jubilado.

“Si se desea reconocer el trabajo del personal docente tras una vida dedicada a la enseñanza, existen medidas positivas como la entrega de una paga extra de jubilación, por ejemplo, pero no desde luego hacer uso del voluntarismo de los docentes jubilados para cubrir el déficit del sistema educativo”, apunta Molina.

Desde CCOO se destaca que existe una contradicción evidente entre la jubilación del profesorado a los 60 años, cuyo principal objetivo es rejuvenecer las plantillas docentes permitiendo un retiro en condiciones decentes, y propuestas de este tipo pueden poner en peligro la jubilación anticipada tras una vida dedicada a la enseñanza. Dicha jubilación anticipada está recogida en la LOE y es fruto de un acuerdo sindical en el que participó activamente CCOO.

Por todo ello, CCOO insta al resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación a que rechacen de plano esta propuesta, tal como lo ha hecho CCOO en solitario en la reunión de dicha mesa de este martes. “Además, el gabinete jurídico de CCOO está estudiando este borrador de instrucciones por si cabe plantear un recurso en el caso de que se publique”, apostilla Molina.

El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba ha celebrado hoy en el Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco” una asamblea informativa sobre la convocatoria extraordinaria de bolsa en los conservatorios superiores de música, una convocatoria que, en opinión del sindicato, perjudica al profesorado que, en muchos casos, no ha tenido tiempo para reunir los requisitos requeridos.

“El acceso a las cátedras por bolsa, ya convocada, merma los derechos de los docentes que durante más de 20 años llevan prestando sus servicios en los conservatorios superiores de música y que realmente no han tenido opción de cumplir con unos requisitos que han ido cambiando pasando de ser un doctorado a un máster habilitante”, señala el responsable de Enseñanza Pública de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Patricio Pérez.

Por ello, Pérez ha insistido en la necesidad de establecer un proceso transitorio que permita a todos los profesionales tener opción de actualizar sus méritos profesionales y formativos para quedar en la bolsa en la posición que realmente les corresponde atendiendo al tiempo de servicio y méritos de formación.

En este sentido, el responsable sindical hace hincapié en que hay que sentarse a negociar y buscar mecanismos y fórmulas que no dañen los intereses de quienes llevan año prestando sus servicios en los conservatorios superiores.

Asimismo, CCOO exige que hasta la finalización del proceso transitorio que propone el sindicato el profesorado que ocupa un puesto en conservatorios profesionales y elementales no se vea obligado a renunciar a su plaza para optar a una cátedra.

Coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, CCOO ha vuelto a reclamar más gasto social y trabajo decente para reducir el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social.

La radiografía que dibujó el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el pasado mes de junio sigue siendo muy pesimista para la ciudad de Córdoba. En su informe anual Urban Audit el INE situó a 4 de los 15 barrios más pobres de España en la capital cordobesa, con rentas entre 6.000 y 7.000 euros por habitante. Según la EPA, en el segundo trimestre de 2018 se registraban en la provincia de Córdoba, que tiene una tasa de paro del 25,63%, un total de 33.978 personas paradas que no cobraban ningún tipo de prestación y el 24,8% de las 96.000 personas que se encontraban en desempleo llevaban más de 2 años en paro, el 12,5% de ellas en situación de paro crónico (más de 4 años en desempleo).

En el mismo sentido, CCOO recuerda que más de la cuarta parte de la población española (un 26,6%) se encuentra en situación de riesgo de pobreza de acuerdo con el indicador europeo AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusión), y que mide anualmente el INE a través de la Encuesta de Condiciones de Vida. Si bien el riesgo de pobreza ha disminuido desde 2014, año en el que alcanzó el máximo de 29,2% de la población, sigue por encima de los niveles de 2008. De hecho, en lo que respecta a la situación de desempleo, el 44,6% de las personas desempleadas se sitúa por debajo de la tasa de riesgo de pobreza. Resulta especialmente llamativa la evolución de este porcentaje, que ha aumentado casi todos los años desde 2008.

“Estas cifras dan idea de la grave situación de riesgo de pobreza que se vive en Córdoba, una situación que se incrementa con variables como el desempleo, las cargas familiares o la nacionalidad extranjera”, explica el responsable de Migraciones de CCOO de Córdoba, Said Faz. De esta forma, la presencia de niños y niñas aumenta la tasa de riesgo de pobreza. El 24% de los hogares con dos personas adultas y al menos un niño está por debajo del umbral de pobreza. Esta cantidad se dispara al 40,6% en los hogares en los que un adulto (en su mayoría mujeres) convive con 1 o más niños. Si nos centramos en el origen, los datos demuestran que la tasa de riesgo de pobreza de la población extranjera llega a triplicar la de las personas autóctonas, que es del 18%. En el caso de las personas de origen extranjero la tasa asciende al 39,2% si proceden de países de la UE, y al 52,1% si su origen es extracomunitario (fundamentalmente de África y Latinoamérica).

Por edad, nos encontramos con que los mayores aumentos en las tasas de riesgo de pobreza desde el inicio de la crisis en 2008 se han producido en el grupo de 16 a 29 años, al incrementarse en 10,4 puntos, y en aquellas personas con una edad comprendida entre los 45 y 64 años (5,4 puntos más). Es decir, el riesgo de pobreza ha aumentado sobre todo entre las personas en edad de incorporarse por primera vez al mercado laboral y entre aquellas de mayor edad que, fruto de la crisis y de las políticas aplicadas, han perdido su empleo y no han conseguido retomar su actividad laboral con un empleo decente.

“Si a unas reformas laborales que no han hecho más que empobrecer a la clase trabajadora unimos unos PGE que castigan una y otra vez a la provincia y a la ciudad, negándonos la inversión pública necesaria para dar empuje a sectores productivos de mayor valor añadido, y la dependencia de sectores inestables, precarizados y que generan empleo de poca calidad como los servicios y la agricultura, el resultado no puede ser otro que pobreza y paro”, advierte Faz.

Como ya se indicó hace 31 años, el 17 de octubre de 1987, cuando se celebró por primera vez este día internacional, la pobreza supone una violación de los derechos humanos. “Sin gasto social, servicios públicos fuertes y trabajo decente va a ser imposible garantizar una vida digna a todas las personas en nuestro país”, añade el responsable sindical.

Es por ello que desde CCOO insistimos en la necesidad de aumentar los ingresos familiares con la generalización de un salario mínimo en convenio de 14.000 euros anuales, la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones y la actualización del IPREM, principal referencia de la protección social de carácter asistencial.

El sindicato también demanda la mejora y la agilidad en la puesta en marcha de la Renta Básica de Inserción en Andalucía para dar una respuesta urgente a las necesidades de la población en Córdoba.

“No se puede salir de la pobreza y mejorar las cifras de paro sin la creación de empleo estable y de calidad, con sueldos dignos, con inversiones y protección de los que menos tienen y con unos presupuestos que aseguren una distribución equitativa de la renta”, apostilla Said Faz.